Opinión
¿Quién manda aquí? Apuntes sobre la autonomía relativa de la policía
El pasado 11 de noviembre, tuvo lugar la primera huelga general en 14 años, también la primera en décadas convocada por movimientos sociales. La huelga fue especial por muchas razones. En primer lugar, no fue inspirada por un motivo laboral, sino que su objeto fue denunciar y combatir la crisis de acceso a la vivienda y la precariedad en la que viven millones de personas. La huelga pronto trató de ser capitalizada por el Gobierno y las burocracias afines, buscando virar las reivindicaciones hacia el señalamiento de la oposición conservadora por su bloqueo de las medidas de excepción y protección en materia de vivienda.
Así, la huelga, a pesar de todo, fue explícitamente apoyada por el partido mayoritario dentro del Gobierno de coalición, el partido socialista obrero español, principal responsable en los últimos años de la actual crisis de la vivienda. El resto de partidos de izquierda participaron además activamente en la difusión de la convocatoria y, algunos, en las manifestaciones. La huelga además se convocó en un contexto extraordinariamente polarizado, a pocas semanas de unas elecciones generales donde la mayor parte de las encuestas dan amplia ventaja a la derecha y la extrema derecha.
Pese a los evidentes intereses que el Gobierno tenía en la capitalización de la huelga general, las policías nacionales y autonómicas de algunas de las principales ciudades como Barcelona, Madrid, Alicante, Iruña, Málaga, Castellón, Portugalete, Granada o Santiago de Compostela, en teoría bajo autoridad y competencia de ejecutivos afines al actual Gobierno, actuaron como protección de los intereses de grandes empresas, operando como escudos ante escaparates de El Corte Inglés o a las puertas de multinacionales como Amazon y reprimiendo con extrema dureza y brutalidad las manifestaciones y piquetes, lo que da cuenta de cuál es su función en las luchas de la clase trabajadora.
Hubo decenas de detenidos en los piquetes en todo el Estado, además de cargas, empleo de bolas de goma, golpes y uso de gases pimienta y lacrimógenos. Además en ciudades como en Madrid, la Policía Nacional, que en principio debe seguir la dirección de la Delegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, disolvió mediante cargas lo que era una manifestación masiva y ajustada a la legalidad, provocando el caos, y decenas de heridos y detenidos solo en esta ciudad.
Parece contraintuitivo pensar que el Gobierno aliente una manifestación solo para reprimirla con brutalidad horas después alienando su relación con decenas de miles de sus potenciales votantes en un momento crítico. Además, desde hace meses el Ministerio del Interior y los diferentes delegados del Gobierno han criticado algunas actuaciones policiales, que en teoría debería controlar, contra causas y colectivos con las que el ejecutivo dice simpatizar, tachándolas de “desmedidas”, “excesivas” y “preocupantes”.
Es imprescindible evitar análisis simplistas o mecánicos, como los que pudieran apuntar a órdenes automáticas del “taimado” Ministerio de Interior o manejos subterráneos de la extrema derecha
Episodios como las agresiones policiales contra militantes retornados de Palestina en el Aeropuerto de Bilbao, o las cargas en la Universidad Complutense de Madrid, han dejado de ser una excepción, para convertirse en tónica general. Pese a ello con cada acto de brutalidad los diferentes ejecutivos han procedido de la misma manera, diciendo emprender investigaciones que no derivan en respuesta alguna. ¿Será acaso que los cuerpos están infiltrados por algunos sujetos descontrolados, un puñado de manzanas podridas que habrían de ser neutralizadas por los cuerpos mismos? ¿O quizás es algo más?
Es imprescindible evitar análisis simplistas o mecánicos, como los que pudieran apuntar a órdenes automáticas del “taimado” Ministerio de Interior, manejos subterráneos de la extrema derecha o a que un grupo de antidisturbios con diferentes problemas de acción decidiesen actuar por su cuenta para mayor gloria de dios y España.
Al fin y al cabo, es el ejecutivo, Interior mediante, quien ha armado a los cuerpos policiales y quien dio la instrucción de “controlar accesos a polígonos, evitando la actuación coercitiva de los piquetes que usen la violencia y proteger mercados y pequeños comercios, así como impedir barricadas”. Y no menos cierto que al Gobierno, por muy progresista que se sitúe en la campaña electoral, tampoco le conviene una huelga con capacidad de organización revolucionaria que desborde los estrechos límites de la socialdemocracia, esto es de daño excesivo a sus intereses.
¿Cómo puede explicarse esto?
A pesar de las premisas constitucionales y legales que destacan la neutralidad del estado y muy especialmente de sus instituciones represivas, la realidad se empeña en demostrar que el estado es un campo político, y que los cuerpos que lo habitan tienen, practican, defienden y, llegado el caso, imponen determinada ideologías y, sobre todo, intereses materiales. Decir que la policía y el ejército son como la judicatura, elementos conservadores, o que están al servicio de la clase dominante no es sólo un tópico panfletario, es una realidad constatable a tenor de datos estadísticos y comportamientos electorales.
A este fenómeno lo llamamos autonomía relativa, ya sea de lo policial, lo judicial o lo militar. Es decir esferas de poder semi independientes dentro de los propios aparatos de Estado.
Evidentemente hay una distancia abismal entre ideología subjetiva y comportamiento colectivo, que una institución esté plagada de nazis no implica que la institución se comporte como un estado nacional-socialista. El Estado controla y organiza las dinámicas institucionales mediante leyes, vigilancia, control y represión, domestica el campo político y lo modula para servir a su interés. Por lo general esto opera así en muy diversos cuerpos funcionariales como el de la salud, la educación o buena parte de la administración, no así con la policía, la judicatura o el ejército. Estos cuerpos rígidos, fuertemente corporativistas, herméticos y profundamente instalados en el corazón del estado actúan siguiendo sus propios ritos, agendas, persiguiendo también sus propios objetivos. Ideológicamente se sitúa desproporcionadamente a la derecha, pero esto no quiere decir que estén a las órdenes directas de organizaciones de derecha, extrema derecha o neonazis, sino que alinean sus intereses a los de estas, con el fin de lograr sus propios objetivos.
A este fenómeno lo llamamos autonomía relativa, ya sea de lo policial, lo judicial o lo militar. Es decir esferas de poder semi independientes dentro de los propios aparatos de Estado. Las razones para la existencia de este régimen de privilegio en el contexto concreto del Estado español son muchas y tienen que ver tanto con la debilidad democrática del 1976 y la incapacidad pàra depurar de fascistas estos organismos, como por los intereses que han cultivado partidos como el partido socialista obrero español, quien alentó cuerpos paramilitares de asesinos pagados por el estado como los GAL. Expresiones más recientes de la connivencia de las alcantarillas, la autonomía de la policía y el alineamiento con líneas hardcore de gobiernos centrales y autonómicos han podido verse con la policía patriótica de Rajoy, o los narco cuerpos militares en nuestras fronteras.
En cualquier caso durante cuatro décadas la existencia de la autonomía relativa del poder policial y judicial ha convivido —con ciertos sobresaltos— con el régimen democrático-liberal de la transición. Pero en los últimos cinco años los hipertrofiados poder policial y poder judicial se han destacado por un cada vez más radical giro intervencionista —del lado judicial— y una expresión más beligerante de desobediencia e insumisión a las órdenes gubernamentales —del lado policial—).
La importancia de la cuestión de la autonomía relativa, no viene marcada por la ideología y preferencias políticas de los agentes que conforman los cuerpos de seguridad y que condiciona sus decisiones en una dirección. Lo relevante es cómo se trata de una cuestión estructural, históricamente construida a partir de decisiones políticas que han ido otorgando esa capacidad a la institución para autorreproducirse. Un poder policial autónomo que se expresa en la capacidad de este actor para la producción de narrativas, discursos e imaginarios, desde los niveles políticos a los más populares. Una capacidad de intervención sobre la realidad que modula no solo la agenda política, sino el día a día de la ciudadanía, convirtiéndose en un actor de gobierno.
La autonomía relativa de la policía no solo se expresa en esta dimensión “positiva” —en el sentido de crear y dirigir agenda—, sino en su capacidad de rebelión, negativa y amotinamiento soft, bajo la forma de escudo sindical policial, y amenaza constante para conseguir ventajas salariales, funcionariales o para afianzar su régimen de impunidad... El último episodio de esto mismo tiene que ver con el fiasco de Interior, que en un plazo récord consiguió condenar el uso de gases lacrimógenos para después recular al compás del ritmo de las arengas de los sindicatos policiales.
La Policía interviene siempre produciendo y reproduciendo las lógicas y el orden social que el propio Estado, el mercado capitalista y las fronteras neocoloniales van trazando sobre lo social
El concepto de autonomía de lo policial no implica decir que la policía sea ingobernable, pero sí destaca su posición de fuerza. Esta deriva de su capacidad de coacción, fortaleza sindical, y de la legitimidad social derivada de su papel central en la seguridad en cada vez más ámbitos sociales (escuelas, barrios, servicios sociales…). Por otro lado, tampoco define sus actos como rebeldes o insurgentes contra el Estado, ya que en lo fundamental, y pese a ciertas contradicciones, tanto el Gobierno como el poder policial están al servicio de la reproducción de las lógicas y el orden social del Estado y garantizan su fidelidad al mercado capitalista en coyunturas de conflicto o debilidad. Es decir, pese a su relativa autonomía respecto al ejecutivo, la Policía interviene siempre produciendo y reproduciendo las lógicas y el orden social que el propio Estado, el mercado capitalista y las fronteras neocoloniales van trazando sobre lo social. De lo que aquí se trata, por tanto, es de una tensión entre distintas facciones y formas de hacer que solo buscan apuntalar, de distintos modos, un orden de dominación respecto a la clase trabajadora y, por tanto, sus intereses tanto materiales como simbólicos.
Estas ideas que aquí esbozamos buscan como fin último ayudar a afinar las estrategias políticas de las luchas de las que formamos parte. Sirven para complejizar la lectura sobre una extrema derecha que no se reduce a Vox o Núcleo Nacional, sino que se amplia a sectores del Estado autonomizados con capacidad para gobernar o marcar la agenda política más allá de cualquier control democrático. Además, un análisis como hacia el que tratamos de apuntar ayuda a comprender que si la autonomía relativa de la policía es tal, las propuestas de reforma que plantean algunos agentes de la izquierda institucional (Emilio Delgado hablaba a colación de la violencia policial en la huelga general de una “revisión del modelo de policía” en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser), y que vendrían a tratar de controlar a la institución policial, no son ni suficientes ni efectivas, sino una ilusión que evade la comprensión concreta del funcionamiento del Estado y lo policial.
Señalar estas dinámicas y pugnas de poder al interior del Estado resulta hoy fundamental para, por un lado, comprender, más allá de esfuerzos reformistas, que la policía es un problema en sí misma en tanto que institución fundante y garante del entramado de relaciones capitalistas, y por otro, para entender la complejidad de estos sucesos en la coyuntura política actual y, así, comprender su papel en el estado de cosas actual. Esto nos permitirá atajar mejor los excesos de violencia policial que sufrimos para construir formas de autodefensa con el objetivo final de desalojar dicho poder de nuestros espacios.
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