Movimientos sociales
A juicio La Bankarrota: de sucursal de Bankia a centro neurálgico de los movimientos sociales de Moratalaz

Los propietarios del local, un fondo de inversión que ha efectuado numerosos desahucios en Madrid, quieren arrebatar a diferentes movimientos sociales su lugar de reunión y organización, y advierten de que “aparecerá algo parecido” en el caso de que el proceso judicial desemboque en un desalojo.
Bankarrota
CPK La Bankarrota, espacio okupado, antigua sucursal de Bankia, en Moratalaz. No CC. Eliezer Sánchez

El local sito en la calle Encomienda de Palacios 46 jamás ha tenido tanto uso para el vecindario como en estos últimos seis años. Ubicado en el barrio de Moratalaz, en Madrid, en él se han celebrado asambleas, organizado manifestaciones y reunido colectivos sociales con diferentes luchas que librar. También ha servido como lugar de ocio para una juventud que se resiste a la proliferación de las casas de apuestas y el consumo desmedido que asola barrios humildes, populares, obreros como este. Antes, una sucursal de Bankia; en unos días, pasto de la especulación. La Bankarrota, el espacio de reunión de colectivos como Distrito-14 y Moratalaz Despierta, vuelve a estar en entredicho: el próximo 18 de febrero se celebrará el juicio sobre su propiedad. Lo más seguro es que el local vuelva a manos de sus legales propietarios, un fondo de inversión conocido en la capital por ejecutar numerosos desahucios, tal y como denuncian desde los colectivos.

Aquel 20 de febrero lo consiguieron. Lograron recuperar un espacio inutilizado en el barrio y convertirlo en punto de encuentro para el mismo. Desde luego, no ha sido un camino de rosas desde 2015. Un procedimiento judicial penal que expiró por motivo de plazos mediante, los colectivos han podido seguir desempeñando sus funciones en La Bankarrota hasta que la Compañía General de Inversiones Arguijo S.L. se hizo con el inmueble. Ahora, esta empresa demanda su devolución mediante un desahucio por precario, el procedimiento judicial elegido por la parte denunciante. “Digamos que el desahucio por precario, más que buscar una responsabilidad y un castigo como sí sucede en un procedimiento penal, lo que intenta lograr es únicamente el recobro de la posesión”, comienza a explicar Karim Benamar, el abogado del caso.

A pesar de que el fondo de inversión intentó efectuar el desahucio por la vía urgente, finalmente lo único que consiguieron es que una activista se personara en el caso

A pesar de que el fondo de inversión intentó efectuar el desahucio por la vía urgente, finalmente lo único que consiguieron es que una activista se personara en el caso: “Aceptaron la vía urgente cuando solo es posible hacerlo para el desalojo de viviendas y siempre y cuando el propietario sea una persona física. No sé por qué no se lo denegaron, porque no cumplen ninguno de los dos requisitos”, comenta al respecto el letrado. Al fin y al cabo, la parte demandante decidió llevar el caso por la vía civil, “así que solicitan el desalojo y la condena en costas, aunque a la persona que irá a juicio no la van a poder embargar nada”, agrega Benamar.

Una pérdida para el vecindario

En efecto, la militante que irá a juicio el próximo 18 de febrero no tiene ni recursos económicos ni propiedades a su nombre. Ella empezó a militar en Moratalaz Despierta hace dos años y, cuando hubo que elegir a alguien que se personara para frenar el desalojo exprés, se ofreció voluntaria. La demandada, que tiene 23 años, estudia fotografía, trabaja como secretaria en un hospital público de Madrid y prefiere mantenerse en el anonimato. Afirma que es una situación muy tensa, pese a la seguridad que le da el apoyo de los diferentes colectivos y compañeros que la arropan. “No será una experiencia agradable y aunque yo estoy convencida de lo que pienso, que estamos en nuestro derecho de okupar, tener que defenderlo ante gente que me puede ver como una criminal no va a ser fácil. Y también está el miedo a perderlo, porque La Bankarrota significa mucho para el barrio”, en términos de la activista.

“La gente no politizada del barrio tampoco entiende el desalojo, porque si lo que interesa es proteger al vecindario, que me expliquen cómo ganas algo de eso arrebatando un espacio popular que permite que se socialice entre iguales”

Esta vecina de Moratalaz asevera que “es muy importante que haya espacios okupados en los barrios que se salgan de la lógica capitalista y no persigan el lucro, que estén abiertos para la gente”. Así pues, aunque las consecuencias del juicio seguramente no vayan más allá de perder el local, sin castigo a nivel penal, el vecindario sí que notará la pérdida: “La gente no politizada del barrio tampoco entiende el desalojo, porque si lo que interesa es proteger a la ciudadanía y al vecindario, que me expliquen cómo ganas algo de eso arrebatando un espacio popular que permite que se socialice entre iguales y se construyan iniciativas propias”, comenta al respecto la militante de la organización anticapitalista.

Clave para la organización del barrio

Distrito-14 es otro de los colectivos que más uso han hecho de La Bankarrota. Adrián, un militante de la organización juvenil, habla así sobre el fondo de inversión que ahora les lleva a juicio: “A Arguijo lo conocemos bien. Es un fondo buitre que ya efectuó los desahucios de la calle Argumosa, en Lavapiés, allá por febrero de 2019, y en los que dos activistas de nuestro colectivo fueron detenidos. Son de los fondos de inversión más agresivos a la hora de desahuciar a familias sin recursos, tal y como hemos comprobado yendo a diversas convocatorias de la PAH”.

Centros sociales
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En el caso concreto de esta organización, el local okupado les ayudaba a tener un sitio en el que reunirse y organizarse: “Lo hemos utilizado como centro de trabajo, especialmente para realizar asambleas y pancartas, y esto no es fácil de conseguir. Desde luego, tener a mano un lugar así es lo mejor para cualquier colectivo”. Y efectivamente, Distrito-14 ha ganado muchos más activistas desde que han podido incrementar sus acciones y campañas, “pero no solo hemos organizado ahí a la juventud de nuestro barrio, sino que también ha sido el punto de reunión de muchas coordinadoras, como la que se opone a las casas de apuestas”, puntualiza el joven antifascista de 20 años.

“A Arguijo lo conocemos bien. Es un fondo buitre que ya efectuó los desahucios de la calle Argumosa, en Lavapiés, allá por febrero de 2019. Son de los fondos de inversión más agresivos a la hora de desahuciar a familias sin recursos”

La Bankarrota ha albergado multitud de debates en torno a la realidad social y política del país, como lo atestigua el hecho de que en ella se impulsara “Madrid para todas”. Del mismo modo, el local también ha sido aprovechado para la autofinanciación de diversos colectivos que a través de fiestas populares han podido conseguir pagar multas a las “represaliadas por múltiples motivos”, tal y como afirma Adrián. Si se pone la vista en el medio plazo, desde Distrito-14 afirman que aún no han pensado cómo será devuelto el espacio, por lo que no pueden asegurar si opondrán algún tipo de resistencia ciudadana. Eso sí, advierten de que “Arguijo no va a quedar impune por el desalojo ni por los cientos de desahucios que ejecuta en Madrid”.

Gentrificar y especular

Al fin y al cabo, lo que sucede en la okupa de Moratalaz “responde a un proceso de gentrificación de los barrios obreros y de la ciudad de Madrid en general, y esta señal de desalojo por parte de Arguijo es un paso más para arrebatarnos las propiedades que dan vida a las zonas más humildes. Realmente, lo que hemos aprendido de ellos es que lo único que hacen es comprar viviendas con gente ocupándola o con rentas de alquiler a punto de expirar para especular con esas casas y la propiedad privada”, determina el militante anticapitalista justo después de responder que, si finalmente pierden La Bankarrota, “aparecerá algo parecido en un tiempo”.

Benamar, el abogado del caso, concluye que lo único que se puede hacer por vía judicial es alargar lo máximo el procedimiento de desalojo y con ello la okupación, pero en cuanto el fondo de inversión demuestre que la propiedad les pertenece y los activistas no puedan acreditar su postura mediante un título válido, se ordenará la ejecución de la expulsión.

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#82631
15/2/2021 18:50

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