Migración
Cumplir los 18 años en la calle y sin permiso de residencia

“Dormir en la calle es muy peligroso para un chaval como yo”, expresa uno de los jóvenes que ha sufrido el abandono institucional derivado de cumplir la mayoría de edad en València. Bajo el pseudónimo de Abdel, su testimonio narra la historia de un adolescente expulsado del centro de menores en el que la Generalitat Valenciana le acogió cuando tenía 16 años. “Después de haber estado dos años en un centro, todavía no tengo ni pasaporte”, relata. Moha —que también prefiere mantenerse en el anonimato— se encuentra en una situación muy parecida. En su caso, cuando llegó a València, le encerraron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, donde permaneció durante un corto periodo, hasta que las pruebas de determinación de la edad demostraron que era menor y que, por lo tanto, nunca tendría que haber atravesado la puerta del CIE.

Obligados a abandonar los centros de menores en los cuales se les da acogida, estos jóvenes llegan a la edad adulta sin contar con el permiso de residencia. Sin documentación y sin posibilidad de obtener una plaza en los hogares de emancipación, muchos acaban durmiendo en la calle. Recientemente, esta realidad ha sido trasladada por el Defensor del Pueblo, Fernández Marugan, a la Fiscalía General del Estado, a raíz de una denuncia de la Campaña CIEs No de València. En esta, se han llegado a documentar hasta una docena de casos en el País Valencià —dos de ellos correspondían a dos jóvenes que habían sido tutelados en otra comunidad—, aunque las cifras podrían ser muy mayores. El Defensor del Pueblo admitió a trámite todas las denuncias y ha iniciado actuaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en manos de Mònica Oltra (Compromís); con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Menores de València.

El junio de 2020, había un total de 732 plazas de gestión integral para la acogida de menores en el País Valencià

Adrián Vives, portavoz de la Campaña, denuncia que existe “una especie de cuello de botella, y solo algunos de los menores que estaban en un centro pueden conseguir una plaza en los hogares de emancipación”, que funcionan como espacios de transición hacia la autonomía de los jóvenes que llegan a la edad adulta en el País Valencià. Según las cifras de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, órgano dependiente de Igualdad que asume la tutela de la juventud, en junio de 2020 había un total de 732 plazas de gestión integral para la acogida de menores al País Valencià. Sin embargo, en el caso de los hogares de emancipación, esta cifra se reduce de manera considerable, hasta las 122 plazas.

Hoy por hoy, hay 691 menores no acompañados en el territorio valenciano, de los cuales, el 70% tiene 17 años, según datos de Save the Children. Muchos de estos jóvenes se quedan sin plaza y pasan a la lista de espera. Según las trabajadoras sociales con quienes ha contactado La Directa, en varios centros de menores hay menores que cumplen todos los requisitos para acceder a la red de emancipación, pero ante la carencia de plazas, se han quedado sin hogar. También hacen hincapié en los problemas que generan los cambios constantes de centros o territorios, así como en la carencia de recursos, tanto logísticos como en relación con el equipo de trabajo.

Una trabajadora social que prefiere no revelar su identidad afirma: “Los pasan de un centro de recepción a otro, y no llegan a establecer vínculos. Cuando lo hacen, los vuelven a cambiar”. A pesar de la carencia de plazas, son los mismos centros de menores los que tienen que tramitar las solicitudes para los hogares de emancipación. Una suposición que todavía se encuentra muy lejos la realidad. Tal como ha documentado la campaña Cies No, en muchos casos salen del centro sin ninguna solicitud en marcha.

Hoy por hoy, hay 691 menores no acompañados en el territorio valenciano, de los cuales, el 70% tiene 17 años, según datos de Save the Children

En esta línea, Rodrigo Hernández, director de Save The Children en València, critica la falta de coherencia entre el número de plazas de acogida de menores y en los hogares de emancipación, competencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas; así como la carencia de capacidad para detectar los casos más vulnerables. “Si se identifica que este niño o niña, además, ha estado víctima de tráfico o ha huido por motivos ideológicos, culturales o de orientación sexual, por ejemplo, podrían solicitar asilo y el procedimiento de acogida sería diferente”, concluye.

Exclusión social y criminalización

Según el último boletín sobre vulnerabilidad social en el Estado español, publicado por Cruz Roja a finales de 2019, el 10,4% de los jóvenes extutelados está en situación de exclusión social. Además, el 69% de estas adolescentes no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 45,7% están en situación de privación material severa. En cuanto al País Valencià, según el informe Jóvenes extutelados y/o en riesgo social, publicado por Cruz Roja en septiembre de 2020, esta organización atendió durante el año 2019 un total de 399 jóvenes extutelados. De estos, el 81,5% está en el paro y el 84% no recibe ninguna prestación o subsidio.

El abogado Albert Pares, especialista en menores que migran solos, explica que, según la normativa, los centros están obligados a tramitar el permiso de residencia de manera inmediata, pero no lo hacen

El hecho de salir del centro como persona adulta y sin permiso de residencia también comporta la imposibilidad de acceder a otros sistemas de protección. El abogado Albert Pares, especialista en menores que migran solos, explica que, según la normativa, los centros están obligados a tramitar el permiso de residencia de manera inmediata, pero no lo hacen. “Hemos detectado que muchas veces no se tramita”, asegura el letrado y director de la asociación Noves Vies. Pares también lamenta que en los casos en que sí que consiguen el permiso de residencia antes de salir del centro, pueden residir legalmente, pero generalmente no se los autoriza a trabajar.

La otra realidad a la cual se enfrentan los menores no acompañados es la criminalización y el odio contra este colectivo. Los discursos xenófobos dificultan la investigación de un piso o habitación de alquiler que comienzan los jóvenes. “Toda la campaña que se ha hecho contra ellos comporta que cuando van a buscar trabajo o un piso de alquiler, dentro del proceso emancipatorio, se les cierren puertas”, relata Ricard Gozálvez, técnico en un centro de menores de València.

Los jóvenes migrantes solo acceden al sistema de protección por su condición de menores de edad en situación de riesgo social. En un principio, como cualquier otro joven en estas circunstancias, son atendidos en los centros que tienen la función de recepción o primera acogida, donde mayoritariamente la medida que se aprueba es la acogida residencial en un centro. Según explica Elisabet Marco, profesora asociada en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, después de una valoración y diagnóstico de su situación, los derivan al centro o recurso más oportuno. “El modelo implementado a lo largo de estos años ha sido un modelo de atención especializada, generando un circuito segregado”, expone. Y añade: “Lejos de fomentar su inserción social, esta guetización y segregación tampoco contribuye a paliar los discursos de odio y actitudes racistas y xenófobas”. De hecho, hay varios ejemplos de ataques a centros de menores con presencia de jóvenes migrantes, a consecuencia del discurso de odio de la extrema derecha.

Marco ejemplifica esta criminalización con la perversión del término “MENA”, siglas de Menores Extranjeros No Acompañados. “Progresivamente, se ha ido asociando con peligrosidad, amenaza y delincuencia”, relata. Este acrónimo tiene un marco potencial jurídico y hace referencia al acceso de estos niños y niñas al sistema de protección español y a la regulación jurídica que se deriva. Aun así, Marco detalla que es “reduccionista” y que “no permite reflejar nada sobro el proceso migratorio”. “Estamos hablando de niños y niñas que cruzan en solitario las fronteras […]. Tiene una carga estigmatizando, y su uso homogeneiza, cosifica y deshumaniza esta infancia migrante.”

A pesar de que el fenómeno migratorio de menores sin referentes no es nuevo, los últimos años, no en balde, se ha puesto en el foco mediático y en el punto de mira del discurso político. Aun así, no de la manera en la cual se tendría que hacer. Marco explica que se habla a menudo de un colapso de los centros de acogida de menores, todo asociado al fenómeno migratorio. Sin embargo, “no se fomenta un conocimiento de la realidad ni un análisis de las carencias del sistema de protección para hacer frente a la atención de las necesidades de las infancias”, puntualiza. Y matiza: “Predominan las ideas sobre el coste y los gastos que supone la atención de esta infancia migrante”. En este sentido, el fomento de los discursos de odio y las actitudes racistas y xenófobas se nutren de esta construcción social y lo aprovechan para justificar la violencia, alimentando esta idea de criminalidad, delincuencia y amenaza.

Son las doce de la noche de un lunes y Moha dormirá en casa de un amigo. Abdel, en cambio, ha conseguido una plaza en un piso de emancipación hasta el mes de diciembre, después de varias semanas pasando la noche en la calle. Mañana se levantará para asistir al curso de repostería al que ya hace dos años que se apuntó y pudo cumplir un de sus sueños, a pesar de que la organización del curso se lo puso difícil porque no tenía pasaporte.

Las alternativas al modelo clásico de centros existen, con otro tipo de acompañamiento y de vínculos. Las expertas defienden la creación de centros más reducidos y de potenciar los planes de acogida familiar. A pesar de las problemáticas, las trabas burocráticas para renovar la documentación o el tiempo que tardan en encontrar un empleo, los jóvenes continúan estudiando, buscando trabajo y generando redes de apoyo mutuo para sobrevivir.