Opinión
La extraña alianza del castigo: cuando la cárcel sustituye a la multa

La imagen en el hemiciclo fue inusual: una mayoría absoluta de 302 votos construida en un acuerdo transversal entre izquierda y derecha. El objetivo compartido es claro: acabar con la sensación de impunidad en las grandes ciudades y evitar que los carteristas acumulen decenas de detenciones sin consecuencias reales.

La nueva letra del Código Penal es severa. A partir de ahora, la acumulación de tres delitos leves —hurtos menores de 400 euros— dejará de saldarse con una simple multa para castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años. Además, la norma introduce herramientas inéditas: el robo de móviles se agrava por vulnerar la “intimidad digital”, los jueces podrán dictar órdenes de alejamiento de lugares concretos y se penaliza con hasta cinco años el “petaqueo” o transporte de combustible para narcolanchas.

A partir de ahora, la acumulación de tres delitos leves —hurtos menores de 400 euros— dejará de saldarse con una simple multa para castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años

Sin embargo, mientras la política celebra el consenso, la sociología criminal frunce el ceño. Diversos expertos y una minoría parlamentaria advierten de que el “populismo punitivo” podría no ser la solución mágica que promete ser.

El mito del delincuente racional

La reforma parte de una premisa clásica: el delincuente es un actor racional que, calculadora en mano, sopesa costes y beneficios antes de actuar. Si sube el coste (cárcel), baja la acción (robo). Sin embargo, la realidad de los calabozos rara vez encaja en ese modelo.

Como han puesto de relieve trabajos recientes de criminología ambiental en España, el pequeño hurto suele ser impulsivo y oportunista, consecuencia de la ocasión y no de una estrategia. Más preocupante aún es el perfil del reincidente: estudios del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones señalan que una parte importante de estos reincidentes arrastran historias de exclusión severa, sinhogarismo o problemas graves de drogodependencia.

Para quien roba intentando calmar un síndrome de abstinencia o simplemente para comer ese día, la amenaza de una pena futura (incluso la prisión) tiene una capacidad disuasoria nula

Para quien roba intentando calmar un síndrome de abstinencia o simplemente para comer ese día, la amenaza de una pena futura (incluso la prisión) tiene una capacidad disuasoria nula frente a la urgencia fisiológica del presente.

La trampa de la lentitud

A este escenario psicológico se suma un problema estructural. La literatura sobre disuasión penal es clara: lo que frena al crimen no es la dureza de la pena (cuántos años te caen), sino la certeza y la inmediatez del castigo (cuándo te caen).

En este punto, el sistema español juega con desventaja. Informes del Consejo General del Poder Judicial llevan años radiografiando una justicia saturada, donde la sentencia firme llega meses o años después del delito. Cuando el castigo se percibe como una amenaza lejana y abstracta, su efecto preventivo se diluye.

La cárcel como escuela

El riesgo final de la nueva ley reside en sus efectos colaterales. Al encarcelar a hurtadores de perfil bajo junto a criminales profesionales, se activa lo que los sociólogos llaman el “contagio criminal”. Investigaciones publicadas en la Revista de Derecho Penal y Criminología advierten de que la prisión puede funcionar como una escuela de perfeccionamiento delictivo, convirtiendo a un “delincuente molesto” en un “delincuente peligroso” a su salida.

El sistema español juega con desventaja. Informes del Consejo General del Poder Judicial llevan años radiografiando una justicia saturada, donde la sentencia firme llega meses o años después del delito

Además, existe el riesgo del desplazamiento: si el hurto simple conlleva cárcel, el delincuente acorralado podría volverse más agresivo para evitar la detención, escalando hacia la violencia o trasladándose a zonas de menor presión policial.

La nueva ley, sin duda, enviará un mensaje de “tolerancia cero” y podría aliviar la percepción de inseguridad a corto plazo. La incógnita es si, a la larga, servirá para vaciar las calles de ladrones o solo para llenar las cárceles de pobres.