Opinión
Relámpago y tormenta, Chiapas en vilo

Como vendaval que anunciaba la tempestad, el 16 de octubre pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció que la comunidad autónoma de 6 de octubre había sido amenazada por pobladores de la localidad de Nueva Palestina para legalizar un posible despojo de tierras a través del desalojo violento de familias indígenas. Las armas largas se han hecho presentes con amenazas de violación a mujeres, quema de casas, robo de pertenencias, cosechas y animales.  Los encuentros entre el EZLN y la sociedad civil para diciembre y 2025 han sido suspendidos.

Apenas cuatro días después, el 20 de octubre, como un relámpago que avisa de tormenta en el horizonte, se produjo el asesinato a mansalva del sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas con lo que se visibilizó entre medios de comunicación y la clase política mexicana el grado de descomposición social en marcha en el estado de Chiapas.

¿Cual es el origen de esa violencia? Desde la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón en 2006 las semillas del crimen organizado fueron sembradas para amalgamarlas con gobiernos municipales, locales y estatales. Desde la frontera con Guatemala, con desplazamientos, extorsiones y cooptación de pobladores, hacia el istmo de Tehuantepec se trazan tres corredores criminales donde el control de las plazas y territorios se disputa a punta de metralleta en retenes carreteros, calles, mercados populares.

Según el informe 'Tocar el Vacío' (2024), del Centro de Derechos Humanos Frayba, en la región chiapaneca ha habido entre el 2021 y 2023 unas 6.000 personas desplazadas por la violencia

Según el reporte Tocar el Vacío (2024) del Centro Fray Bartolomé de Las Casas de Derechos Humanos (Frayba), en la región ha habido entre el 2021 y 2023 unas 6.000 personas desplazadas por la violencia. Prueba de hechos fatales son los restos humanos encontrados en Nuevo Xochimilco en 2021, las fosas clandestinas de Ocozocoautla y la carretera Palenque/Catazajá en 2023. Para junio de 2024, los ataques armados a comunidades indígenas zapatistas, con el beneplácito del Partido Verde y el gobierno local de Ocosingo en la región de Moisés y Gandhi, se contabilizan en más de 110.

El indicio de la descomposición social en Nueva Palestina parece estar incubado en el 8 de septiembre de 2023: “Alrededor de 3 mil pobladores de la comunidad de Nueva Palestina, (…) marcharon ayer en ese lugar para exigir la presencia de las fuerzas de seguridad debido a que integrantes del crimen organizado, que se disputan el territorio, pretenden cobrar derecho de piso a los pequeños comercios (…)”, aseguraron que en el crucero de San Javier, situado a siete kilómetros de Nueva Palestina están posicionados los integrantes del cártel de Sinaloa, operando junto con el Ministerio Público.

¿Cómo es posible que algunos pobladores víctimas de violencia ahora amenacen a una comunidad indígena zapatista? En sólo un año, el crimen organizado se hizo del control del corredor norte y de habitantes de Nueva Palestina, sometió a la autoridad comunal y usa a pobladores como sicarios.

Han transcurrido 23 años en los que la clase política mexicana permitió que la expansión del capital siguiera trastocando los entramados comunitarios para ejecutar el despojo de bosques, agua y uranio 

Si en 2001 la reforma a la Ley Cocopa sobre Derechos y Cultura Indígena logró perpetuar en al marco jurídico del Estado mexicano a las comunidades indígenas como “entidades” y no ”sujetos” de derecho público, han transcurrido entonces 23 años en los que la clase política mexicana permitió que la expansión del capital siguiera trastocando los entramados comunitarios para ejecutar el despojo de bosques, agua y uranio de los Altos y Selva Lacandona. Ahora que al menos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con sus grupos aliados y clase política regionales han transformado la estructura de poder, su actividad valoriza el valor de ese capital criminal ilegal. Su poder económico configura y le da sentido al poder político de los cárteles para usar las viejas estructuras de paramilitares vinculadas a gobiernos y fiscalías locales que garantizan la flagrante impunidad. Según el Frayba, entre 2019 y 2022 la desaparición forzada aumentó en Chiapas en un 358 por ciento.

El asesinato del padre Marcelo es un escarmiento para la iglesia indígena pero también para las comunidades autónomas y en resistencia de los Altos y selva que se oponen a la actual situación de violencia en Chiapas

Una de las voces de denuncia más valientes de los últimos años sobre los abusos del crimen en Simojovel y Pantelhó era la del padre Marcelo Pérez. Provenía de la segunda generación de sacerdotes no solo influenciados por la “opción preferencial por los pobres” de la diócesis católica de San Cristóbal, sino también de la experiencia que catequistas indígenas de los Altos sembraron desde 1973: el proceso cultural de la iglesia autóctona tsotsil. El asesinato de Pérez Pérez es por un lado un escarmiento para la iglesia indígena, la diócesis y las organizaciones de base como pueblo creyente, pero también -y principalmente- para las comunidades autónomas y en resistencia de los Altos y selva que se oponen a la actual situación de violencia y descomposición social en Chiapas.

Pero no se trata de la convencional guerra de contrainsurgencia, sino que también incorpora el ingrediente del crimen organizado con ese contubernio oficial. El capital para seguir valorizándose a través del crimen, necesita hacer a un lado a las poblaciones que ejecutan el proyecto de autonomía indígena con democracia directa. Es decir, controlar, mandar, someter a pobladores y convertirlos en sicarios y despojar territorios de opositores a su proyecto con el respaldo oficial.

El informe del Frayba apunta incluso que “para el 2023, los municipios donde hay un cuartel de la Guardia Nacional tienen más del doble de desaparecidos, en comparación con el promedio en el estado”. La política de negar la crisis en Chiapas fue visible cuando el ex presidente López Obrador en una conferencia de prensa -del pasado 23 de junio- abiertamente difamó a organizaciones de la sociedad civil en junio. La actual presidenta Claudia Sheimbahum, sin mayor cambio en su trato con el Partido Verde, continúa con la misma relación de poder.

La actual guerra en Chiapas, golpea el horizonte como la más grave tormenta sobre la vida social en casi todos los resquicios la vida. Poco o nada se trata del centro de la guerra entre los cárteles, sino que es una estrategia avalada y tolerada por gobiernos que la promueven y le sacan provecho. Las ansias por el poder, la tierra y el plusvalor del trabajo humano sigue siendo la cara del capital que en su forma criminal busca someter y destruir esos mundos de la vida donde perviven las experiencias organizativas y de esperanza. El relámpago y la tormenta que tiene a Chiapas en vilo son solo los síntomas de una severa crisis humanitaria que está a punto de estallar en algo posiblemente peor.