Desapariciones forzadas
Desaparición forzada: la búsqueda de un hijo en México

Se asemejan en exceso a las escenas de un thriller, pero estos son hechos reales; es decir, que ocurren en la vida real. En los tiempos modernos, la desaparición forzada tiene como antecedente la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las prácticas emprendidas por el régimen nazi y es una técnica de terror clandestina en la que las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente. Se considera un delito y un crimen internacional que continúa hasta que el paradero de la persona se esclarece, lo que casi nunca ocurre. Además de la privación de la libertad —y la mayoría de las veces, de la vida— las desapariciones forzadas no solo violan derechos civiles y políticos, también derechos económicos, sociales y culturales.

El problema es sistémico. Del otro lado del Atlántico —al menos desde hace dos décadas—, México enfrenta una situación más que compleja en cuestiones de seguridad pública debido a la violencia asociada al crimen organizado que, sin importar el número de detenciones o asesinatos de supuestos integrantes de grupos delictivos ni el decomiso de drogas y armas, no da tregua a los ciudadanos. Como componente añadido está la ramificación del narcotráfico hacia actividades ilícitas igual de rentables, entre ellas la trata de personas, los secuestros y las extorsiones. En este contexto, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, representó —o al menos pareció ser— un punto de inflexión que se superpuso a los llamados de atención anteriores para que los mexicanos y la comunidad internacional dimensionen la gravedad de un mal crónico y degenerativo que está minando el país entero.

En medio de las amenazas, las agresiones y los homicidios de comunicadores, de la diseminación de noticias falsas y de la fugacidad de los contenidos que circulan en Internet, difundir información verificada y dar seguimiento puntual al tema se ha convertido en una prioridad. Esta es la razón por la que participamos en la convocatoria emprendida por el Colectivo Nodo MxM, que integran mexicanos residentes en Madrid, también para aportar algunas luces con base en el informe La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos de Naciones Unidas, publicado en 2015 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en el trabajo de documentación que hemos realizado en el campo de la abogacía y del periodismo.

Una problemática añeja

Aberrantes e inaceptables, en América Latina las desapariciones forzadas son una tradición, una estrategia de control de los Estados —de las fuerzas armadas y grupos paramilitares, con cooperación o tolerancia de diversas autoridades— implementadas en los años setenta y ochenta del siglo pasado, por ejemplo, en la Operación Cóndor en el Cono Sur o en México durante la llamada “Guerra Sucia”. Posteriormente, la ola democratizadora de los noventa no extirpó la violencia de nuestros países, aspecto que en México cobró de nuevo notoriedad con la desaparición de mujeres en la frontera norte, con los miles de casos que se conocieron a nivel mundial como “Las muertas de Juárez”. Así llegamos a 2006, año en que el Gobierno federal decidió desplegar las fuerzas armadas a lo largo del territorio nacional para llevar a cabo labores de seguridad pública —antes realizadas solo por civiles— y la violación a los derechos humanos se agudizó hasta derivar en el cementerio clandestino que es ahora gran parte de la República Mexicana.

Por fortuna, en esta podredumbre, el germen de la indignación ha dado algunos frutos. Limitados pero duraderos, rescatables. Entre tantas, la desaparición del campesino Rosendo Radilla Pacheco —en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero— significó un parteaguas cuando en 2001 su caso se expuso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y en 2008 esta demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un año después se dictó sentencia condenatoria por las graves violaciones cometidas, lo que permitió avances notables en el ámbito legal, entre lo que destacan establecer la no competencia de jueces militares para juzgar a militares, la inaplicabilidad de la reserva de averiguaciones previas y la adopción de estándares de derecho internacional.

Hay que decirlo sin ambigüedades ni eufemismos: estos esfuerzos han tenido como catalizadores a activistas, defensores de los derechos humanos y familiares de los desaparecidos. Una de las pioneras es Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka a raíz de la desaparición de su hijo, Jesús Ibarra de Piedra, en 1973. Estas luchas incipientes quedaron reflejadas en el Código Penal Federal vigente, que en su artículo 215-A contempla el tipo penal de desaparición forzada, que a la letra dice:

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

La Ley General de Víctimas, publicada en 2013 y reformada en 2017, constituyó el primer paso para que después se presentara la iniciativa de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, recién aprobada y en la que se establece la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y un Consejo Ciudadano.

La búsqueda de las personas desaparecidas

Diversos informes contabilizan alrededor de 30 mil desaparecidos desde 2006; tan solo en el estado de Veracruz son más de 3000 las denuncias y registros que se tienen de desapariciones forzadas desde 2011. Sin importar el lugar, la búsqueda de personas también la encabezan los propios familiares, que sufren una doble victimización al permanecer impune el delito y —en su legítimo actuar— dejan al descubierto la ineficacia de las autoridades.

En cantidad, en hondura cuesta comprender la magnitud del dolor cuando se escucha o se lee a la distancia. Durante esta charla hicimos referencia a dos de los tantos ejemplos que abundan invisibles a lo largo del territorio nacional: Las Rastreadoras del Fuerte, el grupo de mujeres que llevan años indagando el destino de los desaparecidos en el estado de Sinaloa. Y en Veracruz, al Colectivo Solecito que agrupa a los familiares de jóvenes, hombres y mujeres, que un día salieron de sus casas y hasta la fecha se desconoce su paradero. Una de sus integrantes es Adela de Anda Paz, madre de Carmelo Cervantes de Anda, estudiante de arquitectura que desapareció el 3 de agosto de 2012 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, según consta en la denuncia hecha el 4 de agosto de 2012; es decir, hace cinco años.

Con base en las declaraciones de algunos testigos, se piensa que Carmelo Cervantes fue privado de su libertad por elementos de la Marina Armada de México en complicidad con policías estatales de Veracruz, pero hasta ahora las averiguaciones no han llevado a determinar los motivos exactos de su desaparición ni a fijar ninguna responsabilidad. Mientras tanto, Adela de Anda continúa solicitando por todos los medios e instancias posibles —dentro y fuera del país— que se hagan valer tres derechos fundamentales de cualquier persona: el derecho a la verdad, el derecho a la impartición de justicia y la reparación del daño. Lo hace, además, apoyada en que Carmelo Cervantes tiene doble nacionalidad, mexicana y española, por ser hijo de padre español exiliado en México desde 1936.

“A la atención del Excelentísimo Sr. Don Felipe VI, rey de España”, es como inicia la carta que envió, fechada el 19 de enero de 2016, para solicitar el respaldo del gobierno español en la búsqueda de su hijo. Una petición que diez días después fue remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y, finalmente, Fernando Valderrama, cónsul general de España en México, respondió el 3 de abril del mismo año haciéndole saber de la consulta a las autoridades mexicanas a partir de la documentación que también les proporcionó.

Su denuncia, el intercambio de correspondencia, las entrevistas, los viajes a la Ciudad de México de nada han servido. Igual que para muchos, para ella ha sido un lustro de pleno sinsentido, de vueltas en círculo, de no respuestas. Mientras, los meses transcurren, las notas de prensa se acumulan, el sentimiento de indefensión crece, los recursos legales se agotan y Carmelo Cervantes sigue sin aparecer. Pero Adela no se da por vencida. Hace unos días, nos comunicó que la fundadora del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía Díaz, es una de las seleccionadas por la organización Justice and Peace para participar a través de la iniciativa Shelter Cityen una estancia temporal en la Haya, en los Países Bajos, donde intervendrá en el Seminario “Fightingfor human rights in México” —Luchando por los derechos humanos en México— y en distintos foros en los que se reunirá con organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, académicos y actores políticos a quienes compartirá su experiencia en espera de que su voz sea el megáfono que permita amplificar el sufrimiento del resto. Estas vivencias confirman las palabras del periodista colombiano Alfredo Molano con respecto a las cicatrices de la violencia que marcan hondo a ambos países: “La historia les debe a las mujeres un lugar privilegiado en la reconstrucción de la verdad sobre hechos tan repudiables”.

Huellas de la Memoria

A modo de resignificar la pena y para transmitir el contrarrelato de los testigos y de las víctimas, el colectivo Huellas de la Memoria emprendió en 2017 una campaña internacional que visibiliza los miles de casos de desaparición forzada en México. Huellas de la Memoria es también el nombre de la exposición artística de 80 pares de zapatos —donados por víctimas de desaparición— que en su ruta por Europa ha pasado por diversas ciudades de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Holanda. También por España, gracias al apoyo de mexicanos y españoles interesados en unirse a las heterogéneas expresiones de resistencia.

En Madrid, la curaduría de la exposición estuvo a cargo de la artista visual Patricia Leguina, que define esta intervención como: “(…) pequeñas pinceladas que han sido minuciosamente tejidas para obligarnos a cuestionar las problemáticas en juego de un país como México, donde las desapariciones forzadas son un hecho. Desde su mirada creadora, es un acto político y de resistencia con relación a determinados estados de invisibilidad, por el tipo de tiempo y de espacio que instituye, por la manera mediante la cual corta este tiempo y puebla ese espacio que subvierte el orden establecido, perturbándolo a través de un gesto que nos hace tambalear el confort al que estamos sujetos”. Con el respaldo de Amnistía Internacional España y antes de viajar a Bélgica, Huellas de la Memoria se presentó en el Centro Cultural García Lorca en el municipio de Rivas Vaciamadrid.

Además de los datos duros, al siguiente día se proyectó por primera ocasión a nivel mundial Las Rastreadoras (México, 2017), el documental dirigido por Adrián González Robles, Kaos, comunicólogo en Los Mochis, Sinaloa, que a lo largo de un año siguió el rastro de las mujeres que rastrean la vida. Adrián conoció a Mirna Medina, iniciadora del grupo, en 2014 cuando él trabajaba en un diario local al que esta madre acudió para difundir la desaparición de su hijo, Roberto Corrales Medina, hallado sin vida el pasado 27 de agosto. “Al principio solo hice mi trabajo, era chamba, pero el empeño de estas mujeres fue cobrando fuerza y quise continuar para conocerlas mejor”, comentó en la entrevista que tuvimos vía telefónica. Con su acento norteño, enérgico y llano, cantadito al final de cada frase, explica que después se empleó en la radio y también asistió a un curso de cinematografía. Fue entonces cuando tomó con seriedad la idea de organizar su archivo para volcar la información en el documental de 118 minutos que narra la valentía de Las Rastreadoras de El Fuerte.

“Las seguí en sus recorridos, estuve en sus oficinas en Los Mochis; entonces miraba el dolor que tienen, pero a la vez quería mostrarle al mundo que no se debe perder la esperanza”, narra Adrián, quien llevó a cabo este proyecto de manera independiente y con dinero de su bolsillo. Fue él mismo quien grabó y editó las horas de documentación, las revelaciones plurales y coincidentes de quienes, sin imaginarlo, se vieron en la exigencia de juntarse para reforzar su cometido, para brindarse cuidado y acompañamiento.

— ¿Cómo fue tu relación con ellas?

— Uno también es humano. Cuando te reciben en la intimidad de sus hogares la conversación es sin máscaras, entonces ves cómo se apaga su sonrisa y lloran. Es muy impactante, son mujeres que no le tienen miedo a nada, que pasan por muchos peligros porque se meten al monte para buscar las fosas y no saben con qué se pueden encontrar. Algunas se deshidratan por el calor, que en la zona es intenso; se desmayan. De todo esto no se habla en los medios.

Adrián piensa que la gente se ha acostumbrado a la violencia que continuamente llena las páginas de los periódicos; piensa que las desapariciones, ejecuciones y balaceras [tiroteos] se han vuelto parte de la normalidad. “La gente se ríe, se burla, pierde la sensibilidad”, es lo que percibe. Por eso su interés en mostrar esta pieza audiovisual que describe como: “Historias de dolor y desesperación, pero también de amor y lucha para despertar en otras personas —que atraviesan por la misma situación— la esperanza de que encontrarán a sus seres queridos, de alguna forma”.

No queda mucho por decir. Adrián, como buen sinaloense, es concreto en sus respuestas y sabe que su aportación es una forma de romper con el soliloquio de la violencia y reestablecer el diálogo social. Antes de despedirnos agrega que con esta propuesta también intenta motivar a los jóvenes que aún no se animan a hacer cine y que, probablemente, su siguiente proyecto se centrará en el pueblo yoreme que habita en Sonora y el norte de Sinaloa.

Organismos internacionales y Derecho Internacional

Siempre es insuficiente. Todavía queda por recorrer un largo camino en materia de derechos humanos, pero para poner el conflicto en perspectiva es conveniente mencionar aquellos elementos que han fortalecido el marco jurídico para su defensa y que se han traducido en:

1992: La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas

1994: La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

1998: El establecimiento de la desaparición forzada como uno de los crímenes internacionales sobre los cuales la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción

2006: La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

No es letra muerta. En este proceso la organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de los denominados Grupos de Trabajo que visitan cada país, han jugado un papel primordial para presionar a los gobiernos de los Estados en la aplicación efectiva de los tratados y acuerdos firmados, por ejemplo, en lo referente a la inaplicabilidad de las leyes de amnistía y la prescripción en los casos de desaparición. Sin embargo, falta por lograr la auténtica legitimación social y la protección a defensores de los derechos humanos y víctimas indirectas del delito, para lo cual es indispensable contar con un andamiaje institucional que amplíe los instrumentos legales.

En cuanto a capacitación y educación también se precisa de métodos innovadores pero, sin duda, existen avances significativos gracias a la labor de las Comisiones de la Verdad en Latinoamérica; de los equipos de antropología forense conformados en países como Guatemala; de movimientos como Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, y en México; de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Estas organizaciones mexicanas han propuesto la creación del Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, ya que consideran que una Base de Datos Genéticos Forense —como la integrada a partir de 2012 por la Procuraduría General de la República (PGR)— no es suficiente para documentar el trabajo de búsqueda, hallazgo e identificación de personas desaparecidas.

Un futuro que depende de todos

Se llama impartición de justicia, pero para ellos, para los familiares de los desaparecidos, se ha convertido en una súplica que sigue siendo una, la misma: no descansar ni escatimar recursos hasta encontrarlos. Evitar que se repita. Sin duda el paisaje se mira anegado, pero del lodo emergen derivas mínimas como las que ya mencionamos. Cada una, actos simbólicos que intentan reestablecer la dignidad de las víctimas e impedir la desmemoria de acontecimientos claramente condenables. El aspecto jurídico —a menudo calmoso e inoperante— no puede dejarse de lado. A la tozudez de los afectados deben sumarse la implementación de reformas a las leyes vigentes, la supervisión permanente de organismos internacionales y la actuación coordinada de gobernantes y gobernados. Solo de esta forma podrán imaginarse otras nuevas estrategias —en términos de lo posible y necesario— frente a la crisis de derechos humanos que afecta a México y, tristemente, dibuja la tragedia de toda una región.