Mallorca
Luz verde para el desalojo de los 200 habitantes de la antigua cárcel de Palma de Mallorca

El antiguo penal de Palma de Mallorca, refugio improvisado de más de 200 residentes sin casa durante años, vive esta semana sus últimos días. “Solo hace dos semanas llegó la orden de desalojo, fue muy rápido y sin fecha. Llevan desde el miércoles sacando a las personas de ahí, de momento llevan unas 70”, cuenta a este medio Bel Abrams, portavoz de PAH Mallorca, organización que ha monitoreado el estado de la cárcel palmesana desde que comenzaron las amenazas de desalojo. Ya el Ayuntamiento llevaba meses amenazando con ejecutar sin piedad el macrodesahucio, anunciando de manera tajante que “cumpliremos los plazos y las acciones administrativas serán lentas pero seguras. Tardaremos lo que tardaremos, pero el objetivo está marcado y no hay vuelta a atrás“.

La premura con la que se ha iniciado esta operación, que puede dilatarse semanas enteras, responde a la voluntad del Consell de Mallorca de recuperar el terreno donde está situada la cárcel para construir una rotonda. Un proyecto viario presupuestado en 1,7 millones de euros que requiere ciertos terrenos “vacíos de vecinos” para que puedan ser cedidos del Ayuntamiento al Consell insular, tal y como ha previsto el departamento de Territorio, Movilidad e infraestructuras del Consell. El trasiego nervioso de maletas, bolsas de enseres y carritos repletos de pertenencias no ha cesado desde las 12 horas del miércoles, cuando los ahora antiguos inquilinos del penal fueron obligados forzosamente a marchar. La entrada ahora ha sido acordonada y las autoridades han securitizado el espacio mediante un riguroso control de acceso donde exigen la identificación a todo aquel que pretenda entrar en el recinto.

El complejo, clausurado hace ya 25 años, fue construido durante el régimen franquista para albergar a unos 2.000 reclusos. Aunque inicialmente varios grupos municipales lucharon por conseguir que los edificios se destinaran a actividades culturales y otros usos sociales, el penal finalmente quedó desangelado y sus celdas y naves ocupadas por personas vulnerables.

Quienes se afincaron entre sus paredes no eran ni personas con adicciones ni en situación de exclusión social, sino en muchos casos familias trabajadoras cuyos salarios no alcanzan para asumir el precio actual de los alquileres. Otro perfil mayoritario es el de migrantes en situación irregular que se asentaron temporalmente hasta obtener los papeles, un proceso que para más de uno acabó demorándose años.

“No se podían permitir pasar por un proceso judicial si se negaban a irse, así que de las 206 personas que había inicialmente, muchos se han tenido que ir yendo a otro sitio con tiendas de campaña”, explica Miquel Duran, portavoz del Sindicat d’Habitatge de Mallorca

Para los moradores extranjeros, que hasta llegado el decreto de regularización extraordinaria no podían acceder a ayudas sociales, la resistencia en el edificio no ha sido posible. Al estar en pleno proceso de trámites para la regularización, el miedo a la deportación ha hecho que rehúsen enfrentarse a la Policía: “No se podían permitir pasar por un proceso judicial si se negaban a irse, así que de las 206 personas que había inicialmente, muchos se han tenido que ir yendo a otro sitio con tiendas de campaña. El 75% están en situación irregular”, explica a El Salto Miquel Duran, portavoz del Sindicat d’Habitatge de Mallorca.

Pese a los titulares torticeros que estos últimos años han ido empañando las cabeceras locales, donde se tilda de okupas o “ilegales” a quienes malvivían a duras penas en la prisión, lo cierto es que el penal constituía la única alternativa posible frente a la calle para muchas familias humildes. Meses atrás, las autoridades habían llegado incluso a intentar precipitar el desalojo por vía extrajudicial causando incendios atribuyendo la responsabilidad a los residentes y a la “falta de seguridad patente dentro del penal”, y tal y como han podido confirmar distintas plataformas de vivienda activas en el territorio insular. Los activistas de PAH Mallorca aseguraron entonces en esta línea que personas externas al complejo “habían roto un cristal de una garita y empezó a arder en el interior porque ahí hay toneladas de basura y material inflamable”.

Las condiciones de insalubridad en espacios donde abunda la basura, las plagas de roedores o la falta de higiene fruto del abandono institucional no eran plato de buen gusto para ningún vecino, pero eran preferibles a “dormir entre cartones en la calle”. Dado que el Ayuntamiento no ha ofrecido alternativas habitacionales, se prevé que quienes no disponen de familiares cercanos acaban abocados al sinhogarismo en los meses de mayor calor. Duran traslada que, hasta la fecha, la única “solución” habitacional que ha posibilitado el Consistorio para los ex residentes ha sido pasar dos noches en el Parque de Bomberos del Polígono de Son Castelló, sin embargo, en este espacio solo se puede entrar de 19H hasta las 9 de la mañana (es decir, para trasnochar) y no es posible llevar pertenencias personales más allá de una mochila. Tan solo 45 residentes, que han cumplido con los requisitos establecidos por el Consell de Mallorca para ello, han sido derivados al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Eva, una inquilina, teme que en cuestión de días u horas se persone la Policía para echarla violentamente contra su voluntad, pese a que con sus ingresos le resulta del todo imposible asumir un alquiler en la isla

“Es inhumano e incomprensible, porque ahora que empieza a hacer la calor, ¿qué hacen esas personas que les dan la casita desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, que son once horas? Todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a vivir dignamente”, protesta indignada Eva (nombre falso para preservar su identidad), quien lleva más de tres años habitando junto a su marido un antiguo apartamento de los funcionarios del penal. Sin suministros, ni calefacción ni medios de ningún tipo para cocinar ni almacenar alimentos, espera con ansiedad a que “llegue mi turno”. Teme que en cuestión de días u horas se persone la Policía para echarla violentamente contra su voluntad, pese a que con sus ingresos le resulta del todo imposible asumir un alquiler en la isla. Máxime considerando que actualmente Baleares lidera el precio de la vivienda con 4.097 euros por metro cuadrado, por encima de comunidades ya fuertemente tensionadas como la Comunidad de Madrid (3.549 euros/m2), Euskadi (3.027 euros/m2) o Catalunya (2.278 euros/m2).

Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los alquileres que se revisen en Baleares se encarecerán 4.615 euros anuales de media, la cifra más elevada del país. Estamos hablando de que el precio de la vivienda en el archipiélago seguirá previsiblemente al alza a lo largo de 2026, con un crecimiento que podría superar el 8%. Los barómetros sitúan la causa de este crecimiento desenfrenado parcialmente en la alta demanda por parte de compradores extranjeros. Según el Consejo General del Notariado, entre 2007 y 2025 los turistas internacionales afincados en las islas se han hecho con el 38% de las viviendas de Baleares.

Inacción institucional ante una crisis galopante

Desde PAH Mallorca llevan meses señalando la actuación del Ayuntamiento, que en su día prometió en balde la construcción de decenas de pisos sociales. “Exigimos una respuesta institucional que esté a la altura de la crisis habitacional que vivimos. Es fundamental recordar que la legislación vigente en España prohíbe cualquier expulsión forzosa sin que los servicios sociales garanticen una alternativa habitacional digna y permanente para todos los afectados. Señalamos directamente al Ayuntamiento de Palma y a sus responsables políticos por su negligencia a la hora de garantizar los derechos más básicos de estas personas”, ha resaltado PAH Mallorca en un comunicado reciente. Critican la “alarmante falta de empatía y compromiso social” dado el contexto actual que sufre el archipiélago en relación a la falta de alquileres dignos y asequibles.

Desde el Sindicat d’Habitatge aseveran que el Gobierno balear no ha comenzado todavía ninguno de sus aclamados proyectos de vivienda protegida, tan solo se ha cedido suelo público del consistorio para que promotores privados construyan falsa vivienda “asequible”. En esos pisos, los precios sobrepasan los 1.000 euros. Marga Prohens (Partido Popular) había anunciado la edificación de más de 1.500 viviendas de uso social para familias vulnerables, de los cuales todavía no se ha construido ni uno.

Si en abril del año pasado la lista de espera de personas sin hogar para acceder al servicio de primera acogida en la isla era de más de 150 persones, tras este desalojo se espera un inminente colapso de estos recursos públicos. La perseverancia de las entidades por la vivienda en la isla consiguió que los pisos turísticos fueran finalmente declarados ilegales en el territorio, pero al no existir un mecanismo para garantizar el cumplimiento de la legalidad por parte de los arrendadores, los Airbnb campan a sus anchas.

“Se está poniendo la alfombra roja a todas estas inmobiliarias y constructoras extranjeras que ahora se dedican a construir pisos de lujo mientras la mayoría no tiene asegurado su derecho a la vivienda”: Sindicat d’Habitatge de Mallorca

Una de las principales demandas populares sigue siendo que Palma sea declarada zona tensionada, como ya ocurrió en Barcelona, pero “hay una falta de voluntad política a la hora de llevar esto a cabo porque implicaría poner ciertos límites al capital inmobiliario mientras Mallorca se vende al mejor postor como paraíso turístico”, aseguran desde el Sindicat d’Habitatge mallorquín. En la actual legislatura, alegan, “se está poniendo la alfombra roja a todas estas inmobiliarias y constructoras extranjeras que ahora se dedican a construir pisos de lujo mientras la mayoría no tiene asegurado su derecho a la vivienda”. Es lo que lleva años ocurriendo en barrios del centro como Son Gual o zonas como Andratx o Calvià, ahora plagadas de chalets que se vendieron por más de dos millones de euros.

La ausencia de políticas públicas que enfrenten la actual crisis habitacional que lleva ya años lastrando a la clase trabajadora insular está teniendo tres efectos más que palpables: En primer lugar, un aumento de la infravivienda, a menudo la única opción viable para tener un techo donde cobijarse, como fue el caso de la prisión. Sin ir más lejos, a finales del año pasado el Govern y la Policía Nacional de Manacor detectaron la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio de Manacor, pero incluso se está normalizando la pernocta en caravanas, coches o locales sin cédula de habitabilidad.

En la colonia de Son Bordoy, donde 170 personas (entre ellas 44 menores)  llevan 28 años viviendo en terrenos cedidos antiguamente por el Ayuntamiento, están a punto de ser expulsadas de sus casas

Asimismo, se prevé una oleada histórica de desahucios como el que se cierne sobre la colonia de Son Bordoy, en la periferia sureste de Palma, donde 170 personas (entre ellas 44 menores) que llevan 28 años viviendo en terrenos cedidos antiguamente por el Ayuntamiento están a punto de ser expulsadas de sus casas. “Sabemos que ahí hay terreno privado donde van a construir viviendas de lujo, de manera que quieren vaciar la zona de personas gitanas”, comenta Abrams. La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes Balears ha aprobado el proyecto de urbanización en ese área.

La situación es crítica ya no solo los meses de verano, sino durante el año completo, es decir, actualmente la masificación turística no es estacional sino perenne. En segundo lugar, se está produciendo un éxodo de jóvenes mallorquines hacia la península e incluso hacia terceros países, ya que “ya ni yéndote a los pueblos encuentras precios asequibles”. “Los que tienen la posibilidad de quedarse con los padres, se quedan con ellos. Lo que ocurre también es que los jóvenes, al tener un poco vías laborales abiertas, la mayoría deciden irse fuera de la isla, y eso es un problema”, cuenta Duran.