Medio ambiente
Baqueira-Beret pretende construir un telesilla sobre el límite del parque nacional de Aigüestortes

Una sentencia del Tribunal Supremo da vía libre a la ampliación de la estación de esquí hacia la comarca del Pallars Sobirà y abre la puerta a la expansión de un modelo económico que conlleva graves impactos sociales y ecológicos.
estacion esqui directa
Panorámica de la la estación de esquí de Baqueira-Beret. ubicada en la comarca de la Vall d'Aran / Archivo La Directa
La Directa
25 ene 2024 13:48

El 21 de julio del 2022, la sentencia 1084/2022 del Tribunal Supremo (TS) fallaba finalmente a favor de la construcción de un nuevo telesilla en la estación de esquí de Baqueira-Beret (la Vall d'Aran, Lleida). La ubicación, en la zona de la Peülla, abre definitivamente la puerta a la ampliación de la estación de esquí hacia la comarca del Pallars Sobirà. Entidades como Ipcena se han opuesto desde hace años, también por la vía judicial, y habían conseguido una sentencia favorable a sus intereses: la sentencia 4898/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, del 25 de noviembre de 2020, fallaba a favor del recurso presentado dos años antes por la entidad ecologista.

Los motivos esgrimidos eran que la construcción del telesilla era contraria a los intereses del parque nacional de Aigüestores y Estaño de San Mauricio (PNAiESM), por un lado, y que las obras de construcción contaminarían el nacimiento del río La Bonaigua, de la otra. Los demandantes denunciaban la pretensión de ubicar el nuevo telesilla en la zona periférica del PNAiESM, en una zona explícitamente prohibida por el Plano Rector del parque, tal como lo recogía también la primera declaración de impacto ambiental emitida por el Departamento de Medio Ambiente, en un edicto del 9 de enero de 2002.

En concreto, los capítulos 3 y 5 del Decreto 82/1993 establecen que se “prohíbe, entre otros, efectuar acciones sobre un medio físico o biológico vinculado al agua que constituya o puedan constituir una degradación; efectuar cualquier actuación en el río de la La Bonaigua que pueda afectar negativamente el hábitat de la nutria; el tráfico de todo tipo de vehículos motorizados, restringiéndolo a las pistas de 3m de anchura mínima; usar aparatos, máquinas o instrumentos que produzcan ruidos extraños a la natura, y hacer acciones que alteren o asusten los animales”.

Un telesilla que se arrastra

Joan Vázquez, miembro de Ipcena que ha liderado la oposición a este proyecto durante años, contextualiza esta infraestructura como una “apertura” de la comarca: “En los años noventa los poderes fácticos del Pallars Sobirà reclamaban a Jordi Pujol que hiciera inversiones porque es una comarca que está absolutamente cerrada. El túnel de Salau, en el extremo norte oriental, era inviable desde un punto de vista económico”. La apertura hacia la Vall d'Aran permitiría acceder a servicios que ahora no tienen, como un hospital comarcal. El túnel de la La Bonaigua fue una prioridad para la Generalitat que nunca se llegaría a ejecutar. La estación de Baqueira se hizo grande en la Vall d'Aran y después hizo la ampliación en Beret, “dejando a los pallaresos al margen”.

Al final de siglo, el gobierno Pujol consiguió el compromiso de la estación de esquí de ampliarse hacia la zona del Vall d'Àrreu, en el Sobirà. Esto incluía la urbanización en zonas de los pueblos de Sorpe y Boren, ubicados al término municipal de Alt Àneu. Ipcena y otros organismos ecologistas internacionales se opusieron hasta que la Comisión Europea los dio la razón, cuando consideró que aquella zona se tenía que declarar zona de Red Naturaleza porque así lo había propuesto el mismo gobierno del Pujol cuando se había empezado a diseñar esta red europea de espacios naturales.

Después de la construcción del actual telesilla de la Peülla se promovió el plan especial urbanístico que quiere incorporar otra línea que pasa justamente por el límite del parque nacional e invade una parte de su zona periférica

Las diferentes propuestas de intercambio de zonas donde construir que hizo la Generalitat desembocaron en la zona de la Pezuña, situada en medio de una red de carreteras y de líneas de alta tensión. La declaración de impacto ambiental sí que permitía que allí se pudiera desarrollar una red de pistas de esquí, pero sin afectar la Red Naturaleza y la zona periférica del parque nacional. “Estábamos de acuerdo al sacrificar la Peülla siempre y cuando no ultrapasaran los límites ambientales de la Red Naturaleza del 2002”, afirma Vázquez.

Fue después de la contrucción del actual telesilla de la Peülla cuando se promovió el plan especial urbanístico en la zona, en el Muntanyó y Rialba. Este quiere incorporar un telesilla nuevo que pasa justamente en el límite del PNAiESM e invade una parte de la zona periférica del parque nacional. También prevé la construcción de una equipación de hostelería en la base del puerto, para dar servicio a alrededor de 3.000 esquiadores durante la temporada de nieve. Además, contempla el vertido de aguas residuales semitratadas en el incipiente río de la La Bonaigua, que en invierno no tiene caudal continuo porque está en estado gélido.

Es contra este plan que Ipcena presentó unas alegaciones y recursos que, a pesar de arrancar una sentencia favorable del TSJC, finalmente han sido tumbados por el Tribunal Supremo. Las discusiones legales entre las partes se centraron en la consideración de si aquello delimitado como “zona periférica” del parque nacional también se considera parque o no. En esto, Vázquez es muestra contundente: “Las zonas periféricas también son parque nacional porque funcionan como colchones. El ordenamiento del PN no permite desarrollar actividades contrarias a la conservación”.

Camino a Europa

El año 2015, la directora del PNAiESM emitió un informe denegatorio respeto las obras que comportaba este proyecto. La entonces alcaldesa del Alt Àneu envió una carta al Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull (CiU), pidiendo que interviniera. La directora del PNAiESM cambió de criterio e hizo un cambio de informe. En paralelo, Baqueira y el Ayuntamiento del Alt Àneu presentaron un recurso al Tribunal Supremo, que, en julio del 2022, revocó la sentencia del TSJC que paraba la construcción de las obras. El recurso presentado por Ipcena fue rechazado “muy rápidamente”, según Vázquez.

“El TS no lo hizo de manera motivada y con argumentos jurídicos, sino que nos vulneró el derecho a defensa y nos dejó en situación de indefensión”, afirma el de Ipcena. La presentación de un nuevo recurso, ahora en el Tribunal Constitucional (TC), no será la última batalla legal: si no les da la razón, irán a Europa. “Es un tema trascendental, afecta en el principal espacio natural que tiene Catalunya, que es el único parque nacional”, sentencia Vázquez. Así mismo, pone en valor el turismo ambiental por delante del turismo de esquí: “Los visitantes del PNAiESM son unos 600.000 en el año, y unos 300.000 en la zona del Alto Pirineo, todo esto suma mucho más que Baqueira. Tenemos que poder visitar el país sin destrozarlo, no tenemos que hacer cosas que consuman el país”, asevera.

La presentación de un nuevo recurso al Tribunal Constitucional quizás no es la última batalla legal, puesto que Ipcena asegura que si no les dan la razón llevarán el litigio a la justicia europea

Matias Griful Ponsati, abogado de Ipcena, entiende que hay una rendija de esperanza. Después de presentar el recurso de amparo el 01/12/2022 ante el TC recibieron el acuse de recibo once días más tarde. “En el 95% de los casos el TC envía una resolución diciendo que el recurso no tiene contenido constitucional y que no se admite a trámite. Por lo tanto, el hecho que lo hayan admitido significa que como mínimo ha pasado una primera criba de los letrados y que puede tener recorrido”, explica Griful. A pesar de todo, el letrado pone los pies a tierra: por un lado, el TC lleva una demora muy elevada y la respuesta puede tardar meses o años; de la otra, la respuesta puede ser una interlocutoria de inadmisión más adelante o una sentencia que diga que no hay nada de inconstitucional. Incluso, en el caso de una hipotética victoria judicial, esto no evitaría la contaminación de la zona: los promotores podrían llegar a construir y que después la sentencia del TC lo hiciera echar atrás, pero el mal ya estaría hecho.

Fuentes de la estación de esquí de Baqueira-Beret afirman que el nuevo telesilla está “dentro de los proyectos futuros, pero todavía no tiene fecha de construcción”. Los dos últimos costaron alrededor de unos diez millones de euros y su amortización aseguran que depende del plan financiero. Respeto la intención o posibilidad de expandir el área de la estación, afirman que “las decisiones estratégicas de la empresa se verán en el futuro, pero nunca nos paramos con las inversiones”. Sin embargo, responden “no se quiere comentar” después de ser preguntados respeto la previsión de duración del negocio del esquí dadas las circunstancias climáticas.

Una comarca con ‘acciones de piedra’

El biólogo Oriol Bosch formó parte de la plataforma Pallars Viu, donde un grupo de gente había decidido de organizarse, en plena antesala de la crisis inmobiliaria, “ante todas las majaderías urbanísticas previstas en todo el Pallars Sobirà que conocimos en 2007 gracias al Plan Director Urbanístico (PDU)”. Entonces, según explica, una pandilla de gente se reunieron para estudiarlo a pesar de presentar todas las alegaciones posibles. Uno de los frutos de este trabajo que hicieron es una mesa bastante detallada con datos de cada municipio y de cada núcleo de la comarca, que elaboraron gracias a la ayuda de técnicos o funcionarios municipales que se implicaron. “En esta mesa hay, entre otros datos, el número de viviendas de primera y de segunda residencia existentes, el número de viviendas nuevas planeadas, el estado de tramitación o de desarrollo de estos planeamientos, etc.”, detalla Bosch.

En aquellos momentos, el plan urbanístico de Sorpe incluido en el plan del municipio de Alt Àneu, ya tramitado y aprobado anteriormente, planeaba la construcción de 304 viviendas. Entonces, Sorpe tenía 24 viviendas de primera residencia y 76 de segunda, pero el plan consideraba esto un “crecimiento moderado”. En Esterri d'Àneu, el PDU preveía 561 viviendas nuevas cuando en el pueblo ya había 963 viviendas de los cuales 282 eran de primera residencia y 681 de segunda. “Ahora mismo continúa habiendo muchísimas viviendas vacías, en venta a precios desorbitados, o en alquiler también a precios exagerados, o ni en venta ni en alquiler, simplemente siempre cerrados”, denuncia Bosch.

“Obviamente, las alegaciones que presentamos para parar estos planes salvajes nos las rechazaron todas, con los típicos argumentos: que eran planes urbanísticos ya previamente aprobados a nivel municipal, que con los planes ya aprobados lo PDU se limitaba a recogerlos, y que echarlos atrás era muy difícil jurídicamente y económicamente inasumible por la administración porque tendría que pagar grandes indemnizaciones a los promotores”, critica el biólogo.

El biólogo Oriol Bosch apunta directamente hacia la estación de esquí: Baqueira-Beret también tiene aprobado desde el 2009 otro plan en Isil de unas 66 viviendas, con una extensión parecida a la del pueblo actual

Bosch apunta directamente hacia la estación de esquí: Baqueira-Beret también tiene aprobado desde el 2009 otro plan en Isil de unas 66 viviendas, con una extensión parecida a la del pueblo actual. “Baqueira también es el promotor y el propietario de los terrenos. También presentamos alegaciones y un recurso y también nos lo tumbaron los servicios territoriales de la Generalitat”. El biólogo subraya que la carretera Borén-Sorpe construida en 2007 con dinero público tiene mucho que ver, puesto que acorta mucho el trayecto de Isil a Baqueira-Beret. “Justamente la inauguró la entonces consejero Joaquim Llena, ex-alcalde de Alt Àneu con conocidos intereses urbanísticos y muy favorable a Baqueira-Beret”, remata.

El de Pallars Vivo denuncia que todos los proyectos recogidos por el PDU quedaron en letargia con el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, pero que no han quedado muertos ni enterrados. Especialmente el de Sorpe, proyecto urbanístico donde cree que está el verdadero negocio: “Personal de una inmobiliaria de Esterri d'Àneu nos confirmó que, entre las viviendas supuestamente de segunda residencia (o siempre cerradas) que ya había entonces en el municipio, algunas habían sido compradas por personas físicas o jurídicas con sede en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales”.

Así, denuncia la existencia de vivienda que en realidad no lo es “porque simplemente es un objeto de inversión, el que algunos denominan acciones de piedra, es decir, como las acciones de la bolsa pero de piedra, en ninguna parte de papel, y que ocupan una superficie de casco urbano que es limitada, un dato importante a tener en cuenta”. Lo que daría valor extra a estas acciones de piedra es la proximidad a Baqueira, y por eso Bosch piensa que buena parte de las nuevas viviendas previstas tanto en Sorpe como Isil seguramente acabarán convertidos en lo mismo, “ni siquiera segunda residencia ni todavía mucho menos la vivienda de primera residencia necesaria en el Pallars”.

Las instituciones se ponen de perfil

Fuentes del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural aseguran que “el impacto paisajístico del nuevo telesilla es considerable”, a pesar de afirmar que a muy pocos metros “existen otras infraestructuras que ya generan un gran impacto, como líneas de alta tensión, antenas de telefonía móvil o la llegada del telesilla de la Peülla”. En cuanto a nuevas obras, reiteran que hay que procurar que el impacto sea mínimo, según indica la normativa del PEU (Plan Especial Urbanístico) y, respeto las aguas residuales, insisten en la necesidad de evaluar la afectación: “Habría que aportar más documentación técnica justificativa en la fase de proyecto que tendría que ser evaluada detenidamente”

Fuentes del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural aseguran que “el impacto paisajístico del nuevo telesilla es considerable”
Las mismas fuentes aseguran que una de las líneas de trabajo del parque Nacional es “la gestión preventiva de cualquier actuación que se hace en el parque Nacional, asegurando que no se llevan a cabo actuaciones incompatibles con el carácter del espacio protegido”. Así mismo, aseguran que el último años se ha incrementado la inversión destinada a la mejora de las infraestructuras propias del PN y que lo hacen “no solo desde una vertiente de conservación y de uso público, sino también para el sector primario y la población local que vive en este territorio”. Es por eso que subrayan que el Plano Rector de Uso y Gestión (PRUG) explicita como capital “poder llegar al equilibrio entre la conservación y el desarrollo socioeconómico de estas comarcas”.

Por su parte, fuentes del Departamento de Territorio aseguran que no tienen ningún papel en el desarrollo de este plan, motivo por el cual no quieren hacer declaraciones. Los ayuntamientos de Alt Àneu y de Esterri d'Àneu y Turismo del Pallars Sobirà, que depende del Consejo Comarcal, también se han negado a hacer ningún tipo de declaraciones.

La directa
Contenido publicado originalmente en català en La Directa.

 

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