Migración
Albacete y los asentamientos invisibles

No ha sido un verano fácil para los 500 temporeros que se estima, han soportado olas de calor y han tenido que pasar la temporada en Albacete, desperdigados en chabolas insalubres y antiguos edificios industriales en la periferia de la ciudad. En el asentamiento más poblado, el de la Carretera de las Peñas, 56, un incendio el pasado 9 de agosto volvió a evidenciar la fragilidad de estas construcciones de plástico, sin agua, sin saneamiento, sin recogida de desperdicios y rodeadas de maleza, ante el fuego o las tormentas. Una situación precaria que ya dura 15 años y que parece menos conocida que la que se sufre en otros puntos del estado, como los asentamientos de Huelva o Almería.

Es en este asentamiento donde —para luchar contra esta invisibilización y que los temporeros que trabajan en los campos albaceteños no tengan que soportar 15 años más de exclusión residencial—,  este domingo 11 colectivos se darán cita a las 12:30 para llevar a cabo una acción de denuncia. La convocatoria, impulsada por Colectivo Sin Fronteras Albacete, Uhuru Valencia y València és Refugi contará también con la presencia de Caudete Se Mueve, Associació Pel Voluntariat A L´Eliana, PAR Almansa, Asociación Humanista Elda, Dandelion ONG, Crida contra el racisme i el feixisme Elda-Petrer y Federación Española de Asociaciones Pro Derechos Humanos.

“Se conocen los asentamientos de Jaén, se conocen los asentamientos de Valencia, pero el asentamiento de Albacete hasta ahora no se conoce, a pesar de que es de los que en peores condiciones están”

Elena Roncero es portavoz del Colectivo sin Fronteras Albacete, la organización que viene visitando con regularidad los asentamientos, en particular, el que se halla junto a la carretera, junto a una fábrica abandonada cercana donde los temporeros se alojen en tiendas. El colectivo, surgió hace tres años y se marca como objetivo visibilizar un status quo tan asumido que no fue hasta el 2020 que ella, como tantos otros,  tomó conciencia de lo que pasaba en los asentamientos que podía ver desde su coche. Con el confinamiento los temporeros se hicieron visibles —eran de los pocos grupos que tenían permitido salir trabajar—. Las condiciones en las que se les dio alojamiento, hacinados, con pésimas condiciones, y sometidos a hipervigilancia, y las protestas de las propias personas migrantes hicieron que el foco mediático se detuviese por una vez en Albacete. Sin embargo el interés no se sostuvo en el tiempo. “Cuando nos desconfinaron y montaron este campamento improvisado muchísima gente se volcó, llevaron muchas tiendas de campaña, mucha comida, aunque también se dieron muchas conductas racistas y muchos comentarios xenófobos. Después de ese boom, hemos vuelto otra vez al silencio”.

En palabras de Gus Epam, a los temporeros, en los tiempos de la pandemia “se les hizo un cerco policial. Se les permitía ir a trabajar, pero cuando volvían de trabajar no se les permitía ya salir del recinto. Hubo redadas, persecuciones, algo criminal”. Este activista integra el Colectivo de afrodescendientes Uhuru y València és Refugi. Desde su experiencia han acompañado al Colectivo sin Fronteras en sus acciones. Epam, familiarizado con el asentamiento de la Garrocera en Valencia, que describe como un lugar en pésimas condiciones, explica que los de Albacete están peor: “Hay más de 400 personas hacinadas en un espacio sin luz, sin agua, sin baños, donde poder hacer sus necesidades, sin contenedores de basura en la zona”. Epam cree que esta invisibilidad se debe a que el contexto de Albacete es conservador y la sociedad local se implica poco en los derechos de las personas que habitan allí: “Se conocen los asentamientos de Jaén, se conocen los asentamientos de Valencia, pero el asentamiento de Albacete hasta ahora no se conoce, a pesar de que es de los que en peores condiciones están”.

Frente al silencio el Colectivo Sin Fronteras de Albacete ha estado trabajando por poner fin a esta situación de vulneración de derechos, Roncero apunta cómo llevan insistiendo en el Ayuntamiento, asistiendo a seis plenos municipales con sus propuestas para abordar la situación. Explica que el consistorio sacó una ordenanza municipal para regular las condiciones necesarias de alojamiento, no centrada en los asentamientos. “Nosotros presentamos propuestas alternativa. Hemos presentado ya 12 con ejemplos de qué podría hacerse para solucionar el tema. Hemos recabado un montón de información de otros lugares de España donde se ha hecho”, basándose en otras experiencias como la liderada por Asnuci en Huelva, la organización presentó un proyecto tomando en consideración una serie de requisitos: “Lo que los temporeros piden es un espacio donde puedan estar, que puedan pagar, —ellos quieren pagar— y sobre todo donde se puedan cocinar, porque el recurso que ha puesto el Ayuntamiento es donde pueden dormir, ducharse, digamos, pero les dan la comida en otro sitio, ellos no pueden cocinar la comida que quieren, no tienen, digamos, esa libertad que tenemos todos”, reflexiona.

El recurso al que se refiere Roncero es el Seminario, un espacio perteneciente a la Iglesia donde se habilitaron 50 plazas gracias a un acuerdo con el obispado. Una cifra que desde el colectivo se considera insuficiente. Y con todo, creen que esta iniciativa es resultado de la presión ejercida, por ello quieren presionar más.

La activista recalca que el Colectivo no quiere usurpar la voz de las personas afectadas, pero señala también que no resulta fácil que estos denuncien, por su precaria situación. El contacto con los medios les genera temor al estar la mayoría en situación irregular. Sin embargo, se prevé que participan en la acción, algo que celebra pues piensa que les corresponde a ellos la centralidad en esta causa. Por ello, la convocatoria que estaba inicialmente planteada para el sábado se pospuso a hoy domingo 11, que es cuando estos trabajadores libran.

A diferencia de lo que pasa en otros asentamientos, explica Epam, el ayuntamiento no tiene una política de derrumbe de chabolas, “lo que hay es un ninguneo, no han ido a desalojarlos porque se les necesita”. Un poco lo de siempre, mantener a gente en situación irregular o con poco margen de negociación para poder explotarles. “Coger a gente sin papeles y pagarle tres duros en negro y de extranjis y saltarse todos sus derechos”, apunta fulminante.

“No puede ser que nos vengan bien para el campo y para que nuestros empresarios hagan dinerito y tengan mano de obra muy barata, pero que no nos vengan bien para poner las mínimas condiciones de alojamiento que estas personas necesitan”

Los colectivos participantes son conscientes que el fenómeno de los asentamientos no es una situación fácil de revertir como puede observarse en todo el territorio. Por ello, esperan que la implicación de más de una decena de organizaciones, que forman parte de la Federación Española de Asociaciones Pro Derechos Humanos, amplifique la denuncia. Se trata de una Federación asentada sobre todo en Levante que conecta a 15 colectivos.  “Empezamos a unirnos para enviar contenedores de comida a Grecia, ayuda humanitaria en general, ropa, mantas, sábanas, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que efectivamente la unión hace la fuerza y al final acabamos formalizando esta articulación en forma de federación”, explica su portavoz Ester Serra.

Serra subraya que las ONG y asociaciones que componen la Plataforma se centrar en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en su territorio, mientras son organizaciones más grandes las que cubren la parte asistencial o humanitaria en los asentamientos, la activista defiende que esta es una forma, por parte de las administraciones, de escamotear sus obligaciones.  “Bajo mi punto de vista se malgastan muchísimos recursos, muy mal empleados, en lugar de hacer un plan estratégico, funcional, práctico y sobre todo operativo, para que estas personas tengan un recurso habitacional digno por lo menos, porque al fin y al cabo son personas que están viviendo en el Estado español, son personas que están trabajando para el Estado español, que se encargan de cosechar alimentos para la sociedad”.

En esta línea crítica apunta Epam, quien considera que: “No puede ser que nos vengan bien para el campo y para que nuestros empresarios hagan dinerito y tengan mano de obra muy barata, pero que no nos vengan bien para respetar sus derechos humanos y poner las mínimas condiciones de alojamiento que estas personas necesitan”.

Así, en domingo durante la Feria de Albacete, con la participación de activistas provenientes de diversos puntos del Estado, los colectivos pretenden señalar su oposición a un status quo que tiene a cientos de personas excluidas de los derechos más básicos. “Al final lo que estamos pidiendo es que por lo menos se empiece a hablar sobre cómo dar respuesta a esta problemática dialogando con los colectivos”, apunta Roncero, quien urge a que el Ayuntamiento tome en serio sus demandas, y se abra una mesa de trabajo: en definitiva, pasos para que la situación no se perpetúe.