El Salvador
Acabar con la democracia para acabar con las maras

No todas las fronteras son visibles y limitan unos países con otros. Hasta hace pocos días, gran parte de los barrios y comunidades de El Salvador estaban divididos por fronteras internas. Fronteras invisibles, en las que el Estado no era garante de los derechos de sus habitantes. Ante esta ausencia del Estado, la MS13 y las dos facciones del Barrio 18 se han articulado durante años como poderes paralelos que imponían su poder y su dominio. Cualquier persona que traspasase esas fronteras y fuese considerada de un territorio contrario podía perder la vida o desaparecer de manera forzosa. En muchas comunidades del país, los niños y niñas no han podido ir a estudiar porque la escuela se encontraba en un territorio “enemigo”. Muchos jóvenes han visto limitadas sus posibilidades de trabajar porque no podían desplazarse a otras zonas. Muchas familias no han podido asistir al centro de salud más cercano o visitar a sus familiares porque se encontraban en una zona controlada por una pandilla distinta a la que dominaba en su comunidad.

Ahora, tras diez meses de un régimen de excepción que ha comportado masivas violaciones de los derechos humanos, investigadores y periodistas de El Faro han podido corroborar la desestructuración de estas organizaciones criminales en El Salvador. Se ha puesto fin a su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura interna.

“La crisis del sistema político ha causado un sentimiento de traición y populistas como Bukele saben explotarlo muy bien”

Sarah Babiker

El Salvador

Carlos Dada “La crisis del sistema político ha causado un sentimiento de traición y populistas como Bukele saben explotarlo muy bien”

Sarah Babiker

Al frente del medio digital decano ElFaro.net, este periodista salvadoreño analiza el estado de la democracia y la libertad de información bajo el gobierno de Bukele, el controvertido presidente que impuso un régimen de excepción en el país.

Un estado paralelo: el terror como arma política

En los últimos treinta años, las pandillas han pasado de ser grupos de jóvenes sin recursos que no estaban en el centro de las políticas de seguridad, a verdaderas estructuras criminales que han disputado el poder al Estado y se han erigido con el control del territorio. Con más de 60.000 miembros activos en un país de apenas 6.5 millones de habitantes, los índices de homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones superan holgadamente los de países inmersos en conflictos bélicos.

Sin embargo, las pandillas no nacieron de la nada, por arte de magia. Estos grupos han sido el reflejo y la consecuencia de una sociedad descompuesta, corrupta y abandonada por la clase política dirigente. Un Estado ausente en todos los sentidos que únicamente ha promovido y cronificado la pobreza y la desigualdad. En este contexto, el poder de las pandillas creció durante décadas copando todo el territorio salvadoreño, principalmente aquellas comunidades más empobrecidas.

Las pandillas no nacieron de la nada, por arte de magia. Estos grupos han sido el reflejo y la consecuencia de una sociedad descompuesta, corrupta y abandonada por la clase política dirigente

Durante años, estos grupos han sometido a miles de comunidades mediante la fuerza y el terror. Las maras imponían su ley en cada uno de los territorios que dominaban. La sacrosanta norma que imperaba en todos ellos era “ver, oír y callar”.

En este contexto, no es difícil predecir el poder con el que ha contado el crimen organizado, convirtiéndose en un actor clave más. Un “estado paralelo” que ha tenido la capacidad de chantajear, negociar e influir en la agenda política del país. En el verano de 2015, jefes encarcelados de las principales pandillas fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad. Como represalia, desde su celda ordenan una huelga general de todos los transportes públicos del país. Durante cuatro días, nadie se atreve a conducir o a subir a un bus. El país está paralizado. Esta imposición vino acompañada de diversos asesinatos contra todos aquellos que se negaban a cumplir las órdenes dictadas por las pandillas.

La estrategia de los gobiernos salvadoreños desde 2002 ha sido aplicar una política de cal y arena. De un lado, se aplicaban planes de mano dura que no hacían más que incrementar los índices de homicidios y el número de pandilleros que integraban las filas de las maras. Por otro lado, se mantenían negociaciones y eran tratados como aliados estratégicos, lo que permitía al presidente de turno conservar el poder. Los pactos consistían en la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Las consecuencias fueron engrandecer su poder en las calles y hacerse con el control de las cárceles, donde ellos también imponían las normas.

En marzo de 2022, durante la administración del presidente Nayib Bukele, la Mara Salvatrucha-13 asesinó a 87 salvadoreños en un fin de semana. Gobierno y crimen organizado sostenían negociaciones secretas desde el año 2019. Esta ola de asesinatos fue la respuesta a una serie de detenciones de pandilleros que realizó el gobierno, y que estos consideraron como una traición al pacto que mantenían. El objetivo: generar un clima de terror y enviar un mensaje contundente al gobierno.

El régimen de excepción, un golpe letal a las maras (y a la democracia)

Ante esta situación, el presidente de la república ha gobernado el país bajo un régimen de excepción que en los primeros diez meses de aplicación se ha cobrado la detención de 63.000 supuestos pandilleros, entre ellos 1.600 niños y niñas. Más de 80 personas han muerto en las cárceles o durante su detención. Muy aclamado y respaldado por una gran mayoría de los salvadoreños —cuenta con la aprobación del 80% de la población según distintas encuestas—, este régimen es a la vez criticado por las principales organizaciones de derechos humanos y por la comunidad internacional. Detenciones masivas y arbitrarias, procesos judiciales sin garantías, hacinamiento en las cárceles, torturas y hasta desapariciones o muertes.

Jorge Rodríguez es investigador y coordinador técnico del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Al ser preguntado sobre esta cuestión, afirma con contundencia que el régimen de excepción ha implicado la pérdida de todas las garantías constitucionales. “El simple hecho de llevar tatuajes, el pelo largo o aros en las orejas ya es suficiente para que te detengan. Se realizan grandes operativos de policías y militares en los que se produce la detención indiscriminada de personas solamente porque andaban por la calle, o por perfiles muy generales”. Los antecedentes penales también se han convertido en una justificación suficiente para detener a cualquiera. Personas que en un pasado habían sido capturadas, juzgadas y declaradas inocentes de cualquier delito, o que ya habían cumplido su condena, eran llevadas directamente a la cárcel.

Con el amparo del régimen de excepción, la policía puede detener a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial o sin informar de las razones de la detención. Se ha ampliado el plazo de detención provisional de 72 horas a 15 días y no existe el derecho a la defensa. Según este experto, las violaciones de derechos humanos han sido masivas, y miles de personas inocentes permanecen detenidos en prisiones.

“Un día llega el ejército a casa, hace un registro de las personas que viven y al día siguiente se detiene a algunas personas indiscriminadamente sin tener relación alguna con las pandillas. Se las llevan y no informan a las familias sobre su paradero”

“Un día llega el ejército a casa, hace un registro de las personas que viven y al día siguiente se detiene a algunas personas indiscriminadamente sin tener relación alguna con las pandillas. Se las llevan y no informan a las familias sobre su paradero”. Sus familiares no saben si están vivos o no, están desaparecidos y el estado no da respuesta. Conforme al derecho internacional, se trata de desapariciones forzadas.

Diversas organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch o Cristosal han denunciado las reiteradas violaciones de derechos humanos. Lejos de tratarse de casos aislados o excesos, sus investigaciones sostienen que se trata de vulneraciones generalizadas incentivadas por el presidente Bukele y su gobierno, producidas siempre bajo el amparo del Estado.

Los salvadoreños han renunciado a muchos de sus derechos constitucionales, incluidos la libertad de asociación y reunión, la presunción de inocencia, a un juicio justo o a la privacidad de sus comunicaciones. A cambio, quienes han vivido durante décadas bajo el control de estos grupos criminales han conseguido un pequeño oasis de paz en la sangrienta historia del país centroamericano.

La vida sin pandillas

Más allá de las muertes y las desapariciones forzadas, uno de los ejemplos más palpables de la desarticulación de las pandillas es la suspensión de las extorsiones y otros “impuestos”. Estas organizaciones exigían el pago periódico de cuotas inasumibles a cualquiera que tuviera un pequeño negocio, por el derecho a aparcamiento, venta de inmuebles o por contratar la televisión por cable.

Los niños vuelven a jugar en los parques que hasta hace pocos meses eran fronteras que delimitaban territorios enemigos, y donde las balaceras eran el pan de cada día. También pueden acudir a la escuela más cercana de casa sin miedo a ser disparados en el recreo por el simple hecho de que su domicilio está situado en una calle controlada por la pandilla contraria. Después de muchos años, las familias y amigos pueden ir a visitar a sus seres queridos sin perder la vida o sin tener que pedirles permiso a las maras que controlaban la zona.

Las voces más escépticas dudan sobre los efectos de las políticas represivas a largo plazo y consideran que los pandilleros no han desaparecido, por lo que en un futuro se puede producir una mutación de estas estructuras

Los restaurantes vuelven a tener servicio a domicilio y el servicio de taxis o aplicaciones de transporte como Uber ya vuelven a operar en la mayoría de las comunidades. Algo impensable durante los últimos años. Los transportistas y conductores de autobús vuelven a realizar su trabajo sin miedo a ser asesinados por no pagar las extorsiones, cuotas que ascendían a los 34 millones de dólares al año.

Aunque los resultados del régimen de excepción son tangibles entre la población, se abren muchos interrogantes sobre el futuro de estas organizaciones. Las voces más escépticas dudan sobre los efectos de las políticas represivas a largo plazo y consideran que los pandilleros no han desaparecido, por lo que en un futuro se puede producir una mutación de estas estructuras. Ante tantas incógnitas, hay un elemento objetivo e innegable: las condiciones sociales y materiales que durante años han propiciado y sustentado estas organizaciones, no se han erradicado. El Salvador continúa siendo uno de los países de Centroamérica con mayores índices de pobreza, desigualdad y corrupción.