Medios de comunicación
“Niños llorando” o la construcción mediática del "adoctrinamiento" escolar en Catalunya

"Adoctrinamiento", "asedio", "acoso", "pensamiento único", "totalitarismo", "división", "apartheid", "odio" ... Coincidiendo con la fase decisiva del proceso independentista, este tipo de terminología se ha instaurado con fuerza en una parte significativa de los grandes diarios, emisoras de radio y televisiones de España para demonizar el sistema educativo vigente en Catalunya, tratar de argumentar que las criaturas de habla materna castellana viven una situación de marginación y sufrimiento por culpa del modelo de inmersión lingüística y retratar una realidad escolar en la que se inculca el odio a España y donde el independentismo ha convertido prácticamente una materia troncal.

No es un vocabulario ni un argumentario nuevo. Desde hace muchos años, de hecho desde el llamado Manifiesto de los 2.300 –que en enero de 1981 alertaba del peligro de "imposiciones" del catalán en la temprana Ley de normalización lingüística que preparaba la Generalidad, con firmas como las de Federico Jimenez Losantos y Armando de Miguel, entre otros– diarios como el ABC y los dirigidos por Pedro J. Ramírez (Diario 16 y El Mundo), y más tarde La Razón, la cadena COPE y multitud de digitales, se han dedicado alimentar históricamente la hoguera de la persecución del castellano en Catalunya. Personajes como el abogado ultraderechista Esteban Gómez Rovira –especializado en batallar judicialmente por la segregación bilingüe en las escuelas– y plataformas como el Foro Babel, Convivencia Cívica Catalana, el núcleo de intelectuales que dio lugar a la fundación de Ciudadanos del año 2005, o más recientemente Sociedad Civil Catalana, entre otros, han disfrutado de un potente altavoz en estos medios, donde padres y madres rebeldes que reclamaban el castellano como lengua vehicular para sus hijas han sido siempre elevadas a la categoría del heroísmo.

Durante el último mes y medio, en los días previos y posteriores al referendo independentista del 1 de octubre, se han vuelto a desenvainar todos estos viejos argumentos, siguiendo el rebufo del mismo Gobierno. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, llegó a insinuar, el 12 de octubre en una entrevista a la cadena francesa CNEWS, que en las escuelas catalanas no se enseñaba el castellano. Sin atreverse a llevar el ejemplo tan al extremo, algunos diarios de la capital del reino, se pusieron a trabajar de inmediato para dar forma a la tesis.

Castellanoparlantes abocados al "fracaso escolar"

El diario El Mundo, el día 16, se esforzaba en vestirlo con datos, mediante una amplia información con el objetivo claro de vender la idea de que las hijas de familias castellanohablantes "parecían, digamoslo suavemente, mucho menos avispados" que los catalanohablantes ya que su índice de fracaso escolar es el doble en Matemáticas (20,3% frente al 10,1% de los catalanohablantes), en Lectura (18,3% frente al 8,2%) y en Ciencias (18% frente al 8,1%). Estos datos y otros (el artículo no escatima esfuerzos en este sentido), se basan, según se lee en el encabezamiento, en el informe PISA 2015.

Mucho más abajo descubrimos que la fuente real de la noticia no es el prestigioso documento elaborado cada año por el Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos de la ODCE (PISA) sino un estudio impulsado por Sociedad Civil Catalana a partir de los datos de PISA. Las únicas personas de las que se recogen valoraciones están igualmente vinculadas a esta plataforma unionista, como su secretario de estudios, Jesús Sanz, el cual concluye: "Las élites serán catalanohablantes de base, las mejores oportunidades serán para ellos porque la inmersión lingüística les facilita el logro académico y un mejor aprendizaje ".

"La alumna de Primaria insiste en castellano y es ignorada. Hasta que no pide ayuda en catalán no la trasladan a la enfermería" (La Razón)

En una pieza publicada el 13 de octubre, el diario La Razón iba un paso más allá para llegar a construir un relato que reforzaba la imagen de que el alumnado castellanohablante es marginado hasta la crueldad en el sistema docente de Cataluña. Lo hacían dando voz a una oscura asociación denominada NACE (No al Acoso Escolar) que, según explica su presidente, ha puesto en marcha un "teléfono del acoso" donde familias y docentes pueden denunciar episodios de esta supuesta marginación lingüística. "Todos quieren permanecer en el anonimato, tienen miedo", explica Javier Pérez. Entre las denuncias, la información se recrea en el caso explicado por Dani Perales, "padre y profesor, que ha vívido en primera persona el 'fanatismo' y la castellanofobia que se impone en las escuelas de Cataluña". Vale la pena reproducirlo íntegramente: "Una niña acaba de darse un golpe en la pierna. La herida no reviste importancia, pero la pequeña llora sin parar y pide a la profesora que le cure. Se dirigen a la maestra en castellano y la docente le responde en catalán. 'Perdona, no te estoy entendiendo, ¿que me estás diciendo?', dice la profesora. La alumna de Primaria insiste en castellano y se ignorada. Hasta que no pide ayuda en catalán no la trasladan a la enfermería". Como en el resto de casos expuestos (anónimos, claro) no se nos aclara nada ni del centro ni de las circunstancias en que se habría producido.

Uno de los argumentos clásicos de la administración catalana para defender que la inmersión lingüística (basada en el principio de no segregación de los alumnos en el aula) no es sinónimo de retroceso en el aprendizaje del castellano, ha consistido en explicar que, en las pruebas de selectividad, el alumnado catalán obtiene mejores notas de lengua castellana que la media estatal. El diario ABC intentaba desmontar esta teoría en un artículo –de nuevo con Sociedad Civil Catalana como fuente única– titulado, significativamente, "El castellano en las aulas: de la inmersión en la insumisión". El rotativo señala que la Generalitat, "año tras año, de forma sostenida", se dedica a "bajar el listón en la prueba de castellano con el fin de demostrar que los estudiantes catalanes están al mismo o inclusivo a un nivel superior que los del resto de España en cuanto al dominio de esta lengua y que, por lo tanto, no existe 'conflicto lingüístico'". Se trata de una mera insinuación no reforzada con datos y pruebas adicionales de apoyo, basada probablemente en las tesis provenientes de SCC, aunque tampoco se nos dice.

"Fábrica de patriotas"

A raíz de los primeros globos sonda lanzados desde el Gobierno español insinuando sus planes de dar un golpe de timón al sistema educativo catalán por la vía del artículo 155 de la Constitución –ampliamente recogidos y favorablemente saludados por los grandes medios madrileños– estos se han dedicado a hacerle de somatén mediático a cara descubierta: ya no se trataba sólo de insistir en el acoso idiomático; ahora lo que tocaba era construir un retrato de la escuela catalana como una verdadera fábrica de independentistas, donde se predica el "odio a España" y las ideas disidentes son perseguidas como si se tratara de un régimen totalitario.

"Las tutoras de 3º de Infantil y 2º de Primaria 'obligaron' a sobre alumnos a guardar un minuto de silencio por la carga policial del día anterior" (El Mundo)

El Mundo, el 26 de septiembre, lo resumía con un titular del todo elocuente: "Niños de la inmersión, fábrica de patriotas". La información que la acompaña hace un repaso histórico a las políticas lingüísticas desarrolladas por la Generalitat autonómica hasta llegar a la situación actual, para acabar concluyendo que "detrás de los niños de Olot, de los adolescentes que estos días faltan a clase para ir a pegar carteles por el 1-O, de esos críos que se manifiestan con esteladas anudadas al cuello, existe todo un proyecto que ha ido expandiéndose mientras los sucesivos Gobiernos de la nación –también los del PP– hacían como que no se enteraban". Los "niños de Olot" serían los alumnos de un instituto de la capital de la Garrotxa que habría dirigido una petición a las familias para autorizar a sus hijas a no dar clase por una movilización en defensa del referéndum. El mismo diario lo elevó a la categoría de noticia, a pesar de partir de unos boletines sin firma (filtrados, de nuevo, por Sociedad Civil Catalana) y cuya información no se ha contrastado con el centro escolar que, de hecho, no se dice cuál es. Días después, el 27 de septiembre, La Razón insistía en la idea de los permisos para hacer campaña en defensa del 1-O, igualmente de forma genérica y con unos boletines en blanco que no llevan el sello de ningún centro ni el motivo del permiso.

"Una profesora la obliga a escuchar el grito de independencia"

Durante los meses de septiembre y octubre, el Gobierno central envió tres requerimientos a la Conselleria de Eduación catalana advirtiendo de episodios de "adoctrinamientos político a menores". Los tres informes han sido recogidos con grandes aspavientos de titulares por buena parte de la prensa madrileña, incluso por el diario El País, que hasta hace unos años no era tan proclive a abrir el melón del guerracivilismo lingüístico catalán como otros rotativos. El último de los tres, el del 27 de octubre, era presentado con un titular tremendista, sin atribuirlo a ninguna fuente en el titular (el informe ministerial en este caso) y dándolo por verdadero sin casi ningún ejercicio de contrastación: "Una profesora la obliga a escuchar el grito de independencia". Sola, perdida entre el texto, una fuente del Departamento de Enseñanza afirma que no tiene constancia de este informe y que ya han respondido uno de los anteriores, pero El País no considera oportuno recoger los argumentos de la administración catalana sobre aquellas primeras denuncias.

El caso recogido en el titular hace referencia a un instituto de Vic en el que se asegura que se hizo un acto en el patio presidido por una bandera y una pancarta que decía "por una Cataluña libre y la República catalana". Cuando "una menor se marcha al final del patio", afirma el texto de El País que "una profesora la obliga a ella y a sus amigas de 15 años a escuchar el grito de independencia". Pero también se recogen hechos como una charla "sobre cómo defenderse de los policías nacionales" en un Instituto de Barcelona, ​​actos "para reclamar la libertad y reivindicar a los Jordis", "niños castigados por hablar en castellano en el aula", maestros que explican en clase "que España nos roba", y así hasta sesenta casos (sobre 5.400 centros escolares y 71.000 maestros que ejercen en Cataluña) que, según el Ministerio de Educación, vulneran la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española. Todos los episodios, eso sí, se basan en relatos de padres y madres, y también, haciéndose eco de lo que dice el informe del ministerio, se insiste en la idea de que muchas familias tienen miedo a denunciar por temor a ser señaladas y estigmatizadas.

En una línea similar, El Mundo recogía con un gran titular el 5 de octubre la denuncia presentada a la fiscalía de Lleida por "incitación al odio" por dos madres de la Seo de Urgel, según las cuales un maestro de sus hijas habían proferido "en horario lectivo" consignas como que "hay que votar por Cataluña" o "la policía es mala y pega a la gente". Como en el caso anterior, ningún intento de contrastar la veracidad de la denuncia con la versión del centro aludido (que, por si acaso, no se cita en la información). Como tampoco se ha hecho con el supuesto ostracismo y el acoso escolar que denuncian que sufren hijas de Guardias Civiles en Sant Andreu de la Barca, también recogido en esta noticia y en muchas otras en los días posteriores al 1-O. La Voz de Asturias lo explicaba con un titular que se recreaba con el supuesto sufrimiento infantil y que elevaba las educadoras prácticamente a la categoría del sadismo torturador: "Denuncian niños 'llorando' ante el 'acoso' y 'señalamiento' de profesores en Cataluña". También aquí la única fuente de la noticia son unas declaraciones en la radio del coordinador de la Asociación Española de la Guardia Civil en Cataluña.

Este representante sindical, Bartolomé Barba, ha tenido varias comparecencias mediáticas durante el último mes, siempre con un discurso granítico sobre la cuestión. El día 3, en La Razón, afirmaba que, en un instituto catalán (vaya, tampoco se nos dice cuál) "se separó este lunes a los niños entre los que estaban a favor o en contra de la actuación policial que tuvo lugar durante la jornada del referéndum del 1-O", una situación que Barba comparaba con "un campo de concentración donde algunos alumnos están 'marcados con la estrella de David'" y hablaba de un" acoso al más puro estilo batasuno".

Los tres informes del Ministerio de Educación en la que se señalan presuntos casos de "adoctrinamiento" y "incitación al odio" en los centros docentes catalanes han dado mucho juego a algunos grandes medios estatales, particularmente a El Mundo, que el día 12 de octubre, a partir del segundo requerimiento, fabricaba otro titular explosivo: "'Final feliz' del cuento del 1-0: 'Se mata al Rey y a los policías malos". El enunciado hace referencia a una supuesta actividad que habría tenido lugar en "uno de los colegios que tienen los jesuitas en Barcelona. Se estaba escenificando un cuento infantil para escolares cuyo 'final feliz' decía: "Se mata al rey ya los policías malos". Los alumnos no tenían más de siete años". Los detalles acaban aquí; ni se nos dice el nombre de la escuela, ni se intenta recoger la versión de ningún responsable de la misma.

La misma noticia expone, por puntos, otros casos, algunos de los cuales sorprenden por la consideración de adoctrinamiento subversivo y fomento del odio que tiene el Ministerio de Educación, como, por ejemplo cuando, en días posteriores al 1-O, en el Instituto Ramon Llull de Barcelona –donde los antidisturbios policiales cargaron durament– "las tutoras de 3º de Infantil y 2º de Primaria 'obligaron' a sus alumnos a guardar un minuto de silencio por la carga policial del día anterior, que se produjo en éste y otros centros. 'Todo esto Sucedió Porque la Guardia Civil pego a la gente, los tiró del pelo y los arrastres por las escaleras', cuenta una profesora a los niños".

Al parecer, leyendo ciertos periódicos y digitales, el "adoctrinamiento" en la "fe separatista" impartido en las escuelas catalanas es multidisciplinar: no sólo contempla las artes escénicas –como acabamos de comprobar, sino también las plásticas. Periodista Digital, el 21 de octubre, explicaba, alarmado: "Una escuela de Calella (Barcelona) pone un ejercicio a sus alumnos de último ciclo de Educación Primaria (menores de 12 años) en el que deben colorear en el mapa una serie de países. Entre ellos, Cataluña, junto a España, Francia o Alemania. " El caso, del que no se dan más pistas ni información, se recoge junto con un estudio facilitado por el desconocido sindicato de maestros Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES), que dice haber rastreado hasta catorce libros de texto vigentes en 5º y 6º de Primaria y afirma constatar una "manipulación de la Historia de España para hacer ver a los niños que Cataluña siempre fue una nación, con críticas a la Monarquía ya la configuración del Estado".

También las grandes cadenas de televisión han intentado meter el dedo en la llaga de la supuesta persecución del alumnado catalán que no comulga con el independentismo, sobre todo en tertulias y magazines informativos. Susanna Griso, en su Espejo Público de Antena 3, lo intentó el 13 de octubre abriendo la veda del ciclo universitario, pero se metió en un buen lío. El programa recogía en un video "grabado fuera del recinto universitario por temor a represalias" el testimonio de tres supuestas estudiantes de la UAB que denunciaban listas negras en el campus y el ostracismo, la exclusión y las amenazas que aseguran sufrir quienes se desmarcan del ideario soberanista: "Cuando tienes que hacer una exposición oral te boicotean dando golpes en la mesa" o "cuando vas a la biblioteca nadie se sienta a tu lado", afirma una de ellas.

Las redes sociales empezaron a hervir en seguida tras la emisión al constatarse que uno de los testimonios recogidos, Laura Casado, es una activa militante de Ciudadanos que ha participado en muchos eventos con los líderes de la formación, y también se ha significado como miembro de la sección de jóvenes de Sociedad Civil Catalana. Pero en ningún momento el programa hizo mención a estas militancias. Griso lo tuvo que admitir, pero lo que no dijo es que el día antes, casualmente otra de las alumnas ya había aparecido en otro noticiario de la cadena, pero en este caso no como estudiante, sino ya como licenciada, y con un doble grado, y expresa el temor a no encontrar trabajo en Cataluña ante la avalancha de empresas que cambian de sede social debido a la situación política. La Universidad Autónoma de Barcelona ha dirigido una queja al Consejo del Audiovisual de Cataluña y el Colegio de Periodistas de Cataluña para este episodio.