Madres protectoras
Una madre holandesa que denunció violencia sexual del padre a su hija, acusada de secuestro y sin custodia

Cuando su hija verbalizó varias situaciones de violencia sexual contra ella cometidas por el padre y el abuelo, la mujer acudió a varias instancias en España, donde residía, sin tener respuesta.
Caso Laura Holanda
Laura y su hija pasean en bicicleta en Holanda, en una imagen cedida por ella misma.

“Con la información que se me ha referido hoy, la niña debe permanecer con la madre y no ser entregada a la familia paterna”. Esta es la indicación que Laura, una mujer holandesa, recibió el 23 de junio de 2021 tras acudir a una consulta médica con su hija en el centro de salud de la localidad en la que residía, en la Comunidad Valenciana. La profesional que la atendió inició también una notificación para la atención sociosanitaria y la protección de menores, un protocolo en el que daba fe del relato y de los síntomas observados y solicitaba la actuación de la Fiscalía de Menores.

Un día antes, la mujer había acudido a una comisaría de esa comunidad a interponer una denuncia en la que trasladaba a los agentes lo que había observado en su hija, y también lo que la pequeña había verbalizado, y que apuntaba a la posible existencia de varios episodios de violencia sexual contra la niña cometidos por el abuelo y el padre de la pequeña, ambos españoles. La pequeña había verbalizado haber sido sometida a tocamientos por parte del abuelo paterno y mostraba conductas sexualizadas que decía haber aprendido del padre, según el relato que la mujer hizo en comisaría. La madre aporta como pruebas varias grabaciones de audio y vídeo que corroboran este relato. 

La niña, que tiene doble nacionalidad, acababa de cumplir 4 años en ese momento. La madre no se llama Laura, pero prefiere no decir su nombre porque tiene miedo su exmarido, pero también siente la necesidad de dar a conocer su versión de la historia.

Un mes, cero respuesta

Con el parte médico en la mano, Laura decide no entregar a la niña al tiempo que su abogada solicita una modificación de los términos de la custodia —en enero de 2020, cuando la pareja se separa, habían llegado a un acuerdo de custodia compartida—, para que esta quede temporalmente asignada a la madre mientras se investiga la denuncia. La madre se la arregla para vivir unas semanas en diferentes lugares con la niña mientras espera a que se tomen medidas cautelares tras los graves hechos denunciados. Esta protección no llega y, en paralelo, el padre interpone varias demandas por incumplimiento del acuerdo de custodia.

Pasados 35 días, Laura se queda sin un lugar seguro en el que estar, no ha recibido ninguna ayuda, el juzgado no ha realizado ninguna acto de investigación, no ha acordado las medidas que pide y en cambio si ha ejecutado rápidamente la demanda del padre e incumplimiento de visitas.

Al verse desamparada, decide viajar a su país de origen, Holanda, aprovechando la pausa escolar de verano, y con un billete de vuelta para ambas. Allí, se pone de inmediato en contacto con la Policía para dar a conocer su situación. 

Alejada del padre, la niña verbaliza varias situaciones más de violencia sexual cometida contra ella por el padre y el abuelo, y la mujer interpone una nueva denuncia en su país donde se recogen estas situaciones. Allí aporta nuevas grabaciones de la niña donde las verbaliza. En total, Laura cuenta con más de una docena archivos que aporta como prueba ante las autoridades holandesas.

Pero, en España, su expareja había interpuesto una denuncia por sustracción el 24 de junio, un día después de que el centro de salud abriera el protocolo y con anterioridad al viaje de Laura a Holanda. Laura no entrega a la niña en el día marcado por su acuerdo de custodia.

El padre solicita la devolución de la niña al amparo del Convenio de la Haya y los tribunales holandeses, después de un proceso que acaba con la decisión del Tribunal Supremo de Holanda, dictan en última instancia el regreso de la niña a España a pesar de las alegaciones de posible riesgo por esta separación. 

El “Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980”, tiene como objetivo garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en los Estados que se adhieren a él y velar por que se respeten los derechos de custodia. A pesar de que hay excepciones (arraigo del niño en el lugar al que ha sido trasladado o situaciones en las que la restitución suponga exponer al pequeño al riesgo de “un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable”), la realidad es que éstas se aplican solo de manera excepcional.

Una vez invocado este convenio, lo más habitual es que se restituya al niño o niña reclamado de manera inmediata, sin tener en cuenta ninguna circunstancia. El informe “Custodia, violencia contra las mujeres y violencia contra los niños” de la relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, alerta de esta aplicación del Convenio, ya que en la práctica obstaculiza los intentos de las madres de protegerse a ellas mismas y a sus hijos de situaciones de violencia al calificarlas automáticamente como sustractoras. 

De nada sirvió ni la denuncia presentada en España, ni la denuncia presentada en Holanda, ni el protocolo abierto por las instancias médicas en la Comunidad Valenciana: la niña fue separada de su madre para volver con el padre sin que se le llegara a investigar

En el caso de Laura, de nada sirvió ni la denuncia presentada en España, ni la denuncia presentada en Holanda, ni el protocolo abierto por las instancias médicas en la Comunidad Valenciana. Tampoco los documentos que acreditan que Laura acudió varias veces a la Oficina de la Víctima a pedir ayuda y explicar su situación, sin respuesta.

En febrero de 2022, la pequeña fue arrancada de su madre en el domicilio de ambas en Holanda. Cuatro personas se presentaron en su casa sin previo aviso y pese a que les había informado de que tenía cinco días para entregarla. A Laura le dieron unos minutos y le indicaron que podría coger cinco cosas para la niña antes de llevarlas en un coche junto a desconocidos y custodiada por otros dos vehículos hasta las dependencias en las que esperaba el padre, una situación que ella describe como la más traumática de su vida.

Tres días después del regreso de la niña a España, el mismo juzgado que había ignorado su petición de cambios en el régimen de custodia mientras se investigaban los abusos le retiraba la custodia hasta que se esclarezca el juicio por secuestro, que está señalado para febrero de 2025.

De eso hace más de 21 meses. No ha vuelto a verla.

El juicio por violencia sexual contra la niña

En la denuncia interpuesta por Laura en Holanda, que amplía los hechos denunciados en España, se expone que la niña habría sufrido violencia sexual en varias ocasiones desde 2020, cuando aumenta el tiempo de convivencia con el padre y el abuelo debido al confinamiento por la situación sanitaria, y el 23 de junio de 2021, cuando la madre la aleja de ellos.

Laura cuenta aporta los vídeos y audios donde la pequeña expresa diferentes situaciones de violencia sexual contra ella cometida por el padre y el abuelo: la niña verbaliza claramente que el abuelo le ha lamido los genitales y las nalgas. Además, la madre detecta conductas anormales en la niña, como tocamientos a ella en los genitales, caricias o besos impropios para su edad que, preguntada por Laura, dice haber aprendido del padre.

Tras la presentación de la denuncia, la niña fue citada para hacer una prueba de cámara Gessel en septiembre de 2021, a la que no acudió por estar en Holanda, solicitando un nuevo dia o medidaspara que la menor pudieses venir a la prueba con seguridad que no se acordaron. En esta prueba, se acondiciona un espacio para preparar un interrogatorio en una sala que está separada por un cristal opaco de otra sala desde donde se puede observar a las personas interrogadas. Estas instalaciones se equipan con cámaras de audio y vídeo, y estas grabaciones son cruciales para un juicio, ya que en ellas se obtiene lo que se llama “prueba preconstituida” que, tras la aprobación en 2021 de la ley de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se debe utilizar de manera sistemática en determinados casos para que la persona menor de edad haga una sola narración de los hechos, evitando que declare varias veces, lo que les expone a ser revictimizados.

La niña acudió a la prueba de cámara Gessel después de varios meses de convivencia con el padre, que era la persona investigada, en los que solo había contactado con su madre en videollamadas

La ley recoge que se utilizarán medios técnicos para evitar la confrontación visual en el caso de que la persona investigada esté presente. Es decir, de alguna manera da por hecho que la persona que declara no acudirá junto a la persona investigada. Pero no hace ninguna alusión a la conveniencia o no de que esta prueba se haga tras varios meses de convivencia exclusiva con la persona investigada, como ocurrió en este caso: la niña acude finalmente a hacer la prueba de cámara Gessel en julio de 2022, tras haber estado con las personas a las que se apunta en la denuncia (padre y abuelo) desde febrero, sin contacto alguno con la madre más que en videollamadas con el padre siempre presente.

El resultado de la exploración recoge que la niña no hace ninguna referencia a los hechos denunciados y tampoco los verbaliza cuando le hacen preguntas directivas. Concluye automáticamente que no hay indicios de situaciones abusivas que se correspondan con los hechos denunciados.

La petición de someter esta prueba a un informe de peritaje de comunicación no verbal oridenado judicialmenteue rechazada, por lo que Laura y su abogada encargaron un informe de parte. Este concluye que las respuestas de la niña carecen de espontaneidad y coherencia. También detecta en la niña numerosas reacciones de estrés, evasión ante las preguntas y signos de una posible situación de riesgo. 

“No se ha hecho absolutamente nada para investigar los abusos”

“La cámara Gesell se hace fatal”, dice la abogada que representa a Laura en España. Se refiere no solo a la circunstancia de que la niña fuese a declarar de la mano del padre, sino también al hecho de que a la niña no se le permitiese declarar en holandés, el idioma en el que ella ha revelado la mayor parte de los abusos. Pese a que había una intérprete, esta profesional se colocó en la parte de la sala donde no estaba la niña, es decir, junto a jueces y profesionales que observaban la declaración. 

Por otra parte, la abogada lamenta que el juez no accediera a realizar peritaje judicial de comunicación no verbal tal y como pedía la defensa, y que luego rechazara las conclusiones del que presentaron por ser un informe de parte. 

La conclusión de este proceso es un sobreseimiento libre “por las circunstancias del caso”, y no el sobreseimiento definitivo. Es decir, el caso podría reabrirse si se presentaran nuevas pruebas, pero todas las solicitadas no ha sido admitidas y por tanto el expediente está bloqueado y el juzgado no acuerda ninguna investigación nueva, motivo por el que el que la abogada ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional. 

Pese a las condiciones pésimas en las que se hizo la prueba Gesell, la letrada cree que eso no es lo peor de este caso. “Lo más flagrante en cómo comenzó el proceso”, dice en referencia a la respuesta a la primera denuncia de Laura, cuando no se hizo “absolutamente nada”. 

La letrada lamenta la lentitud y la inacción de los juzgados en España, que no han practicado ninguna de las pruebas que ha solicitado para investigar las posibles agresiones contra la niña 

Es esta inacción lo que provoca el traslado de la mujer a Holanda, argumenta la abogada. Pero, una vez interpuesta la denuncia por sustracción y ejecutada la orden para devolver a la niña a España en cumplimiento del Convenio de La Haya, todo el caso gira ya en torno a la actuación de la madre, como se puede ver en el cambio de actitud de la Fiscalía: si bien un informe del Fiscal recomienda en un principio poner en suspenso en acuerdo de custodia hasta que se investigue la denuncia por violencia sexual, este mismo órgano cambia de actitud después de que la madre se vaya con la pequeña a Holanda.

La letrada lamenta la lentitud y la inacción de los juzgados en España, ya que cuando se presenta la denuncia “no se llama a nadie, y para cuando se señala la cámara Gesell ella ya se ha ido con la niña”, explica a El Salto. Mientras en el procedimiento civil se piden unas medidas urgentes de cambio de custodia, para lo que el juzgado convoca una primera vista para diciembre, es decir, seis meses después, aunque finalmente se adelanta a septiembre. Pero, cuando en este procedimiento se pide que se llame a la pediatra y que se haga una pericial o incluso una cámara Gessel, la respuesta del juzgado es que “no ha lugar”, explica la abogada.

Dos llamadas por semana

A día de hoy, Laura puede ponerse en contacto con su hija a través de videollamadas de media hora dos veces a la semana, pero asegura que su ex no facilita ese contacto mientras se instala otra barrera entre madre e hija: la niña está dejando de hablar la lengua con la que se comunica con su madre, el holandés.

Además, espera a que se establezcan cada dos semanas visitas presenciales en un punto de encuentro, lo que le pondrá en la situación de tener que viajar a España para estar presente en las visitas, que serían de una hora.

También ha tenido que pelear para tener acceso a la información que el centro donde está escolarizada su hija facilita a todos los padres y madres: ha sido hace unos días cuando ha conseguido que un juez determine su derecho a acceder, como cualquier otro progenitor, al sistema que usa el colegio donde puede seguir el desarrollo escolar de su hija. 

Abusos a la infancia
Informe de Save The Children Las madres, clave en la denuncia de los abusos sexuales a la infancia
Las principales personas que activan el proceso para destapar un caso de abuso sexual a la infancia son las madres, que lo hacen en un 28% de los casos, seguidas de las propias víctimas que son quienes notifican en un 21,8%.

Laura trata de mantenerse estable económicamente para poder afrontar el proceso e intenta cuidar su salud para estar en las mejores condiciones en el caso de que la situación cambie y pueda hacerse cargo de su hija. Mientras, recurre a todas las instancias que puede para volver a estar con su hija, a la que considera en riesgo. 

Su caso muestra cómo el sistema judicial penaliza a las madres que denuncian violencia sexual intrafamiliares contra sus hijos e hijas, como detalla el estudio Violencia institucional contra las madres. Otro estudio de Save the Children señala el papel fundamental que tienen las madres en la denuncia de la violencia sexual contra sus hijos e hijas.

¿Conoces más casos?
En El Salto estamos documentando cómo el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores dificulta las prácticas protectoras de las madres. Puedes escribirnos a patricia.reguero@elsaltodiario.com.
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