Opinión
La regularización extraordinaria de migrantes o como la calle le marcó el camino a las instituciones

“La regularización podía hacerse, y se ha hecho. Este avance demuestra algo fundamental: la regularización no solo era necesaria, sino posible y ha sido la presión sostenida del movimiento migrante organizado la que ha conseguido romper años de inacción institucional”. El pasado 26 de enero el movimiento Regularización Ya emitía un comunicado que acababa así. Con el festejaban la medida que se acaba de anunciar: un acuerdo histórico entre los partidos políticos PSOE y Podemos para regularizar de manera extraordinaria a más de 800.000 personas migrantes que ya viven en nuestro país pero que caminan en los márgenes, sin una documentación en regla.

Pero, antes de contar el final de esta historia, hay que empezar por el principio para analizar cómo se ha llegado hasta esta situación. ¿Por qué hay en España más de 700.000 personas sin documentación? La respuesta está en unas políticas migratorias tradicionalmente restrictivas, bajo gobiernos socialistas y gobiernos populares, que han mirado hacia otro lado en cuanto a las consecuencias generadas por sus propias restricciones, mientras las grandes oligarquías exprimían los derechos laborales de las personas que se encuentran en situación irregular, obteniendo mano de obra barata a coste cero. Es así como el racismo institucional ha propulsado una estructura paralela de trabajo clandestino que sostiene actividades tan importantes como el sector primario o el sector de los cuidados. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad desplegaban redadas a la caza de las personas indocumentadas y se construían Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pensados para encerrarlas a la espera de un posible vuelo de deportación.

Este recorrido histórico debe comenzar el 11 de enero del año 2000, cuando se aprobaba la Ley de Extranjería que establece unos requisitos para conseguir residir en España de manera legal. Entre las figuras previstas, está el arraigo laboral, una figura que se convertía en la única alternativa para migrantes del sur global que ya se encontraban en nuestro territorio. El problema: la normativa exigía demostrar tres años de residencia en el país para optar a él.

Con el paso del tiempo, esto ha generado una gran bolsa de personas que habitan en nuestro país pero no pueden trabajar de manera legal hasta pasados tres años o más, ya que otro de los requisitos que se suma a la estancia en el país es conseguir un contrato de trabajo de mínimo un año de duración. Un contrato de trabajo que, especialmente en los tiempos más duros de la crisis económica, era muy complicado encontrar. Según los datos más recientes de Funcas, a 1 de enero de 2025 en España habría 840.000 personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios.

Estas personas, que han estado en un limbo jurídico, han pasado a ocupar puestos en la economía sumergida para poder sobrevivir. Sobre sus espaldas han descansado sectores como la agricultura intensiva o el trabajo doméstico. Así, faenando bajo los plásticos de los invernaderos de Almería o sirviendo como internas en casas adineradas, intentaban alcanzar la ansiada meta de los tres años.

Gobiernos de los dos partidos mayoritarios que se han alternado en el poder durante la democracia han aprobado regularizaciones extraordinarias de personas migrantes

Por otro lado, y de manera puntual, gobiernos de los dos partidos mayoritarios que se han alternado en el poder durante la democracia han aprobado regularizaciones extraordinarias de personas migrantes: Cinco propuestas por el Partido Popular y cuatro por el PSOE. La última fue aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, regularizando la situación de más de medio millón de personas. “Desde 1986 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”, expresaba la ministra de Migraciones, Elma Saiz, la pasada semana al anunciar la nueva regularización extraordinaria. Pero lo cierto es que desde 2005 ningún Gobierno había movido un dedo en ese sentido. Más de veinte años sin responder a la realidad social. Ha tenido que ser la calle la que pusiera este asunto sobre la mesa.

Regularización Ya toma la palabra

Ante este vacío dejado por las instituciones, germinó un movimiento ciudadano antirracista encabezado por las personas migrantes. Con la pandemia como contexto, y una regularización extraordinaria aprobada por el gobiernos portugués, en abril de 2020, el colectivo Regularización Ya, una plataforma donde confluyen más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, comienza a caminar. Lo primero fue enviar una carta al Gobierno que incluía la demanda de una regularización urgente, rubricada por más de 1.200 colectivos, teniendo en cuenta que las personas migrantes ocupan puestos esenciales. Después vino la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) una iniciativa parlamentaria que busca posicionar a la Cámara sobre un asunto o instar al Gobierno a actuar. Esta fue íntegramente redactada por colectivos migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres; y contó con el apoyo de ocho fuerzas políticas. LA PNL fue tumbada por el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra de las derechas y también del PSOE.

Lejos de desfallecer, en julio de 2021 desde Regularización Ya decidieron subir otro escalón más: preparar una Iniciativa Legislativa Popular de regularización masiva (ILP). Estas iniciativas son mecanismos de participación ciudadana que necesitan la firma de más de 500.000 personas para comenzar su andadura en el Congreso. En febrero de 2022 arrancaba la campaña de recogida de firmas de manera simultánea en más de 30 ciudades. La plataforma crecía y, para conseguir las firmas demandadas constituyeron 18 Comités Territoriales que abarcaron todo el Estado español. Un movimiento histórico que alcanzó una envergadura pocas veces vista.

En menos de un año, cuando corría diciembre de 2022, entregaron más de 700.000, superándose con creces las demandadas. Firmas que se toparon con la paralización de los trámites por las elecciones generales de julio de 2023. Pero el movimiento de presión no se detuvo y la ILP pudo seguir su curso con el establecimiento de una nueva legislatura. El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP, primer paso para que la iniciativa comenzara a caminar en las Cortes. Desde entonces, la ausencia de una mayoría de izquierdas en el Congreso ha impedido que prospere.

Es entonces cuando Desde Regularización Ya decidieron cambiar de estrategia. Recordaron a las fuerzas políticas que hay otras vías, amparándose en la última regularización de Zapatero, dictada directamente por el Gobierno mediante Real Decreto, sin pasar por las Cortes y evitando que los partidos de derechas mantuvieran paralizada su aprobación. Es por esto que propusieron a los partidos de izquierdas que apoyan el actual gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez (PSOE), que presionaran para conseguir esa vía. Así lo explica a El Salto, Victoria Canalla, portavoz de Regularización Ya. “Nosotras habíamos convocado a todos los partidos políticos para que remaran para que la ILP se aprobara en el Congreso, pero no contaban con los votos necesarios. El Real Decreto era la mejor medida, por lo que interpelamos a todos los partidos para que presionaran para ello. Podemos nos ofreció la oportunidad de redactar el texto conjunto y hemos conseguido meterlo”, resume Canalla.

Requisitos de la nueva regularización

Desde Regularización Ya celebran que los requisitos establecidos para esta regularización extraordinaria son “garantistas” y están fijados “desde un enfoque de derechos”. La medida está pensada para las personas que han entrado al país antes del 31 de diciembre de 2025. Las y los solicitantes lo único que tendrán que demostrar es que llevan cinco meses viviendo en el país y que carecen de antecedentes penales.

Un ejemplo de esta perspectiva garantista es que para demostrar los cinco meses de estancia en el país no es necesario enseñar el documento que demuestra estar inscrito en el padrón municipal. Simplemente con cualquier prueba documental, tipo factura de envío de dinero en un locutorio o una cita médica, podrán demostrar este requisito. Debido a la crisis habitacional, las personas migrantes en situación irregular no siempre consiguen apuntarse al padrón: para ello necesitan un contrato de alquiler y, en la actualidad no es fácil conseguir este tipo de contratos. En muchas ocasiones, los pisos son compartidos por varias familias y solo una es la titular de este contrato. En otras, son los propios ayuntamientos los que ponen barreras al empadronamiento de personas migrantes en situación irregular.

Tal y como explican desde la organización de abogados Gentium, la aportación del certificado de empadronamiento presenta grandes dificultades para las personas migrantes, especialmente aquellas en situación irregular, quienes a menudo enfrentan obstáculos para encontrar un lugar donde residir o para empadronarse. De hecho, las dificultades para proceder a la inscripción en el padrón municipal han sido cuestionadas por el Tribunal Supremo en su sentencia 1591/2022, de 25 de abril, en la que reitera que el padrón no puede utilizarse como un mecanismo de control de irregularidad de la estancia de personas.

Volviendo a los requisitos, las personas solicitantes deberán de elegir entre uno de estos tres supuestos: haber trabajado o tener contrato de trabajo, permanecer con familia siempre que esté compuesta por hijos escolarizados o mayores en situación de discapacidad que requieran apoyos o encontrarse en una situación de vulnerabilidad, entendiéndose que encontrarse en situación administrativa irregular es una situación de vulnerabilidad. De esta manera, todas las personas que se encuentran sin documentación entrarían en alguno de estos supuestos.

En cuanto a los solicitantes de asilo, una figura de protección que permite a una persona solicitar protección en otro país cuando su vida, libertad o seguridad están amenazadas por persecución o violencia en su lugar de origen, estos podrán optar a la regularización sin renunciar a la solicitud de asilo y sin que se suspenda el proceso.

Quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Los hijos e hijas menores de estas personas obtendrán una autorización de cinco años. Posteriormente “podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva en el sistema”, apuntaba la ministra Elma Saiz, durante la presentación de la medida.

El movimiento marca la agenda

Saiz, al tiempo de que informaba del inicio de los trámites para esta regularización extraordinaria, reconocía que esta iniciativa “retoma el camino marcado por una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso”, que ha permanecido bloqueada durante meses.

“Llegados a este punto, la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal”, concluía.

Mientras la ministra anunciaba la medida, activistas antirracistas festejaban haber llegado a la meta, en una concentración cubierta de júbilo y satisfacción. “Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla con lo que valora la medida más progresista de toda la legislatura del actual gobierno de coalición, y además impulsada por colectivos migrantes.

“Los partidos políticos de izquierdas tienen que aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales"

Desde Regularización Ya destacan que en un contexto internacional de cierre de fronteras y criminalización de las personas migrantes, España se distancia de las políticas de exclusión que avanzan en Europa y en el mundo y apuesta por el reconocimiento administrativo.

“Los partidos políticos de izquierdas tienen que aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales. Hemos sido muy duras con Podemos y Sumar cuando se han olvidado de nosotras”, advierte Canalla, mientras asegura un contundente: “Nosotros vamos a por más”, concluye Canalla.