Migración
La batalla por conseguir citas para pedir el asilo

Hasta 500 euros se pueden llegar a pagar para concertar una cita para pedir el asilo en el mercado irregular de compraventa de citas. El sistema electrónico de citas y los teléfonos habilitados continúan colapsados y en muchas provincias la única manera de acceder a un encuentro con la administración pasa por un pago a los intermediarios.

A pesar de algunos esfuerzos, las administraciones no consiguen encauzar la situación, lo que afecta a todo el sistema de asilo en el Estado español y se traduce en la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes que buscan asilo.

Un sistema que no funciona

Las personas que deciden pedir el asilo tienen que solicitar cita previa generalmente a través del sistema electrónico o mediante unos números de teléfono habilitados para tal efecto. Según organizaciones como la Coordinadora de Barrios, en Madrid; o la la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), así como según el testimonio de algunas personas consultadas, ambos sistemas están colapsados. Pedir cita hoy en día supone un calvario: no hay ni días ni horas disponibles en la sede electrónica y los teléfonos habilitados comunican casi siempre.

A raíz de las quejas expresadas por las personas afectadas y algunas organizaciones, en 2023 se habilitaron otros números de teléfonos, pero la iniciativa cayó en saco roto. Ane Ormaetxe, abogada de la Coordinadora de Barrios, asegura que el hecho de que el sistema no funcione resulta “disuasorio”, además de contravenir la legislación vigente en materia de asilo.

Desde hace un tiempo, y también como efecto de las denuncias presentadas, los CAED (Centros de Acogida de Emergencia y Derivación) sí que están facilitando las citas, gracias a la coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio del Interior. “El problema es toda aquella gente que queda fuera del sistema: gente que ya no vive en estos centros y que está en situación de calle”, explica Ormaetxe. “Más allá de la existencia de estas redes, el Gobierno tiene que establecer un sistema accesible para cualquier persona, no solo para aquellas personas que están en un centro, sino para cualquier persona que quiera solicitar protección internacional”, reitera Elena Muñoz, coordinadora estatal de Jurídico de CEAR. En el caso de los y las menores migrantes no acompañados, es el propio centro de menores quien gestiona este procedimiento, lo cual no significa nada porque el sistema para la petición de cita funciona de la misma manera que para las personas adultas.

El hecho de que el sistema no funcione resulta “disuasorio”, además de contravenir la legislación vigente en materia de asilo

“Desde la pandemia, o incluso desde antes, se viene restringiendo el derecho al asilo. Al principio se veían las colas interminables en las comisarías de extranjería. Esas colas empezaron a salir en la prensa. En las fotografías y los vídeos se veían familias enteras con niños y niñas, gente con maletas que acampaba por la noche. De ahí que  se eliminase la posibilidad de hacer este trámite de manera presencial”, explica Ormaetxe.

A pesar de que se han continuado interponiendo quejas al Defensor del Pueblo y a la propia Administración, esta siempre se excusa en la existencia de supuestas ‘mafias’ que colapsan el sistema para luego vender las citas y lucrarse. Sin embargo, nunca ha llegado a haber conocimiento exhaustivo sobre estos grupos. Desde la Coordinadora de Barrios se asegura que, a pesar del relato que da la Administración, no se sabe el alcance real de estos supuestos grupos mafiosos, pero recuerdan que “la obligación” de la Administración es “poner las herramientas necesarias para terminar con este problema”.

Agravio comparativo entre provincias; vulneración de los derechos humanos y de la legislación en materia de asilo

Como la petición de la cita de asilo se organiza por provincias, lo que hacen muchas personas solicitantes es trasladarse a diferentes puntos de la península para probar suerte y hacer el trámite de manera presencial en las comisarías donde esto se puede hacer de esta manera. El problema con este sistema es que una vez corre la voz, la comisaría en cuestión se colapsa. Esto sucedió en Santander, por ejemplo. “Vieron que iba gente de todo el territorio y dejaron de dar citas presenciales”, explican desde la Coordinadora de Barrios. En Melilla, donde también funcionaba el sistema presencial, el problema era que una vez las personas solicitantes iban hasta allí y presentaban la solicitud, a causa del régimen jurídico específico de la ciudad, quedaban atrapadas allí y no podían volver a la península”.

Abdel (nombre ficticio) llegó a España a finales de 2023. Tras un periplo por Mallorca y Valencia, finalmente recaló en Madrid, donde vive en la actualidad. Estuvo meses intentando conseguir que le diesen cita, pero finalmente se fue a Pontevedra a pedirla, porque allí el trámite se puede hacer de manera presencial. Si bien ha podido registrar la solicitud, le han dado cita de formalización (entrevista) para dentro de tres años. “No sé qué voy a hacer. Me han ofrecido trabajos que no puedo aceptar por la situación en la que me encuentro, entonces no puedo hacer nada”, lamenta. Es el mayor de ocho hermanos que continúan viviendo en Mali y que dependen de las remesas.

Tras su visita a Pontevedra, ahora Abdel dispone de un papel en el que su nombre aparece como solicitante de asilo, pero tiene que esperar hasta hacer la entrevista y así poder explicar los motivos por los cuales necesita protección internacional. Será entonces cuando oficialmente empiece su procedimiento.

“Esta dejadez se puede calificar como racismo institucional. Parece que existe un interés manifiesto en mantener la situación así”

El colapso y el retraso en la concesión de las citas de asilo a los y las solicitantes colisiona con la Directiva 2013/32/UE de Procedimientos de Asilo, que establece un plazo de tres a seis días (ampliable a diez) para registrar la solicitud. Tal y como se puede leer en el Informe sobre las personas refugiadas en España y Europa, publicado por CEAR en 2024, los retrasos en este procedimiento también vulneran la Directiva 2013/33/UE de Acogida, que garantiza condiciones mínimas de acogida y derechos básicos desde el momento que una persona expresa su voluntad de solicitar protección internacional. La manifestación de voluntad sirve para aplicar el principio de no devolución. Es un justificante de cita, pero no sirve para trabajar, algo que no se puede hacer pasados seis meses de la formalización de la solicitud. La formalización es cuando se lleva a cabo la entrevista. 

El mal funcionamiento en las otorgación de citas, y por ende el inicio del procedimiento de asilo, retrasa la incorporación de estas personas al mercado laboral, con el perjuicio que esto supone para ellas. “Menos en la provincia de Madrid, donde no hace falta expresar la voluntad de asilo, en el resto de España, el tiempo empieza a correr una vez has hecho la entrevista para la solicitud; no cuando se lleva a cabo la manifestación de voluntad. Una vez hecha esta entrevista, tienes que esperar seis meses para conseguir la autorización para poder trabajar”, explica Ormaetxe.

“Esta dejadez se puede calificar como racismo institucional. Parece que existe un interés manifiesto en mantener la situación así. Nadie se imaginaría que se colapsara el sistema de citas para renovar el DNI”, se queja Redwan Baddouh, miembro de Regularización Ya y estudiante de derecho. Desde la plataforma no se entiende que el Estado esté dificultando el acceso al derecho al asilo. “Es contradictorio con el Gobierno que hay, porque el recorte de derechos es tremendo. Están comprando el relato de la extrema derecha y se está favoreciendo la violencia contra las personas migrantes y su desprotección. No es normal esperar un año para hacer una manifestación de voluntad de asilo y luego esperar otro año para formalizar la solicitud. Esto contraviene las directivas existentes”. Para Redwan Baddouh, esta sería una estrategia por parte del Gobierno para que “la gente se regularice por el procedimiento ordinario, por arraigo. Pero no es lo mismo: los derechos que tiene una persona con protección internacional son diferentes a los de una persona regularizada por vía de arraigo”, explica el joven.

Una iniciativa caída en saco roto

Entre finales de febrero y principios de marzo de 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio del Interior pusieron en marcha un proyecto piloto que consistía en facilitar las citas para formalizar las peticiones de protección internacional, sobre todo a las personas que llegaban a Canarias. Sin embargo, más del 80% de personas que solicitan protección internacional llegan por vía aérea, procedentes de Latinoamérica.

La iniciativa se puso en marcha a raíz de las denuncias constantes de diferentes organizaciones. Fue entonces cuando el Ministerio del Interior dio la orden a las diferentes comisarías provinciales de facilitar sistemas de acceso más convenientes, según la realidad y el contexto de cada provincia. “Pero esto generó mucha disparidad entre provincias”, dice Elena Muñoz, de CEAR. “En algunas provincias se tenía que hacer el procedimiento por teléfono, en otras por email, en otras por sede electrónica y en otras de manera presencial”.

Lo que sí se recalcó desde Interior fue que a las personas en situación de vulnerabilidad hay que darles un tratamiento diferenciado; eso también pasa por un acceso más fácil al procedimiento. “Sin embargo, en algunas provincias se ha hecho y en otras no”, se queja Muñoz. “Incluso las que lo han hecho hay mucha disparidad entre ellas.; porque los criterios para considerar a alguien vulnerable pueden cambiar en función del baremo que manejes. Cada provincia ha establecido sus criterios; pero es que además, estos son cambiantes, no hay nada sistematizado”, recalca.

En algunas provincias la situación ha mejorado levemente, pero continúa siendo crítica. Como describe CEAR en el informe citado, “donde se han habilitado teléfonos para conseguir la cita es prácticamente imposible que atiendan la llamada, ya que las líneas suelen estar saturadas, y si lo hacen, no hay servicio de intérprete durante la llamada, lo que supone un obstáculo insalvable para las personas que no hablan castellano. La cita previa por email también acumula retrasos de unos cinco meses en la respuesta, pero al menos esta vía permite acreditar que se ha solicitado la cita, algo que con la llamada telefónica es imposible. Mientras tanto, aquellas provincias que siguen utilizando la sede electrónica para la gestión de citas seguían adoleciendo de falta de disponibilidad”.

Entre 2023 y 2024 también se llevaron a cabo diferentes operaciones policiales contra las redes que hackean los sistemas de citas para luego revenderlas, pero lo cierto es que el Estado no ha conseguido atajar el problema que supone la existencia de este mercado irregular.

 26.409 solicitudes de asilo en dos meses

Según datos del Ministerio del Interior, del 1 de enero y hasta el 28 de febrero de este año, España ha recibido un total de 26.409 solicitudes de asilo, de las cuales 7.918 se han tramitado en la provincia de Madrid, que es la que más solicitudes recibe. Le sigue la provincia de Barcelona, con 2.042 solicitudes; y Bizkaia con 1.076 solicitudes.

En 2023, España registró la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de su historia. Aquel año se presentaron un total de 163.220 solicitudes, lo que supuso un incremento del 37,3 % respecto a 2022. Tal y como se destaca en CEAR, estas cifras vuelven a situar a España como el tercer país receptor de solicitudes de protección internacional en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania (351.510 solicitudes) y Francia (166.880 solicitudes). Venezuela, Colombia y Perú representan el 78,7% de las solicitudes registradas.

A Flourish chart

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Por último, es importante destacar la falta de transparencia y la ausencia de datos respecto a estos procedimientos. “Como estas personas no están registradas en ningún sitio, no hay datos oficiales”, concluye Ormaetxe, quien asegura que cada vez que han pedido datos al Ministerio del Interior han tenido un “no” como respuesta.