Ocupación israelí
Varias organizaciones presentan una querella contra CAF ante la Audiencia Nacional por el tren de Jerusalén
La Comunitat Palestina de Catalunya, junto a NOVACT, SUDS, Observatori DESCA, Paz con Dignidad, BDZ Euskal Herria y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, bajo la representación jurídica del Centro Guernica han presentado esta semana una querella contra responsables de la empresa vasca CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y de seis empresas más vinculadas al tren ligero de Jerusalén, “por posibles delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”.
El tren ligero de Jerusalén, también llamado tren del apartheid, es una infraestructura que conecta los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), por lo que las organizaciones que impulsan esta nueva querella piden que se investigue su responsabilidad penal en la “ construcción, ampliación y mantenimiento” de la mencionada infraestructura. Las organizaciones impulsoras ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos el pasado 18 de febrero de 2026, en la cual se solicitaba investigar al Consejo de Administración de CAF y a los directivos de seis empresas relacionadas —cuatro filiales CAF TURNKEY & ENGINEERING, CAF SIGNALLING S.L., CAF ISRAEL LTD., CAF INVESTMENT PROJECTS S.A. y dos empresas conjuntas: LAVI LIGHT RAIL - OPERATION AND MAINTENANCE LTD y CFIR LIGHT RAIL LTD—. Nueve meses después, ante la falta de avances, dan el paso a la Audiencia Nacional.
En mayo, la Fiscalía incorporó la denuncia contra CAF a las diligencias de investigación sobre las violaciones del derecho internacional en Gaza, con el objetivo de cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), pero las organizaciones denunciantes insisten en que lo hechos que se denuncian contra CAF tienen como objeto su actividad en la Cisjordania ocupada, no en Gaza; por lo que los hechos denunciados no son objeto de investigación por parte de la CPI. Lejos de verse como un error o una malinterpretación, los denunciantes aseguran que la decisión de la Fiscalía constituye “una forma de no investigar nuestra denuncia”.
“La querella solicita investigar posibles delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, previstos en los artículos 611.5.º, 611.6.º y 614 del Código Penal. El escrito vincula estos preceptos con la posible contribución de los querellados al traslado y asentamiento de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas y a vulneraciones del derecho internacional humanitario y de las obligaciones impuestas por las Convenciones de Ginebra.”, se puede leer en el comunicado que han emitido las organizaciones denunciantes.
“Fin de la participación en el proyecto y reparación al pueblo palestino”
El tren ligero de Jerusalén conecta los asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Este con Jerusalén Oeste, lo que, según los demandantes “favore la integración, la expansión y profundiza la colonización y la fragmentación del territorio palestino”. Desde 2019 CAF participa de este proyecto mediante el suministro de material ferroviario y las labores de mantenimiento. Se trata de un proyecto que lleva a cabo junto a la empresa israelí Shapir.
Las organizaciones denunciantes exigen que CAF “ponga fin a su participación en el tren ligero de Jerusalén y repare al pueblo palestino por todo el daño cometido en el marco de su actividad”
Desde 2025 —actualizada la lista en septiembre de 2026—, CAF figura en el listado elaborado por Naciones Unidas de empresas implicadas en los asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado palestino. La inclusión en esta lista ha hecho que la empresa, por ejemplo, haya sido excluida de algunos contratos por parte del Ayuntamiento de Barcelona o que la Universidad del País Vasco (EHU) haya decidido no renovar el convenio de colaboración que tenía y que finaliza a finales de este año.
Las organizaciones denunciantes exigen que CAF “ponga fin a su participación en el tren ligero de Jerusalén y repare al pueblo palestino por todo el daño cometido en el marco de su actividad”; al Gobierno de Euskadi “que retire su inversión de CAF mientras siga participando de la ocupación israelí”; y al Gobierno español, “que adopte medidas efectivas y garantice que ningún recurso público contribuya al mantenimiento o expansión de los asentamientos”. España tiene jurisdicción sobre este asunto, ya que la sede de CAF se encuentra en territorio español, se regula por la legislación española y las personas del consejo de dirección tienen nacionalidad española.
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