Minería
Reciclar metales o destrozar montañas: Galicia y La Mancha contra el lobby minero de las tierras raras

Bruselas presiona a los Estados de la UE para elaborar un plan de reservas de minerales en sus territorios mientras agita una lucha social recurrente en los dos únicos lugares donde hay registros y que cuentan con un alto valor ecológico.
Mina cuarzo nordeste Segovia - 14
Manifestación contra el lobby minero en Castilla-La Mancha Álvaro Minguito

En la revolución tecnológica actual, las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos singulares, se han convertido en los artífices invisibles, pero esenciales, de un mundo hiperconectado. Desde la electrónica más indispensable en la vida diaria hasta la generación de energía renovable que impulsa las ciudades, estos minerales desempeñan roles cruciales. En la industria electrónica, forman la base de dispositivos cotidianos como smartphones, computadoras y televisores. Además, son la fuerza magnética detrás de las turbinas eólicas y los motores de vehículos eléctricos. Las tierras raras poseen propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas que las hacen cruciales, aunque su presencia se extiende también a sectores críticos y extremadamente rentables como el militar, donde contribuyen a la fabricación de misiles, radares y sistemas de comunicación. No todo es progreso.

En un contexto de intensa competencia extracomunitaria por los recursos naturales, desde comienzos de año, la Comisión Europea ha establecido el objetivo de que no más del 65% de su consumo anual en cada materia prima estratégica provenga de un solo país externo a la Unión Europea haciendo una referencia explícita a la defensa y el desarrollo aeroespacial. Un objetivo ambicioso como poco: a día de hoy, solo China aporta el 90% de las tierras raras, de galio y de magnesio a Europa. En 2022, generó el 70% de la producción global y el 87% del procesamiento de tierras raras. En el Estado español, apenas existen dos enclaves en los que, según las prospecciones realizadas hasta el momento, parece haber reservas de estos materiales. Uno en la gallega Serra do Galiñeiro (Pontevedra) y el otro en el manchego Campo de Montiel (Ciudad Real). Sobre ambos territorios, el lobby minero y sus brazos políticos ejecutan vuelos recurrentes. En sus sombras, la respuesta social se agita en las proximidades de los territorios afectados y en organizaciones que luchan por una transición ecológica justa. Entre ellas, hace pedagogía el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), que acaba de publicar un informe donde se documentan 28 conflictos socioambientales en la extracción, procesamiento y reciclaje de estos minerales.

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En el mapa, creado en colaboración con Enviromental Justice Atlas del ICTA-UAB, Institute for Policy Studies y CRAAD-OI Madagascar resaltan los desafíos asociados con su extracción, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad y ética de esta industria. Ponen sobre la mesa los antecedentes en los países del sur global de las empresas que hoy pretenden explotar recursos mineros bajo una capa de responsabilidad social y ambiental. Para gobiernos y multinacionales de economías industrializadas, la pregunta central sigue siendo cómo asegurar el suministro de estas materias primas. La pregunta que se proponen desde ODG y las organizaciones ecologistas con campañas de fiscalización minera es cómo hacerlo en el contexto de una transición verde y digital. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ya calcula que, para alcanzar los objetivos de neutralidad climática, la extracción de las tierras raras debería multiplicarse por 10 para 2030. “De hecho, ya ha aumentado más del 85 % entre 2017 y 2020, impulsada principalmente por la demanda de imanes permanentes para la tecnología eólica y los vehículos eléctricos”, ahondan desde ODG.

Las presiones para extraer y procesar las tierras raras aumentan a nivel global. Sin embargo, su extracción se ha vinculado a impactos ambientales más significativos que otros minerales y metales

Las presiones para extraer y procesar las tierras raras aumentan a nivel global. Sin embargo, su extracción se ha vinculado a impactos ambientales más significativos que otros minerales y metales. “Las tierras raras suelen estar presentes en concentraciones muy bajas y combinadas unas con otras; esto significa que la extracción y la separación son costosas, requieren grandes cantidades de energía y agua y generan grandes cantidades de residuos”, desarrollan Mariana Walter (EjAtlas), John Feffer (IPS), Volahery Andriamanantenasoa (CRAAD-OI) y Clàudia Custodio (ODG) en su trabajo. Además, a menudo las tierras raras se encuentran mezcladas con elementos radiactivos y peligrosos como el uranio, el torio y otros metales pesados que presentan graves riesgos para la salud y el medio ambiente. “Los métodos de extracción incluyen la minería a cielo abierto, generalmente con el uso intensivo de agua, la explotación subterránea y la lixiviación in situ”, recuerdan. Aunque las grandes expectativas se centran en el reciclaje de tierras raras, este sigue siendo una fuente marginal: “Menos de un 1%”, documentan. “Reciclar las tierras raras se enfrenta a muchos obstáculos, como su baja concentración en los productos y la dificultad inherente de separar las tierras raras entre ellas. Además, el reciclaje está lejos de ser una industria limpia, puesto que requiere grandes cantidades de energía y genera residuos peligrosos”, aclaran.

Las dudas que plantean son fundamentales. ¿Cómo diseñar procesos que no agraven prácticas injustas e insostenibles ni violen los derechos humanos? ¿Cómo cuestionar y repensar los escenarios de demanda de energía? ¿Cómo darle una vuelta al diseño industrial para alargar la vida útil de los productos, aumentar el reciclaje y disminuir los residuos electrónicos, la generación de residuos y el uso de energía? ¿O cómo desarrollar políticas de transición energética que no vulneren los derechos ambientales, sociales o de participación pública? Y ninguna de las respuestas parece pasar por la hoja de ruta de las multinacionales mineras. Al menos, si se presta atención a su historial y el de todo el sector en los países donde la legislación es más laxa todavía. 

El mapa documenta cómo las cadenas de suministro de tierras raras se están expandiendo rápidamente con un gran coste ambiental y social y rescata algunos de los casos más graves. El más significativo es Bayan Obo, una ciudad industrial minera china que ha extraído y procesado tierras raras, hierro y niobio en la Mongolia Interior desde la década de 1960. Según su trabajo, es el mayor depósito de tierras raras del planeta y en 2019 produjo el 45% de las tierras raras del mundo. “Décadas de explotación han contaminado severamente el suelo y el agua de la zona con metales pesados, flúor y arsénico, envenenando gravemente a los habitantes y los ecosistemas locales. Las actividades de explotación minera industrial a largo plazo han generado grandes cantidades de residuos que contienen tierras raras, así como elementos químicos tóxicos, metales pesados y elementos radiactivos”, argumentan sobre una contaminación constante que afecta a la cuenca del río Huang He, del que depende que casi 200 millones de personas tengan acceso a agua potable, irrigación, pesca e industria.

La extracción y procesamiento de minerales y metales no solo demandan considerables cantidades de agua, sino que también representan una fuente de contaminantes radiactivos peligrosos

Una minería que consume y contamina agua

Desde el monte Galiñeiro observan el rastro que ha dejado la minería china con preocupación. “Este caso se encuentra muy cerca del embalse de Zamáns, que abastece de agua a buena parte de la comarca. Proyectar este tipo de minas donde además se cuentan con concentraciones de un 1% no es sensato. Además de la generación de residuos que para nada son inocuos y el riesgo para las masas de agua potable”, defiende Cristóbal López, activista de Ecoloxistas en Acción que lleva siguiendo el caso desde hace años. “Periódicamente, la Cámara Minera de Galicia lo vuelve a poner sobre la mesa y la prensa, totalmente condicionada por el lobby minero, saca reportajes pagados para tratar de condicionar a la gente”, señala López.

Y es que la extracción y procesamiento de minerales y metales no solo demandan considerables cantidades de agua, poniendo en riesgo el suministro a las comunidades locales donde se explotan, sino que también representa una fuente de contaminantes radiactivos peligrosos. “Estos contaminantes han dejado pasivos ambientales tanto en operaciones antiguas, como Bayan Obo en China o Mountain Pass en Estados Unidos, como en operaciones más recientes, como las de Malasia y Myanmar. La preocupación principal de las comunidades locales se centra en el acceso y la calidad del agua”, recuerdan desde ODG. Citan el ejemplo sueco de Norra Kärr, donde se utilizará ácido sulfúrico para separar las tierras raras de otros minerales y los residuos minerales resultantes se almacenarán en balsas de residuos. Grupos ambientales advierten que tanto los ácidos como los minerales, potencialmente incluyendo uranio y torio, podrían filtrarse en el entorno, en este caso, alcanzando el lago y contaminando el suministro de agua potable para cientos de miles de personas.

Desde el ODG comparten tesis con Ecoloxistas. Las tierras raras suelen presentarse en concentraciones bajas, lo que implica la necesidad de procesar extensas cantidades de minerales para obtener pequeñas cantidades de estos elementos, generando así considerables acumulaciones de residuos: “La mezcla común de tierras raras requiere el uso significativo de energía y materiales para su separación. En muchos casos, estas tierras raras se encuentran en compañía de elementos radiactivos y peligrosos. Por lo tanto, las etapas de extracción, reducción, separación y refinamiento de las tierras raras pueden resultar en la generación de residuos perjudiciales y contaminantes para el agua, el suelo, el aire y la salud humana”. “La solución pasa por el reciclaje de metales, pero ese avance está seriamente marcado por el desinterés de una industria que fundamenta su negocio en la obsolescencia”, remata el portavoz de Ecoloxistas en Acción.

Además de los riesgos medioambientales, las cuatro organizaciones que firman el trabajo colaborativo documentan casos graves de violencia, criminalización y abusos de derechos humanos; impactos sobre la salud de comunidades cercanas y trabajadores; carencias absolutas en los procesos de información y participación pública; impactos sobre ecosistemas frágiles y supuestamente protegidos; y destacan la distribución cada vez más insostenible e injusta de todos estos impactos por las cadenas de suministro globales de tierras raras. 

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