Menores migrantes
Desplazados: menores extranjeros ante la mayoría de edad

Estudié sociología, pero en mi país no había trabajo. Vine porque me dijeron que aquí se vivía mejor. Ahora quiero convalidar mi título de bachiller para estudiar Integración Social. Hablo cinco idiomas: castellano, francés, inglés, árabe y bereber”. Se llama Otman El-Azzaouy, estudió en Marrakech y en 2018, con 21 años, vino a España debajo de un camión. Dejó atrás a sus padres, a sus dos hermanos y a sus tres hermanas. “A mis padres no les cuento cómo vivo porque se preocuparían”, afirma.

Al llegar entró en la categoría de MENA, menor extranjero no acompañado. Una expresión que despersonaliza a los adolescentes y niños que emigran solos y que ahora funciona como chivo expiatorio, identificándolos como un colectivo sin rostro, de pose quinqui; menores a los que se lo damos todo y nos devuelven violencia y abuso de las ayudas públicas. De lo que no se suele hablar es de la gestión de los centros en los que viven y de la segunda frontera, la mayoría de edad, que en muchos casos les deja en la calle y sin recursos.

Durante el pasado invierno, la Cruz Roja alertó de que había aumentado el número de jóvenes sin techo en Bilbao. Por eso, como muchos de los adolescentes migrantes, El-Azzaouy fingió ser menor de edad durante un tiempo. A él le funcionó, pero la categorización es un arma de doble filo. Según diversas ONG como Save the Children, la radiografía del carpo establecida para determinar la edad no es un método fiable y provoca que algunos menores se clasifiquen como adultos.

Cuando El-Azzaouy vino al País Vasco, entró en el centro de menores de Amorebieta. “A los tres meses dije que era mayor y me fui. Había unos 220 chicos”, explica. Por este centro de primera acogida pasan los menores que llegan a Bizkaia, siempre acompañados por alguien de la Policía Municipal, la Policía Nacional o la Ertzaintza para llevar un registro de su llegada a la provincia. Euskadi es, junto a Catalunya, Melilla y Andalucía, una de las comunidades autónomas con más menores extranjeros según el informe Los derechos de los menores migrantes solos y su garantía por las CCAA, presentado por el Foro de las Autonomías en marzo de este año. Save the Children contabilizaba 695 niños en Euskadi en 2017, un 127% más que en los tres años anteriores. 400 de ellos están tutelados por la Diputación foral de Bizkaia. La gran mayoría, marroquíes. El año pasado, según Diputación, fueron 983.

Vienen a donde tienen conocidos. Bilbao tiene un efecto llamada, desde el efecto Guggenheim. Entre toda la gente que atrae, alguna viene de vacaciones y otra a mejorar su vida

Boca a boca

El imaginario alentado desde medios e instituciones describe la provincia como un paraíso de ayudas sociales que atrae a estos jóvenes. Iker Bocos coordina el programa Hemen, financiado por la Diputación y gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugia (CEAR) Euskadi, una alternativa residencial para los menores que cumplen la mayoría de edad. Según él, las causas no están tan claras: “Creo que es el boca a boca, porque la AES [Ayuda de Emergencia Social] funciona mejor en Vitoria. En Gipuzkoa hay lugares con muy poca gente y muy poca tramitación”, señala Bocos. “Vienen a donde tienen conocidos. Bilbao tiene un efecto llamada, desde el efecto Guggenheim. Entre toda la gente que atrae, alguna viene de vacaciones y otra a mejorar su vida”, explica por su parte Ana Elena Altuna, de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak.

“En Bilbao dicen que te ayudan. Unos amigos de mi pueblo vivían aquí. Hicieron un curso de chapista y ahora están muy bien en Logroño. Abajo no puedes estudiar. Te dan los papeles y punto”, cuenta Yassine Tayebi, de Marrakech. Tiene 19 años y llegó hace tres. Tras pasar por Málaga y León, donde tenía conocidos, llegó al centro de Amorebieta en 2017. “Era el primer centro de menores en el que estaba. Hacía frío, no tenía ropa ni nada. Estuve tres meses y veinte días. Es verdad que hay chicos que fuman y venden droga, pero yo no me metía en eso porque hay que tener claro lo que quieres. He estado estudiando cocina y acabo de sacar el título”.

Cuando cumplen 18 deberían pasar automáticamente a manos de esta tutela. Pero el servicio está saturado y hay chavales que están en la calle tres meses esperando a que les llamen

Para los JENAS —acrónimo de jóvenes extranjeros no acompañados— que cumplen la mayoría de edad tras haber estado más de 12 meses en un piso tutelado en la provincia, la Estrategia Joven de la Diputación cuenta con dos programas: Agiantza e Izangai. Estos programas no tienen un acceso oficial a las listas de menores, lo que dificulta la previsión de recursos. “Cuando cumplen 18 deberían pasar automáticamente a manos de esta tutela. Pero el servicio está saturado y hay chavales que están en la calle tres meses esperando a que les llamen. Si hay una lista de menores en los centros y desde que entran se sabe que van a salir, ¿por qué no se prevé?”, cuestiona Altuna. El programa Hemen completa la estrategia para los JENAS que han estado menos de un año en un centro de menores de Bizkaia y tienen entre 18 y 23 años. Cuenta con 120 plazas y cada vez más lista de espera. Tres meses es el plazo que tienen los jóvenes para pedir el permiso de residencia una vez que cumplen la mayoría de edad. A muchos se les pasa por no tener asistencia en el proceso o por desconocimiento. También porque el Consulado marroquí pone trabas para que consigan el pasaporte, imprescindible para tramitar el permiso. “Hay negociaciones que no se hacen públicas entre Marruecos y España, y, cuando van bien, Marruecos pone más trabas. Tenemos varios chicos que llevan seis meses esperando. Antes los daban en un mes”, alega Bocos. No es el único que hace este diagnóstico: “¿Qué pasó el año pasado cuando Marruecos dejó pasar a muchos de ellos? Que había otras cosas en juego”, reflexiona Altuna.

Sinsentido

Irantzu Ortega es educadora social en CEAR Euskadi y ahora trabaja en Hemen, aunque también ha ejercido en centros y pisos tutelados: “Cuando salen del centro pasan a la calle o a albergues municipales por un tiempo limitado. Si se les pasa el plazo para gestionar la documentación van a una situación de arraigo. Hasta que no tengan tres años de padrón y un contrato de trabajo de un año, no van a poder tener una situación regular”. Los menores que salen de los centros de Bizkaia suelen ir a Bilbao porque es el punto de referencia y acuden al Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), donde se tramitan las tarjetas de comida o el acceso a los albergues. Se encuentran con que no tienen antigüedad en la ciudad y, por tanto, no tienen acceso directo. “Hace un tiempo, cuando de los centros y Diputación sabían que iba a salir un chaval, llamaban al SMUS para que se le guardara preferencia. Ahora lo han cortado. ¿Quién da la orden? No tiene sentido”, asegura Altuna.

La primera renovación suele ir bien, pero en la segunda piden unos medios de vida de un 400% del IPREM, 2.000 euros mensuales

Para estos adolescentes la situación es siempre de segregación: los centros de niños extranjeros se distinguen de la red básica para menores autóctonos. Además, hasta este junio, en Euskadi, por no haber estado escolarizados en Secundaria, no podían acceder a la Formación Profesional Básica, solo a formación ocupacional, lo que les daba un título de segunda categoría. “Hasta que consiguen la nacionalidad, lo de los papeles es para toda la vida. La caducidad de la residencia, el quedarse sin trabajo...”, añade Altuna. “Algunos tramitan la residencia inicial en los tres meses. La primera renovación suele ir bien, pero en la segunda piden unos medios de vida de un 400% del IPREM [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples], 2.000 euros mensuales. En ese momento sale no favorable y se encuentran en situación irregular”, explica Ortega. A esto hay que sumar los problemas que encuentran debido al racismo social.

BUSCANDO UN FUTURO

Ahmed Bendaoud cumplió 19 años en junio y hace ya un año que le echaron del centro de Amorebieta. “Éramos unos 200 en una habitación grande con once literas, cada una con tres camas. A la salida del centro no sabía dónde ir, estuve tres meses durmiendo en la calle, con lluvia y de todo. Luego, gracias a los educadores del centro, pude mejorar”. Ahora vive en un piso de Miribilla con capacidad para cuatro personas. “Me dan una ayuda de 260 euros al mes y hago un curso de cocina”. Ibrahim Baali también tiene 19 años. Estuvo en un centro de menores de Barcelona y también pasó tres meses en la calle: “Ahora estoy en el albergue de Sarriko. Somos seis personas. Tenemos que llegar a las 21h por la noche y marcharnos a las 8.30h por la mañana. El día lo paso estudiando castellano y cocina”. “Somos cuatro, dos hermanos mayores y una hermana pequeña. Mis padres no pueden trabajar. Mi hermano dejó el bachillerato para ayudar a la familia. Yo tengo que buscarme la vida”, cuenta Yassine Tayebi. Las historias se repiten. Aseguran que en casa hacía falta ayuda, que sus padres no querían que se fueran, pero que los trabajos en Marruecos no dan para vivir. Tayebi explica que el salario marroquí es de unos cinco euros diarios y un alquiler puede ser de 150 euros. Aunque asegura que nunca ha ido a ninguna manifestación, afirma que tiene amigos que sí participaron en la Primavera Árabe de su país. “Ahora les va mal, quieren venir a España para estudiar y trabajar. Allí no puedes hacer nada. No hay oportunidades de trabajo. Hay chicos muy cansados, están en drogas y muchas cosas”.

“Ahora dicen que hay muchísimos, pero yo me casé hace 30 años con un marroquí y entonces ya decían que eran muchísimos. Desde la Ley de Extranjería, siempre que hablamos de migración parece una sorpresa”, dice Altuna. “A los menores se les atiende bien —continúa—, pero faltan espacio y educadores. Este año hay 130 [policías] municipales más que el año pasado en Bilbao, pero el número de trabajadores sociales en Bizkaia apenas ha aumentado”. El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) lleva desde 2007 sin abrir una oposición para trabajadores sociales. Entre 2014 y 2015 se cerraron varios centros públicos y, cuando aumentó la llegada de jóvenes en 2016, se abrieron centros concertados que ahora conforman la mayoría de la red asistencial. Este entramado se compone de organizaciones sin ánimo de lucro —algunas pertenecientes a la Iglesia—, cooperativas y asociaciones ligadas a empresas lucrativas. Según trabajadores del sector, algunas empresas forman parte de la red clientelar del Gobierno vasco.

El centro de Amorebieta tiene cinco habitaciones y capacidad para entre 40 y 50 personas, pero el número de adolescentes y niños acogidos oscila entre un centenar y doscientos. Cuando la saturación es mayor, las aulas dedicadas al estudio se habilitan para dormir y se suspenden las clases, lo cual reduce la atención a suplir las necesidades básicas de los menores, darles comida y ropa. Suele haber ocho trabajadores sociales que atienden, cada uno, a una decena de chavales. El centro pertenece a Landalan, una asociación  subcontratada por Diputación que forma parte de Emankor Sarea, red abierta de entidades  dedicada a tres patas, la cultural, la educativa y la orientada a la integración social. Entre las actividades que organiza se encuentra el Mundaka Festival, ahora llamado Bay of Biscay Festival y ubicado en Bermeo por no adaptarse a la ley de la reserva de la biosfera de Urdaibai donde se realizaba.

El centro de Karrantza, abierto en 2017 ante los altercados de Amorebieta para reforzar la red asistencial, protagonizó en noviembre de 2018 una agresión de varios adolescentes a uno de los monitores del centro. Según los medios de comunicación, la situación ha llevado a la empresa a priorizar en la contratación a profesionales de la seguridad por encima de educadores. Este centro lo gestiona el Grupo Urgatzi, que también lleva distintas residencias de ancianos. Sus trabajadoras protagonizaron la huelga más larga del sector hace dos años debido a la precariedad laboral y la atención deficitaria que se daba a los residentes. Como ya publicó entonces en El Salto, el grupo está presidido por Juan Carlos del Campo Bidaurrazaga, tesorero del Bilbao Basket y que ocupa y ha ocupado diversos cargos en empresas del sector y en otras relacionadas como la constructora Katillotxu S.L., perteneciente a Iskander y Asier Atutxa, hijos del exconsejero de Interior del PNV, Juan María Atutxa.

“De esto no hablamos, de qué pasa con determinados servicios de urgencia social que se están mercantilizando. De que lo hagan empresas que detrás no tienen un proyecto socioeducativo, sino un negocio”, señala Carlos Askunze, de la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, que lucha contra la exclusión social en estos barrios bilbaínos. La zona, ubicada en el centro de la ciudad, es históricamente un espacio de migración que ahora se encuentra bajo el estigma de la violencia que se atribuye a los MENA. Desde hace dos años ha surgido otra asociación vecinal, Sanfran Auzokideak, que exige más recursos policiales y cámaras de alta resolución. “Entendemos que las causas son las mismas, pero las afrontaríamos de una manera distinta”, explica G., uno de sus miembros. Ambas organizaciones coinciden en que las instituciones no dan la atención necesaria a los adolescentes.

nuestros QUINQUis

Varios guardas de seguridad corren tras tres jóvenes magrebíes en la estación de tren de Abando, frontera entre San Francisco y Gran Vía, en Bilbao. Uno de ellos escapa con el móvil que han robado a una de las trabajadoras de la estación. En el parking que colinda con las vías del tren, los guardas retienen a los otros dos. Uno de ellos ha propinado un cabezazo a un guarda y permanece esposado mientras llega la Ertzaintza. La mujer a la que han sustraído el teléfono espera para poner la denuncia junto a un compañero de trabajo que no cesa de repetir el asco que le producen los chavales. “Tienen sarna, poneos los guantes”, dice uno de los ertzainas. “En esta estación no quiere trabajar nadie. Vamos armados y cobramos un plus. Cogen los móviles y los esconden. Si les pillan no lo llevan encima, no pueden hacer nada. Tenemos a unos 50 chavales fichados”, se queja un guarda de seguridad. Asegura que a la mayoría “les sueltan de los centros de menores con la paga, llegan en los trenes y se pasan así todo el día”. Iker Bocos explica por su parte cómo se gestiona el conflicto en el programa Hemen: “Las conductas no adecuadas pueden conllevar una expulsión, y no tenemos expulsiones todas las semanas. Son minoritarias”. La memoria del programa Hemen de 2009 a 2019 recoge que las salidas de centro se dan por cumplimiento de objetivos —encontrar un medio de vida— o por salida voluntaria para dejar el país.

Los abusos policiales se dan desde siempre. A veces les meten en un portal y les desnudan

“Llevo trabajando nueve años aquí y no había visto nunca este nivel de delincuencia”, asegura un policía municipal. Está en la calle San Francisco, donde han retenido a varios jóvenes. “Los abusos policiales se dan desde siempre. A veces les meten en un portal y les desnudan”, dice Omar Boudaaoui, de SOS Racismo. Desde la organización recogen las actuaciones policiales racistas, especialmente en esta zona de Bilbao, donde el pasado 15 de mayo la policía cargó contra los viandantes. “Quisieron identificar a una persona una vez más sin motivo y, cansado, se había negado”. Según G., las identificaciones por motivos raciales no constituyen una acción racista: “Si hay más chavales magrebíes delinquiendo es normal que se identifique a los magrebíes, como cuando existía ETA y nos identificaban por ser vascos”.

Las organizaciones del barrio reconocen que hay un aumento de la violencia y, en especial, del machismo. Para Askunze, esto se intenta achacar a la procedencia marroquí de los jóvenes: “No son practicantes, no van a la mezquita. La comunidad musulmana aquí nos dice que están desligados de todo el mundo. La propia población migrante lo sufre. El islam es machista como todas las religiones. Estos chavales llevan casi más tiempo socializados aquí que allí. Igual tiene más que ver con el contexto de aquí: la policía, la calle, los centros donde solo viven chicos y monitores que a veces no son monitores, son guardas de seguridad. Conviene pensar qué referentes tienen”.

Menores desamparados por sistema

Ter García

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Menores tutelados

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Ter García

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Desde Aprodeme denuncian que, con la excusa de la protección al menor, la Administración quita custodias de manera injusta y son más de mil las familias afectadas.

Los que quedan en situación de calle sufren más el estigma. “En la calle Cantalojas [barrio de San Francisco] unos jóvenes han ocupado una lonja porque no tienen dónde dormir. La policía entra todo el rato. Les dijimos que no tenía derecho a entrar sin orden judicial. Un día la policía atacó con gases lacrimógenos a través de una ventana rota. Les han identificado millones de veces. Algunos se meten en líos, sí, pero la policía, con la gente migrante, en general actúa sin ningún respeto a la ley”, explica Boudaaoui.

“Siempre se habla de convivencia en términos de seguridad. Si hubiera un 50% más de educadores de calle, se reduciría el número de jóvenes sin referencias”, reflexiona Altuna. Para paliar esta situación de marginalidad, los trabajadores del sector proponen también facilitar el acceso al padrón social, aumentar los recursos residenciales y ampliar la duración de la ayuda de inclusión. En la actualidad es de 358 euros durante 30 meses. Si la solicitan a los 18 años, a los 21 se encuentran sin recursos económicos hasta los 23 años, cuando pueden pedir la Renta de Garantía de Ingresos. Mohamed Zeddou se encuentra en ese limbo. Tiene 22 años y llegó a Bilbao hace ocho meses, después de vivir dos años en Italia y pasar por Barcelona, donde trabajó “vendiendo cosas de segunda mano”, explica. “Quiero el padrón para poder estudiar. El padre de mi padre y varios tíos míos son carniceros. Yo quiero serlo también”, afirma. Mientras tanto, vive en una tienda de campaña en el monte Artxanda. “Hace frío —dice— pero tengo una bombona de gas para cocinar algo y hacer el té”. Sonríe.