Madrid
Interrumpen el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para denunciar acoso inmobiliario

Un grupo de vecinas del edificio San Ildefonso 20 ha interrumpido en la mañana de este 22 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para denunciar lo que consideran acoso inmobiliario legalizado. Lamentan que están siendo forzadas a abandonar sus viviendas mediante obras de demolición iniciadas mientras aún viven dentro. La acción fue directa y simbólica, con mensajes contundentes: “¡Nos están demoliendo la casa con nosotras dentro y el Ayuntamiento lo permite!”

La protesta es el resultado del hartazgo, después de semanas de silencio administrativo. “No nos tienen en cuenta, se burlan de nosotros en nuestras casas y también aquí en este pleno, basta ver cómo se reían algunos concejales”, lamentaron las vecinas. Días anteriores habían solicitado intervenir oficialmente en el Pleno para denunciar que nueve familias siguen residiendo en un edificio donde se están llevando a cabo obras derribo.

“No nos tienen en cuenta, se burlan de nosotros en nuestras casas y también aquí en este pleno, basta ver cómo se reían algunos concejales”, lamentaron las vecinas

“Las demoliciones fueron autorizadas sin inspección previa mediante una Declaración Responsable avalada por una ECU (Entidad Colaboradora Urbanística), entidad privada contratada por la propia promotora”, comentó José Ferreira, uno de los vecinos perjudicados. Ferreira es arquitecto y junto a otros colegas ha estudiado exhaustivamente las normativas municipales.

“No nos han dejado hablar, así que venimos a gritarlo”, han declarado también las vecinas. Relataron que están respirando polvo, conviven con ruidos por encima de lo permitido y tienen las casas con grietas. “Sentimos que el edificio tiembla. Nos quieren echar con taladros, no con órdenes judiciales. Y todo con la complicidad del Ayuntamiento”, expresaron.

Protesta adentro, piquete informativo afuera

Mientras en el pleno ocurría la protesta, en el exterior se desarrollaba una concentración convocada junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, donde se ha informado de más casos similares que afectan a bloques en Lavapiés, Arganzuela y otros barrios. En todos ellos, según contaron, el esquema se repite: una promotora compra un edificio con vecinas dentro, solicita una Declaración Responsable, una ECU privada la valida, y comienzan las obras agresivas que convierten la vida en un infierno hasta conseguir que las familias se marchen.

Las vecinas denunciaron durante el acto que el Ayuntamiento ha privatizado de facto el control urbanístico, permitiendo que empresas privadas actúen como validadores automáticos de demoliciones y obras en edificios habitados. Además, dijeron que ahora se suma la reciente aprobación del Plan RESIDE, que, lejos de ofrecer garantías, abre la puerta a la conversión de edificios residenciales enteros en alojamientos turísticos por un periodo de hasta quince años, con la expulsión previa de sus habitantes.

Las vecinas denunciaron que el Ayuntamiento ha privatizado de facto el control urbanístico, permitiendo que empresas actúen como validadores de demoliciones y obras en edificios habitados

“Con el Plan Reside nos están diciendo claramente que sobramos, que quieren nuestros edificios para el turismo y la inversión, no para vivir. El Ayuntamiento se presenta como garante de derechos, pero en la práctica es cómplice de nuestra expulsión, protestaron.

La acción dentro del Pleno ha terminado con la expulsión de las vecinas por parte del personal de seguridad, sin que ninguna representación institucional se dirigiera a ellas ni se diera respuesta a sus denuncias. Mientras tanto, se quejan de que las obras en San Ildefonso 20 continúan, a pesar de que nueve familias siguen dentro del edificio.

“No pedimos privilegios, pedimos que nos dejen vivir sin que nos taladren la cabeza, que inspeccionen antes de autorizar obras, que escuchen antes de firmar. Esta ciudad no puede seguir echando a sus vecinas a martillazos”, expresaron ya desde la calle, donde desplegaron carteles y leyeron un manifiesto. 

Parte del manifiesto reza: “El colectivo vecinal exige la paralización inmediata de las obras en edificios habitados iniciadas por Declaración Responsable, la prohibición de este mecanismo en viviendas de propiedad vertical, el fin del uso de ECU en proyectos con residentes, y una revisión urgente del Plan Reside, cuyas consecuencias sociales aún no han sido evaluadas”. 

Las vecinas de San Ildefonso 20 aseguran que, a pesar de todo, no se moverán de sus casas.