México
Décadas de lucha feminista explican las movilizaciones por el feminicidio de Claudia en Morelos

Entre el 13 y 14 de septiembre de 2026, el estado mexicano de Morelos alcanzó su pico como búsqueda de interés en la categoría de noticias internacionales de Google. La entidad volvió a ser denunciada como epicentro de las violencias contra las mujeres, particularmente contra las universitarias. 

Morelos es sede de la institución que, en convenio con la Universidad de Granada, recibió a Claudia Tacoronte para que continuara con sus estudios en Educación Infantil. La joven de 21 años llevaba menos de un mes viviendo en Cuernavaca, la capital del estado. En vísperas de las fiestas patrias en México, ella y un amigo viajaron a Cuautla para disfrutar de una feria de medicina tradicional, pero ella no volvió a Cuernavaca, ni a las Islas Canarias (España), de donde era originaria. 

Desde hace más de 200 días, integrantes del Centro Comandanta Ramona mantienen una okupa en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa para denunciar que ni la UAEM ni el Gobierno están protegiendo a sus alumnas 

La noche del 12 de septiembre, Francisco Javier ‘N’ le quiso robar el celular y la apuñaló en el abdomen. Mientras unos hombres corrieron para alcanzar al presunto feminicida, tres mujeres intentaron ayudarla y llamaron al 911. No lograron salvarla. 

A Claudia le arrebataron la vida en un estado que le ofreció un futuro, un futuro que también le fue negado a Michelle Itzayana Fuentes Calderón (15), Kimberly Ramos Beltrán (18), Karol Toledo Gómez (18) y Aylin Rodríguez Fernández (20). En 17 meses, cinco estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron víctimas de feminicidio. 

Aun así, la respuesta de la rectoría —a cargo de Viridiana Aydeé León Hernández— fue insuficiente. Desde hace más de 200 días, integrantes del Centro Comandanta Ramona mantienen una okupa en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa. La denuncia es tajante y dolorosa: la UAEM no está protegiendo a sus alumnas. El gobierno tampoco. 

La especificidad de Morelos: el estado que no alcanzan a complejizar los titulares internacionales y los algoritmos.

Daños colaterales

Morelos se encuentra a menos de 90 kilómetros de la Ciudad de México, la capital. Al comunicar al oriente con el occidente del país, es clave en el trasiego y distribución de droga. Sus municipios atraviesan una de las disputas territoriales más complejas por el proceso de fragmentación criminal en México, lo que, como explica el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, se traduce en luchas simultáneas entre carteles nacionales, organizaciones regionales y células locales. 

Por más de dos décadas, informes de seguridad han mapeado la presencia de Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Rojos, el Cartel del Noreste, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de La Mayiza. Actualmente, a nivel nacional, Morelos se encuentra en los primeros lugares de delitos de alto impacto (extorsión presencial, robo de motocicleta, tentativa de homicidio doloso, lesiones culposas) y es la segunda entidad con más casos de feminicidio y violación. Frente a dicho panorama, la respuesta gubernamental ha sido desplegar al Ejército en las calles. 

Antes del nombramiento de José Luis Bucio Quiroz —formado en la élite militar— como secretario de Seguridad y de la presencia de la Guardia Nacional, a insistencia del gabinete presidencial, la prensa local documentó represiones y desalojos a manos de los soldados, episodios constantes y en su mayoría impunes de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, política que caracterizó al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. que gobernó entre 2006 y 2012. 

Como sucede en estados como Sinaloa y Guanajuato, en Morelos el recrudecimiento de las violencias hacia las mujeres ha sido obviado y reducido a la narrativa de “los daños colaterales”. 

Pero las morelenses nunca han sido silenciosas. 

Claudia, Michelle, Kimberly, Karol y Aylin

El pasado 16 de septiembre, en Cuernavaca, durante la celebración del desfile por el Día de la Independencia de México, colectivas feministas y mujeres organizadas bloquearon la vialidad y se enfrentaron a las autoridades. Gritaron por Claudia, Michelle, Kimberly, Karol y Aylin. Demandaron a los militares y policías abrir el paso para que la gente no olvidara que en Morelos —con declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios desde 2015— asesinan a una mujer cada dos días. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de 2026, la entidad ha registrado 21 casos de feminicidio: tres por mes, cifras que se asemejan a las de 2022, cuando medios internacionales —principalmente españoles— voltearon a mirar al centro-sur mexicano por los señalamientos contra el entonces fiscal Uriel Carmona por entorpecer el acceso a la justicia para Ariadna Fernanda, quien fue localizada sin vida en un paraje de la autopista La Pera-Cuautla. 

“En realidad ha sido la lucha de colectivas y familias buscadoras lo que ha hecho que varios casos sean clasificados como feminicidios”, dice la vocería del Centro Comandanta Ramona en comunicación con El Salto al puntualizar que en Morelos hay un subregistro de los crímenes de odio en razón de género. 

La estadística de muertes violentas de mujeres en Morelos según organizaciones feministas oscila entre los 72 y 102 casos al año, y una de las constantes observadas es el uso de arma blanca en la vía pública. “Las autoridades los abordan como suicidios, causas indeterminadas, homicidios culposos e, incluso, accidentes de auto”, ahonda la vocería. 

La Colectiva Feminista MAPAS y el Centro Comandanta Ramona señalan que las autoridades, tanto locales como federales, actuaron de “manera atípica” ante el feminicidio de Claudia Tacoronte

Desde la Colectiva Feminista Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales (MAPAS), una de las acompañantas a víctimas indirectas confirma el actuar negligente de la Fiscalía de Morelos. “No termina de adoptar una perspectiva de género en las investigaciones. Y, por ejemplo, con Ariadna, vimos que se quiso deslindar de responsabilidad insinuando que el feminicidio ocurrió en la frontera con otro estado [la Ciudad de México]. También nos preocupa mucho que no procede de la manera que corresponde ante denuncias de violencia sexual. Hablando concretamente del caso de Claudia, en un principio vimos que el robo no se había abordado como un continuum de la violencia que sufren las mujeres antes de ser asesinadas”, expone a El Salto.

Pese a la falla inicial en el abordaje del feminicidio de Claudia y a que la detención del agresor fue gracias a ciudadanos y ciudadanas de Cuautla, la Colectiva Feminista MAPAS y el Centro Comandanta Ramona señalan que las autoridades, tanto locales como federales, actuaron de “manera atípica”. 

Para el jueves 17 de septiembre —cinco días después de los hechos—, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) —en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, SSPC Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina y la Guardia Nacional (GN)— aprehendió a Francisco Javier ‘N’. Al día siguiente, un juez lo vinculó a proceso, le dictó prisión preventiva y concedió un plazo de cuatro meses para presentar la investigación complementaria. 

La narrativa de la barbarie

A lo largo de la semana, el caso fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia diaria (“la mañanera”) y la prensa cubrió de cerca las demandas de España, la reunión de Margarita González Saravia (gobernadora de Morelos) con el diplomático Marcos Rodríguez Cantero y la llegada de la familia de Claudia a México. 

“Esto no es algo que pasa en nuestro estado”, acusan integrantes del Centro Comandanta Ramona. “Con nuestra compañera Aylin, la audiencia apenas se llevó a cabo hoy [18 de septiembre], más de un año después de su desaparición y feminicidio. Hablamos de un tiempo récord de la fiscalía. Normalmente esto no sucede”, reiteran. 

Parte del tratamiento mediático y político reforzó la narrativa de México como un país bárbaro, en el que no existe la capacidad de controlar la violencia y al que ninguna mujer debería viajar. La Universidad de Granada y la Universidad de La Laguna suspendieron de inmediato la movilidad de estudiantes con el estado de Morelos y otras universidades españolas revisaron sus programas.

Durante las movilizaciones de exigencia de justicia para Claudia se observaron pancartas con consignas que aclararon que el repudio está dirigido a una estructura institucional-gubernamental-estatal impune

Mientras, durante las movilizaciones de exigencia de justicia para Claudia se observaron pancartas con consignas que aclararon que el repudio está dirigido a una estructura institucional, gubernamental y estatal que permite la impunidad.

Y es que, en México, las respuestas institucionales son selectivas. La intersección entre racismo y clasismo que condiciona el acceso a la justicia, ha sido incluso señalado por las compañeras españolas, como rescata la Colectiva Feminista MAPAS. “Han sido muy enfáticas en que nos están matando en todo el mundo y en cómo el patriarcado no se limita a un territorio”. 

Morelos, décadas de lucha feminista

Morelos no es un territorio desierto. En él, las mujeres heredaron la lucha de las jaramillistas —una de las extensiones del movimiento zapatista— y el acuerpamiento de las obreras que de la Teología de la liberación pasaron a ser engrane de la asociación Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina que ha mantenido como prioridad la educación popular feminista.

Morelos lleva décadas gritando Ni Una Menos. Las pláticas que en los 90 advertían sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar en ciudades como Cuernavaca se convirtieron en las primeras marchas de la Convergencia 8 de marzo, que para entonces insistía en reformar el Código Penal de Morelos para denunciar la especificidad de los crímenes en razón de género. 

“Los colectivos hemos luchado bastante por alzar la voz. Nosotras hacemos mucho, pero al Gobierno se olvida que también tienen responsabilidades”, sostienen integrantes de Resistencia Estudiantil de la UAEM 

“Los colectivos hemos luchado bastante por alzar la voz. Nosotras hacemos mucho, pero al Gobierno se olvida que también tienen responsabilidades”, sostienen integrantes de Resistencia Estudiantil de la UAEM. Fue gracias a las movilizaciones de las compañeras que al día de hoy se habla del caso de María de Jesús Lara Gómez como uno de los feminicidios que se quisieron ocultar durante la gubernatura de Sergio Estrada Cajigal. La localización del cuerpo María de Jesús en la calle Humbolt llevó a que la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado denunciara que había más de 30 feminicidios que no habían sido atendidos desde 2001. 

Si se vive fuera de México —o si se continúa en una perspectiva centralista— es muy probable que no se sepa que a la par de lo que pasaba en las maquilas de Ciudad Juárez (Chihuahua), la prensa local replicaba el lenguaje deshumanizante de “las muertas de Morelos”. La mayoría de las notas carecía de lo más elemental: sus nombres. 

Varias de ellas eran estudiantes de universidad y preparatoria, como Ilse Iris Gutiérrez, cuyo caso fue abordado escasamente y, además, como otro episodio de la inseguridad en Cuautla. Lo mismo pasó con mujeres jóvenes que encontraron sin vida en Huitzilac, Tepoztlán, Puente de Ixtla y Jiutepec. 

Mujeres organizadas

A principios de los 2000, mientras la prensa pulía elementos del true crime (lenguajes forenses sin cuidado editorial, la descontextualización y ficcionalización, por ejemplo) y los gobiernos se negaban a reconocer que la crueldad contra las mujeres había roto los límites de Ciudad Juárez, las morelenses se siguieron organizando. 

Entre 2006 y 2008 conformaron el Comité Contra el Feminicidio en Morelos (COCOFEM), una de las iniciativas más importantes en la entidad por trasladar demandas concretas al ámbito de la política formal. Su trabajo marcó los pasos de expertas que lograron la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en 2007, la tipificación del feminicidio como un delito autónomo en 2011 y, por supuesto, la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en 2015.  

Las jóvenes del Centro Comandanta Ramona y la Resistencia Estudiantil de la UAEM protestan por Claudia Tacoronte y por las compañeras que, como María Fernanda Estefanía Toledo Fernández (19), no han sido protegidas ni por el Estado, ni por las instituciones de educación superior. 

Las universidades no solo son negligentes al permitir que los agresores estén en las mismas aulas que sus víctimas y sobrevivientes; también son negligentes al no revisar o cumplir acuerdos para protegerlas

Las universidades, denuncian, no solo son negligentes al permitir que los agresores —algunos de ellos presuntos feminicidas como en el caso de Aylín Rodríguez— estén en las mismas aulas que sus víctimas y sobrevivientes; también son negligentes al no revisar o cumplir acuerdos para protegerlas. 

“A pesar de que existen programas para la prevención, se quedan en puro protocolo”, denuncia la Resistencia Estudiantil de la UAEM. “La universidad propuso algunas medidas. Por ejemplo: los horarios de salida. Pero no se están cumpliendo. Habemos chicas que salimos a las 6.30h o 7h de la noche y nos arriesgamos porque no hay transporte, además de que se sigue permitiendo la entrada a personas ajenas a los planteles [...] A las autoridades, tanto de las escuelas como del gobierno, lo que les importa es cuidar su reputación”, dicen. 

Algunas feministas, como Tatiana Romero en este mismo medio, han señalado la evidente una hipocresía blanca en el feminicidio de Claudia. Pero, como demuestra la trayectoria de las organizaciones entrevistadas para este reportaje, México lleva décadas señalando la violencia contra las mujeres. 

Hace más de 20 años y con el antecedente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 se tipificó el feminicidio en el Código Penal Federal

La lucha de las madres buscadoras es un ejemplo de ello. Además, de sde el siglo pasado, México ratificó marcos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará y, en 2009, el acuerpamiento feminista de Chihuahua se vio reflejado en la sentencia de Campo Algodonero, mediante cual la Corte Internacional de Derechos Humanos definió acciones de reparación del daño y medidas de no repetición. A eso se suma que hace más de 20 años y con el antecedente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 se tipificó el feminicidio en el Código Penal Federal. 

El grito de justicia por Mariana Lima Buendía, Montserrat Bendimes Roldán, Paola Buenrostro, Alina Narciso Tehuaxtle, Camila, Victoria Guadalupe e Ingrid Escamilla está detrás de las leyes en su nombre. A la familia de Karla Pontigo, las colectivas feministas la llevan en la punta de la lengua cada vez que, en las paredes de las fiscalías, en foros o los espacios públicos, se escribe con aerosol que las autoridades están obligadas a realizar investigaciones diligentes, prontas, efectivas e independientes. 

Como insisten el Centro Comandanta Ramona, Resistencia Estudiantil UAEM y la Colectiva Feminista MAPAS: “El Estado tiene las herramientas para actuar. El foco debe estar en las instituciones que son quienes están fallando”.