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Es periodista y antropólogo. Actualmente coordina su trabajo en comunicación institucional con la literatura y la divulgación sobre cuestiones LGBTI con perspectiva de clase e interseccionalidad.
“Las fuentes policiales no han confirmado que se trate de un caso de homofobia”. ¿Y desde cuándo el periodismo se ha convertido en el gabinete de prensa de la policía? ¿No es su labor precisamente cuestionar los discursos oficiales e investigar por su propia cuenta?
El pasado 1 de julio Samuel, un joven de 24 años, era asesinado en a Coruña al grito de “maricón” y desde entonces hemos visto y oído a decenas de tertulianos hablar de mil causas posibles, desde una rencilla por un teléfono hasta abuso de drogas, excepto de la que debería ser la opción más evidente dada la descripción de los hechos: lgbtifobia.
Cuando los medios son señalados por esta actitud, alegan que su labor es informar y que, para ello, recurren a fuentes “oficiales”, como es la policía. La misma que el lunes repartía porrazos a diestro y siniestro contra una manifestación pacífica en memoria de Samuel. Si la labor es informar, parte de ella debería ser contrastar fuentes y cuestionar aquellas que, a todas luces, podrían estar fallando.
O, como mínimo, ser honestos y decir “Las fuentes policiales, que ayer estaban pegando a gente LGBTI, desmienten que sea un caso de lgbtifobia” y que las lectoras sacaran sus propias conclusiones.
Según estimaciones de ILGA Europe, tan sólo el 16% de los casos de lgbtifobia se denuncian ante las instituciones
Actualmente, ocho de los 14 escaños en el Consejo de la Policía están ocupados por miembros de JUPOL, el nombre con el que la asociación Justicia Salarial Policial (JUSAPOL), de un marcado perfil ultraconservador y en cuyas manifestaciones se presentan con frecuencia líderes de Vox, se presentó a las elecciones sindicales de 2019 y en las que arrasó con casi el 60% de los votos. Esto quiere decir que, cuando una víctima de lgbtifobia denuncia su caso, en más de la mitad de las ocasiones puede estar siendo atendida por un votante de una asociación reaccionaria. Quiere decir que, cuando el periodismo consulta exclusivamente a la policía sobre un caso de lgbtifobia, la mayoría de las veces actúa de correa de transmisión del discurso excluyente.
Según estimaciones de ILGA Europe, tan sólo el 16% de los casos de lgbtifobia se denuncian ante las instituciones, por lo que nos encontramos ante la punta del iceberg. Y, visto lo visto, quizá el problema sea que hemos permitido que sea el zorro quien cuide de las gallinas.
Pero no sólo de policía va la cosa. El pasado octubre, una jueza condenaba a un valenciano a pagar una indemnización a su exesposa por haber “ocultado deliberadamente” su bisexualidad. Dolores Vázquez estuvo 17 meses en prisión por un juicio claramente lesbófobo en el mediático caso Wanninkhof. En 1997, el Tribunal Supremo rebajaba las condenas a los asesinos tránsfobos de Sonia Rescalvo. La propia ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue pillada utilizando despectivamente la palabra “maricón”, la misma con la que han arrebatado una vida en A Coruña. Y, sin embargo, los medios remiten una y otra vez a las sacrosantas fuentes judiciales de las que poco o nada podemos esperar las personas LGBTI.
La lucha LGBTI tiene una lucha hermana, los feminismos, que han demostrado que se puede girar la tortilla y evidenciar los sesgos reaccionarios del sistema judicial y la policía
Pero, afortunadamente, no todo es desesperanza. La lucha LGBTI tiene una lucha hermana, los feminismos, que han demostrado que se puede girar la tortilla y evidenciar los sesgos reaccionarios del sistema judicial y la policía. La sororidad y la incondicionalidad entre mujeres que denuncian el machismo que padecen deberían inspirar una sororidad e incondicionalidad entre personas LGBTI. Un #YoSíTeCreo que, del mismo modo que puso contra las cuerdas la pregunta machista “¿y cerraste bien las piernas?” ponga contra las cuerdas el “maricón es un insulto sin más” o el “es que deberíais besaros en privado” o el “es que lo iba buscando con esas pintas de mamarracha”.
Porque la incondicionalidad, la empatía y las redes entre iguales brindan esperanza y ponen en jaque al sistema, que nos quiere solas y aisladas. Ese sistema que, cuando evidenciamos su lgbtifobia, su machismo, su racismo o su capacitismo, se pone como un gato panza arriba intentando desacreditarnos. Por eso jamás es lgbtifobia, porque aceptar que lo es sería un primer paso hacia la autodestrucción. Y el sistema, sobre todas las cosas, busca perpetuarse ya sea dominando el discurso mediático o ya sea lanzando a quienes ostentan el monopolio de la violencia contra nuestros cuerpos diversos.
Ahora nos falta la incondicionalidad y la empatía por parte de los medios de comunicación. Que nos crean cuando denunciamos que nos echan del trabajo, nos dejan sin casa o nos pegan hasta matarnos porque somos disidentes del sistema sexo-género. Porque, mientras sigan afirmando que “las fuentes policiales no han confirmado que se trate de un caso de homofobia”, no estarán haciendo periodismo sino comunicación corporativa del sistema capitalista y su violencia estructural.
Y, por cierto, desde esta columna lanzo una pregunta a la Policía Nacional: ¿Me podría informar de la razón de uso de fuerza desmesurada por los agentes con número de identificación 1U1O24 y 1U1021?
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El 60% de lxs policías votó a JUSAPOL. Hay el 60% de probabilidades de que una feminista, unx del colectivo LGTBI, unx desahuciadx, unx sin hogar, unx pobre, unx racializadx, unx de religión musulmana, sean “atendidx” por policías fascistoides. En este caso, todo puede pasar y nada bueno.
La formación que debe recibir la policía para saber tratar a todos los colectivos mencionados debe ser una prioridad. Y aquel o aquella policía que no sepa desempeñar su trabajo de acuerdo con la formación recibida no debería formar parte del Cuerpo. El Ministerio del Interior tiene mucho trabajo por delante.