Urbanismo
Habitantes de Sant Vicenç de Montalt, en pie de guerra contra un proyecto urbanístico

Sant Vicenç de Montalt es una pequeña localidad en la comarca del Maresme (provincia de Barcelona) junto al mar, pero que su principal núcleo urbano está situado en la parte alta del municipio, cerca de la montaña. En esta zona se ha mantenido la estructura antigua del pueblo con casas unifamiliares de un máximo de tres plantas. Ahora sus vecinos se han puesto en pie de guerra contra un proyecto urbanístico que se quiere construir a la entrada del núcleo urbano que, consideran, no respeta la normativa vigente.

En concreto, este se prevé realizar en unos terrenos que se encuentran entre las calles Montalnou, Xaloc y Toni Sors, que pertenecen desde  1986 a la promotora Inbreco, una microempresa destinada a actividades inmobiliarias. Actualmente, el suelo, cuya superficie es de 5.466 m2, es de uso industrial. En él conviven conviven dos naves que albergan una lavandería industrial, una empresa de artículos promocionales, un gimnasio de Crossfit, un rin de Tai box, así como un espacio lúdico infantil, es decir, una zona recreativa para niños.

Sant Vicenç de Montalt no tiene un Plan de Ordenación Urbanística del Municipio (POUM) vigente, ya que se aprobó uno el 12 de mayo de 2011, pero fue declarado nulo por orden judicial porque no cumplía con la tramitación ambiental. Por eso, hasta que no entre en vigencia un nuevo POUM, en el municipio rigen las Normas Subsidiarias (NNSS), una normativa del 1986.

Ahora bien, el pasado 27 de febrero el consistorio, con la única abstención del partido Som-hi Primàries, aprobó en un pleno municipal la modificación puntual de las NNSS para dar paso a la recalificación de los terrenos con otro tipo de usos como el residencial. Además, se destinará 1.640 metros cuadrados para el comercial donde también se incluirán: comercial-concentrado (que da pie a crear hipermercados), oficinas, sanitario-asistencial, educativo, recreativo, deportivo, socio-cultural y de garajes.

Así pues, tal como se describe en el texto de modificación de las NNSS, publicado en el web, se prevé que esta edificación sea plurifamiliar e incluya 55 pisos. Estos se repartirán en dos islas con un jardín en medio y que, en su parte inferior, se habilitará un centro comercial que podrá tener desde grandes supermercados hasta oficinas o espacios recreativos, lúdicos, deportivos, entre otros. Además, contará con un parquin subterráneo de dos plantas.

Una edificación que, según un grupo de vecinos que han creado la plataforma Stop Enganys SVM, no respeta la normativa local. En la parte inferior del municipio, argumentan, cerca de la playa, sí que se encuentran edificios de pisos, pero no es una edificación característica de la parte superior de la localidad donde se preserva la esencia de un municipio del mediterráneo con casas unifamiliares de color blanco y hasta con algunas calles empedradas.

Hasta ahora, la normativa local contemplaba que no se pueda ocupar más allá del 60% de una parcela, así como que la altura máxima de un vivienda no puede superar  los 6,5 metros. Sin embargo, a raíz de lo acordado en el pleno del 27 de febrero, se permite que la nueva alcance los 14,1 metros de altura, una medida que duplica la permitida hasta entonces.

Los vecinos consideran que esta decisión no solo va en contra de la normativa actual, sino que también perjudicará el paisaje de la zona, caracterizado por casas unifamiliares de tres plantas. Además, temen que pueda comportar graves pérdidas para el tejido comercial del pueblo, que no podrán competir contra la presencia de grandes supermercados.

Más allá de eso, también temen por el impacto ambiental que pueda acarrear una infraestructura de estas características, pese que en el documento de modificación de la NNSS asegura que será nulo. “Será un movimiento continuo de coches que vendrán al hipermercado”, manifiesta una fuente vecinal que ha preferido preservar el anonimato.

Otra de las preocupaciones del grupo de vecinos, que se recoge en un texto de alegaciones presentado al ayuntamiento y el cual han firmado más 200 personas, es que se triplicará la densidad de población en la zona. Actualmente, esta es de cerca de 35,5 viviendas por hectárea (v/ha), mientras que con la finca se estima que se incrementará hasta los 100,62 v/ha. 

Pisos de protección oficial

El argumento principal para llevar a cabo esta construcción es una posible escasez de vivienda de cara el futuro. El consistorio prevé aprobar un POUM que tenga una vigencia de 12 años, es decir, del 2020 al 2032. En este sentido, en el documento de modificación temporal del NNSS, se explica que, para ese entonces, se prevé que la población de la localidad aumente alrededor del 9% pasando de los 6.441 domicilios actuales a los 7.143.

Por este motivo, se estima que se requerirán 392 viviendas para acoger a los nuevos habitantes. La intención es que, de estos, poco más de un 28,%, 109 viviendas, se destinen a los colectivos con mayores dificultades económicas como los jóvenes entre 18 y 35 años que representan el 12% de la población o los ancianos.

Una voluntad a la cual se quiere empezar a dar respuesta con el nuevo proyecto, en un municipio con escasa vivienda protegida. De hecho, no se construye ninguna desde 1994 cuando se realizó una promoción de 24 domicilios. Por ello, de las 55 viviendas que tendrá la nueva finca, un 30% se destinará a este fin.

Una obligación que ya recogía en marzo del 2019 en el web del ayuntamiento, donde se matiza que las nuevas construcciones deberán ir acompañadas de un 30% de protección oficial. Al detalle, en el caso del nuevo proyecto, un 20% serán de protección oficial y un 10% concertados, según la propuesta presentada en el pleno del 27 de febrero por el Ayuntamiento donde gobiernan en coalición el Partido Socialista de Catalunya (PSC), Ciudadanos, la CUP y un grupo local 9 Sant Vicenç.

Ese día, Robert Subirón, portavoz del Partido Socialista de Catalunya (PSC), primer teniente alcalde y regidor de Obras y Servicios recalcó que la nueva edificación permitirá “la generación de vivienda protegida, de acceso asequible a un mayor número de ciudadanos del municipio y con especial atención a las familias más vulnerables”.

No obstante, el grupo de vecinos que se oponen a la iniciativa remarcan que no están en contra de la vivienda de protección oficial. “No queremos que nos engañen y nos lo cuenten como un proyecto de protección oficial, cuando no lo es”, resalta en la web que han creado para denunciar el proyecto. En este sentido, ponen de relieve que solo diez viviendas se destinará a protección oficial, ya que un 10% será para promoción concertada, cuyo precio será parecido al del mercado regular. 

Acorde a los precios estipulados por la Generalitat de Cataluña, los pisos de protección oficial de obra nueva en régimen especial (para personas con más dificultades económicas) tienen un coste de 1.705,5 €/m2 en la zona A, donde se encuentra Sant Vicenç de Montalt. En cambio, los de régimen general 1.940,48 € y en el caso de los concertados supera los 3.000. Un precio que, según una fuente vecinal, muy cercano al del mercado. De hecho, acorde al informe de la web Idealista sería hasta superior, ya que sitúa el precio de venta del metro cuadrado cerca de 2.600 €/m2 en el municipio.

Por otro lado, la fuente vecinal recuerda que la última vez que se elaboró un proyecto de protección oficial en el pueblo se construyeron casas y no pisos, por lo que como se resalta en la web: “Hay muchas formas de ofrecer vivienda protegida sin tener que sacrificar la calidad de vida que tenemos en el pueblo”.

Por todo ello, desde Stop Enganys SVM quieren que se pare este proyecto u otros parecidos para evitar que el pueblo “crezca desmesuradamente y sin respetar las normas urbanísticas”, apuntan en el web. “Queremos que se consulte a los vecinos para construir algo que sea bueno para el pueblo”, destacan a este blog desde la plataforma.  

Siguientes pasos

La modificación puntual de la NNSS se aprobó por mayoría absoluta en el pleno del 27 de febrero de este año, pero con el Covid-19 se ha ido diluyendo en el tiempo su implementación. Por ello, el período para presentar alegaciones se terminó a principios de julio. Entre las que se entregaron se encuentran las de Stop Enganys SVM, que durante tres días busco respaldo entre los locales y consiguió que la firma de más de 200 personas.

En este momento, el ayuntamiento las está estudiando y tiene que responder en los próximos días, antes que finalice este mes.

Una vez se apruebe definitivamente el proyecto por parte del departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña, la empresa tendrá un período de seis meses para iniciar las obras. Finalmente, una vez haya puesto la primera piedra deberá terminar la construcción de la finca en un año y medio.