Montajes policiales
El juez absuelve a los acusados del 2F y les anima a denunciar a la policía por falso testimonio

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Valladolid ha absuelto a los manifestantes acusados de agredir a la agentes de la policía tras la Convención Nacional del PP celebrada en la capital vallisoletana el 2 de febrero de 2014. Asimismo, el juez ha animado a los acusados a interponer querella contra los policías por falso testimonio.

Los hechos se enmarcan dentro de lo la denominada causa 2F, instruida por los hechos ocurridos el 2 de febrero de 2014. Ese día, un grupo de personas se concentró en las inmediaciones del restaurante en el que comían los altos cargos del PP y del Gobierno que habían participado en la Convención Nacional del partido para reprocharles su política laboral y de recorte de gastos sociales, así como los casos de corrupción.

Pese a lo pacífico de la protesta, los agentes antidisturbios cargaron, causando heridas a varias personas, así como diversas fracturas, hematomas, traumas y daños cervicales. Una mujer de 56 años, miembro de la plataforma Stop Desahucios, resultó la herida más grave al sufrir un ictus y un derrame cerebral. Fue hospitalizada en una planta de la que fueron desalojados otros pacientes y vigilada por miembros de la Policía Nacional.

Asimismo, fueron detenidas —y posteriormente multadas por “negarse a ser identificados”, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana— tres personas acusadas de agredir a los policías.

A raíz de este suceso se creó una Asamblea de Apoyo a los Afectados del 2F y se convocaron varias manifestaciones por las calles vallisoletanas, que reunieron a miles de personas en protesta por los hechos, reclamando el castigo de los policías agresores, la libertad de los detenidos y la dimisión del responsable político de los hechos, el entonces subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, que actualmente es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid.

Martínez Bermejo negó que se hubiera producido la carga policial, trató de desligar las dolencias de la mujer hospitalizada de cualquier actuación policial, que según él se limitó a tratar de identificar a los congregados, y calificó de violentas a las personas agredidas.

DOS CAUSAS JUDICIALES CONTRARIAS ABIERTAS 

Desde entonces se desarrollaron dos causas judiciales paralelas. Por un lado, la de los manifestantes heridos contra varios agentes responsables de la carga, pertenecientes a la VII Unidad de Intervención Policial, y, por otro, la de la policía contra los detenidos, a los que acusaban de los delitos de resistencia, amenazas, desobediencia y atentado a la autoridad y lesiones a tres miembros de la Policía Nacional. Ambas causas han ido trascurriendo de forma favorable para los manifestantes. 

La que se formuló contra ellos tuvo un primer paso el 15 de diciembre de 2015, cuando el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Valladolid anuló las multas que les fueron impuestas a los tres detenidos, cuyo importe tuvo que ser devuelto con intereses, al apreciar el juez que se había producido falta de motivación de vigilancia de la prueba propuesta, indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva, del principio de presunción de inocencia y del derecho fundamental de reunión y manifestación.

La sentencia indicaba que no se aprecia que los hechos fuesen susceptibles de provocar reacciones en el público que alterasen o pudieran alterar la seguridad ciudadana, por lo que declaró nula la causa por no ajustarse a derecho la resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León de sancionar económicamente a los acusados, condenando además a la administración a asumir las costas.

Esta causa culmina ahora con la absolución de los acusados, al apreciar el juez que los testigos y el material fotográfico y videográfico desmienten que agredieran a los policías, hasta el punto de que el propio juez interrumpió el juicio porque las pruebas eran contundentes y no necesitaba escuchar al resto de testigos para pronunciarse, contando con la anuencia de la propia Fiscalía (que renunció a formular acusación ante la falta de pruebas), por lo que dictó sentencia absolutoria in situ, indicando que la versión policial “responde muy poco a lo ocurrido” según la pruebas gráficas donde “se ve a agentes de la policía dando patadas y no al revés”.

Por ello recordó además a los acusados derecho a solicitar acciones legales contra los agentes por falso testimonio.

El material gráfico demuestra que la actuación policial fue desmesurada y fuera de protocolo, ya que llos agentes procedieron a disolver a golpes a los concentrados sin antes requerirles la documentación ni solicitarles su disolución, y sin mediar provocación, hasta el punto de que el juez tuvo que advertir a uno de los policías declarantes que estaba bajo juramento de veracidad y el video demostraba lo contrario a lo que estaba declarando.

ACTUACIÓN VIOLENTA Y PRESUNTO FALSO TESTIMONIO

La otra causa, la que se sigue contra los policías por agresión a los concentrados, está siendo una carrera de obstáculos. Primero se encontró trabas impuestas que dificultaban la identificación judicial de los policías autores de las agresiones, pese a que las imágenes eran claras. Una vez identificados, uno de ellos fue trasladado a Afganistán.

Con posterioridad el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid decidió archivar el caso desestimando la demanda por considerar que “no hay indicios de que su actuación haya sido desproporcionada y fuera de la legalidad”. Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, algo que el tribunal no aceptó. Por ello, los agredidos recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo ha admitido a trámite.

Además, atendiendo al consejo del juez que ha absuelto a los manifestantes, estos se plantean  interponer una querella por falso testimonio contra los policías, algo que, según señalan, decidirán en los próximos días.

Con motivo de este juicio, el pasado viernes día 20 tuvo lugar una manifestación en Valladolid, convocada por la Asamblea de Apoyo a los Afectados del 2F, que finalizó en el lugar donde tuvieron lugar los hechos: la puerta del restaurante La Parrilla de San Lorenzo.

Al término de la cual se leyó un comunicado en el que se indicaba que “se ha demostrado en sede judicial lo que venimos explicando desde hace tiempo con abundante material gráfico: el día 2 de febrero de 2014 se produjo una carga policial contra manifestantes en una actitud plenamente pacífica y que no hubo lesiones ni atentado contra la autoridad; las acusaciones vertidas sobre las personas que fueron detenidas y juzgadas corresponden a una burda maniobra policial para distraer la atención sobre una actuación que dejó una decena de personas heridas de diversa consideración y que supuso uno de los casos más duros que recuerda Valladolid en las últimas décadas”.

Este comunicado incluyó un “recuerdo para todas las personas encausadas y procesadas en diferentes montajes como este”, citando expresamente a “los sindicalistas riojanos detenidos por la huelga del 14 de noviembre de 2012, al fotoperiodista Boro, de La Haine, por cubrir la manifestación Jaque al Rey en 2014, o los jóvenes de Alsasua acusados de terrorismo”.