Ocupación israelí
Colaborar con la ocupación israelí se convierte en un mal negocio para las empresas españolas

Pocas personas que viajan en los vagones del metro o en los autobuses públicos de Madrid —por mencionar una ciudad de tantas en el mundo— saben que fueron fabricados y son mantenidos por una empresa acusada de hacer viable la colonización israelí de los territorios ocupados palestinos. 

Sin embargo, cada vez son más y eso es un problema para la compañía vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Lo que comenzó como una denuncia contenida y restringida a voces críticas en las juntas de accionistas y del movimiento de solidaridad con Palestina, se ha convertido tras el inicio del genocidio de Gaza en un clamor difícil de esconder. En los últimos meses, sus negocios en territorios ocupados ha hecho peligrar un contrato de hasta 3.400 millones de euros en Bélgica para renovar la mitad de la flota de trenes del país.

El 3 de septiembre, el lehendakari Imanol Pradales afirmaba que CAF debería afrontar una “reflexión ética” sobre su participación en la ampliación del tranvía que conecta asentamientos ilegales en el Gran Jerusalén

El pasado 3 de septiembre, el propio lehendakari, Imanol Pradales, afirmaba en Radio Euskadi que CAF debería afrontar una “reflexión ética” sobre su participación en el proyecto de ampliación de la red de tranvía que lleva soldados y colonos a los asentamientos del sur y el este de Jerusalén, declarados ilegales por la ONU y la UE. 

Aunque Pradales aseguró que el Gobierno vasco respetará la decisión “de seguir o cortar con esos contratos”, es la primera vez que pone en duda la legitimidad “ética” de la participación de CAF a la vista de “la salvajada y la masacre que estamos viviendo en estos momentos”.

Más contundentes fueron las declaraciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, realizadas un día antes también en Radio Euskadi, en las que invitaba al gigante ferroviario a “pensarse muy mucho” si le conviene seguir manteniendo el acuerdo para la ampliación del llamado “tren del apartheid”. 

Ya lo advertía el 8 de mayo de 2024 el ministro de Asuntos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en una carta a empresas españolas con intereses en Israel, en la que pedía que adopten medidas para “evitar el riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos”. Y el riesgo no es solo una cuestión de derechos humanos sino también contratos que se pierden y dinero que se deja de ingresar. 

La complicidad de CAF con la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este puede convertirse en un serio problema para las cuentas de la compañía vasca, sostuvo Otegi: “A CAF le renta más acabar con ese contrato en Israel”

En esa dirección se encuadraban las declaraciones de Otegi: la complicidad de CAF con la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este puede convertirse en un serio problema para las cuentas de la compañía vasca. Desde abril de 2025, el megacontrato para renovar la mitad de la flota de trenes de Bélgica ha sido puesto en cuestión, entre otros motivos, según Otegi, “por colaborar con Israel y construir una vía férrea que une territorios ocupados”. Para el líder abertzale, “ahora mismo en términos económicos, de producción industrial, colaborar con Israel” puede suponer la pérdida de otros contratos. “A CAF le renta más acabar con ese contrato en Israel”, sentenció.

A una conclusión parecida llegó eDreams, la única empresa española que figura en la base de datos de Naciones Unidas, actualizada en 2023, de compañías que hacen negocio en los territorios ocupados. Este martes 2 de septiembre, el director financiero de la compañía, David Elizaga, anunció la retirada de los alojamientos ofertados en asentamientos ilegales en territorios ocupados. El ejecutivo explicó que la empresa ha activado controles de localización para filtrar los pisos y hoteles ofrecidos en las colonias israelíes y aseguró que se ha puesto en contacto con la ONU para que eDreams ya no figure en la próxima lista de empresas que proporcionan “servicios y utilidades que apoyan el mantenimiento y la existencia de asentamientos”. 

Este martes 2 de septiembre, eDreams anunció la retirada de los alojamientos ofertados en asentamientos ilegales en territorios ocupados tras una intensa campaña del movimiento BDS

Un cálculo de oportunidades y riesgos similar realizó la empresa catalana Comsa cuando el 25 de abril de 2024 anunció su retirada del consorcio hispano-israelí JTrain. La empresa había ganado en septiembre de 2023 un concurso para ampliar la Línea Azul del tranvía que conectará Jerusalén con Gilo, un asentamiento ilegal de 30.000 colonos en territorios ocupados. El contrato al que renunció Comsa, muy similar al de CAF, tenía una duración de 25 años y estaba valorado en 2.200 millones de euros.

El director financiero de EDreams espera que en la próxima actualización de la base de datos de la ONU, el nombre de su compañía haya desaparecido. No puede esperar lo mismo CAF, cuya incorporación a la lista es más que esperable después de ser nombrada por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, en el informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.

En este estudio, hecho público el 2 de julio de este año, Albanese sitúa a CAF entre las empresas que “contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructura de transporte público, cruciales para el establecimiento y la expansión de las colonias, y para conectarlas con Israel, a la vez que excluían y segregaban a los palestinos”. El 2 de septiembre, Albanese publicaba un vídeo en el que denunciaba la responsabilidad de CAF en el apartheid israelí, en la expropiación de barrios y ciudades palestinas y emplazaba al boicot activo a esta y otras empresas que se lucran con la ocupación. A finales de agosto, la relatora envió una carta a la empresa belga de ferrocarriles solicitando la exclusión de CAF del concurso por este motivo.

La empresa catalana Comsa anunció en abril de 2024 su retirada del consorcio hispano-israelí JTrain que había ganado un concurso de 2.200 millones para ampliar la Línea Azul de tranvía en territorios ocupados

Este contrato para ampliar 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Occidental, valorado en 500 millones de euros ha estado muy cerca de hacerle perder a CAF el proyecto más importante de la historia de esta compañía vasca: un megacontrato en Bélgica de entre 1.700 y 3.400 millones de euros para fabricar 600 trenes con capacidad de 170.000 asientos. Aunque CAF ha conseguido pasar los primeros exámenes técnicos, en los siguientes semanas se conocerá la decisión definitiva en un país en el que la “cuestión palestina” ha pasado a ocupar un lugar central.

CAF y el otro rey Felipe

El proceso para la adjudicación del megacontrato de CAF en Bélgica se ha desarrollado en un contexto político mediado por el genocidio palestino y luchas internas en el seno de la coalición de Gobierno por este tema. 

El ministro de Exteriores y viceprimer ministro belga, Maxime Prévot, anunció este 2 de septiembre la voluntad de reconocer el Estado palestino y de imponer 12 sanciones a Israel, entre ellas la prohibición de importar productos de territorios ocupados, así como el compromiso de “revisar la política de compras públicas”. Aunque varias de estas medidas podrían afectar al contrato con CAF, ninguna de ellas se ha concretado ya que están condicionadas a la liberación de prisioneros y un paso atrás de Hamás en la dirección política de Gaza. 

Aún así, el anuncio muestra un cambio en la percepción pública belga de una masacre que se ha convertido en una “vergüenza para la humanidad”, según las palabras del propio rey Felipe de Bélgica el pasado 21 de julio en su tradicional discurso con motivo de la fiesta nacional belga. “Apoyo plenamente su petición [del secretario general de la ONU] y me uno a la de todos los que denuncian los graves abusos humanitarios en Gaza, donde personas inocentes mueren de hambre y caen bajo las bombas, asfixiándose en su enclave. La situación actual se ha prolongado demasiado tiempo”, dijo el monarca. “Cuando se viola el derecho internacional, el mundo entero pierde”, añadió.

En agosto, la empresa francesa Alstom fue excluida de un contrato para renovar la flota de trenes con el Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) por contribuir a la ocupación de Palestina

El ministro Prévot, del partido centrista francófono Les Engagés, ya había amenazado la última semana con una “grave crisis” en la coalición liderada por el nacionalista flamenco Bart de Wever si el Gobierno no tomaba una posición “más firme” contra la violación de derechos humanos por parte de Israel.

En medio de esta creciente sensibilización sobre el genocidio israelí, la adjudicación del megacontato para renovar la flota de trenes belgas se convirtió en un debate público en el que se mezclaban la protección de empleos belgas y la participación de CAF en el “tren del apartheid”. 

En febrero de este año, la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (SNCB) seleccionó a CAF como “licitador preferente” frente a la competencia de Siemens y Alstom, empresa francesa acusada también de colaborar con la economía de los territorios ocupados y que fue excluida por ese motivo de un concurso de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) este 22 de agosto. 

Los dos competidores impugnaron la preselección de CAF alegando falta de transparencia y destrucción de empleo local, algo que ha dilatado hasta ahora la firma del contrato, aunque el auditor del Consejo de Estado, cuyas resoluciones no son vinculantes, ha desestimado ambas reclamaciones. En este proceso, cuatro ONG belgas —Intal Globalize Solidarity, Vrede vzw, Al Haq Europe y 11.11.11— pudieron participar en una vista ante el Consejo de Estado para impugnar la adjudicación alegando que la empresa está implicada en la expansión de asentamientos ilegales. 

Pese a superar las impugnaciones técnicas, el clima político mayoritario en Bélgica, crítico con el genocidio y la ocupación israelí, puede costarle a la empresa CAF un contrato de hasta 3.400 millones de euros

En un comunicado conjunto publicado este 4 de septiembre estas cuatro ONG belgas calificaban de “victoria” la comparecencia ante el Consejo de Estado ya que “por primera vez las ONG pudieron alzar la voz sobre la importancia de los derechos humanos en un contrato público”. Con la participación de estas organizaciones, dicen, “el debate no se limitó a un tecnicismo, sino que CAF tuvo que rendir cuentas ante el Consejo de Estado por sus actividades en el Territorio Palestino Ocupado”. 

Tras los alegatos orales, tanto los auditores francófonos como los neerlandeses concluyeron que la compañía belga de ferrocarriles “debe investigar a fondo la postura de CAF” en materia de derechos humanos, basándose en las pruebas presentadas, señalan las ONG. Una investigación que debe realizarse antes del fallo definitivo del Consejo de Estado, que se espera para la próxima semana. Esta investigación debe ser “verdaderamente exhaustiva”, sostienen las ONG. La decisión, insisten, no se puede basar únicamente en “declaraciones erróneas de CAF, como lo ha hecho SNCB hasta ahora”.

Días después de que el Gobierno belga anunciara que prohibirá la importación de productos procedentes de territorios ocupados y revisaría su política de compras públicas, “sería incomprensible y totalmente erróneo que una empresa estatal se asociara con una compañía que desarrolla proyectos en esos mismos asentamientos ilegales”, afirmó Dima Mouayad, de la ONG Al Haq Europe.

Según Santiago González Vallejo, cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, el clima político en Bélgica y en otros países europeos puede condicionar la firma definitiva. “Hasta que no esté firmado, no se puede decir que CAF vaya a ganar el concurso”, dice a El Salto. Si el Gobierno belga es “coherente” con los anuncios de Prevot, ni CAF ni Alstom deberían resultar elegidos, sostiene. 

Tras los anuncios del Gobierno belga, “sería incomprensible que una empresa estatal se asociara con una compañía que desarrolla proyectos en asentamientos ilegales”, afirmó Dima Mouayad, de la ONG Al Haq Europe

Más allá de lo que ocurra con este concurso, dice González Vallejo, que se convirtió en accionista de la empresa vasca para poder protestar en todas las juntas, “la imagen de CAF está afectada y eso va a repercutir de alguna forma en sus próximos concursos”.

Otro de los mercados de CAF que puede peligrar es el de Noruega, uno de los clientes predilectos de la compañía y, a la vez, el país que más medidas ha tomado para cortar la financiación de las empresas que hacen viable la ocupación y el genocidio en Palestina. El 24 de octubre de 2024, el Gobierno noruego emitió un comunicado en el que alertaba sobre los riesgos de participar en actividades económicas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes. En agosto de 2025, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, retiraba la financiación y sus inversiones en más de una decena de empresas y bancos israelíes. 

Aunque sea a trompicones y con múltiples obstáculos, la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel está funcionando, sostiene González Vallejo. El reciente abandono de eDreams de sus negocios en territorios ocupados, apenas dos meses después de una acción del BDS en su junta de accionistas, es una prueba de lo que se puede conseguir cuando “la ciudadanía presiona y boicotea empresas que facilitan la ocupación y el genocidio”. 

Aunque sea a trompicones y con múltiples obstáculos, la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel está funcionando, sostiene González Vallejo

Este activista también pone como ejemplo de un cambio de sensibilidad las movilizaciones propalestinas que están acompañando La Vuelta ciclista. “La sensibilización de la gente es muy grande. La impotencia de la gente es muy grande. Ante la inacción de los gobiernos, la gente está actuando y las empresas lo están notando”, afirma.

Juan Hernández Zubizarreta es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Como experto en impunidad corporativa ha seguido muy de cerca la campaña contra CAF. Las palabras del lehendakari Pradales en las que invita a una “reflexión ética”, señala a El Salto, no es más que “pura cosmética humanitaria”. Especialmente, añade porque el propio Gobierno vasco cuenta con un 3% del accionariado y podría plantear un cambio en la junta de accionistas, algo que nunca ha hecho.

Hernández Zubizarreta reconoce, sin embargo, que se ha producido un cambio: “Por primera vez un lehendakari introduce el elemento ético” ante la evidencia de un “genocidio brutal” y los planes de anexión de Gaza y Cisjordania, y, sobre todo, de un masivo rechazo entre la población vasca, como quedó plasmado en el paso de La Vuelta por Bilbao y otras localidades de la comunidad autónoma. 

Tal como lleva insistiendo desde hace años el movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversiones contra Israel: la colaboración con la ocupación y el genocidio termina saliendo cara

“El boicot está haciendo efecto y lo saben perfectamente, sobre todo después de lo que pasó con La Vuelta. También saben que hay una campaña del BDS para darle duro a CAF”, dice este investigador, quien asegura que el “efecto Sidenor” puede haber influido en este cambio de discurso. 

La campaña del BDS y de los sindicatos vascos ESK, LAB y ELA contra esta siderúrgica vasca por proporcionar acero a Industrias Militares Israelíes (IMI), unas de las principales productoras de munición de este país, acabó con una victoria inapelable: el 1 de julio, Sidenor anunciaba el fin de la relación con este empresa, una decisión que suponía perder el 0,5% de su facturación. Tal como lleva insistiendo desde hace años el movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversiones contra Israel: la colaboración con la ocupación y el genocidio termina saliendo cara.

El boicot funciona, una cronología

Desde el inicio del genocidio en Gaza el 7 de octubre de 2023, se han multiplicado los casos de países, empresas, bancos y fondos de inversión que aplican criterios éticos para retirar sus fondos o romper contratos con Israel o con empresas que hacen viable el genocidio y la ocupación.

• 11 de diciembre de 2023. La marca de ropa deportiva Puma no renueva su patrocinio de la Asociación de Fútbol de Israel tras años de campaña de las plataformas de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS).

• 15 de enero de 2024. El fondo de inversión danés AkademikerPension decide desinvertir en 13 empresas israelíes (seis bancos, cuatro constructoras y tres empresas de telecomunicaciones) por su “conexión con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada”. A lo largo de 2024, el fondo de pensiones danés Velliv, con 420.000 miembros, así como P+, PKA, Industriens Pension y Pensiondanmark, uno de los mayores fondos de pensiones de Dinamarca (con 800.000 miembros), se unen a las institución financieras que vetan empresas y bancos que colaboran con la ocupación de Palestina.

• 5 de abril de 2024. El Fondo de Inversión Estratégica Irlandés retira sus inversiones de seis empresas israelíes, entre ellas seis grandes bancos (Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank) y la cadena de supermercados Rami Levy. Según el ministro de Finanzas, Michael McGrath, esta desinversión de 2.950 millones de euros se debe a la complicidad de estas empresas con violaciones de los derechos humanos.

• 25 de abril 2024. La empresa catalana Comsa se retira del proyecto de ampliación de la Línea Azul que atraviesa y une colonias ilegales con Jerusalén. El consorcio hispano-israelí JTrain había ganado un concurso de 25 años de duración por valor de 2.200 millones de euros..

• Mayo de 2024. Storebrand, la segunda gestora de activos más grande de Noruega, vende su participación en la empresa vasca CAF por su participación en la ampliación del “tren del apartheid” . En su memoria de 2024 explica que ha decidido excluir a esta compañía de sus inversiones “por sus actividades en territorios ocupados”. 

• Junio de 2024. El fondo de pensiones noruego KLP decide deshacerse de su participación de 70 millones de euros en Caterpillar, empresa estadounidense dedicada a equipos y maquinaria utilizadas en los derribos de viviendas palestinas, debido al riesgo de que sus equipos sean utilizados en abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional.

• Agosto de 2024. La compañía francesa especializada en seguros AXA decide dejar de prestar dinero a tres bancos israelíes (Bank Hapoalim, Israel Discount Bank y Bank Leumi), empresas que figuran en la base de datos de la ONU por su implicación en la ocupación ilegal en Palestina. Una prolongada campaña del BDS había señalado su complicidad con la violación de DDHH. Ya en 2019 se deshizo de sus acciones en la armamentística israelí Elbit Systems.

• 24 de octubre. El Gobierno noruego emite un aviso a las empresas del país alertando sobre los riesgos de participar en actividades económicas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes.

• 24 de abril de 2025. El Gobierno español anuncia que “rescinde de forma unilateral” el contrato de compra de munición a la empresa Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel tras una campaña del movimiento de solidaridad con palestina, el BDS y la Rescop.

• 12 de junio de 2025. El ministro de Derechos Sociales español, Pablo Bustinduy, anuncia que varias empresas españolas —sin mencionar cuáles— habían cesado su actividad económica en los territorios palestinos ocupados tras las cartas que les envió en mayo de 2024 instándolas a no contribuir a las vulneraciones de derechos humanos. 

• 1 de julio de 2025. La siderúrgica vasca Sidenor anuncia que dejará de vender acero a empresas israelíes tras una intensa campaña de BDS y los sindicatos vascos.

• 11 de agosto de 2025. El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, anuncia la venta de sus acciones en once empresas israelíes después de que se revelase que tenía inversiones en una compañía israelí dedicada al mantenimiento de cazas de combate israelíes. El 18 de agosto amplía la lista de vetos a otras seis empresas israelíes con actividades relacionadas con Cisjordania y Gaza. Y el 27 de agosto, amplía el boicot a la estadounidense Caterpillar y cinco bancos israelíes.

• 22 de agosto de 2025. El gigante francés de los ferrocarriles Alstom es excluido del concurso de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para la construcción de 39 trenes para el metro de la ciudad condal y el área metropolitana. El motivo: la inclusión de la empresa en la lista de empresas que contribuyen a la ocupación de Palestina. 

• 2 de septiembre. La empresa española eDreams anuncia que retira y bloqueará en adelante los anuncios de pisos y hoteles en territorios ocupados, motivo por el que fue incluido en la lista oficial de la ONU de empresas que contribuyen a la ocupación ilegal de Palestina.