Metro
Los chalecos naranja de San Fernando de Henares piden soluciones tras el desalojo de otras 52 viviendas

15 años de lucha, 600 familias afectadas y 100 viviendas desalojadas. Los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares (Madrid) desplegaban el pasado domingo su rabia desde Callao hasta Sol, con una marea de centenares de chalecos naranjas, después de que las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro hayan desencadenado una historia de grietas e inestabilidad en el terreno y en los hogares que se multiplica según pasa el tiempo.

Era mayo de 2007 cuando la por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguraba la ampliación del suburbano, coincidiendo con la campaña electoral. Meses después, y tal y como denuncia la plataforma de afectados, desoyendo el consejo de ingenieros de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense, una tuneladora de 9,4 metros horadó el suelo del municipio con el objetivo de unir el Hospital del Henares con la Línea 7b. Un hospital, nacido bajo la fórmula de la colaboración público-privada, que desplegó Aguirre durante sus años de mandato y bajo la que nacieron otros siete más.

El pasado martes 3 de enero los Bomberos de la Comunidad de Madrid desalojaban a 52 vecinos

Desde entonces, los problemas de grietas e inestabilidad del terreno se han ido replicando en el tiempo, llegando a afectar a un centenar de viviendas, muchas de ellas que han tenido que ser derruidas, dependencias como el CEIP Guernica e incluso la Escuela Oficial de Idiomas del municipio. El último incidente sucedió el pasado martes 3 de enero cuando los Bomberos de la Comunidad de Madrid desalojaban a 52 vecinos del número 8 de la plaza de la Fuente del Trébol. La propia línea 7b de Metro de Madrid ha sido cerrada nueve veces durante largas temporadas en estos años para tratar de paliar su situación. En la actualidad, el tramo entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares se encuentra cerrado desde el 24 de agosto del año pasado “por trabajos de reparación de la infraestructura”, según la página web del suburbano.

Vecinas y vecinos denuncian incertidumbre ante la situación, ya que la Comunidad de Madrid les obliga a volver a sus casas sin un informe técnico que así lo avale, y piden justicia y soluciones. En febrero de 2022, y 14 años después de las obras, la Comunidad de Madrid aprobó un paquete de 1,2 millones de euros para la reparación de las viviendas.