Ocupación israelí
De Granada a Gaza: la UE y el enterramiento del derecho internacional

Las referencias de los mandatarios de la Unión Europea al cumplimiento del derecho internacional y a la tradición de los “valores europeos”, con un genocidio en curso en Palestina, se han vuelto papel mojado.
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen junto a Meloni en Lampedusa el 17 de septiembre. Foto: Governo.it

“Sentar las bases del futuro de Europa”. La cumbre de Granada, punto culminante de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, estaba llamada a redefinir las prioridades estratégicas del continente. Con las reuniones de la Comunidad Política Europea y del Consejo Europeo, los días 5 y 6 de octubre, los Estados miembros pretendían “intensificar la colaboración con socios de todas las regiones del mundo para proteger y mejorar el orden internacional basado en normas con las Naciones Unidas como eje central”. Pero el llamamiento al multilateralismo de la declaración conjunta quedó obsoleto al día siguiente. Cualquier referencia de los mandatarios de la Unión al derecho internacional y a los “valores europeos”, con un genocidio en curso en Palestina, se volvió papel mojado. Porque la UE no ha estado mirando para otro lado mientras Israel bombardeaba y sitiaba Gaza, sino que ha apoyado los crímenes de guerra.

La cumbre de Granada demostró que el reposicionamiento estratégico de la Unión Europea se articula sobre tres ejes: control de fronteras, militarización, extractivismo. Mientras los mandatarios europeos se juntaban en la Alhambra, el foco mediático se centró en los dos primeros: el desbloqueo del pacto migratorio y la posible entrada de Ucrania en la UE —de la mano de una ampliación hacia el Este de Europa— monopolizaron los debates y titulares de prensa. La urgencia por garantizar el acceso a los recursos materiales y energéticos que mueven el motor de la Unión, por el contrario, no fue tan visible en la agenda oficial. Al fin y al cabo todos los gobiernos europeos, como pudo leerse en la Declaración de Granada, comparten la apuesta por redoblar la ofensiva extractivista para sostener el desarrollo del capitalismo verde y digital.

Los ejes discursivos sobre los que se sostiene la redefinición de la estrategia europea han quedado en evidencia con las acciones (y los silencios) de la Unión Europea. Con todo lo sucedido en los últimos días, las menciones a la soberanía, la autonomía estratégica y el respeto del derecho humanitario suenan ridículas. Justo una semana después de que el Consejo Europeo se hiciera la foto de familia en Granada, las presidentas del Parlamento y la Comisión Europea viajaron a Tel Aviv para reunirse con el presidente y el primer ministro de Israel y avalar sus argumentos sobre el “derecho a la defensa”. Así, haciendo como que no iba con ellas la limpieza étnica que se está ejecutando en Gaza, Metsola y Von der Leyen certificaron el fin de la ilusión de la UE como policía bueno de la globalización. Y mandaron los “valores europeos”, definitivamente, al basurero de la historia.

Muros, armas y minerales

El blindaje de la Europa fortaleza, una vez más, ha sido una de las prioridades establecidas por la UE. Al mismo tiempo que cientos de personas llegaban en cayucos a las costas de Canarias, los Estados miembros se felicitaban por dar un paso fundamental para concluir un acuerdo que lleva años fraguándose. Siguiendo la estela de los gobiernos de extrema derecha, aunque con diferencias con el grupo de Visegrado —en la declaración final se quitaron las referencias al endurecimiento de las políticas migratorias porque los gobiernos de Hungría y Polonia las vetaron por flojas—, la Unión Europea volvía a hacer suyos los postulados más reaccionarios sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Dificultar las condiciones para solicitar asilo, alargar los tiempos de detención, consolidar la externalización de fronteras y potenciar la criminalización del trabajo humanitario son algunas de las claves del nuevo reglamento europeo. En palabras de la directora de CEAR, “el esperado pacto de migración y asilo se está convirtiendo en una amenaza para las personas refugiadas, que verán como sus derechos y sus vidas cada vez valen menos en las fronteras de Europa”. De Melilla a Lesbos, parecería que la única opción posible es elegir entre la ultraderecha “buena” (Meloni, firmante del acuerdo migratorio) y la ultraderecha “mala” (Orbán, opositor al mismo).

Un año y medio después del estallido de la guerra en Ucrania, la Unión Europea continúa reforzando su deriva militarista

Un año y medio después del estallido de la guerra en Ucrania, la UE continúa reforzando su deriva militarista. El apoyo a Zelenski fue uno de los elementos más destacados de la reunión de la Comunidad Política Europea en Granada. Y la cosa no se queda únicamente en un apoyo político y logístico al gobierno ucraniano, sino que tiene una traducción inmediata en el incremento del presupuesto militar en los Estados miembros. En el consejo de ministros celebrado en la semana de la cumbre, el gobierno español aprobó otra partida adicional de 574 millones de euros para la compra de armamento y material militar, que hay que sumar a los 16.800 millones destinados a este mismo rubro entre enero y septiembre del presente año.

La remilitarización de la UE, aunque no terminaba de materializarse, llevaba tiempo en las agendas europeas como parte de la apuesta por la “autonomía estratégica”. Las políticas securitarias y la externalización de las fronteras sirvieron para activar Frontex, una especie de fuerza armada europea con la que a la vez se impulsa la industria de defensa propia. Pero estas dificultades para avanzar en la militarización se disiparon con la existencia de un conflicto bélico en suelo europeo. La guerra de Ucrania se ha convertido en el escenario idóneo para legitimar e impulsar una “Europa de los mercados y la seguridad”. Incluso países que hasta ahora se habían mantenido fuera de las políticas de defensa de la UE, como Dinamarca, han acabado por integrarse en estos programas, a la vez que se han multiplicado los presupuestos para gastos militares y se ha revitalizado la Alianza Atlántica.

Militarización y control fronterizo, de hecho, son dos cuestiones estrechamente relacionadas. Ya el año pasado, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, se impulsó la definición de las “amenazas híbridas” y la “instrumentalización de la migración” pasó a ser considerada como un peligro potencial para la Unión. Cero sorpresas, básicamente es la traducción discursivo-estratégica de lo que venía siendo costumbre en las prácticas cotidianas de la Europa fortaleza. Un eterno presente racista y colonial que, más aún si cabe con el avance de la emergencia socioecológica, resurge en el marco del capitalismo verde militar patrocinado por la Unión Europea.

El tercer eje sobre el que se sostiene este intento de reposicionamiento de la UE en el concierto global pasa por la intensificación de la ofensiva extractivista. La agenda de inversiones Global Gateway y la nueva oleada de acuerdos comerciales que la UE pretende firmar en los próximos meses —renovación de los tratados con Chile y México, conclusión del acuerdo con Mercosur—se ha diseñado con un claro objetivo: asegurar el acceso de las transnacionales europeas a las materias primas esenciales para el desarrollo del capitalismo verde y digital. Ya en la declaración de la cumbre celebrada en Bruselas en julio pasado, siempre adornada con el mantra del “desarrollo sostenible”, se recogía este mandato: “Seguiremos reforzando y desarrollando las relaciones comerciales y de inversión entre la UE y los países y regiones de la CELAC. Destacamos la importancia de aplicar íntegramente los acuerdos de asociación y comercio”. 

La Unión, con una maquinaria tecnocrática habitualmente torpe a la hora de poner en marcha mecanismos efectivos para el control de los grandes poderes económico-financieros, ha sido extraordinariamente eficaz para redefinir su agenda extractivista tras la invasión rusa de Ucrania. Hace unas semanas, la ley de materias primas fundamentales fue aprobada en el Parlamento Europeo con un procedimiento exprés. Y solo queda la negociación final en trílogos para que la UE promulgue la directiva que consagra esta redoblada apuesta por el neocolonialismo. Otras normativas europeas, como la relativa a la diligencia debida de las empresas sobre derechos humanos y medio ambiente —y eso que se trata de una sofisticación jurídica basada en la unilateralidad que, en la práctica, va a obligar a las transnacionales a muy poco—, transitan por un recorrido mucho más largo.

Soberanía, autonomía y valores

La agenda de la UE, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, el avance del caos climático y la profundización de las desigualdades sociales, se justifica en base a una tripleta de ideas-fuerza. Primero, para redefinir su posición en las cadenas de valor globales frente a Rusia y China, soberanía. Después, para reforzar su apuesta militarista y disfrazar su seguidismo de Estados Unidos, autonomía estratégica. Y finalmente, para diferenciarse de los demás bloques y rescatar el derecho internacional, valores europeos. 

Llama la atención la insistencia discursiva del “proyecto europeo” en el concepto de soberanía. En la Europa posterior a la guerra de Ucrania, soberanía quiere decir apuntalar el funcionamiento del metabolismo económico ante los cortes del suministro de gas desde Rusia. Dicho de otro modo: la UE se autodefine como soberana si sólo depende de los combustibles fósiles de las petromonarquías del golfo Pérsico y de una treintena de minerales críticos de los que apenas hay yacimientos en territorio europeo. Esto es justamente lo que el impulso renovado a los tratados comerciales trata de amarrar, que China no se meriende la tostada completa.

Si la idea de soberanía chirría en términos energéticos, no digamos en el ámbito militar. Una de las nociones más repetidas por la UE en los últimos tiempos es la de autonomía estratégica, a la que se le ha añadido el adjetivo “abierta” para abarcar más cuestiones además de las relativas a las políticas de defensa: “significa cooperar multilateralmente en lo que podamos, y actuar de manera autónoma en lo que sea necesario”, dice la Comisión Europea. El caso es que, mientras las fotos y declaraciones de la cumbre de Granada cogen polvo rápidamente en un cajón, avanza la profundización de la militarización de la UE y su realineamiento con la OTAN. La semana pasada, sin esperar a la revisión de la posición común de la UE, los gobiernos de Francia, Italia y Alemania se sumaron a los de EUU y Reino Unido para firmar un comunicado conjunto apoyando a Israel. Valga decir, citando a Streeck, que “la guerra ha neutralizado las líneas de fractura que hasta poco cernían la amenaza del fracaso sobre la UE y simultáneamente ha fortalecido el dominio de Estados Unidos sobre Europa Occidental”.

Israel tiene derecho a defenderse y a borrar del mapa al pueblo palestino; Gaza, a recibir ayuda humanitaria después de una semana de bloqueo y miles de muertos. Así funcionan los “valores europeos”

Siendo muy endebles los dos ejes discursivos anteriores, parecen los pilares de la catedral de Granada si se comparan con los “valores europeos”. Y es que la tercera pata de la retórica europeísta, supuesta base del capitalismo con rostro humano promocionado por la UE, ha quedado sepultada bajo las bombas en Gaza. “Israel tiene derecho a defenderse, hoy y en los días venideros”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea el día después de los ataques de Hamás contra la población civil. “La Unión Europea apoya a Israel”, ha remarcado Ursula von der Leyen casi todos los días desde entonces. Israel tiene derecho a defenderse y a borrar del mapa al pueblo palestino; Gaza, a recibir ayuda humanitaria después de una semana de bloqueo y miles de muertos. Así funcionan los “valores europeos”.

¿El fin del derecho internacional?

El día previo a la cumbre de Granada, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español y el vicepresidente de la Comisión Europea inauguraron en Madrid una conferencia de alto nivel por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración promulgada en 1948, sin duda, ha jugado un papel muy importante. Pero la dinámica ético-normativa que estaba llamada a imprimir a las relaciones capitalistas, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, ha quedado prácticamente disuelta. Y hoy asistimos a su enterramiento con el sitio de Gaza.

El sistema universal de protección de los derechos humanos está sufriendo una descomposición acelerada. No es ya que los derechos humanos se estén desregulando, sino que están siendo vaciados de contenido y, poco a poco, van siendo destruidos. A la contra, se ha producido un rearme de la lex mercatoria y se ha reforzado una suerte de Declaración universal de los derechos del poder corporativo. Volviendo a Palestina: el gobierno español ha reconocido que las operaciones empresariales en los territorios ocupados por Israel constituyen una violación del derecho internacional, pero no ha impuesto ninguna sanción ni ha hecho ningún reproche a CAF, la multinacional de matriz vasca que participa en la construcción de una línea de tren que conecta las colonias israelíes con Jerusalén Este. A pesar de que la OCDE y el ministerio de Asuntos Exteriores consideran probadas las violaciones de derechos humanos, estas van acompañadas de un vacío jurídico y de una falta de respuesta institucional.

La destrucción en masa de los derechos humanos es el referente del conflicto actual en Gaza. Pero no se puede olvidar que el marco normativo de todo este horror es la paralegalidad y la absoluta arbitrariedad con la que ha actuado Israel durante muchos años. Todo ello le ha generado una impunidad total avalada por una parte muy importante de la comunidad internacional. Si la violencia con la que ha actuado el Estado de Israel desde su fundación nunca ha remitido, y en tantas ocasiones se han incumplido las normas del derecho internacional humanitario, ahora directamente se están arrumbando en una esquina todas las reglas del marco adoptado hace 75 años.

El “derecho a la defensa” es el adagio con el que la Unión Europea está justificando crímenes de lesa humanidad. Es verdad que ha habido algunas diferencias en el seno de la Unión Europea en relación con el corte de la ayuda humanitaria y el bloqueo de alimentos, energía y medicinas a Gaza. Hasta la fecha no las ha habido, por acción u omisión, en el apoyo a las ejecuciones extrajudiciales. Las exigencias de proporcionalidad y respeto del derecho internacional humanitario, que atraviesan el posicionamiento de urgencia que el Consejo Europeo ha tenido que hacer para salir al paso del viaje de Von der Leyen a abrazarse con Netanyahu, aparecen como un brindis al sol.

El sitio de Gaza contraviene la convención de Ginebra; concretamente, el IV convenio y los artículos 55 y 56: “la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos”. Pero las reclamaciones al derecho internacional, después de llevar tres cuartos de siglo violándolo impunemente, le resbalan al Estado de Israel. O la Unión Europea presiona con fuerza para parar la masacre o será cómplice de crímenes de guerra. Genocidio. Limpieza étnica. La solución final. A ver quién vuelve a hablar de “valores europeos”.

“Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde”, ha dicho el ministro de Defensa israelí. “Sin combustible, la electricidad local se cortará en unos días y los pozos de agua se detendrán en una semana. Esto es lo que le haremos a una nación de asesinos y carniceros de niños”, ha afirmado su homólogo de Energía. Es el principio básico de la deshumanización que precede al genocidio. No es solo que la UE esté tolerando la destrucción de derechos (y de seres) humanos en Gaza, es que está aceptando la reconfiguración de la propia categoría de seres humanos. 1.000 niños y niñas asesinadas en una semana. 500 personas muertas en el bombardeo de un hospital. Más de un millón de desplazados internos. En qué momento puede justificarse un genocidio bajo el paraguas del “derecho a defenderse”.

Si se da por buena la justificación del “derecho a la defensa” que está haciendo el Estado de Israel (con el apoyo de la UE), se abre la puerta para que el fascismo entre en nuestras sociedades hasta la cocina

Se está produciendo una reinterpretación “desde arriba” del derecho internacional. Las élites económicas y los Estados imperiales dan por hecho que el conflicto empieza con los intolerables atentados del 7 de octubre, que todo lo anterior no cuenta. El marco de 1948 parece haber quedado suspendido, tanto en lo que se refiere a los acuerdos sobre derechos humanos establecidos al término de la segunda guerra mundial como en lo que tiene que ver con la Nakba. Los primeros se destruyen y se reconceptualizan en favor de los poderosos; la segunda, con la connivencia de las grandes potencias, está a punto de repetirse.

Si se da por buena la justificación del “derecho a la defensa” que está haciendo el Estado de Israel (con el apoyo de la UE), se abre la puerta para que el fascismo entre en nuestras sociedades hasta la cocina. Vivimos estos días una doctrina del shock securitaria que criminaliza la protesta desde Alemania hasta el Reino Unido, que pretende ilegalizar partidos de izquierda en Francia, y que prepara el terreno para volverse contra la población migrante. La extrema derecha ha elegido el enemigo interno para el cierre autoritario que ya tenemos encima.

Atrapados entre el sándwich del gobernismo progre de la mano de la OTAN y la extrema derecha aliada con el sionismo, toca presionar con todo a nuestros gobernantes para que pongan freno a la masacre. La línea la marcan, en el ámbito institucional, posicionamientos como el del gobierno Petro: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios”. En lo social, las organizaciones y las decenas de miles de personas que están saliendo a las calles para denunciar la complicidad de los gobiernos europeos en la barbarie. Y en lo jurídico, las exigencias de llevar a Netanyahu y a todo su gobierno ante la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Hablar del derecho internacional de los derechos humanos, en estos momentos, requiere una doble reflexión. Por un lado, a largo plazo, sobre cómo proceder a su reconceptualización desde abajo. Y por otro, aquí y ahora, sobre qué implicaría colocar en el vértice de la jerarquía política, jurídica y económica los derechos de la naturaleza, de los pueblos, de las comunidades y de las personas migrantes, todos ellos recogidos en diferentes textos internacionales. El posicionamiento estratégico de la Unión Europea se ha planteado en el marco de las relaciones entre potencias capitalistas, pero eso es incompatible con el replanteamiento de un orden internacional basado en los derechos humanos y en la justicia social y ambiental. Lo que suceda en Gaza en los días que vienen, en un sentido u otro, va a marcar el camino a seguir.

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