Memoria histórica
Peligra el apoyo de la Generalitat a la memoria democrática

El cambio de gobierno en el País Valenciá deja en el aire la continuidad de proyectos públicos de memoria como el banco de ADN, las exhumaciones y proyectos de musealización y divulgación.
Trabajos de exhumación de la fosa 22 del cementerio de Paterna.
Trabajos de exhumación de la fosa 22 del cementerio de Paterna. Gabriel Rodríguez

El previsible pacto de las derechas que aupará a Carlos Mazón (PP) a la presidencia de la Generalitat pone en serio riesgo la continuidad de las iniciativas desarrolladas por la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, especialmente en el ámbito de la memoria democrática. Vox, que tiene la llave de la gobernabilidad, ha puesto entre sus condiciones para la investidura derogar la ley autonómica sobre esta materia elaborada en esta legislatura, así como acabar con la Conselleria que ha liderado Rosa Pérez Garijo (EU).

Proyectos como el plan de exhumaciones en fosas comunes de los cementerios de Castelló de la Plana, Paterna y Alacant para buscar a 442 víctimas, la puesta en marcha del Instituto de la Memoria autonómica, el convenio para la identificación de personas mediante el ADN, así como proyectos de divulgación y musealización, quedan supeditados a la voluntad del nuevo equipo de gobierno.

El plan de exhumaciones para buscar a 442 víctimas, el Instituto de la Memoria autonómica,  la identificación de personas mediante el ADN, así como proyectos de divulgación y musealización, quedan supeditados a la voluntad del nuevo gobierno

Felipe Mejías, arqueólogo e historiador que desarrolla un proyecto de investigación en el antiguo campo de concentración de Albatera, tiene claro el escenario que se avecina: “Ya han avisado de que su intención es revertir, ya no solo paralizar, todos los logros conseguidos en memoria democrática. No sé hasta qué punto van a llegar, pero solo parar las actuaciones ya es un perjuicio, volveremos a los cero euros de Rajoy”. Una perspectiva que implica que “nuestras campañas arqueológicas se van a quedar sin financiación o por lo menos sin la financiación que teníamos hasta ahora”.

Eso sí, no será inmediato, puesto que el equipo de Mejías está tramitando estos días el presupuesto para realizar su trabajo de campo en otoño: “Mantener a un equipo de siete personas trabajando en el campo durante dos meses conlleva una serie de gastos, por ejemplo, una hora de máquina excavadora ya son 50 y tantos euros y trabajamos con una máquina de estas nueve horas al día durante un mes. O el georadar que utilizamos para localizar las fosas comunes que cada año viene desde la Universidad de Cádiz y nos hace un buen precio. Eso son unos 6.000 euros todos los años”.

La investigación que ha coordinado Mejías ha sacado a la luz restos pertenecientes a personas represaliadas al terminar la guerra civil, en su mayoría capturadas en el puerto de Alicante: “Uno de nuestros objetivos era localizar las fosas comunes de la gente que murió en el campo, tenemos testimonios de primera mano de los propietarios de los bancales y de gente que ha visto restos humanos in situ los años 50, 60, 70, cuando esas tierras se estaban trabajando”.

El proyecto arqueológico lleva en marcha tres años, en los que, mediante maquinaria y sondeos, han podido averiguar la disposición de barracones e infraestructuras. Este campo, que fue desmantelado por completo por el franquismo, apenas dejó documentación oficial. “Estamos reconstruyendo la historia del campo con los objetos de los prisioneros y de los guardias, con la materialidad, que es el objetivo de la arqueología aplicada”.

Mejías explica el hallazgo más importante de la última campaña de excavación en Albatera: “Hemos encontrado la munición de los guardias, de fúsil Mauser alemana, franquista, disparada fuera del campo. Lo que nos indica que se fusiló a gente muy cerca”

Mejías explica orgulloso el hallazgo más importante de la última campaña de excavación, realizada el pasado otoño: “Hemos encontrado la munición de los guardias, de fúsil Mauser alemana, franquista, disparada fuera del campo. Lo que nos podría indicar que se fusiló a gente muy cerca”. A través de objetos personales de los prisioneros, como hebillas, colgantes, chapas o pins, tratan de reconstruir esos momentos tan angustiosos: “Encontramos un anillo de oro de un niño, aunque allí no hubo niños. Lo encontramos dentro de la letrina del barracón y seguramente se lo tragó un prisionero antes que entregarlo, pensando que lo podía recuperar y así acabó en el váter”.

También han encontrado restos de medicamentos, lo que les ha permitido averiguar los sufrimientos más comunes de los presos. “Sabemos que allí la principal patología y causa de muerte de los prisioneros fue el tifus y el estreñimiento crónico, que padecían perforaciones intestinales, hemos encontrado laxantes y aguas medicinales, así como abundantes tubos de pomadas, probablemente para tratarse la sarna".

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Ubicado en el pequeño municipio de San Isidro, este espacio albergó durante sus siete meses de funcionamiento como campo de concentración a miles de republicanos que llegaron a Alicante huyendo de la represión franquista.

Aunque este otoño sí tienen asegurada la financiación del trabajo de campo, puesto que los presupuestos aprobados por el Botànic están en vigor, Mejías teme por el futuro de la investigación, aunque no se resigna a abandonarla: “Vamos a seguir excavando, no sé cómo, si tendremos que hacer un crowdfunding, si tendremos que poner dinero de nuestro bolsillo, porque esto no es una cuestión económica, ya veremos cómo. Igual con ayuda del Ayuntamiento, porque el de San Isidro (donde se encuentra el campo) sigue siendo socialista y nos ha ayudado bastante”.

Lo que sí parece que quedará pospuesto indefinidamente es la musealización del espacio. La Conselleria no ha adquirido aún los terrenos en los que realizan las excavaciones, por lo que previsiblemente el proyecto de puesta en valor del espacio quedará en un cajón.

Exhumaciones de víctimas del franquismo

Desde el movimiento memorialista han luchado durante décadas para tratar de devolver los restos de desaparecidos por la represión franquista a sus familiares. Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDE-PV), cuenta que “estábamos acostumbrados a luchar contra corriente, tanto durante la dictadura como durante estos 45 años de democracia que hasta hace bien poco no nos ha prestado ninguna atención. Venimos de muy lejos en nuestra lucha, que arranca en el momento en que terminó la guerra”.

González muestra su preocupación ante el cambio de gobierno y pronostica que conllevará “un cerrojazo total, con presupuesto cero, un retroceso histórico en todo tipo de políticas sociales, no sólo de memoria democrática, también en derechos, recortes en servicios públicos y libertades”. Algo que, asegura, no va a detener su lucha: “Vamos a hacer todo lo que haga falta, tanto en el terreno legal como en movilizaciones, en la calle, en concentraciones o lo que haga falta para intentar no dar un paso atrás, tendrán que pasar por encima de nosotros como lo han hecho históricamente”. De hecho, González asegura que tras el 28-M las asociaciones han crecido en militantes, incorporando unos 70 asociados en todo el País Valencià.

La CAMDE-PV asegura que tras el 28-M las asociaciones han crecido en militantes, incorporando unos 70 asociados en todo el País Valencià: “Vamos a intentar no dar un paso atrás, tendrán que pasar por encima de nosotros como lo han hecho históricamente”

Aun así, González es consciente de que el Plan de Exhumaciones de la Generalitat, que ha financiado para este 2023 la excavación en 49 fosas comunes de los cementerios de Castelló de la Plana, Paterna y Alacant, está en el aire. Aunque no se resigna a detener la búsqueda y la lucha por la dignidad de los familiares: “Seguiremos aunque sea recaudando fondos, para ir terminando lo que está a medias. Y para empezar otras cosas que aún están pendientes y que están esperando”.

Estos días, con el Botànic aún en funciones, están tratando de “acelerar al máximo todo el trabajo de identificaciones que aún quedan pendientes por ADN y de toda una serie de fosas, como por ejemplo la de Gandía que está por iniciarse. Esa, por suerte, está de momento bajo la tutela judicial y los restos están en el Centro de Medicina Legal de Valencia para su estudio”. González asegura que “estamos trabajando intensamente, con todo tipo de reuniones multilaterales para ir liquidando en las mejores condiciones posibles lo que está a medias y lo que queda pendiente con casi todas las administraciones”. La excepción es Alicante, donde el gobierno del PP y Ciudadanos ha dilatado prácticamente hasta el final de la legislatura las exhumaciones en el cementerio, a pesar de estar financiadas con fondos de la Generalitat.

González teme que la falta de apoyo público pueda ralentizar las exhumaciones: “El problema es muy grave, hay mucha gente que se está muriendo con la pena de no haber podido recuperar los restos de sus familiares, eso es muy doloroso”

González teme que esta sea la línea del futuro gobierno autonómico y que la falta de apoyo público pueda ralentizar las exhumaciones: “El problema es muy grave, muy serio. Hay mucha gente que está muriendo con esa pena de no haber podido recuperar los restos de su padre, su hermano o su abuelo”. Una situación que es, “desde un punto de vista de derechos humanos y comunidad, de pueblo, incalificable. Es muy, muy doloroso”.

Divulgación, pedagogía e investigación

Andrea Moreno es historiadora, antropóloga y doctora en arqueología por la Universitat de València y está especializada en proyectos de memoria democrática. Moreno teme que el nuevo gobierno no tenga “ningún interés en la divulgación, en explicar a la ciudadanía nuestro pasado y que se deslegitimen los proyectos previos que ya se han hecho”. La antropóloga cree que “entienden que la memoria no es necesaria, con esa palabra tan fea con la que lo denominan, chiringuito, y que es lo que ellos supongo que se van a dedicar a desmontar”.

Algo que va a contracorriente del marco humanitario y los tratados internacionales suscritos por el Estado español: “La memoria y lo que son sus políticas públicas se enmarcan dentro de las obligaciones internacionales. Naciones Unidas, por ejemplo, marca las pautas de cómo los estados democráticos deben poner en marcha lo que se denomina justicia transicional, que es precisamente este derecho a la memoria y garantía de no repetición, que se basa en estos tres pilares que son el de la verdad, la justicia y la reparación”.

Moreno valora positivamente la ley valenciana, “que sí que aplica el concepto de memoria democrática desde la proclamación de la Segunda República en abril del 31 hasta la declaración del Estatut Valencia, que es el año 82. Cuando hablamos de memoria, no solo hablamos de la guerra civil”. La antropóloga apunta la visión maniquea de los discursos revisionistas y negacionistas que presentan estas leyes como “revanchistas”: “Cualquier persona que haya estudiado, entrevistado y analizado en profundidad, por ejemplo, las reclamaciones de las familias y de las agrupaciones de familiares de represaliados del franquismo, destilan precisamente todo lo contrario. Es gente que no habla desde el rencor, ni con ningún ánimo de venganza, lo que quieren es esa efectividad del derecho a la reparación y a la verdad y a la justicia sobre esos asesinatos que sufrieron sus familiares”.

Moreno explica que “tenemos que recordar, especialmente en el ámbito valenciano, que la mayor parte de las víctimas son asesinadas cuando la guerra ya ha acabado, durante la dictadura. La memoria es poner en el foco estos crímenes de lesa humanidad, perpetrados por un Estado, que lo que hace es una purga de manera sistemática y masiva contra la población civil”.

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La antropóloga cree que ha sido buena la etapa que ahora se cierra, ya que “cuando se parte de cero, todo lo que vaya hacia arriba es en positivo, avances ha habido muchos. Se ha intentado ofrecer esa efectividad legal y pública de lo que son estos derechos de la justicia y reparación sobre todo hacia las familias directas, ha ofrecido muchísimos recursos económicos públicos encaminados en este sentido”.

Aunque también realiza un análisis “de crítica constructiva, todavía hay un recorrido muchísimo más amplio para abordar estos temas y queda muchísimo por hacer, tenemos un amplio margen de mejora y llegamos muy tarde en este tema como sociedad”. En este sentido, Moreno indica que “ha hecho falta planificar de manera estratégica algunas cosas para que ahora, por ejemplo, con este problema que ha habido de que nos quedamos huérfanos al haber un cambio de gobierno, no se queden en el aire”. Sin embargo, es consciente que “hacer política y gestionar lo público es muy complejo, no hay que ser naíf, eso lo sabemos todos. Hay que agradecer el esfuerzo, obviamente, y la puesta en marcha al fin de políticas y proyectos que dignifican la memoria”.

Moreno está segura de que, pese a la previsible ausencia de fondos públicos de la Generalitat en esta nueva etapa, no se van a detener los proyectos relacionados con la memoria. “Siempre se ha estudiado este pasado reciente español, sobre todo el tema de la Segunda República, la guerra y la dictadura, un poco al margen de lo que son las políticas públicas”. Cree que “la gente seguirá haciendo sus tesis doctorales, publicando, seguirá reuniéndose para ver documentales, para presentar libros. Ahora, ¿cómo se va a financiar? Pues creo que como muchas veces se ha hecho previamente, es verdad que la memoria estos últimos años ha tenido, digamos, una fase más de bonanza al contar con un apoyo institucional, pero también es verdad que la memoria siempre se ha trabajado desde casi me atrevería a decir, la disidencia”.

Moreno lamenta que la memoria no sea algo más transversal y que la continuidad de las políticas públicas no esté garantizada con un gobierno de derechas: “Probablemente tanto las administraciones, los técnicos responsables, academia y también los políticos no hemos sabido seducir, explicar o comunicar bien. La memoria no se hace con eslóganes, obviamente algo hacemos mal porque el grueso de la sociedad no percibe la memoria como algo necesario y como un requisito de higiene democrática”.

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