Mallorca
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca prevé desalojar a 200 personas que malviven en la antigua cárcel de la isla

“Mallorca ha muerto de éxito, se ha vendido al mejor postor y ahora no hay literalmente donde vivir”. Frases como esta se escuchan cada vez con más frecuencia y rabia entre los residentes de este territorio insular devorado por la fiebre vacacional. El turismo ha pasado de circunscribirse a una temporada delimitada -la estival- a ser un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho de todo el año. La sustitución poblacional de barrios enteros del centro a través de virulentos procesos gentrificadores ha dibujado un nuevo mapa insular: donde antes hacían su vida trabajadores mallorquines ahora confluyen turistas de alto nivel adquisitivo, en su mayoría alemanes o británicos, cafés de especialidad, inmobiliarias suecas y hostels para ‘expats’. En estas zonas, los residentes son ya un mero decorado para el visitante foráneo.

Los márgenes se han amplificado, las periferias urbanas y pueblos del interior son a día de hoy los únicos entornos asequibles para la mayoría. Pero la exclusión residencial ha golpeado con especial dureza a quienes ni siquiera cuentan con empleos estables o una situación administrativa regularizada. Muchas de estas personas llevan años ocupando espacios semiabandonados, en un estado patente de inhabitabilidad, única alternativa a la calle. Uno de estos lugares, que lleva desde hace décadas sirviendo de cobijo para más de 200 personas es la antigua cárcel de Palma, situada a escasos 3 km del centro de la capital.

 “No solo preocupan las más de 200 personas que el Ayuntamiento quiere desalojar esta semana, sino también los 245 desahucios que han sido ejecutados en Palma en el segundo trimestre de 2025”: PAH Mallorca

El complejo derruido donde malviven decenas de familias sin suministros, recogida de basuras ni agua potable es el catalizador de una crisis habitacional que ya ha superado límites inimaginables. Sus habitantes son de perfiles muy variopintos: desde personas migrantes que esperan como agua de mayo la llegada de sus papeles hasta trabajadores precarios, personas sin techo o dedicadas a la economía sumergida. En cualquier caso, existe un denominador común: todos llegaron porque les resultaba imposible acceder a un alquiler asequible. Desde hace semanas, el Ajuntament de Palma (bajo el mandato de un Gobierno de PP y Vox) ha tratado de desalojar forzosamente a los residentes sin ofrecerles una alternativa habitacional. “No solo preocupan las más de 200 personas que el Ayuntamiento quiere desalojar esta semana, sino también los 245 desahucios que han sido ejecutados en Palma en el segundo trimestre de 2025”, ha denunciado estos días PAH Mallorca a través de un comunicado.

El penal, que antaño albergó a cerca de 2.000 presos durante la dictadura franquista, cerró hace ya 25 años, en 1999, por lo que quedó vacío y ha llegado a albergar bajo su techo a más de 400 personas tras su clausura, afirman desde la PAH. En 2013 el Ayuntamiento se hizo con los terrenos donde se ubica el edificio y trató en varias ocasiones de desalojarlo infructuosamente, al igual que sucedió en 2019 y posteriormente en 2025. En 2017 Més Mallorca propuso convertir las naves derruidas en un espacio cultural con residencias para estudiantes para darle un uso social y colectivo. “Transformar la prisión en un lugar dedicado a la cultura tiene un poder simbólico de cómo rehabilitar un espacio que ha sido escenario de represión en un espacio juvenil y de libertad”, traslada Neus Truyol, concejala de esta formación y ex teniente de alcalde. No obstante, el Partido Popular tenía otros planes, entre ellos destinar el terreno para sus próximos pelotazos urbanísticos, tal y como aseguran los distintos colectivos entrevistados para este reportaje.

El consistorio ya ha iniciado actuaciones para que los residentes desalojen “voluntariamente”, bajo amenaza de sanciones económicas en caso de resistir. En pocos días, si no se trasladan, serán expulsados por la vía policial

La inmensa mayoría de los habitantes de la antigua cárcel no tienen donde ir, pero el consistorio ya ha iniciado el periodo para que desalojen el complejo “voluntariamente” bajo amenaza de sanciones económicas en caso de resistir. En pocos días, si no se trasladan, serán expulsados por la vía policial. Con unos servicios sociales saturados por la alta demanda habitacional y un gobierno regional “incompetente” en materia de vivienda, los vecinos del penal temen correr la misma suerte que los ex residentes del Institut B9 de Badalona (Barcelona). El Ayuntamiento de esta ciudad catalana, gobernada por Xavier García Albiol (PP), amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, decidió desalojar el edificio abandonado donde residían 400 personas migrantes, el pasado mes de diciembre. El caso del penal mallorquín guarda también numerosas concomitancias con el desalojo a gran escala de Can Rova en Ibiza, que dejó a 300 persones en la calle a las puertas del verano.

Baleares lidera el ranking de precios de la vivienda a nivel estatal

En las Baleares, 105 mil pisos permanecen vacíos y otras tantas reciben un uso limitado a días o semanas, es decir, para uso meramente vacacional. Europa Press informaba a comienzos de este año de que el precio de la vivienda en Baleares seguirá al alza a lo largo de 2026, con un crecimiento que podría superar el 8%, en parte debido a la alta demanda por parte de compradores extranjeros, que entre 2007 y 2025 se han hecho con el 38% de las viviendas del archipiélago. Según esta agencia, Baleares lidera el ranking de precios con 4.097 euros por metro cuadrado, seguido de la Comunidad de Madrid, Euskadi y Catalunya.

En 2025 más de mil personas vivían ya en uno de los 37 asentamientos barraquistas que hay distribuidos por toda la capital palmesana, la mayoría sin ayudas sociales a su alcance

En este contexto de emergencia social han aflorado de forma descontrolada todo tipo de asentamientos irregulares, infraviviendas, campos de chabolas, pero también es habitual ver hileras interminables de autocaravanas. En 2025 más de mil personas vivían ya en uno de los 37 asentamientos barraquistas —poblados de chabolas— que hay distribuidos por toda la capital palmesana, la mayoría sin ayudas sociales a su alcance. La antigua cárcel supone, en este sentido, un síntoma más de las fracturas de un sistema que prioriza el interés especulativo a la vida.

Sus instalaciones convertidas en hogares improvisados constan de dos partes: por un lado, las antiguas viviendas de los funcionarios de la prisión, que ocuparon personas precarizadas en cuanto entraron en estado de abandono. Por otro, las naves que componían la propia prisión, con sus angostos pasillos y las celdas deterioradas con el paso del tiempo. Quienes no tuvieron más opción que asentarse en las ruinas del penitenciario subsisten sin suministros, rodeados de toneladas de basura y sin unas mínimas condiciones de salubridad.

“Con la situación actual, ¿qué casa puedo alquilar yo? vinimos a vivir aquí porque un chico nos dio la llave y la limpiamos de basura porque no tenemos a dónde ir”, cuenta a El Salto Luisa Santiago

El día a día en el interior se sostiene gracias a hornillos, generadores y montones de mantas para cobijarse del frío: “Hablamos de personas que trabajan aunque vivan en la prisión, que tanto el marido como la mujer tienen empleos pero aún así les es imposible alquilar, porque una habitación actualmente se está alquilando 800 euros”, explica Àngela Pons, presidenta de PAH Mallorca. Cada vez más inmobiliarias se niegan a ofrecer pisos a mallorquines, ya que saben que pueden lograr beneficios mucho mayores si se dedican en exclusiva a alquilar a extranjeros acaudalados, con salarios más elevados que los españoles. La problemática más grande ya no son, añade Pons, los turistas, sino los grandes tenedores internacionales “que se están apropiando de barrios enteros” y forzando la expulsión de las vecinas hacia los suburbios.

En los antiguos apartamentos de los funcionarios vive desde hace tres años y medio Luisa Santiago (58 años, Palma). Antes de asentarse en el antiguo penal junto a su pareja, de 61 y obrero de la construcción, y sus gatos, vivía alquilada en el barrio palmesano de Son Roca. Tras haber de cuidar a su padre durante años cayó enferma y con una incapacidad permanente, mientras que su marido sufrió un accidente laboral que le dejó ciego de un ojo y le abocó al paro sin percibir a penas ayudas sociales. Este cúmulo de circunstancias vitales adversas les dejó sin opciones de poder seguir asumiendo la renta mensual ya que él percibe una prestación de 1.015 euros: “Con la situación actual, ¿qué casa puedo alquilar yo? vinimos a vivir aquí porque un chico nos dio la llave y la limpiamos de basura porque no tenemos a dónde ir”, cuenta a El Salto.

Tras adecentar el espacio instaló un mueble de cocina que le trajo su hija, donde guarda los pocos alimentos que puede comprar, ya que es imposible conectar una nevera debido a la falta de corriente eléctrica. En verano el problema de la falta de refrigeración se vuelve especialmente acuciante. Cocina gracias a un hornillo de butano y un generador pequeño de gasolina. Para asearse debe caminar varios km hasta una fuente pública, llenar varias garrafas y traerlas de vuelta al edificio. Al no dispone de luz, enciende una bombilla con el generador y emplea linternas para circular por los pasillos. “He pasado de comer con la familia muchos domingos a que no venga nadie porque estoy aquí, la vida me ha cambiado completamente y he tenido que acostumbrarme”, confiesa a este medio con angustia.

Más de 40 colectivos se organizan contra el macrodesahucio

Pero lo que más le ha impactado en su devenir vital, desliza, es “la sensación constante de abandono y soledad”. En los últimos meses, a paliar este sentimiento ha contribuido la acción ciudadana que no ha cejado en su empeño de que los residentes consigan hogares dignos. En la última semana, más de 40 colectivos por los derechos sociales se han organizado para recoger material para las personas que pernoctan en las instalaciones. Una iniciativa que, tal y como adelantaba el Diario de Mallorca, “pretende consolidar una red de apoyo a las personas afectadas”. En las distintas acciones de protestas convocadas para denunciar públicamente el desalojo del complejo han puesto de manifiesto el carácter racista y aporofóbico de las políticas públicas del consistorio.

“La crisis de la vivienda en Mallorca ha alcanzado niveles extremos. Cada vez es más difícil encontrar un piso para alquilar, incluso para las personas que tienen trabajo. El Govern balear no está aplicando ningún plan de control de alquileres...”

Entre estas entidades figuran, además de PAH Mallorca, Abya Yala Mallorca, ActionAid, Avantguardes de Defensa de Mallorca (ADM), Agrupació de Ball de Bot Rissaga, Amics de la Terra, Arran Mallorca,Ciutadans per Palestina, Col·lectiu de Joves Comunistes (CJC) y distintas asambleas barriales de toda la isla. “La crisis de la vivienda en Mallorca ha alcanzado niveles extremos. Cada vez es más difícil encontrar un piso para alquilar, incluso para las personas que tienen trabajo. El Govern balear no está aplicando ningún plan de control de alquileres para zonas tensionadas para no hacer temblar el negocio del turismo”, destacan los activistas en un post publicado en sus redes sociales.

La falta de regulación de los alquileres ha provocado que éstos sean hoy de los más altos de toda España y la resulta de este drama habitacional se hizo notar recientemente durante otro desalojo masivo, el de Son Bordoy, en la periferia sureste de Palma. En decenas de infraviviendas convivían hasta 170 personas, entre ellas 44 menores, que permanecieron durante casi 30 años hasta que este año el Ayuntamiento decidió construir una promoción de 750 pisos a precios de mercado. “El Partido Popular y Vox revocaron lo que eran terrenos no urbanizables para hacerlos urbanizables de la noche a la mañana para su pelotazo urbanístico así que hoy, si sumamos todo, nos encontramos con casi 500 personas que se van a ir a la calle sin alternativa habitacional”, subraya Pons.

Para justificar el desalojo del antiguo penal, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha hecho referencia a una serie de incendios en el recinto que supuestamente habrían puesto en peligro la vida de los residentes. Sin embargo, miembros de PAH Mallorca han sido testigos de cómo estos fueron provocados desde el exterior. “Rompieron un cristal de una garita y empezó a arder en el interior porque ahí hay toneladas de basura y material inflamable”, comenta Pons. El Ayuntamiento pretende construir una rotonda en la Vía de Cintura (que rodea la ciudad) y varios edificios en los terrenos donde se ubica la cárcel. Ninguno de estos proyectos han sido siquiera aprobados.

“La seguridad de la vida se enfrenta a la seguridad por la cual apuesta la extrema derecha, no la seguridad de acompañar, de un mejor y más estado de bienestar”, defiende Borja Kruzelaegi, del movimiento Mallorca per la Pau

Ante a la oleada represiva del consistorio, que amenaza con dejar sin techo a más de 200 personas, la plataforma ciudadana Mallorca per la Pau se muestra crítica con el modelo de ciudad hipersecuritizada y criminalizante hacia la población migrante y precarizada que pretenden instaurar la derecha parlamentaria: “Al final la pobreza no se puede combatir siendo una copia barata de Daniel Esteve. Hace falta más estado de bienestar y más recursos públicos. La seguridad de la vida se enfrenta a la seguridad por la cual apuesta la extrema derecha, la de las armas, en este caso de furgones policiales y redadas, no la seguridad de acompañar, de un mejor y más estado de bienestar”, infiere a este medio Borja Kruzelaegi, miembro de este movimiento social.

Ausencia de políticas públicas que intervengan el mercado especulativo

El Govern en manos de la popular Marga Prohens anunció la construcción de más de 1.500 viviendas de uso social para familias vulnerables pero sus promesas rápido quedaron en agua de borrajas. “Los solares públicos que se tendrían que destinar a vivienda pública los hacen concesiones de 75 años para que los construyan. Aún no se ha construido ninguno, pero sí que se han adjudicado a promotores privados, están liberalizando muchas normas de desarrollismo urbanístico para que no haya controles ambientales en aras de un crecimiento de población muy exponencial que siga nutriendo el negocio inmobiliario que se mueve en las islas”, destaca Truyol.

“Quieren eludir la competencia propia de atención inmediata a los ciudadanas y se dedican a trasladar el problema a otras instancias, sin proporcionar soluciones habitacionales de ningún tipo”, denuncian desde la PAH mallorquina

Mientras tanto, en lugar de intervenir un mercado cada vez más consumido y saturado por la especulación a escala internacional, Bonet ha pedido a entidades externas como el Obispado, el Ejército o entidades del tercer sector que acojan en sus inmuebles a los residentes que serán desplazados. Esta externalización de unas funciones que debería ejercer en exclusiva la administración pública ha sido una de las críticas focales de los movimientos pro vivienda en las últimas semanas. “Quieren eludir la competencia propia de atención inmediata a los ciudadanas y se dedican a trasladar el problema a otras instancias, sin proporcionar soluciones habitacionales de ningún tipo”, denuncian desde la PAH mallorquina en su manifiesto contra el macrodesahucio anunciado.

En abril de 2025 había una lista de espera de 150 persones sin hogar para acceder al servicio de primera acogida en la isla. Aún así, el gobierno insular aprobó sustituir la oficina antidesahucios por una nueva Oficina de Atención Integral a la Vivienda y Antiokupación, que hasta la fecha ha recibido menos de ocho llamadas. “Convirtieron una oficina que era necesaria para la ciudadanía en un momento de emergencia habitacional para hacer un chiringuito ultra”, afirma Kruzelaegi.

Aunque ciertas formaciones políticas nieguen lo acuciante de esta situación, lo cierto es que la crisis de los alquileres ha escalado hasta el punto de acelerar la migración de miles de residentes hacia la península. “Antes la gente de Palma se iba a los pueblos como Buñola o a Marratxí, sobre todo los del sur, porque ya era imposible vivir en el centro, pero es que ahora la gente se plantea irse de Mallorca. Personas cuya familia es de Mallorca desde hace varias generaciones y se están planteando ir fuera para poder vivir”, relata Truyol.

En los últimos años han brotado propuestas para revertir el modelo actual, basado en el monocultivo del turismo masificado cuyo impacto ha causado estragos en el plano residencial. Una de estas medidas, inspirada en la experiencia canadiense, se basa en prohibir la compra de vivienda por parte de no residentes. Més llevó a término la propuesta, que de materializarse comportaría cambios normativos en el tratado de adhesión a la UE. Esta proposición de ley fue lanzada en febrero de este 2026 en el pleno del Parlament “para que los municipios puedan restringir temporalmente la compra de viviendas por parte de no residentes, personas jurídicas y compradores de segunda residencia”.

“Cuando quieres hacer obra social no hay nadie que se quiera meter porque están acostumbrados a ir reformando chalets por un pastizal y no les interesa hacer otra cosa”: Sindicat de Llogateres de Mallorca

Ello solucionaría no sólo el problema de incremento desorbitado de precios, sino que aumentaría la oferta de vivienda asequible. “Lo que ocurre ahora es que mucha gente de Europa viene con mucho dinero aquí y solo busca comprar chalets de lujo. Entonces, las empresas constructoras se dedican hacer viviendas de alta calidad, cuando quieres hacer obra social no hay nadie que se quiera meter porque están acostumbrados a ir reformando chalets por un pastizal y no les interesa hacer otra cosa”, establece Òscar Martínez, miembro del grup motor del Sindicat de Llogateres de Mallorca. A su juicio, un revulsivo que podría frenar el desalojo de la antigua cárcel sería la imagen negativa que traería para el turismo que centenares de personas acaben en situación de calle a las puertas de la temporada alta.

“La derecha no va a querer tener a gente en la calle para que se evidencien los problemas que hay, ni que cuando vengan los turistas encuentren tiendas de campaña por las calles del centro. Y eso, ahí va a haber presión contra la Ayuntamiento por parte de los dueños de negocios”, sostiene Martínez. La prohibición de alquilar viviendas plurifamiliares para uso turístico en el centro de la ciudad bajo multas de hasta 40.000 euros en 2017 no ha surtido a penas efecto a la hora de mejorar la vida de la ciudadanía. Palma fue la primera ciudad europea en implantar esta política de vivienda, pero siguen operando ilegalmente bajo distintas fórmulas por todo el territorio, como también ocurre en ciudades como Madrid o Barcelona.