Bolivia
El covid-19, el pretexto para la represión de opositores políticos al Gobierno de Áñez en Bolivia

El 29 de abril, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que el país pasaría a una fase de “cuarentena dinámica” el 11 de mayo. Esta decisión tenía por objeto mitigar las repercusiones sociales y económicas de la pandemia aflojando las restricciones de cuarentena. Sin embargo, se ordenó que las zonas más afectadas, ubicadas principalmente en comunidades pobres, permanecieran en pleno confinamiento. Esto supuso que muchos de los más necesitados de salir y ganar dinero aún no podían hacerlo; los subsidios de emergencia eran insuficientes y se distribuían de manera desigual, y muchos han quedado al borde de la inanición, según relatos sobre el terreno. El 1 de junio, el gobierno de facto anunció que había levantado la mayoría de las restricciones de cuarentena que quedaban, y que traspasaba la responsabilidad de la gestión de la cuarentena a las autoridades locales. Este es un paso significativo ya que implica que la pandemia ya no constituye una emergencia nacional.

Jeanine Áñez se ha enfrentado a duras críticas nacionales e internacionales por utilizar la pandemia como una forma de consolidar su poder y reprimir a los rivales políticos. Los manifestantes en Cochabamba han acusado al gobierno de dejar a la gente sin medios para alimentar a sus familias. El 10 de mayo, la Confederación de Pueblos Indígenas envió una carta abierta a Áñez pidiéndole que provea de alimentos a las comunidades indígenas más afectadas por la escasez. Una semana y media después, en medio de estos llamamientos, el ministro de Salud de Bolivia fue detenido por un escándalo de corrupción en el que se le acusa de haber pagado 4,7 millones de dólares para adquirir respiradores para covid-19 por un contrato que se cree tiene un valor de 1,2 millones de dólares. El ministro, Marcelo Navajas, sólo había asumido el cargo seis semanas antes. También han estallado recientemente protestas en El Alto y en Cochabamba exigiendo nuevas elecciones y el fin de la privatización de los recursos naturales y de otras empresas estatales.

La respuesta del gobierno de Áñez al covid-19 ha implicado una estricta aplicación militar de las restricciones de movimiento y una serie de medidas de contención agresivas. Mientras tanto, el gobierno ha usado la pandemia como excusa para montar una ofensiva en toda regla contra sus rivales políticos.

La cuarentena ha supuesto que Bolivia parece no haber experimentado la rápida propagación del virus que se ha visto en países vecinos como Brasil, Perú o Ecuador. El Centro de Recursos del Coronavirus de la Universidad John Hopkins estimó que, el 3 de junio, Bolivia tenía 10.531 casos confirmados y 343 muertes a causa del virus, aunque estas cifras sin duda no representa totalmente la situación real, dadas las bajas tasas de tests. Si efectivamente el gobierno ha tenido éxito en detener la propagación de la pandemia, habrá tenido un alto coste social, como veremos.

El Decreto Supremo 4.200

El Gobierno boliviano ha utilizado la pandemia como pretexto para imponer decretos que penalizan la disidencia y restringen gravemente la libertad de prensa. Aunque la presión internacional obligó al gobierno a rescindir algunas de las medidas más atroces de los decretos, no fue sino hasta después de un breve período de dura represión.

A mediados de abril, ya se había detenido a unas 67 personas por presunta violación del decreto y, según el ministro del interior de facto Arturo Murillo, ya se ha juzgado, condenado y sentenciado a 37 personas

El 30 de abril, The Washington Post informó de que “un ejemplo llamativo de la represión durante la pandemia viene de Bolivia”, y señaló que “el gobierno ha arrestado a decenas de opositores bajo un nuevo decreto aprobado el mes pasado”. José Miguel Vivanco, director ejecutivo del Programa de América de Human Rights Watch, también condenó el decreto, tuiteando: “El gobierno boliviano parece estar aprovechando la pandemia para darse el poder de castigar a cualquiera que publique información que el gobierno considere ‘incorrecta”.

Tanto el Post como Vivanco se referían al Decreto Supremo 4.200, que el gobierno de facto aprobó el 25 de marzo. El artículo 13.2 de este decreto establece: “Los individuos que inciten al incumplimiento de este decreto o informen mal o causen incertidumbre a la población serán objeto de cargos penales por delitos contra la salud pública”. Los condenados por violar el decreto pueden recibir sentencias de hasta 10 años de prisión. A mediados de abril, ya se había detenido a unas 67 personas por presunta violación del decreto y, según el ministro del interior de facto Arturo Murillo, ya se ha juzgado, condenado y sentenciado a 37 personas por supuesta participación en “movimientos de desestabilización y desinformación”.

Estas medidas fueron criticadas por una amplia gama de actores nacionales e internacionales, incluyendo organizaciones sociales bolivianas; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Freedom House; y el congresista estadounidense Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Las elecciones anticipadas de Bolivia para el 2020, originalmente programadas para el 3 de mayo, fueron pospuestas indefinidamente el 22 de marzo

El 7 de mayo, pocos días después del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno de facto anunció otra ley destinada a ampliar el alcance del Decreto Supremo 4.200. El Decreto 4.231 prohíbe la “desinformación” en la prensa escrita o a través de “medios artísticos”. El 12 de mayo, la CIDH envió una fuerte advertencia al gobierno de Áñez contra el uso del derecho penal para vigilar la expresión pública. Las disposiciones más problemáticas del Decreto 4231 fueron eliminadas el 14 de mayo.

La coordinadora del programa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de América Central y del Sur, Natalie Southwick, dijo: “La pandemia de covid-19 debe ser tomada en serio, pero las vagas regulaciones que criminalizan la ‘desinformación’ hacen que el gobierno interino de Bolivia parezca más preocupado por su imagen pública que por una respuesta efectiva a la crisis. Estas disposiciones demasiado amplias que penalizan la expresión abren la peligrosa posibilidad de que se cometan abusos contra los periodistas que informan sobre información y hechos vitales”.

Tras una intensa presión internacional, el gobierno de facto de Bolivia modificó a mediados de mayo algunas de las cláusulas más criticadas del decreto.

Del golpe a la dictadura: las balas del ejército provocan decenas de muertos en Bolivia

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La presidenta de facto, Jeanine Áñez, decreta la impunidad de los militares que usen armas de fuego contra la población civil mientras la respuesta al golpe de Estado se generaliza en todo el país.

Áñez anula el proyecto de ley que habría asegurado nuevas elecciones en 90 días

Las elecciones anticipadas de Bolivia para el 2020, originalmente programadas para el 3 de mayo, fueron pospuestas indefinidamente el 22 de marzo por la autoridad electoral del país como resultado de la pandemia. Más de un mes después, el Movimiento al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Bolivia que obligaba al gobierno de facto a organizar elecciones generales antes del 2 de agosto de 2020. La ley, que busca asegurar que se celebren nuevas elecciones dentro de los plazos constitucionales para una presidencia interina, fue ratificada en una sesión extraordinaria en el Senado de Bolivia el 30 de abril.

Como era de esperar, Áñez se opuso con vehemencia al proyecto de ley, alegando que las elecciones deberían posponerse hasta que la pandemia haya pasado, y tuiteando: “Cualquier daño a la salud y a las vidas de las personas causado por la locura de convocar elecciones será responsabilidad del MAS”. Luego fue más allá y anunció que la pandemia justificaba el aplazamiento indefinido de las elecciones.

Decidir cómo manejar la votación durante una pandemia es intrínsecamente difícil, pero el aplazamiento indefinido había suscitado temores de que la administración post-golpe tuviera poco interés en ceder el poder, especialmente considerando la fuerte ventaja que el candidato presidencial del MAS y exministro de economía Luis Arce ha tenido en las encuestas sobre otros candidatos, incluyendo a la propia Áñez. El acuerdo alcanzado entre el TSE y los principales partidos políticos el 2 de junio establece que las elecciones se celebrarán el 6 de septiembre, lo que puede considerarse como un paso positivo para aliviar las actuales tensiones políticas en Bolivia.

La crisis de la frontera de Áñez: cierre de las fronteras terrestres a los nacionales bolivianos

El régimen de Áñez ha afirmado que el MAS y otros rivales políticos, incluido el candidato presidencial de la oposición para el año 2019, Carlos Mesa, de la Comunidad Ciudadana, están socavando su respuesta a la pandemia e intentando politizar la grave situación del país.

Michelle Bachelet emitió una declaración el 15 de abril en la que recordaba a la presidenta de facto de Bolivia su obligación de permitir a los ciudadanos bolivianos regresar a su propio país

En el mismo sentido, el director de los servicios de migración de Áñez, Marcel Rivas, culpó al MAS por la agitación social resultante de la negativa del gobierno a permitir que los bolivianos varados en la frontera chilena volvieran a entrar en el país, alegando que “el MAS intentó romper la cuarentena para generar disturbios y caos”. Esto siguió a un incidente ocurrido durante la primera semana de abril en el que varios cientos de ciudadanos bolivianos que trataban de regresar a Bolivia se enfrentaron con las fuerzas armadas cerca de la ciudad boliviana de Pisiga. Los campamentos estaban fuertemente militarizados. Muchos han criticado a Áñez por permitir la entrada de bolivianos lo suficientemente afortunados como para viajar por aire, pero bloqueando a los que vienen por tierra, incluidos los migrantes bolivianos más pobres que tratan de regresar de Chile.

Evelyn Matthei, alcaldesa de la municipalidad chilena de Providencia, hizo un llamamiento en vídeo a Áñez el 28 de abril para que se permitiera a los 400 bolivianos varados en el lado chileno de la frontera regresar a Bolivia. Matthei se comprometió a cumplir las condiciones necesarias, incluida la provisión de alimentos y refugio, para permitir que estos bolivianos cumplan los requisitos de cuarentena en los campamentos del gobierno en Chile antes de que se les permita viajar dentro de Bolivia. El 1 de mayo, ante la creciente presión internacional, Áñez finalmente permitió que estos bolivianos regresaran a su país.

Las medidas del gobierno de facto que impiden a los bolivianos regresar a sus hogares violan una serie de leyes nacionales e internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (y ex presidenta de Chile) Michelle Bachelet emitió una declaración el 15 de abril en la que recordaba a la presidenta de facto de Bolivia su obligación de permitir a los ciudadanos bolivianos regresar a su propio país: “En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”. Bachelet continuó diciendo: “Cuando los migrantes desean regresar a sus hogares voluntariamente, los gobiernos tienen la obligación de recibir a sus propios nacionales y de garantizarles el acceso a la atención de la salud y otros derechos”.

La Organización Internacional para las Migraciones había estado prestando asistencia a otros bolivianos varados que se encontraban detenidos en el campamento de cuarentena de Tata Santiago, en Pisiga, proporcionándoles alimentos y refugio en ausencia de un apoyo adecuado del gobierno de Áñez.

Impedir que las organizaciones sociales del MAS proporcionen paquetes de alimentos a los más necesitados

Durante la última semana de abril, los militares impidieron al candidato del MAS al Senado Andrónico Rodríguez distribuir alimentos en Cochabamba, acusándolo de violar las restricciones gubernamentales a las reuniones políticas. Rodríguez declaró que los bolivianos de bajos ingresos necesitan urgentemente un mayor acceso a los alimentos, al igual que Zenón Pizarro, alcalde de Oruro, la primera ciudad de Bolivia en ser puesta en cuarentena. Pizarro había pedido medidas de aislamiento más flexibles, advirtiendo que el hambre es un riesgo grave. Con muchas personas que se quedan sin acceso a sus ahorros o a cualquier tipo de apoyo, entonces “si el virus no los mata, el hambre lo hará”, declaró Pizarro.

El enfoque de Áñez está revirtiendo años de una exitosa estrategia antinarcóticos bajo Morales que había ofrecido alternativas viables para que los pequeños cultivadores de coca ingresaran a la economía formal

La Central Obrera Boliviana (COB), principal federación sindical de Bolivia, también ha denunciado que alrededor del 80% de la población, en su mayoría trabajadores informales y desempleados, no tiene derecho a los subsidios que el gobierno de facto ha ofrecido para hacer frente a los efectos económicos de la cuarentena. El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, propuso que los ocho millones de personas que quedaron sin protección reciban el 50 por ciento del salario mínimo durante los próximos seis meses. Sin embargo, el 29 de abril, el gobierno suspendió una transferencia única de dinero en efectivo (Bono Universal) destinada a ofrecer un salvavidas a aquellos que están al borde de la inanición, diciendo que las colas fuera de los bancos eran demasiado largas. Esto dejó a muchas personas sin ingresos o acceso a otro tipo de apoyo durante la pandemia.

Políticas de aislamiento territorial en el Chapare, Cochabamba

En algunos casos, el gobierno de facto ha optado por una represión más amplia y centrada en la región, como en el Chapare. Esta provincia rural del departamento de Cochabamba ha sido un bastión de apoyo al presidente derrocado Evo Morales. También ha sido el principal objetivo de la política antidrogas del gobierno de Áñez, que implica la criminalización de los campesinos cocaleros. El enfoque de Áñez está revirtiendo años de una exitosa estrategia antinarcóticos bajo Morales que había ofrecido alternativas viables para que los pequeños cultivadores de coca ingresaran a la economía formal. Bajo el mandato de Áñez, estos campesinos han sido criminalizados, etiquetados como “narcoterroristas” y se les ha impedido vender ciertos productos legales y autorizados a base de coca, como champús, dulces y cremas, en el mercado local. Durante la cuarentena, las fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a los campesinos por cargos amplios y mal definidos, en su mayoría vinculados al narcotráfico. Hasta ahora, se han aportado pocas pruebas para sustentar esas afirmaciones.

El gobierno de los Estados Unidos ha apoyado las políticas antidrogas de Áñez y ha guardado silencio sobre las flagrantes violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por su gobierno. El ministro del interior de facto Arturo Murillo, el arquitecto clave de la estrategia antinarcóticos liderada por los EE UU, es públicamente elocuente sobre el apoyo que tiene del gobierno de los Estados Unidos.

El 6 de mayo, el defensor de los derechos humanos de Cochabamba, Nelsón Cox, denunció que “los detenidos del Chapare son señalados por las palizas y los abusos en las cárceles de Cochabamba”. La Red Andina de Información llama a esto “el último capítulo de la estigmatización, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos contra los residentes de esa región cocalera”.

En las primeras semanas de mayo, se reveló que Áñez había usado un avión militar para transportar a un amigo de la familia a una fiesta de cumpleaños

Cochabamba también alberga más de 14.000 pequeños criaderos de peces, cada uno de los cuales tiene alrededor de 1.500 peces. El gobierno de Áñez ha restringido el acceso de estos agricultores a cualquier combustible, con el pretexto de que éste podría ser utilizado para fabricar cocaína, poniendo en peligro las piscifactorías. Ya unos 11 millones de peces, alrededor de la mitad de la población de peces existente, han perecido por falta de combustible necesario para oxigenar los estanques. Esta es una trágica pérdida de una muy necesaria reserva de alimentos. Los observadores señalan que estos peces podrían haber ayudado a las familias campesinas durante la cuarentena.

Acusaciones de Boomerang: Áñez, no sus rivales políticos, está politizando la crisis

La creencia generalizada de que las restricciones de cuarentena del gobierno se han aplicado de forma desigual se ha visto alimentada por los escándalos públicos que revelan el doble rasero de Áñez y otros altos funcionarios. En las primeras semanas de mayo, se reveló que Áñez había usado un avión militar para transportar a un amigo de la familia a una fiesta de cumpleaños. En el mismo período, un ministro del gobierno fue atacado por usar un avión estatal para transportar a una ex reina de la belleza entre ciudades.

A principios de mayo, Áñez invitó a los bolivianos a rezar y ayunar juntos para combatir el covid-19, y ha coordinado vuelos en helicóptero para que los obispos católicos puedan bendecir a la población boliviana desde el cielo. Parece que Áñez ha aprendido pocas lecciones desde que entró por primera vez en el Palacio Presidencial, habiendo jurado sin el quórum requerido en el Senado, para anunciar que “la Biblia había vuelto al Palacio”. Su gobierno de facto ha sido objeto de reiteradas críticas por sus políticas abiertamente racistas, lo que dio lugar a una resolución de la OEA en diciembre de 2019 en la que 18 Estados miembros denunciaron sus acciones recurrentes y abiertamente racistas. La respuesta de Áñez a la pandemia es una señal de una continua lucha cuesta arriba por el reconocimiento de los derechos básicos de la masiva población indígena de Bolivia.

Irónicamente, Áñez afirma que la oposición a su gobierno ha politizado la pandemia, pero las pruebas sugieren que es el gobierno de facto de Áñez el que ha sido más culpable de extraer beneficios políticos —incluso reprimiendo a sus críticos— en el contexto de la actual crisis sanitaria. Más allá de las controvertidas dimensiones culturales y religiosas de la respuesta del gobierno, hay implicaciones más profundas para los derechos civiles y políticos. El gobierno de facto de Áñez parece estar aprovechando las oportunidades políticas que ofrece el covid-19 para tratar de mantenerse en el poder a toda costa.