Opinión
Por una autodefensa organizada en el movimiento de vivienda

Tras el fin de la moratoria anti-desahucios (sin la cual, más de 70.000 familias verán reactivados sus procesos de desahucio), se ha evidenciado que la clase trabajadora se encuentra en un contexto de pérdida de derechos. Así mismo, el movimiento de vivienda del Estado español se enfrenta a una fuerte represión: policial, administrativa y penal. Todo esto sostenido bajo un discurso que criminaliza constantemente a las personas pobres y a los ‘okupas’. 

En los últimos meses, hemos sido testigos de varios desahucios masivos a lo largo del territorio español, como el ejecutado el 17 de diciembre del pasado año en Badalona (dónde el ayuntamiento desahució a 400 personas que vivían en un instituto abandonado); el del bloque 1315 perteneciente a la Sareb en Collado Villalba el 19 de febrero de este año (donde también el Ayuntamiento, sin orden judicial, desahució a alrededor de cien personas); o el del hostal Florida de nuevo en Villalba, realizado el 17 de marzo y desalojando a medio centenar de personas.

El movimiento de vivienda se enfrenta a una fuerte represión: policial, administrativa y penal. Todo esto sostenido bajo un discurso que criminaliza constantemente a las personas pobres y a los ‘okupas’

El último, el desalojo previsto por el ayuntamiento de la antigua cárcel de Palma, que lleva okupada más de diez años y en la que viven más de 200 personas. Todos estos casos se han caracterizado por la criminalización constante de las personas que los habitaban y el absoluto abandono por parte de las instituciones de las mismas, además de ser, en su mayoría, edificios pagados con dinero público. En el caso de Badalona, no se dio alternativa habitacional a las personas por parte del ayuntamiento y, tras el desalojo de la 1315, sólo cuatro familias fueron reubicadas temporalmente por servicios sociales y seis por Sareb.  

Todos estos ayuntamientos sostienen sus acciones bajo un discurso que crea una dicotomía entre aquellas vidas que merecen ser vividas, ‘dignas’ y aquellas que no: los okupas y personas o familias que no pueden hacer frente a alquileres desmesurados. Este discurso ha fomentado la creación (y la defensa, por cierta parte de la población) de empresas paramilitares de desocupación vinculadas a la extrema derecha.

Así mismo, promueve el aumento de personas en situación de calle, cuyas muertes el pasado invierno ascendieron a casi 900 personas en todo el Estado. Un ejemplo de ello es Montse, una vecina de Villalba que, tras ser desahuciada por el Ayuntamiento, murió meses después en la calle. La necropolítica es un término acuñado por Achille Mbembe, refiriéndose al uso político y social para prescribir qué vidas pueden ser vividas y cuáles no. En este sentido, se puede afirmar que estas instituciones están haciendo uso de la misma para designar a aquellas vidas indignas, que no cuentan como ‘sus vecinas’ y que, en última instancia, promueve su muerte. 

Existe la creencia de que la mera presencia de ciertas personas es violenta, sucia y contamina el entorno, el cual debe ser limpiado mediante la implementación de un estado securitario

Esta forma política, que convierte a la muerte en un instrumento político funciona a través de la exclusión social. Suscita a la creencia que Elsa Dorlin denomina “política del cristal roto”, según la cual, cuando el entorno está en buen estado, es seguro, y, por tanto, disminuye el vandalismo y la criminalidad.

Esto supone también la creencia de que la mera presencia de ciertas personas es violenta, sucia y contamina el entorno, el cual debe ser limpiado mediante la implementación de un estado securitario. Se establece, entonces, una dicotomía entre aquellas personas que están marcadas corporalmente como impuras, que son a su vez la base según la cual se sostiene el sujeto ‘puro’, como ‘el que no-es-impuro’. La limpieza, se ha convertido en un garante de seguridad, a través del cual se justifica la represión a los movimientos de vivienda.

Nos encontramos ante un escenario dónde los desahucios masivos han dejado de ser una excepción, en el cual, el discurso hegemónico purista y punitivo proclama por una ‘limpieza’ en los municipios de delincuentes que ‘contaminan’ nuestros entornos. Impulsando medidas como el aumento de la videovigilancia y de la policía en las calles o el contrato a empresas paramilitares de desocupación.

El movimiento de vivienda sólo puede enfrentarse a este contexto a través de una autodefensa organizada para dar respuesta a los ataques perpetuados por el sistema. Debe hacerse cargo de la realidad, con una perspectiva crítica hacia el ciclo anterior del movimiento. 

Nos encontramos ante un escenario dónde los desahucios masivos han dejado de ser una excepción, en el cual, el discurso hegemónico purista y punitivo proclama por una ‘limpieza’

El movimiento de vivienda lleva décadas defendiendo aquellas vidas que el estado y el capital, estigmatizan hasta la muerte. Se han hecho cargo del problema de la vivienda, haciendo una crítica estructural a un sistema que trata de negar las condiciones de existencia de las personas que no entran en su concepción de ciudadano, vecino o persona digna. Sin embargo, el movimiento de vivienda no puede hacer frente a los mecanismos de represión y la necropolítica del Estado si está fracturado.

El desalojo del bloque 1315 de Villalba nos ha enseñado que, a pesar de todo el sufrimiento de las vecinas, es sólo a través del apoyo mutuo, la lucha colectiva y un movimiento unido que se puede responder a estos contextos. Como ya se ha mencionado, tan sólo cuatro familias de las aproximadamente 43 que vivían en el bloque tuvieron una solución habitacional por parte de servicios sociales y seis por Sareb. Todas aquellas personas que se quedaron sin posibilidad de realojamiento acudieron a la Asamblea de Vivienda de Villalba, dónde se les buscó una alternativa habitacional, que tampoco habría sido posible sin el apoyo de otros colectivos también del movimiento. 

Desde Liza, abogamos por un frente único combativo como única forma de afrontar el escenario en el que nos encontramos, un frente con libertad crítica y estratégica, pero unidad de acción. La ofensiva represiva, institucional y mediática contra el movimiento de vivienda exige superar las dinámicas fragmentarias, los localismos y las lógicas de aislamiento que debilitan nuestra capacidad de respuesta. Necesitamos construir estructuras estables de coordinación entre asambleas, sindicatos y organizaciones, capaces de sostener la solidaridad material, la defensa jurídica, la respuesta comunicativa y la autodefensa frente a los ataques del Estado, la patronal inmobiliaria y sus brazos parapoliciales. 

Entendemos, además, que este frente único no implica la disolución de las diferencias estratégicas, organizativas o ideológicas entre los espacios que lo componen, ni la clausura de los debates políticos en torno a la unidad y la estrategia. Nos referimos a espacios de confluencia concretos y temporales, construidos en torno a objetivos comunes y necesidades compartidas de lucha, donde cada organización mantiene plenamente su independencia política, su capacidad crítica y su desarrollo propio fuera de dichos marcos de coordinación. Hablamos de la capacidad de articular respuestas comunes frente a un enemigo común sin renunciar a la pluralidad existente en el movimiento. 

Solo mediante la organización colectiva, el apoyo mutuo y la construcción de poder popular podrá el movimiento de vivienda convertirse en una fuerza capaz de confrontar estructuralmente el régimen inmobiliario

Un movimiento de vivienda clasista, anticapitalista y antirracista debe situar en el centro a quienes sufren con mayor violencia la exclusión habitacional: familias trabajadoras empobrecidas, personas migrantes, racializadas y aquellas expulsadas sistemáticamente de la condición de “vecinas legítimas” por las instituciones y el mercado.

Frente a la política de muerte, desposesión y limpieza social que imponen ayuntamientos, fondos buitre y cuerpos represivos, debemos fortalecer una organización popular arraigada en los barrios, capaz no sólo de resistir desahucios y desalojos, sino también de disputar la narrativa reaccionaria que criminaliza la pobreza y la ocupación. Porque únicamente mediante la organización colectiva, el apoyo mutuo y la construcción de poder popular podrá el movimiento de vivienda convertirse en una fuerza capaz de confrontar estructuralmente el régimen inmobiliario y defender unas condiciones de vida dignas para toda la clase trabajadora