Opinión
Acabar con Zapatero, terminar con lo público: de las cajas de ahorro a la SEPI

“No hay pan para tanto chorizo”, rezaba el castizo eslogan de aquellos días de mayo de 2011. Un año antes, habían empezado los recortes de derechos que nos situaban en la órbita de los Estado de Bienestar (cheque bebé, ayuda de 400 euros), se recortaban sueldos públicos y caían los salarios, la inflación se disparaba, mientras la banca y el Plan E se llevaban 150.000 millones del Estado.

En enero de 2011, el Gobierno de Zapatero aprobó un ajuste de las pensiones, gota que colmó el vaso de la paciencia de la ciudadanía, que empezó a ver cómo el Estado tenía una doble vara de medir con el gasto público. Podemos y Ciudadanos apuntaron a las redes clientelares de los partidos para hundir a las cajas de ahorros y luego rescatarlas, tal y como se apuntó en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del Congreso de los diputados, que debió de sacar conclusiones y recomendaciones sobre la crisis financiera, y que se selló sin cambios sustantivos en la legislación española, ni tampoco con la devolución del rescate. Los votos particulares de todos los partidos (Ciudadanos, PNV, Podemos) en dicha Comisión, a excepción de PP y PSOE, apuntaron a algo: se socializaron las pérdidas y las instituciones financieras y supervisores fueron capturadas por los grandes partidos para favorecer sus propios intereses y los de sus redes clientelares. Estas redes fueron las grandes constructoras beneficiadas por el ladrillo y que, durante la crisis, fueron apoyadas gracias al rescate a las cajas de ahorro, a las que debían miles de millones de euros.

Las cajas de ahorro han sido, hasta su desaparición, un instrumento financiero eficaz para vehicular el ahorro y para facilitar el crédito a empresas e instituciones regionales, y también un atípico instrumento dentro del sistema financiero internacional. Eran entidades financieras con vocación social (al igual que en el modelo francés o alemán), pero a diferencia de otros países, era principalmente instituciones políticas de orden regional las que participaran en sus órganos rectores: ayuntamientos, Parlamentos regionales, sindicatos, y patronal (además de los trabajadores).

Mediante regulaciones legislativas, como la hecha por Aguirre en 2003, el PP se aseguró el control de Caja Madrid, con participación de miembros del PSOE o IU. Lo mismo hizo el PSOE con Cajasol en Andalucía o en Catalunya con Caixa Catalunya. Es decir, los mismos partidos que controlaban los créditos a nivel regional, desde los gobiernos de las comunidades eran los que diseñaban los planes de ordenación urbana y facilitaban licitaciones y concesiones a empresas. Era la singularidad del sistema político español, facilitada por la Constitución del 78, que centra todo el poder en los partidos políticos. EL FROB, el instrumento que canalizó el rescate a la banca, estaba controlado por el Gobierno del PSOE, e hizo la vista gorda a Bankia, la gran ganadora del rescate con 12.000 millones, y que en 2012 afloró pérdidas millonarias que no había visto ningún órgano supervisor.

En 2020 otra crisis, también global, pero esta vez provocada por una pandemia global, azotó gravemente a la economía española. Esta vez España y Europa contaban con mecanismos de compensación que no exigían recortes, pero los mecanismos de intervención quedaban controlados por los mismos resortes y sin supervisión alguna. No era una crisis de origen financiero, y afectaba principalmente a la economía productiva y de bienes y servicios. Por ello, se optó por un instrumento por el cual el Estado, desde 1941 había intervenido selectivamente en la economía, rescatando a unas empresas u otras según el momento.

En los 90 dicho Instituto Nacional de Industria se convirtió en la SEPI, y así ha seguido hasta nuestros días sin cambiar su singularidad jurídica dentro del entramado institucional público español

En la crisis de los 70, dicho instrumento se denominaba INI, y sirvió para rescatar a empresas en quiebra, y con una dudosa viabilidad futura. En los 90 dicho Instituto Nacional de Industria se convirtió en la SEPI, y así ha seguido hasta nuestros días sin cambiar su singularidad jurídica dentro del entramado institucional público español. Es una entidad de derecho público, que se rige por sus propios estatutos, Gobierno, y con autonomía financiera y operativa. Bajo su seno, se controlan participaciones mayoritarias y minoritarias en empresas muy conocidas como Indra, Telefónica, Redeia (Red Eléctrica), Ebrofoods, Correos, Enagás, IAG, Navantia, Unosa, o la agencia EFE. Todo ello dota a SEPI de un elevado control sobre la economía y, particularmente, a su órgano rector controlado por su presidente y los consejeros nombrados principalmente por Hacienda (ministerio responsable) e Industria.

El Gobierno de Sánchez, al igual que el resto de países del mundo, canalizó grandes cantidades de dinero a la economía para rescatar a empresas paralizadas por el confinamiento. A partir del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones de euros, creado en julio de 2020, se canalizaron las grandes ayudas a empresas, que no podían ser inferiores a 25 millones. Para el resto de empresas, principalmente Pymes, fue usado el Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía. Los requisitos para acceder a estas ayudas eran estar al corriente de pagos a la Seguridad Social, no tener pérdidas antes de la pandemia, y tener presencia operativa y sede social en España. Dichas ayudas eran aprobadas por un órgano rector formado por el propio presidente de SEPI y vocales de los mismos ministerios que controlaban SEPI. No había más control que ese.

Si se confirman las sospechas, Zapatero habría maniobrado de la misma manera que Ábalos y Koldo, favoreciendo que se aceptara la solicitud de rescate a la aerolínea

El reciente caso que ha llevado al primer ex presidente del Gobierno de España al banquillo de los acusados, ha señalado a SEPI, por su papel en la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra. En el mismo ojo del huracán estaría el rescate a Air Europa que, supuestamente, fue agilizado gracias a los pagos de la empresa a Aldama, y este a Koldo y al ex ministro José Luis Ábalos, según el auto que llevó a prisión a este último el pasado noviembre. Si se confirman las sospechas, Zapatero habría maniobrado de la misma manera que Ábalos y Koldo, favoreciendo que se aceptara la solicitud de rescate a la aerolínea y se pasaran por alto los informes de las auditoras y técnicos de Hacienda, aunque finalmente contó con el visto bueno del Tribunal de Cuentas. Según se ha puesto en evidencia, Plus Ultra era una empresa que no cumplía tres requisitos: había entrado en pérdidas en 2019, mantenía deudas con la Seguridad Social, y su actividad no era clave en la economía española, ya que poseía una pequeña flota y un 0,03% del mercado. Cumplía un único requisito, tener sede social en España, aunque su accionariado está mayoritariamente en manos de empresarios venezolanos (58%), en concreto de Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.

Como suele suceder en grandes casos de corrupción que han afectado al PP y PSOE, diversos procedimientos empiezan a converger en determinadas personas e instituciones, lo que apunta a un entramado común. En 2011 eran las cajas de ahorro capturadas por redes clientelares de los partidos, algo que afloró en el caso Bankia y la total ausencia de supervisión y control de la misma por sucesivos gobiernos del PP y PSOE en el Estado y la Comunidad de Madrid, pero también en el juicio por las Tarjetas Black, por el que se descubrió el entramado de prebendas (en forma de tarjeta ilimitada y opaca) a los miembros del consejo de administración, como fórmula para lograr la aceptación de todo lo que llegaba del presidente y amigo de Aznar, Miguel Blesa y posteriormente a Rodrigo Rato, la mano derecha de Aznar, condenado por el caso.

Algo similar sucedió en Gürtel y Caja B, donde empresas constructoras beneficiarias por la obra pública de gobiernos del PP estuvieron en el ojo del huracán por los apuntes en la libreta de Bárcenas como donantes del PP. No se pudo probar, pero el mismo esquema de comisionistas y empresas beneficiarias por concesiones gracias a pagos a aliados políticos fue condenado en el caso Gürtel,que acabó con el PP condenado a título lucrativo, y daba por probada la Caja B, pero que circunscribió la corrupción a hechos probados en los ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda.

El Partido Popular, y en particular Aznar, conoce el valor estratégico de la SEPI para fines partidistas, pues le permitió a inicios del milenio derivar sus empresas a aliados políticos

A día de hoy, el PP, como buen conocedor de estos procesos, ha visto la convergencia de modus operandi, y ha centrado el tiro en la SEPI, con la constitución en febrero de la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Partido Popular, y en particular Aznar, conoce el valor estratégico de la SEPI para fines partidistas, pues le permitió a inicios del milenio derivar sus empresas a aliados políticos, como la Caja Madrid de Miguel Blesa, a quien vendió Indra, Ebrofoods, Iberia, o Endesa; y en otros casos colocar a sus afines en sus presidencias antes de privatizarlas.

Tras llegar al Gobierno, Sánchez dejó en manos de María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, la SEPI, joya de la corona del Estado. A partir del control de SEPI, el Estado ha ampliado sus participadas en la otrora estatal Telefónica, y también ha ganado el pulso a los hermanos Escribano, desplazados de la compañía INDRA con la que iban a fusionarse. Según el reciente auto que ha acabado con Zapatero como imputado, Plus Ultra contaba con un interlocutor en la SEPI, que daría a conocer en tiempo real el desarrollo de los trámites, una de las pruebas de estos “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos” para la concesión de ayudas. En la lupa están ahora los 2.600 millones concedidos en ayudas, de los cuáles se han devuelto 65%. En el caso de los 53 millones destinados a Plus Ultra, únicamente han abonado los intereses, por valor de 12 millones.

El problema es que, con su pérdida de credibilidad, puede terminarse con el último gran baluarte del tejido público en España, como fueron las cajas de ahorro

El Partido Popular no duda que es la gran ocasión política de derribar a Sánchez, y para ello no dudará en señalar el funcionamiento opaco de la SEPI. La singularidad de la SEPI, como holding público que participa en sociedades anónimas sin control estatal, es única en el mundo, como lo eran las cajas de ahorro. El problema es que, con su pérdida de credibilidad, puede terminarse con el último gran baluarte del tejido público en España, como fueron las cajas de ahorro.