Ocupación israelí
Las medidas del Gobierno no aseguran un embargo integral de armas a Israel

El movimiento de solidaridad con Palestina y las organizaciones agrupadas en torno a la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” tienen motivos para celebrar, pero también para seguir en las calles. Así lo han expresado en respuesta a las nueve medidas anunciadas por el presidente español, Pedro Sánchez, y confirmadas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este 9 de septiembre. 

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y el Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel calificaron los anuncios como “una victoria del pueblo palestino y de 600 organizaciones” que llevan “23 meses exigiéndolo”, aunque afirman que seguirán “vigilantes” y con movilizaciones en la calle ya que “las palabras deben convertirse en hechos”.

Por esa misma razón decidieron mantener las concentraciones previstas para la mañana del 9 de septiembre en 13 ciudades y, según un comunicado de la Rescop, seguirán movilizándose porque, pese a los anuncios, la ley que regula el embargo de armas todavía no ha sido aprobada ni se conoce su contenido. “Sabemos que nuestra movilización está funcionando, que sienten nuestra presión y por eso seguiremos movilizándonos mucho más hasta romper todos los vínculos con un régimen colonial, de ocupación militar, genocida y de apartheid”, dicen desde esta plataforma.

En la concentración de Madrid, en Sol, Ana Sánchez, portavoz de la Rescop, subrayaba a El Salto la necesidad de “precaución” hasta que se “conozca cuál es la letra pequeña y en qué se van a traducir de manera práctica” las medidas presentadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros. “Lo que nosotros estamos pidiendo es un embargo integral que contemple la compra, la venta, el tránsito de armas y combustible militar por puertos y aeropuertos, así como la ruptura de cualquier tipo de cooperación militar y de seguridad con Israel”, asegura Sánchez. 

Pese a los anuncios, la ley que regula el embargo de armas todavía no ha sido aprobada. Desde la Rescop llaman a seguir movilizándose para que se apruebe cuanto antes e incluya todos los tipos de cooperación y comercio en materia de defensa y seguridad

El Gobierno ha anunciado que aprobará un embargo de armas a través de un Real Decreto Ley (RDL), que denegará el tránsito por los puertos españoles de barcos que transporten combustible de uso militar y vetará a los aviones que lleven armamento hacia Israel. Sin embargo, ni en el anuncio de Pedro Sánchez ni en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros se ha mencionado cómo se regulará el tránsito y la escala por los puertos españoles de buques que transportan armamento, munición o componentes de uso militar.

La normativa actual, señala Ana Sánchez, ya permitiría impedir el tránsito de armas hacia un país señalado por genocidio por Naciones Unidas, pero esto no ha impedido que buques con material militar continúen haciendo escala en España en su viaje hacia Israel. Pese a que el Gobierno sostiene que hay un veto de facto al tránsito de armamento desde noviembre de 2024, la falta de protocolos y recursos de inspección ha hecho que sean las organizaciones que componen la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” quienes han realizado el trabajo de detección y denuncia de estas escalas.

España se situará entre los países del bloque occidental que han tomado más medidas contra Israel, pero la letra pequeña de este RDL dirá si están contemplados todos los casos o si se trata de otro anuncio histórico que termina desinflándose.

Hasta ahora, explica esta portavoz de la Rescop, “la ley actual no incluía el tránsito de combustible porque no está catalogado como arma ni material de doble uso, por eso lo están regulando por separado”. Si bien el Gobierno ha cedido ante las presiones del movimiento y los partidos a su izquierda, y ha apostado por acelerar el embargo de armas a través de un Real Decreto Ley, las medidas distan de este embargo integral que piden desde la Rescop. Con la adopción “legal y permanente” del veto a la compraventa de armamento, munición y material militar, España se situará entre los países del bloque occidental que han tomado más medidas contra Israel, pero la letra pequeña de este RDL dirá si están contemplados todos los casos, incluido el tránsito, los componentes o el doble uso, o si se trata de otro anuncio histórico que termina desinflándose.

El 20 de mayo de este año, el Congreso votaba a favor de la toma en consideración de la reforma de la Ley 53/2007, que permitiría, tras un largo y nada predecible trámite parlamentario, imponer embargos a Estados investigados por genocidio o crímenes de guerra. La aprobación vía Real Decreto Ley del embargo, para la que todavía no hay fecha, conseguirá reducir drásticamente los plazos. La tramitación urgente de un embargo integral de armas se había convertido en una de las principales demandas del movimiento de solidaridad con Palestina y de diferentes acciones de protesta, como la ocupación del Círculo de Bellas Artes por parte de centenares de docentes.

Para la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, detrás del anuncio hay una “estrategia” del Gobierno para que no pase del Congreso frente a una supuesta negativa de Junts 

El Real Decreto Ley deberá votarse en el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE. Para la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, detrás del anuncio hay una “estrategia” del Gobierno para que no pase del Congreso frente a una supuesta negativa de Junts. “Me pregunto por qué hacen estas medidas mediante un Real Decreto Ley cuando lo pueden hacer por un Real Decreto o por una decisión de menor rango del Consejo de Ministros. A lo mejor es porque así Junts lo va a tumbar y van a poder contar que lo han intentado, pero que no fue posible”, declaró en Las mañanas de RNE. Para la exministra de Igualdad, los anuncios son una constatación de “una mentira”, ya que Sánchez lleva dos años, según critica, defendiendo que ya existía un embargo de armas. Aun así, considera la medida un avance logrado gracias a la presión popular y de sus socios a la izquierda: “La presión al Gobierno funciona”. 

Límites de las medidas anunciadas

Las grietas de este embargo no tardaron en ser remarcadas por medios, analistas y organizaciones del movimiento de solidaridad con Palestina. La primera, según remarcó la Rescop, es que llega tarde y que todavía no se ha aprobado: “Es inadmisible que el Gobierno anuncie medidas que luego pospone, cuando han transcurrido 23 meses desde el inicio del genocidio y se han celebrado 95 Consejos de Ministros desde octubre de 2023 sin que se haya aprobado el embargo de armas a Israel”.

Una de las principales carencias de este RDL, del que apenas se sabe nada, ha sido señalada por la Cadena Ser: fuentes gubernamentales aseguran que no se modificará el Convenio de Cooperación con Estados Unidos. Este acuerdo permite a EEUU utilizar las bases de Morón y Rota como escalas de armamento sin necesidad de informar cuál es el destino final de la carga. La decisión de denegar el tránsito aéreo de armas y material de defensa con destino a Israel no se aplicará a las bases de EEUU en territorio español, según reveló la SER.

La decisión de denegar el tránsito aéreo de armas y material de defensa con destino a Israel no se aplicará a las bases de EEUU en territorio español, según reveló la Cadena SER

Las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros dejan fuera muchos de los principios enumerados por Ana Sánchez, de la Rescop, para lograr un embargo integral: “No se incluye la cancelación de los 46 contratos militares con Israel [por valor de 1.000 millones de euros] que aún siguen en vigor, ni se blinda la contratación pública para que todas las empresas que se están lucrando del genocidio no puedan seguir haciéndolo”.

El Gobierno ha incluido entre sus nueve medidas el veto a “la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania”, una prohibición que tendrá escaso impacto en España, aunque debería cerrar la puerta, entre otros productos, a los dátiles Medjool o a los cosméticos Premier, ambos elaborados en territorios ocupados, según denuncia el BDS.

Sin embargo, el objetivo de “combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados” que justifican esta prohibición no se aplica a la participación de empresas españolas en los territorios ocupados, con cifras de negocio e impacto mucho mayores. 

Las medidas no recogen ninguna limitación ni sanción para las empresas que hacen negocios en los territorios ocupados. “Falta la sanción, vía contratos del Estado, a las empresas que participen en la colonización”, señala Santiago González Vallejo, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA). Según este activista, estas compañías no deberían ser admitidas en licitaciones públicas. El caso más grave es el del gigante vasco CAF, que participa desde 2019 en la ampliación del llamado “tren del apartheid”, que conecta la ciudad de Jerusalén con decenas de colonias ilegales en territorios ocupados. El papel de CAF en hacer viable la ocupación israelí y su complicidad con el robo de tierra o el derribo de barrios enteros ha sido denunciado recientemente por la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese. 

La complicidad de CAF con la ocupación está poniendo en peligro la adjudicación de un contrato en Bélgica para renovar la mitad de los trenes del país por más de 3.000 millones de euros. Pero la compañía con sede en Beasain (Gipuzkoa), de la que el propio Gobierno vasco posee el 3%, no se verá afectada por las medidas tomadas por el Ejecutivo, como tampoco, señala González Vallejo, aquellas empresas españolas dedicadas a la perforación de túneles en territorios ocupados, como OSSA, al equipamiento ferroviario de la ocupación, como GMV y Typsa, o a servicios turísticos.

Las medidas no recogen ninguna limitación ni sanción para las empresas españolas que hacen negocios en los territorios ocupados, como CAF, OSSA, GMV o Typsa

Donde el Gobierno no ha tomado medidas, sí lo ha hecho la ciudad de Barcelona, donde su código ético para contratación pública ha dejado fuera de una licitación del consorcio de transportes al gigante francés Alstom por esta misma razón. Y también lo ha hecho la presión ciudadana y el movimiento de solidaridad con Palestina: la metalúrgica Sidenor, la empresa turística eDreams y la constructora catalana Comsa han abandonado negocios en territorios ocupados después de ser señaladas por organizaciones españolas e internacionales por su complicidad con la ocupación.

Entre los límites del decreto anunciado, este investigador del CSCA señala que se “habla únicamente de compraventa de armas, y no de sus componentes, de otros contratos en materia de seguridad, ni de relaciones comerciales en otras materias que no sean puramente armamentísticas, sean de bienes o servicios”. Entre estas ausencias, desde el Centre Delàs per la Pau señalan el peligro de que se cuelen exportaciones y mercancías en tránsito de doble uso, es decir, productos, software o tecnologías que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares. 

El principal problema, señalan desde el Centre Delàs per la Pau, es que el Real Decreto Ley llega tarde y los anuncios anteriores, presentados también como pasos históricos, resultaron insuficientes, parciales y fácilmente evitables

Este mismo temor era compartido por la Acampada Por Palestina de Madrid, que denunciaba en redes sociales que las medidas anunciadas no afectan a los convenios de colaboración entre universidades españolas e israelíes, muchos de ellos con programas de defensa y de seguridad. La cooperación en defensa y seguridad entre ambos países va más allá del ámbito universitario e incluye formación, tecnología y cooperación armamentística empresarial y en I+D, como los proyectos relacionados con el misil Spike o el lanzacohetes Silam, según señalaba el investigador Alejandro Pozo en El Diario. 

El principal problema, reconoce este investigador, es que el Real Decreto Ley llega tarde y los anuncios anteriores, presentados también como pasos históricos, resultaron insuficientes, parciales y fácilmente evitables: “Este anuncio del presidente del Gobierno llega tarde, y nos gustaría pensar que no contendrá ausencias ni letra pequeña y que incluirá todas y cada una de las etapas que alimentan la maquinaria armamentista israelí. A estas alturas y con la experiencia acumulada, reconozco mi escepticismo”, concluía Pozo.

Pese a todas las deficiencias de este Real Decreto Ley, desde la Acampada por Palestina de Madrid, parecen tener claro que no es una “concesión”, sino el “producto de la presión organizada” y que solo la movilización podrá conseguir que no sea revertido por el Congreso cuando llegue el momento, un mes después de su aprobación.