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Operación Jaro
Juicio a doce independentistas procesados en la Operación Jaro
Desde este lunes 19 de octubre, los investigados por el caso Jaro se efrentan en la Audiencia Nacional a una petición fiscal de hasta 102 años de cárcel. Sigue el juicio en directo desde El Salto.
Los días 19, 20 y 21 de octubre está previsto que se celebre en la Audiencia Nacional la vista oral del juicio a los doce independentistas investigados en el marco de la operación Jaro, si bien no se descarta que pueda extenderse durante más jornadas. La Sección Tercera de la Sala del Penitenciario será el escenario en el que se decidirá sobre la ilegalización, por vez primera, de un partido político y un colectivo por constituir, a ojos de la Fiscalía, grupos criminales por el enaltecimiento del terrorismo. Los imputados se enfrentan a un total de 102 años de prisión.
La operación Jaro empezó el 30 de octubre de 2015 con la detención de 9 personas relacionadas con Causa Galiza, bajo la acusación de conformar el brazo político sucesor de Resistência Galega y bajo los cargos de integración en banda armada y enaltecimiento del terrorismo.
El 21 de junio de 2017, en una segunda fase de la operación, se detienen tres militantes del colectivo contra la represión Ceivar–OPAR. Dos años después, y ante los nulos indicios de vinculación a la organización terrorista, cuya mera existencia es cuestionada, la Fiscalía retira la acusación de integración en banda armada.
Sin embargo, en el escrito de acusación de octubre de 2019 endurece aún más su interpretación y solicita la ilegalización de las dos organizaciones —la organización política Causa Galiza y el colectivo Ceivar—. Para once de los acusados pide el delito de pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y hasta 29 delitos de enaltecimiento por la participación o asistencia a actos políticos o de recibimiento a presos independentistas, varios de los cuales finalizaron absueltos.
Las peticiones individuales van de los 4 a los 12 años de prisión por persona, así como un total de 348.000 euros de multa.