México
Crisis de desaparecidos en México: los buscadores, entre el narco y las omisiones del Estado

Se aprecia tierra removida que al parecer cubre rudimentarios crematorios clandestinos, huesos calcinados, una montaña de zapatos cubiertos de polvo, pilas de ropa sucia, muchas maletas y mochilas, una identificación oficial, apuntes escritos a mano y una carta de despedida. Son algunas de las imágenes del “campo de reclutamiento y exterminio”, que hizo circular en redes sociales el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, formado por familiares de personas que han desaparecido como consecuencia de la violencia que padece México.

Se trata del rancho Izaguirre, en la zona rural del municipio de Teuchitlán, ubicado a solo 58 kilómetros de Guadalajara (capital de Jalisco, occidente de México), una de las tres ciudades más pobladas del país.

El estado de Jalisco es el epicentro de la zona de influencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, al que se atribuye el uso de esta finca. La organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera, `El Mencho´, que trafica drogas a Estados Unidos, Europa y otras regiones del orbe, designada por la administración de Donald Trump como “organización terrorista extranjera”.

Cautiverio forzado

El 5 de marzo, el colectivo de buscadores acudió a la finca, después de recibir la llamada de un sobreviviente, que les aseguró que el lugar era un campo de entrenamiento de sicarios y que encontrarían indicios de desaparecidos.

Una sobreviviente relató que estuvo cautiva en el rancho tres años, que la mayoría de los reclutados eran engañados porque acudían por falsos anuncios de trabajo de empresas de seguridad o albañilería

Indira Navarro, la vocera del colectivo, también comentó a los periodistas fuera del predio, “dimos (con el rancho) porque teníamos varias llamadas anónimas… nos encontramos fosas con restos humanos calcinados”. Navarro, que desde 2015 busca a su hermano, Jesús Hernán Navarro, desaparecido en el estado de Sonora, comentó a la periodista Carmen Aristegui, que otra sobreviviente le relató que estuvo cautiva en el rancho tres años, que la mayoría de los reclutados eran engañados porque acudían por falsos anuncios de trabajo de empresas de seguridad o albañilería, con promesas de pagarles sueldos de 13 a 20 mil pesos. Casi todos llegaban desde otros puntos del país o la región a las estaciones de autobuses de Tlaquepaque y Zapopan, cercanos a Guadalajara.

“Sin cuerpo no hay delito”

Con el rostro oculto bajo una capucha enfocado por la espalda, un sobreviviente del rancho Izaguirre habló con la televisora de Milenio, en la que detalló que permaneció en el lugar contra su voluntad, entre junio y septiembre de 2024, para pasar un “muy duro” entrenamiento, que supuestamente les fue impartido “por ex militares estadounidenses y colombianos”, lo supo no solo porque se los dijeron los encargados, sino porque “era evidente por el idioma y el color de piel”.

Relató que llegó “por una oferta de trabajo para guardia de seguridad, que vi en Facebook”. Pero tras llegar a la terminal de autobuses de Tlaquepaque, fue llevado con otros seis hombres a una casa de seguridad, donde les dijeron que iban a trabajar como sicarios del cartel. Sobre las montañas de calzado y ropa explicó que no toda es de gente asesinada en el lugar, “porque para el adiestramiento necesitábamos usar botas, que ellos mismos nos vendían”. En el campo había mucho maltrato y asesinatos. “Mataban a algunas personas o porque no obedecían o porque eran débiles y no pasaban el adiestramiento”.

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A los muertos, según su descripción, los llevaban a un cuarto que denominaban “la carnicería”, que tenía una “cama de cemento” donde troceaban los cuerpos, “los ´fileteaban´ para que se quemaran más rápido”.
-¿Había hornos crematorios? –preguntó el periodista Alejandro Domínguez.
- Sí, claro que sí. Yo vi uno grande nada más. A veces lanzaban de tres a cuatro cuerpos.
-¿Usted llegó a cometer esos crímenes?
 - Sí, también me tocó… si nos negábamos nos mataban y terminaríamos igual que los otros, porque el lema de ahí era, si no hay cuerpo, no hay delito.

Una escena dura que describió, fue que antes de salir a las plazas del cartel, los encargados del rancho les confesaron que parte de la carne que consumieron durante su estancia era de los cuerpos mutilados. “Cuando `fileteábamos´ la pierna, toda esa carne la cocinaban para dárnosla de comer, eso nos dijeron al finalizar”.

El sobreviviente fue enviado como sicario a Zacatecas, y otros de los 200 que terminaron con él “a Guanajuato, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Aguascalientes o San Luis Potosí”. Aprovechó una salida de la casa de seguridad donde lo tenían para huir. “No hubo de otra, porque yo no quería estar ahí, fui contra mi voluntad. Quería ver a mi hijo. Jamás pensé hacer eso, pero no me quedó de otra, porque si no me iban a matar”.

Cadena de omisiones

El hallazgo del rancho puso en evidencia la negligencia de las autoridades, porque el lugar no era desconocido para ellas. La Guardia Nacional allanó la finca en septiembre de 2024, cuando acudió por una denuncia telefónica. Al llegar fueron recibidos por disparos de armas de alto poder, pero lograron someter y detener a diez agresores, liberaron a dos secuestrados que permanecían cautivos y encontraron el cadáver de un hombre.

El caso se puso en manos de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, sin que ésta pusiera en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) el caso, pese a las evidencias de que se trataba de delitos de delincuencia organizada, que competen a ésta. Nada más se supo hasta que ingresaron los buscadores. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció el día 19, que estaba en proceso de atraer el caso al ámbito federal. En una rueda de prensa, confirmó que sí encontraron restos humanos en la finca, pero hasta ese momento no tenía “elementos suficientes” para asegurar que era un “campo de exterminio”.

Se centró en señalar las múltiples “omisiones” de la fiscalía de Jalisco, porque no rastreó debidamente los indicios y huellas dactilares; no hubo el debido registro e identificación de lo hallado en el interior del predio, como prendas y calzado, entre otras fallas.

La atracción de la investigación al ámbito federal “no garantiza que se vayan a esclarecer los hechos, ni que vayan a detener a los responsables”

Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dice en entrevista con El Salto, que la atracción de la investigación al ámbito federal “no garantiza que se vayan a esclarecer los hechos, ni que vayan a detener a los responsables”. “La FGR solamente está actuando en estos momentos por la presión mediática nacional e internacional que hay sobre la presidenta de México por los desaparecidos, un tema que evidentemente no estaba en su agenda. Pero no actúa para cumplir con su responsabilidad, no por solidaridad con las madres de los desaparecidos o porque tenga intenciones de esclarecer los hechos”, subraya.

Ramos sostiene que lo dice “por experiencia propia”, al haber encabezado la denuncia por un operativo de la Marina en el que desaparecieron 51 civiles, en 2018, en Nuevo Laredo. “Hasta la fecha no hay un solo marino condenado con sentencia firme, por la inoperancia de la Fiscalía, lo cual es inaudito y terrible”.

Crisis de desaparecidos

El hallazgo del rancho Izaguirre ha conmocionado al país, que vive una crisis por la desaparición de más de 120 mil personas, fenómeno que repuntó desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, que emprendió el presidente Felipe Calderón (2006-2012). Han seguido las administraciones de Enrique Peña Nieto, del PRI, y de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y en 18 años las cifras solo han aumentado frente a una pastosa impunidad.

La primera en formarse fue la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en 1996, cuando este fenómeno azolaba principalmente a la frontera México-Estados Unidos. Pero desde el 2006, no han parado de surgir nuevos colectivos de desaparecidos o por el narco o por autoridades policiales y militares.

En 2017, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo para coordinar las acciones de búsqueda e identificación de los más de 120 mil desaparecidos. La entonces titular Karla Quintana aseguró en julio de 2021, que había “sitios de desaparición y exterminio” en cuando menos seis estados del país, donde los cuerpos de cientos de personas habían sido “disueltas en ácido” o “calcinados” en tambos o en agujeros en la tierra.

En agosto de 2023, Quintana renunció a la Comisión ante las continuas críticas del presidente López Obrador, molesto por el elevado número de desapariciones que se registraba durante su gobierno, que rebasaban a los antecesores, por ello pidió un nuevo censo. “La intención del nuevo censo es reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”, se lamentó la abogada.

La presidenta Sheinbaum se vio orillada a atender el tema, y propuso media docena de medidas para atender la crisis de los desaparecidos

Ahora, frente a la atención que el caso del rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum se vio orillada a atender el tema, y propuso media docena de medidas para atender la crisis de los desaparecidos. El lunes 17, firmó un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, que robustecerá las capacidades científicas para estas tareas, creará una base nacional única de información forense alimentada por las 32 fiscalías estatales y la federal; fortalecerá el Centro Nacional de Identificación Humana y su plataforma nacional y equiparará la penalidad del delito de desaparición al de secuestro, entre otras medidas.

Las cifras que lastiman

Jalisco se ha convertido en el peor hoyo negro de México, donde se ha perdido la huella de más de 15 mil personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas. Le siguen el Estado de México y Tamaulipas, cada una con más de 13 mil personas desaparecidas.

La noticia de  del rancho en Jalisco ha restado atención a otros casos surgidos a la par en Chihuahua y Tamaulipas

La noticia del caso del rancho en Jalisco ha restado atención a otros casos surgidos a la par. La Fiscalía de Chihuahua informó el 14 de marzo que concluyó la inspección forense en “El Willy”, una zona semidesértica del municipio de Casas Grandes, donde exhumaron 81 cuerpos de diversas fosas.

“Buscad a las Buscadoras”. El Zapatismo y la lucha por las y los desaparecidos

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Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

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Las comunidades zapatistas no sólo han dado acompañamiento político y moral a las luchas por los desaparecidos en el país sino que, fieles a su costumbre, han lanzado iniciativas nacionales de construcción de alternativas por la justicia.

También el colectivo Amor por los Desaparecidos informó en X, el 11 de marzo, la localización de 14 fosas más en las inmediaciones de Reynosa, en el fronterizo estado de Tamaulipas. Este estado es donde se encontró La Bartolina en 2017. Karla Quintana dijo en 2021 que en este predio, durante cuatro años de labores, se habían recuperado un total de 500 kilos de fragmentos óseos. La declaración de la entonces comisionada no gustó a la Fiscalía, que la refutó asegurando que en realidad eran 67 kilos de restos óseos.