Derechos Humanos
La obligación de las instituciones a respetar el derecho internacional, también a través de la compra pública

El 22 de octubre de 2024, el gobierno noruego emitió un aviso a las empresas del país alertando sobre los riesgos de participar en actividades económicas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes. Esta decisión, basada en el derecho internacional, subraya la importancia de garantizar que ninguna actividad económica contribuya a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El gobierno de Noruega fundamenta su acción en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir población civil al territorio que ocupa. También se basa en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 2334 (2016), que declara que los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional. Además, los principios del derecho consuetudinario internacional refuerzan esta decisión, al condenar la colonización de territorios ocupados. Noruega argumenta además que las empresas deben evitar implicarse en actividades que puedan ser interpretadas como un apoyo indirecto a estas violaciones, ya que esto puede acarrear consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales.

Las administraciones catalanas y españolas deberían seguir este precedente. Es un deber institucional alertar a las empresas sobre los riesgos y consecuencias de contribuir a violaciones del derecho internacional. En este sentido, es imprescindible que el Estado español, la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y organismos públicos para la promoción empresarial, como ACCIÓ o el ICEX, adopten medidas similares para garantizar que ninguna empresa vinculada a los asentamientos ilegales de Israel pueda beneficiarse de contratos públicos. Esto no sólo alinea a Cataluña y el Estado español con las resoluciones internacionales, sino que también refuerza el compromiso ético y legal en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.

Exigencias para una contratación pública socialmente responsable:

1. Requisito de Declaración Responsable de Derechos Humanos para todas las contrataciones públicas. Actualmente, muchas contrataciones públicas establecen mecanismos de control ético, pero éstos son a menudo insuficientes o ineficaces. Es imprescindible que todas las administraciones públicas incorporen en sus cláusulas de contratación una declaración responsable de cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional que toda empresa debe firmar. Este requisito no debería tener ningún umbral económico: debe ser obligatorio para todos los contratos, independientemente de su cuantía.

2. Comprobación efectiva de estas declaraciones. Las administraciones deben verificar que las declaraciones responsables firmadas cumplen con la realidad. Esto implica hacer uso de las herramientas que el derecho internacional proporciona, como la Base de Datos de Naciones Unidas que identifica a empresas implicadas en actividades económicas en asentamientos israelíes en Territorio Ocupado Palestino. Si una empresa no pudiera demostrar que ha puesto fin a sus inversiones en estos territorios, se le debe prohibir la contratación pública.

3. Ampliar el impacto de las medidas: el caso noruego. Noruega ha establecido un precedente clave. El gobierno noruego ha declarado que: “Las empresas noruegas deben estar alerta frente al hecho de que participar en cualquier actividad económica o financiera en los asentamientos israelíes ilegales podría exponerlas al riesgo de contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.” Sus recomendaciones al sector empresarial de evitar cualquier cooperación comercial o empresarial con asentamientos israelíes ilegales no sólo refuerzan su compromiso con los derechos humanos, sino que también alertan a las empresas sobre las posibles consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales de estas actividades. Estas medidas deben servir de guía para las administraciones catalanas y del Estado español, exigiendo que las empresas locales sigan los mismos principios. “El gobierno está aconsejando a las empresas noruegas que no participen en actividades de cooperación comercial empresarial que sirvan para perpetuar la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. A raíz de la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que las prácticas de Israel violan el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos internacionales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

El caso Alstom: una lección a tener en cuenta

El 31 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un contrato con la empresa Alstom, vinculado al sistema TRAM de transportes de la ciudad. Este contrato se añadía a otro en vigor hasta el 31/08/2024 entre Alstom y la ATM1. Alstom es una empresa implicada en proyectos que refuerzan la presencia de Israel en territorio ocupado tal y como acredita su presencia en el listado actualizado en 2023 de la Base de Datos de NNUU. Esta contratación, en pleno genocidio, y sin firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana que el Ayuntamiento afirma aplicar en sus contrataciones, es un ejemplo de por qué es necesario implementar estas medidas con urgencia.

Tal y como indica el gobierno de Noruega, actualmente toda cooperación comercial y empresarial con Israel puede estar asociada a graves violaciones de derechos humanos y podría considerarse una actividad que permite que se perpetúen las violaciones a estos derechos. Por eso las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar y evitar contribuir a estas vulneraciones, como por ejemplo no contratando a empresas señaladas por NNUU u otras, para operar en territorio ocupado. Este tipo de contrataciones no sólo perpetúan una situación de violación del derecho internacional, sino que contradicen también los valores que las instituciones catalanas y europeas han afirmado defender.

Garantizar que situaciones similares no se repitan implica reforzar las normativas, incorporar mecanismos de control más estrictos y adoptar una posición pública firme, tal y como ha hecho el gobierno de Noruega. Esto incluye desde prohibir la contratación con empresas que colaboren con la ocupación, hasta promover recomendaciones que desincentiven la cooperación con entidades que, en ciertos casos, podrían contribuir a perpetuar violaciones de derechos humanos.

Demandas a las instituciones públicas catalanas y españolas

Las administraciones públicas, incluidas la Generalitat y los ayuntamientos de Cataluña, tienen el deber de adoptar políticas que impidan cualquier participación directa o indirecta en la perpetuación de la ocupación de Palestina. Organismos como ACCIÓ pueden liderar estas acciones promoviendo estándares internacionales en las relaciones comerciales y empresariales. Ya hace meses que las entidades SUDS y NOVACT advirtieron que ACCIÓ debería cerrar su sede en Tel Aviv. La Generalitat debería establecer políticas públicas y medidas específicas para desincentivar la inversión catalana en sectores industriales y empresas israelíes que puedan estar contribuyendo de forma directa o indirecta con la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino.

En relación con el Ayuntamiento de Barcelona, ​​demandamos que de forma inmediata se dé respuesta a la Declaración para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad humana en la contratación pública, aprobada por el Pleno del Consejo Municipal de Cooperación Internacional el 9 de octubre de 2024. En especial, pedimos que sin excepción todas las empresas y contratos del Ayuntamiento deban firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana, así como que se apliquen mecanismos de comprobación sistemática de su cumplimiento. En particular pedimos no contratar a ninguna empresa que está en la Base de Datos de Naciones Unidas (teniendo en cuenta las futuras actualizaciones) y en otras bases de datos rigurosas e independientes.

Por otra parte, en el último año la Fira de Barcelona, ​​un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la Generalitat de Catalunya y la Cámara de Comercio de Barcelona, ​​está recibiendo empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Entre otros, el 4 y 5 de junio de 2024 la Fira de Barcelona acogió la feria de drones Unvex 24, donde se exhibieron los sistemas y tecnologías no tripuladas de numerosas empresas implicadas directamente en la ocupación, el apartheid y el genocidio israelí mediante el uso de sus productos y servicios por parte del Estado de Israel. Los días 23 y 24 de octubre, la feria comercial acogió la Aviation Week, que contó con la participación de tres empresas israelíes que proporcionan soporte material o técnico al ejército israelí, incluida la empresa estatal de armas de Israel, IAI - Israel Aerospace Industries. También participaron seis de las mayores empresas fabricantes de armas del mundo al menos otras 16 que forman parte de la cadena de suministro de componentes para aviones de combate. Del 5 al 7 de noviembre se celebró el Smart City World Congress, donde el Estado de Israel dispuso de un pabellón entero en el que se expusieron una decena de empresas con vínculos directos con la ocupación del territorio palestino.

Israel está siendo actualmente investigado ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJI) de Naciones Unidas por la comisión de un crimen de genocidio contra el pueblo palestino que habita en la Franja de Gaza. En el marco de este proceso judicial y ante la abrumadora cantidad de indicios, el Tribunal ha adoptado medidas cautelares para tratar de frenar la masacre. En ellas, el Tribunal ha recordado a todos los miembros de la comunidad internacional que “tienen la obligación de prevenir el crimen de genocidio”. Las órdenes del TIJ son jurídicamente vinculantes para el Estado español y para las distintas administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias. Los terceros estados no sólo tienen la obligación, establecida por el derecho internacional, de no apoyar la comisión de situaciones de ilegalidad, sino que además deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a las operaciones militares de Israel en Gaza puede exponerlos al riesgo de ser cómplices de genocidio, tal y como establece la Convención sobre el Genocidio. En un contexto en el que Israel ha asesinado ya a más de 45.000 personas palestinas y está usando el hambre y la sed como armas de guerra, destruyendo hospitales y escuelas en toda la Franja de Gaza, no sólo es inmoral que la Fira de Barcelona permita la participación de este tipo de empresas, sino que los integrantes del consorcio de la Fira podrían estar contribuyendo a provocar graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional.

Considerando las reiteradas violaciones del derecho internacional y derecho internacional humanitario, todas las administraciones públicas catalanas y estatales deberían evitar promover las relaciones políticas y económicas con Israel, hasta que su gobierno acabe con la situación de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino.

A nivel estatal, el gobierno del Estado español debe dar un paso adelante. Más allá de la carta enviada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a empresas españolas con actividad en Israel, el Estado debe establecer recomendaciones más contundentes por parte de las administraciones competentes dirigidas a las administraciones públicas o incluso declarar una prohibición explícita contratar con empresas que vulneren el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Esta medida tendría un alcance inmediato y generalizado, aplicándose a todas las instituciones públicas del territorio. También pedimos a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de las Diputadas que aprueben la ley que prohíbe comerciar con productos de asentamientos ilegales, como la Ley registrada por la coalición Sumar que tipifica como delito de contrabando cualquier relación comercial con asentamientos ilegales en territorio ocupado.

La contratación pública social y ambientalmente responsable no es una opción. Las administraciones públicas tienen la obligación de aplicar medidas contundentes para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en su accionar, no sólo en nuestro territorio, sino también en el ámbito internacional. Contribuir, permitir o fomentar vínculos económicos en contextos de graves vulneraciones puede suponer connivencia y participación activa en las mismas. Es imprescindible garantizar que ningún euro público contribuya a perpetuar violaciones del derecho internacional, especialmente en casos tan flagrantes como la ocupación de Palestina. Implementar estas medidas no es sólo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia y responsabilidad colectiva.

1 Autoridad del Transporte Metropolitano, consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte público de la región metropolitana de Barcelona.