Francia
La perversión de la democracia autoritaria

El marco discursivo del gobierno de Macron implica que hacer cambios legislativos sin mayoría parlamentaria y contra el mandato popular es un acto de responsabilidad y de entereza política.
Manifestacion contra retraso jubilacion Francia
Manifestación por la defensa de las pensiones en París, el 31 de enero de 2023. Foto: Jeanne Menjoulet
25 mar 2023 14:39

 A mediados de marzo, el presidente Emmanuel Macron iniciaba el proceso de reforma de las pensiones en el Parlamento. Una semana después, intervenía ante la cámara, tras haber recurrido al artículo 49.3 de la Constitución, que permite sacar adelante una ley sin el voto del hemiciclo parlamentario, el cual se oponía en su conjunto a una reforma de las pensiones que alarga la jubilación de los 62 a los 64 años.

El pulso en torno a las pensiones lleva aparejado no sólo tensión y una escalada de crispación ante una cuestión crucial para la ciudadanía francesa. También está la preocupante forma discursiva que desde el gobierno y desde los medios de comunicación se está desplegando para defender la manera en la que Macron ha llevado a cabo su reforma.

Macron afirmó ante el Parlamento que, aunque el decreto se ha llevado a cabo contra la mayoría parlamentaria y sin el consenso de los sindicatos ni de la ciudadanía, va a llevar a adelante su reforma “por el bien común”

Y es que el presidente, en sus declaraciones ante el Parlamento defendía que, aunque el decreto se ha llevado a cabo contra la mayoría parlamentaria y sin el consenso de los sindicatos ni de la ciudadanía, va a llevar a adelante su reforma “por el bien común”. El propio Macron jugaba a maniobras discursivas diciendo que entendía la cólera legítima de los ciudadanos y que debe ser escuchada, pero que no piensa cambiar de opinión y que no va a tolerar un “desbordamiento”. Un discurso que desde sindicatos y partidos de oposición han tildado de paternalista y de soberbio.

No han faltado medios en Francia y desde luego tampoco en España que se hayan adherido al marco discursivo del gobierno, que implica que llevar a cabo cambios legislativos sin mayoría parlamentaria y contra el mandato popular, son actos de responsabilidad y de entereza política, en vez de actos que socavan la soberanía popular y la propia democracia.

Y es que éste es el problema que llevamos viendo en los últimos años acerca de la forma en que se entiende el sistema representativo y la democracia en general. Es este preocupante uso y desdoble que tiende a llamar democráticas a las medidas autoritarias y a tildar de criminales a las medidas democráticas, la razón por la que se torna crucial analizar el sentido que se intenta dar del propio significado de Democracia.

Es necesario desarmar los marcos discursivos de los que hace uso la derecha mediática, para poder dar la batalla cultural y dialéctica. Por ello hay que atajar la forma que desde determinados medios de comunicación dan a entender qué es democrático y qué no.

Sistema representativo y democracia no son necesariamente lo mismo. Pero se sobreentiende que en principio no puede haber un sistema representativo legítimo si no hay elementos democráticos en su estructura, de la misma forma que no puede haber verdadera democracia sin elementos representativos en sus dinámicas.

La base de la legitimación no debe residir en la premisa de que X políticas serán acertadas o correctas, sino en que serán las acertadas o correctas, porque han sido legitimadas por la aprobación de la mayoría mediante participación. No se trata de que las decisiones sean legítimas porque vayan a ser infalibles (lo que sería mentir, porque la infalibilidad no existe) sino porque otorgan a la ciudadanía el derecho a participar en esas decisiones, dándoles el derecho a acertar… y a equivocarse. Josiah Ober rescataba de la democracia griega el término de sabiduría colectiva, como la lógica de que no hay decisión política errónea siempre que ésta haya sido tomada colectivamente (habría que añadir “y que respete los Derechos Humanos”).

La cuestión es que una equivocación colectiva y democrática está revestida de la “sabiduría colectiva” frente a una equivocación que se reviste del paternalismo de “hago esto porque es lo que se debe hacer, es por vuestro bien, aunque me duela y no lo aprobéis”. Esta lógica no sólo es preocupante, sino que es una concepción de la política profundamente autoritaria. Asumir que votar a un representante le reviste de la autoridad para actuar por encima de los controles parlamentarios, no es un acto de responsabilidad o entereza política. Resistirse además a dar marcha atrás cuando la ciudadanía sale a manifestarse y alegar que no consentirás que un malestar legítimo frustre tus planes, se asoma preocupantemente a un bonapartismo del s.XXI.

Así, para defender el derecho al trabajo se prohíbe el derecho a huelga. Para defender la democracia se ignoran las instituciones representativas. Para defender el país se criminaliza a la misma ciudadanía que usa el derecho a la manifestación.

El problema es que, como siempre, vemos que un pulso político profundamente ideológico y basado en la defensa de intereses contrapuestos, los derechos de la ciudadanía frente al programa de las élites económicas y financieras, se intenta teñir de criterios técnicos. La falacia de un discurso que intenta decirnos que no hay otro camino, al más puro estilo tatcherista, y que las políticas neoliberales de Macron se basa en tecnicismos económicos neutrales, que no pueden y no deben ser alterados, confundiendo siempre imparcialidad y objetividad.

Quizás habría que centrar el debate político en los términos de legitimidad, de democracia y de derechos sociales que socava la iniciativa de Macron, y no en la pulcritud con la que se llevan a cabo la manifestación y la huelga

No han faltado medios que han dedicado sus portadas y sus debates a los disturbios, actos que a su parecer, quitan la legitimidad a las protestas. Quizás sería más correcto enfocar el hecho de que los disturbios han sido provocados por la imposición legislativa de un dirigente que se ha saltado los cauces democráticos para llevar adelante su reforma. Quizás habría que centrar el debate político en los términos de legitimidad, de democracia y de derechos que socava la iniciativa de Macron, y no en la pulcritud con la que se llevan a cabo otros derechos como son la manifestación y la huelga.

Conviene desconfiar de los discursos que apelan al civismo silencioso y convierten los contenedores quemados en víctimas de una suerte de régimen del terror. Son siempre éstos discursos los que después consideran el retroceso de derechos (de las mayorías) como elementos necesarios para la civilización occidental.

El determinismo como estrategia de único camino para alcanzar un objetivo no existe en política más allá del tesón con el que se impone. Es decir, quien en el ámbito político se escuda en el argumentario de que no se puede implementar un cambio más que de una sola manera, lo único que está diciendo es que no está dispuesto a concretarlo de ninguna otra manera. Y es en ese impasse en el que chocan intereses contrapuestos donde se implementa el conflicto político. La huelga, la manifestación, los propios disturbios, son expresiones de conflicto político que abandonan la quietud pero sin abandonar el civismo. Y que el presidente de la república esté usando leyes para acabar con esas herramientas ciudadanas de defensa, muestra la perversión de quien enarbola la democracia autoritaria.

Precisamente porque en democracia la legitimidad se construye colectivamente, el resultado de estas huelgas va a decidir qué dinámicas y concepciones políticas se ven reforzadas. Esta huelga, de especial carácter ideológico en un país de aún mayor carácter ideológico como es Francia, puede resultar en un cambio de paradigma que haga caer a Macron, y con él la legitimación del autoritarismo como elemento aceptable para imponer leyes que recortan derechos sociales en favor del libre mercado. Si la huelga contra el gobierno vence, podemos encontrarnos a las puertas de redescubrir y reforzar las estrategias de la movilización y la protesta como formas útiles de forzar peticiones ciudadanas y defensa de derechos sociales y humanos.

Conviene mirar con atención al país vecino, pues los eventos que suceden en Francia, siempre han irradiado al resto de Europa, y lo cierto es que más veces que menos, el resultado ha beneficiado a sus vecinos.

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