Madres protectoras
Vivir “hagueada”: ocho horas de viaje para ver a su hija de 7 años una vez por semana tras dos años separadas

“No puedo explicarlo”, responde Laura a la pregunta de cómo fue volver a ver a su hija después de casi dos años sin ningún contacto físico. “Es como cuando te dan a tu bebé después del parto y lo tocas por primera vez”, dice después de unos minutos.

Fue en enero de 2024 y en un Punto de Encuentro de una ciudad de la Comunidad Valenciana. Se abrazaron, se miraron. “Parecía irreal, no nos lo podíamos creer”. La última vez que Laura había abrazado a su hija había sido en Holanda, en febrero de 2022.

Fue entonces cuando la pequeña fue arrancada de su madre en el lugar en el que se alojaban ambas en Holanda. Se encontraban allí desde julio de 2021. Cuatro personas se presentaron en su casa sin previo aviso y pese a que les había informado de que tenía cinco días para entregarla. La niña se fue de allí en un coche junto a desconocidos y custodiada por otros dos vehículos hasta las dependencias en las que esperaba el padre.

Laura acudió a la Policía, al centro de salud y a la Oficina de la Víctima a comunicar la sospecha de que su hija podía estar sufriendo violencia sexual por parte del progenitor y del abuelo, pero no se hizo nada

Así se daba cumplimiento a una orden de restitución derivada de una petición interpuesta por el progenitor de la niña y exmarido de Laura, quien había solicitado la devolución de la niña a su lugar habitual de residencia en la Comunidad Valencia. La decisión del Tribunal Supremo de Holanda fue favorable al padre y se tomó sin tener en cuenta las alegaciones de la madre de posible riesgo por la separación de su madre ni el motivo que había llevado a Laura a irse con su hija una semanas antes al país de origen de ella, unos motivos conocidos en España por la Policía, el centro de salud que recomendó que la niña no fuera entregada a la familia paterna y la Oficina de la Víctima, donde Laura había acudido a comunicar la sospecha de que la niña pueda estar sufriendo violencia sexual por parte del progenitor y del abuelo. 

El “Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980”, tiene como objetivo garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en los Estados que se adhieren a él y velar por que se respeten los derechos de custodia. 

A pesar de que hay excepciones (arraigo del niño en el lugar al que ha sido trasladado o situaciones en las que la restitución suponga exponer al pequeño al riesgo de “un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable”), la realidad es que éstas se aplican solo de manera excepcional. Las mujeres que han visto en sus propios cuerpos y los de sus hijos las consecuencias de la aplicación de este convenio, y que recientemente han empezado a organizarse para visibilizar estas situaciones, lo nombran así: “me han hagueado”. 

El caso de Laura no es excepcional: en torno a 3.000 niños, niñas o adolescentes que viajan a otro país anualmente son considerados víctimas de sustracción internacional y reclamados por uno de sus progenitores, que es varón en el 75% de los casos y que no es su cuidador principal en en el 94% de ellos, según los datos que recopila la propia Conferencia de La Haya (HCCH, por sus siglas en inglés y francés) en su último informe, de 2021. De esta forma, cerca de 2.000 madres al año son acusadas de secuestrar a los propios hijos, de quienes tienen la guarda y cuidan diariamente. 

Así es el convenio sobre sustracción de menores que cuestiona la ONU por el caso de un niño chileno-español

Patrícia Álvares

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Acuerdos internacionales Así es el convenio sobre sustracción de menores que cuestiona la ONU por el caso de un niño chileno-español

Patrícia Álvares

El tratado de 1980 sobre sustracción internacional de menores rige hoy en 103 países y está en plena campaña de expansión por África. Un dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU amenaza su credibilidad, pero cumple dos años silenciado.

Sobreseimiento y pérdida de la custodia

Tres días después del regreso de la niña a España, el mismo juzgado que había ignorado su petición de cambios en el régimen de custodia. La niña regresa así a España y reanuda la convivencia con el padre y la relación con el abuelo, a quien la denuncia de Laura también incluye como sospechoso de abusos a la niña, según las verbalizaciones de la pequeña, que ahora tiene siete años y tenía solo 4 años cuando se interpuso la denuncia. Las situaciones que la niña reveló a su madre se habían producido cuando tenía 3 años.

En julio de 2022, tras haber estado con las personas a las que se apunta en la denuncia desde febrero, casi seis meses, sin contacto alguno con la madre más que en videollamadas con el padre siempre presente, la niña hace la prueba de cámara Gesell —la declaración grabada que sirve como prueba preconstituida para un juicio—. 

El padre invocó el Convenio de La Haya y la niña regresó a España, donde ha estado dos años sin ver a su madre, que perdió la custodia

El resultado de la exploración recoge que la niña no hace ninguna referencia a los hechos denunciados y se concluye que no hay indicios de situaciones abusivas, por lo que el caso es sobreseído. El juzgado no admite designar un perito de lenguaje no verbal y tampoco valora la pericial aportada por la madre. En España, en torno a un 70% de los casos de violencia sexual contra la infancia no llegan a juicio oral y muchos de ellos son sobreseídos, es decir, el juzgado no puede probar ni la inocencia ni su culpabilidad del acusado, como explicas el informe de Save The Children ‘Ojos que no quieren ver’.

Explicarse en un juzgado

“Fue muy duro”, dice Laura sobre los dos años sin verse. Las videollamadas se producían siempre con la presencia del padre, quien no siempre estaba dispuesto a facilitarlas. Cuando un día Laura le dijo a su hija que iban a verse otra vez, la niña no daba crédito, dice. Al principio, las visitas se producían cada dos semanas. Después, el juez autorizó una visita de una hora a la semana. 

“La una hora a la semana”, explica. Compaginar estos viajes, que le llevan ocho horas por trayecto, con su trabajo, no es fácil [mucho  esfuerzo encontrar vuelos baratos, buenas combinaciones para llegar a tiempo]. Pero Laura trata de no pensar en los gastos y concentrarse en lo importante: “Necesito estar fuerte para poder cuidar de mí y de mi hija”. Mientras, espera que la Audiencia Provincial le pueda conceder la custodia o más tiempo con la niña para poder volver a instalarse en la zona y estar con ella. 

En febrero de 2025 está previsto que se celebre el juicio por secuestro. Una fecha que a Laura le resulta tardía y que espera con tranquilidad y seguridad, porque será la primera vez que tenga la oportunidad de explicar ante un juez por qué actuó cómo actuó.

La mujer está convencida de que existen motivos para reabrir el caso de violencia sexual contra la niña: alega que el juzgado no admitió la designación de un perito de lenguaje no verbal y no hizo caso alguno de la pericial aportada por la madre. La madre insiste en que los indicios de violencia sexual no se han investigado, y ni siquiera se han valorado las pruebas aportadas.

“Me gustaría poder ir a juicio cuanto antes, y que todo el mundo fuera consciente de que no quise secuestrarla sino protegerla”, explica la madre

Laura ve el juicio como una oportunidad para dar explicaciones y ofrecer una versión alternativa a la que ha impuesto su marido. “Sé que en España la historia es que soy una madre secuestradora, que tengo que ver a mi hija en un Punto de Encuentro porque si no la secuestraría”. “Me gustaría poder ir a juicio cuanto antes, y que todo el mundo fuera consciente de que no quise secuestrarla sino protegerla”. 

Mientras llega ese juicio, Laura sigue condicionando sus rutinas a los trenes o aviones que le llevan hasta el Punto de Encuentro donde ve a su hija. Allí, explica, juegan a que la niña de 7 años es profesora de español, y Laura se va haciendo a un idioma que nunca fue el que compartió con su hija: siempre se comunicaron en holandés, pero la niña ahora no dice ni una sola palabra en ese idioma. 

Acudir a las visitas con un intérprete, como hacía Laura al principio, ya no es sostenible por los gastos extra que supone para ella, algo que lamenta mucho: “Comunicarme con mi hija en nuestro idioma es nuestro derecho”, dice, pero los meses de convivencia con el padre lo han borrado por completo.