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Florentino Pérez roba un río en Guatemala

Para que se hagan una idea de las dimensiones, el Cahabón tiene de media un caudal de 164,2 m³/s, la misma que el Guadalquivir a su paso por Sevilla. El Cahabón abastece de agua para la agricultura, uso doméstico y supervivencia general a cientos de miles de personas en todo su recorrido.

Como parte del proyecto, la constructora ACS/Cobra, presidida por Florentino Pérez, ha entubado el 80% del río en ese tramo. Simplemente ya no está. Desapareció. Y el 20% restante corre entre dos muros de cemento. La gente de las comunidades afectadas, unas 50.000 personas, en su gran mayoría indígenas maya quekchí, tienen que pasar un control de seguridad, a modo de checkpoint, para tomar agua. Si es que lo pasan, claro, porque lo llevan crudo quienes se opusieron a la construcción.

“Como solo un 5% de los hogares tiene agua corriente, la supervivencia se está haciendo muy complicada”, cuenta Vladimir Soto, abogado del colectivo Madre Selva, que vertebra la oposición a este proyecto y que ha venido a España invitado por la ONG Perifèries como parte de la campaña “La tierra para quien la defiende”.

Derecho a decidir

Soto explica que ACS/Cobra no es concesionaria de la obra, sino que está subcontratada. “Pero aún así está obligada a cerciorarse de que se está cumpliendo con todos los procedimientos legales correspondientes y el debido respeto a los derechos humanos”, explica el abogado. Y el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a las comunidades indígenas afectadas, tiene rango constitucional en Guatemala. “Ya solo con eso son ilegales los cinco proyectos. Aparte, el ministerio no tiene capacidad para verificar que lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental es correcto”.

¿Saben el dicho de “como un elefante en una cristalería”? Así más o menos es el impacto ambiental y social de la empresa del presidente del Real Madrid en el departamento de Alta Verapaz. A la deforestación, contaminación y repercusión —obvia— de la desaparición de 30 kilómetros de río en la fauna y la vegetación, le añadimos el hecho de que el río Cahabón tiene un carácter sagrado para el pueblo quekchí. Para colmo, las crecidas artificiales del caudal han afectado ya en un par de ocasiones a las pozas naturales de Semuc Champey, que están río abajo y que es el tercer destino turístico del país. Al proyecto lo han bautizado como Renace, pero “aquí muere todo”, sentencia Soto.

Por estos motivos, las comunidades reclaman su derecho a la consulta, poder votar, decir “no” y que se devuelva al estado natural del río. Con la oposición a las hidroeléctricas como principal demanda, en 2015 hubo una gran movilización, en la que se unieron las comunidades de los municipios vecinos de Cahabón y de San Pedro de Carchá, de población quekchí y todas afectadas por represas. Porque, aunque parezca mentira hay dos represas más en el río Oxec, un ramal del río Cahabón.

“Uno de los problemas es que al principio en las reuniones informativas de la hidroeléctrica Oxec solo había hombres, pero poco a poco se ven más mujeres en las marchas. A ellas es a las que les toca caminar más kilómetros hasta donde está el río para llevar los jarros con agua. Eso no lo hacen los hombres”, cuenta el abogado.

Después de que la Corte Suprema de Justicia reconociera el derecho a consulta, pero que la Corte de Constitucionalidad permitiera que continuaran los proyectos, las comunidades decidieron votar por su cuenta. No es algo tan raro. En Guatemala en las últimas décadas se han llevado a cabo decenas de consultas de buena fe, gracias a las que se han conseguido frenar varios megaproyectos de estas características. En la votación del 27 de agosto en el municipio de Santa María de Cahabón se obtuvo 27.000 votos en contra de las hidroeléctricas y 20 a favor. El Estado —oh, sorpresa— no la reconoció.

“Ahora matarlos se ve mal”

Vladimir Soto nos cuenta todo esto, pero no era él quien nos lo iba a contar. “A Julio González, que era quien venía a España, le impidieron salir del país, le hicieron efectiva una orden de arraigo por una deuda de una tarjeta de crédito. Da risa, porque él no tiene tarjeta de crédito”, explica. “Eso es lo que hacen ahora, inventarse delitos. Cuando hay un defensor de derechos le inician un proceso penal, le liberan una orden de captura y lo meten preso”, añade.

Cuenta Soto el caso de Ana Rutilia Ical, líder comunitaria que interpuso la acción de amparo del proyecto de la constructora de Florentino Pérez. “Nada más presentarlo le cayó una denuncia por robo, que se ha demostrado inventada. Y están pidiendo a la universidad donde trabaja que la despidan”, expone.

“Hace 20 años lo que hacían era matar a las personas, era más fácil. Ahora les abren procesos penales, porque matarlos se ve mal, y los pueden convertir en mártires, ahí está el caso de Berta Cáceres”, se lamenta el abogado. Aun así, en el año 2016, 14 personas fueron asesinadas y 223 agredidas por defender el medio ambiente, según denuncia la ONG Alianza por la Solidaridad.

Podría parecer exagerado lo de que “matarlos ahora se ve mal”, pero ojo, que estamos hablando de Guatemala. Y estamos hablando de población indígena, víctima de un genocidio. El motivo último de las masacres de los años 80 era el saqueo del territorio. Los acuerdos de paz trajeron bajo el brazo un paquete de leyes para privatizar el sector de la energía, junto con muchos otros servicios públicos. Según señala la ONG Perifèries, previamente a los acuerdos, de 1996, los altos cargos militares habían arreglado todo para poder distribuir esas concesiones entre las oligarquía guatemalteca afín a los gobiernos militares. Y, entre esas concesiones, está la del río Cahabón, de 1991.

Desarrollo o cómo evitar que te hagan la 13-14

Sólo el 37% de los hogares del municipio de San Pedro de Carchá tenía acceso a suministro eléctrico en 2015. Quién algo quiere, algo le cuesta, podrían pensar ustedes. ¿No será cuestión de plegarse un poco frente a las hidroeléctricas y entrar en eso que llaman “desarrollo”? Vladimir Soto se ríe: “¿Desarrollo para quién? Ahí únicamente hay desarrollo para los empresarios de las hidroeléctricas que generan energía, la venden y además tienen una exención del 100%, no pagan ningún impuesto. Las comunidades no van a recibir ni luz ni ningún tipo de programas de compensación ni nada”.

Pero el abogado matiza: “no podemos oponernos sin dar una propuesta, que es la construcción de hidroeléctricas comunitarias por autogestión, son micro proyectos que generan energía eléctrica para la comunidad y ellos gestionan los cobros, las reparaciones, todo. Ya vamos por la tercera micro central, para autoconsumo. Queremos conseguir la soberanía energética y estamos viendo programas de soberanía alimentaria”.

¿Miles de nuevos culés?

No, Soto reconoce que no. Que en las comunidades el fútbol es sagrado y, aunque Florentino Pérez no es, digamos, la persona más popular de la zona, se sigue al Real Madrid casi, casi como antes. En donde se puede, allá donde hay algún bar o donde hay alguna vivienda donde sí que hay electricidad, allí se ve el fútbol.

“Hubo una marcha frente a la embajada de España en Guatemala y se tenía la idea de quemar cinco camisolas del Real Madrid. Las compramos, las llevamos y solo pudimos quemar tres, ¡porque las otras dos a saber quién se las llevó! Se pusieron en el suelo, prendió una, prendió otra, prendió la tercera y… Ahí hay una contradicción”, se queja el abogado. Recuerda el caso de un alcalde guatemalteco que se presentó a las elecciones con la bandera del Barça, y ganó. “Así está el fútbol allá, aunque algunos sí que han renegado del Madrid”, afirma.

El jueves 2 de noviembre, en nombre de Madre Selva, Vladimir Soto irá a entregarle 25.000 firmas a la sede de ACS/Cobra a Florentino Pérez, con la petición de que devuelva el río que ha robado, que respete los derechos de los pueblos indígenas y, ya de paso, deje de causarle tantas contradicciones a la hinchada madridista quekchí que vive en las comunidades de Alta Verapaz.