Madrid
Seiscientos vecinos del distrito Latina se rebelan contra el pelotazo de Ermita del Santo

El concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, se enfrenta a los reproches de vecinos de Los Cármenes y Puerta del Ángel por la recalificación del centro comercial, que beneficia a un grupo inversor venezolano.
Pelotazo Ermita del Santo
Proyección del proyecto que pretende modificar el entorno de Ermita del Santo, en el distrito de Latina (Madrid)

Los vecinos de los barrios de Los Cármenes y Puerta del Ángel, en el distrito de La Latina de Madrid, rechazan el plan de reordenación del Paseo de la Ermita del Santo y no se fían de los planes del Ayuntamiento, al que acusan de ocultar un “pelotazo” urbanístico bajo la apariencia de una ampliación de las zonas verdes y la reforma de los accesos de la zona, entre otras medidas. El concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), junto a varios funcionarios del área, explicó las medidas ante una asamblea de al menos 600 vecinos en el Teatro Goya de La Ermita este lunes 14 de noviembre en una tensa presentación en la que fue acusado de mentir en numerosas ocasiones.

El proyecto en concreto es la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la creación del Área de Planeamiento Específico 10.24 “Paseo de la Ermita del Santo”. Muy resumido, se trata de recalificar el espacio que ocupa el actual Centro Comercial La Ermita (cuyo recinto incluye el propio Teatro Goya, el centro comercial en sí y numerosos locales comerciales) para la construcción de viviendas. En esta transformación, explicaron los funcionarios de urbanismo, se pasaría de un reparto actual de 91% de suelo privado y 9% de público a una proporción de 25% y 75% respectivamente.

El Gobierno municipal alega que las previsiones de crecimiento establecen una necesidad de 1.522 nuevas viviendas en los barrios de Los Cármenes y Puerta del Ángel para los próximos, y que con los usos actuales solo se podrían construir 128, por lo cual existiría un déficit de más de 1.300 viviendas en la zona. También que el actual Centro Comercial es una “barrera arquitectónica” que desconecta los barrios del cercano Madrid Río y que existe una ausencia de zonas verdes y mala comunicación entre viales.


Los vecinos ponen en duda todas estas medidas, y fueron frecuentes las interrupciones, los bufidos e incluso algún aplauso irónico cuando alguien leyó en voz alta la leyenda ‘Imagen Indicativa No Vinculante’, habitual por otra parte en este tipo de presentaciones. Entre otras cosas, critican, como se hizo durante el turno de intervenciones, que las presuntas futuras dotaciones públicas ni están especificadas —se exige un centro escolar y otro de salud para el barrio, aunque el Ayuntamiento remite a la Comunidad de Madrid— ni tienen presupuesto en el proyecto público, y creen que Urbanismo trampea las cifras cuando habla de un 27% de vivienda pública, ya que en realidad se trataría del 10% obligatorio que marca la ley y el resto quedaría en manos de los promotores privados.

Dos torres, 37 millones de beneficios y un grupo inversor venezolano

La principal queja es la proyección de dos torres de viviendas de 21 y 28 plantas respectivamente que ocuparían el centro de esas futuras zonas verdes, acceso, aparcamientos y dotaciones deportivas —actualmente en la zona ya existen una piscina y gimnasio privados, según Urbanismo los nuevos serían públicos—. Uno de los momentos más polémicos fueron las reiteradas explicaciones de los técnicos de que estos edificios no robarían horas de sol por su altura a las actuales viviendas, mientras eran acusados de “trampear” las proporciones en los esquemas que estaban presentando. Varias veces durante se corearon gritos de “No a las Torres” o, cuando se alegaban determinadas mejorar para el barrio, el reproche: “¡Para eso no hace falta una torre de 28 pisos!”.

El presidente de la Socimi que impulsa el proyecto es el empresario inmobiliario venezolano Alberto Enrique Finol Gaulé, de 87 años e implicado en casos como los Paradise Papers o los Pandora Papers

Por otra parte, los responsables de Urbanismo presentaron las cuentas del plan. La promoción y urbanización tendrían unos gastos de más de 154 millones de euros y se prevén unos ingresos de 191, de manera que el beneficio del promotor privado sería de 37 millones de euros, margen de beneficios sobre ingresos del 19,36% según el propio Ayuntamiento. El valor del suelo pasaría de 17,65 millones a 81,78, pero Urbanismo calcula que como sería privado un 25% de ese suelo, el incremento del valor para la propiedad sería de solo el 15,84% sobre el actual. Los funcionarios mantuvieron que “si las promociones no fuesen rentables, no se harían, pero esta tiene beneficios para todo el barrio”, afirmación recibida con abucheos. Estos números, no obstante, son públicos desde hace meses.

Los promotores son la SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) Desarrollos Ermita del Santo, que tiene su sede social en el mismo centro comercial con el que comparte nombre. El presidente y consejero delegado de la misma es el empresario inmobiliario venezolano Alberto Enrique Finol Gaulé, de 87 años e implicado en casos como los Paradise Papers o los Pandora Papers. Es propietario de Ibemetex, firma que es la principal inversora de la socimi con un 30%, y entre sus socios se cuentan otros empresarios de su país como Juan Guillermo Álamo, que ha propiciado desarrollos inmobiliarios similares en Barcelona. Finol compró el centro comercial en 2012, tras finalizar las obras de soterramiento de la M30 y del parque de Madrid Río, en que se revalorizó la zona.

Tensión con los vecinos y debate entre concejales

En parte, el acto de este lunes era la admisión del Ayuntamiento del rechazo vecinal. Basta pasear por el Paseo de la Ermita, en paralelo a Madrid Río y cercano a San Isidro y la histórica Quinta del Sordo de Goya, para encontrar balcones repletos de pancartas de ‘No al Pelotazo’. A las 18:30h ya había cola para tener acceso al Goya, en un acto que estaba convocada a las 19h. Muchos pertenecientes al colectivo ‘No Al Pelotazo de la Ermita del Santo’, pero otros a título particular, lo mismo familias con carritos de bebé que se refugiaban de la lluvia bajo las viseras de la entrada del local que grupos de jubilados. De hecho, se acabó entrando en primera y segunda convocatoria: la afluencia fue tan grande que un grupo tuvo que quedarse en el vestíbulo, teniendo solo audios de las intervenciones de las autoridades y las preguntas con micro y acceso a la presentación por una pantalla. Conforme avanzó la asamblea, algunos asistentes tuvieron que marcharse y se permitió entrar ocupando los asientos que quedaban vacantes.

El concejal Fuentes no intervino, dejando la explicación en manos del Director General de Planeamiento, Javier Hernández, hasta que durante el turno de preguntas tomó la palabra José Manuel Calvo, edil de Desarrollo Urbano bajo el mandato de Manuela Carmena y actualmente en el Grupo Mixto como parte de Recupera Madrid. Calvo recordó que el anterior equipo de Gobierno desestimó el proyecto en 2016 por considerar que no era de interés general, dato que según él los actuales responsables del área habían obviado al repasar el trámite. Ante la alegación de los técnicos de que gracias a ese desistimiento se ha podido mejorar el proyecto, señalando que la propia asamblea se celebraba en suelo privado, se respondió desde el público con gritos de “compradlo”.

Los vecinos acusan al Ayuntamiento de estar promoviendo un proyecto ve vivienda especulativo similar del antiguo Manzanares y, en palabras de una interviniente, “buscar gentrificar estos barrios como han hecho con el centro de la ciudad, una zona muy bonita en la que no haya vecinos”. También recordaron a Urbanismo que en Madrid “no hay déficit de vivienda, hay más de mil viviendas públicas vacías, lo que no existen son alquileres accesibles”. Incluso, en un momento en que se alegó que las nuevas zonas verdes aliviarían “los problemas de seguridad que ustedes conocen” hubo carcajadas y gritos de “¡no habéis venido nunca por el barrio!”.

Actualmente el proyecto, que ha finalizado su periodo de alegaciones y consultas públicas, sigue adelante, aunque el mismo concejal Fuentes advertía que “se irá modificando y mejorando, como ocurre con todo este tipo de planes”. El colectivo ‘No Al Pelotazo’ pide detener la recalificación y que se mantenga el uso deportivo actual del suelo, parar la modificación del Plan General y que las dotaciones públicas —colegio público, centro de salud, biblioteca o polideportivo— “no están supeditadas al chantaje de aceptar un pelotazo urbanístico en nuestro barrio”.

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