Opinión
Infancia sin salida

El confinamiento en los hogares no deja protegida a la población de todas las pandemias que sufrimos. El coronavirus, por su agresividad y su enorme capacidad de contagio, es la pandemia que en estos momentos no permite que tengamos una vida rutinaria y nos obliga a vivir en un estado de alarma declarado por el Gobierno. Pero la sociedad, más allá del coronavirus, sufre de otras pandemias de las que ahora parece que nos hemos olvidado definitivamente.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se presentaron en España  alrededor de 31.286 denuncias por malos tratos. En lo que llevamos de año, se han producido 32 asesinatos de mujeres según feminicidio.net. Un total de 29 niños y niñas fueron asesinados por sus padres desde 2013. Uno de cada cuatro niños y niñas sufre abusos sexuales en el seno familiar. Sin embargo, frente a esas cifras que producen escalofrío, tan solo el 2,9% de las visitas de los hijos e hijas con sus padres condenados por malos tratos fueron suspendidas.

La declaración de estado de alarma deja a nuestra infancia obligada a convivir durante 24 horas, sin salida posible, con sus maltratadores y abusadores

Lo terrible de esta declaración de estado de alarma es que deja a nuestra infancia confinada en sus casas pero obligada a convivir durante 24 horas, sin salida posible, con sus maltratadores y abusadores. Lo horroroso de esta situación es que niños, niñas y adolescentes se despiertan en su cama temiendo, temblando y en un estado de estrés continuado que reventaría cualquier sistema neuronal por muy sano que estuviese.

Las declaraciones desafortunadas del director operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, quien declaró el lunes en la rueda de prensa sobre la evolución del coronavirus que las agresiones machistas se han reducido un 40% desde que se pusieron en marcha las medidas de confinamiento, trasladan a una España castigada y confinada, y sobre todo a quienes sufren este violencia, a un descrédito absoluto. Esas declaraciones, que no han sido rectificadas, nos colocan frente a la terrible realidad que vivimos desde hace tiempo, mucho tiempo y antes de la aparición del coronavirus: en una situación de debilidad absoluta a quienes venimos batallando para que esta pandemia, que también afecta a una parte importante de la población española, desaparezca.

Las denuncias por malos tratos no pueden aumentar ni mantenerse en un estado de alarma, su disminución tiene una causa que no es otra que el propio confinamiento. El control que el maltratador ejerce sobre su pareja y sus hijos e hijas es total. Sin temor a equivocarme afirmo que ni los hijos e hijas ni las mujeres que están sufriendo malos tratos saldrán a la calle ni un segundo, tampoco irán a las farmacias ni tendrán posibilidad de establecer ningún tipo de contacto por móvil. Lo primero que procura un maltratador o abusador es el aislamiento para desde ahí humillar, castigar, despreciar y paralizar a sus víctimas. Desconocer que el maltratador ejerce control, autoritarismo, que infunde terror es desconocer lo más esencial y desconocer lo más esencial significa desconocerlo todo.

El estado de alarma ha entregado a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad e impotencia de donde no pueden salir

El estado de alarma ha entregado a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad e impotencia de donde no pueden salir, les ha puesto en manos de maltratadores y abusadores con impunidad absoluta. En el mejor de los casos en los que las madres convivan en el mismo domicilio por no haberse llevado a cabo la separación de los cónyuges, no pueden protegerles ya que ellas se encuentran amenazadas. Poco o nada puede hacer esa madre que se muere de pena viendo cómo se abusa de sus hijos e hijas y sabiendo que no tiene salida.

Nada, absolutamente nada puede hacer la infancia, los hijos e hijas a los que sus padres golpean, insultan y abusan. Solo les queda bloquear su mente para intentar superar lo insuperable, ese miedo insuperable que jamás se olvida.

Si bien es totalmente entendible que las situaciones personales no se pueden estudiar en un primer momento y que urgía detener el contagio por coronavirus, es momento que se empiecen a estudiar y a tomar decisiones sobre lo que no es menos urgente, la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los malos tratos y abusos. Se apresuraron la Junta de Jueces, el Consejo General del Poder Judicial e incluso la asociación AEAFA a redactar comunicados que suspendían las visitas tuteladas e intersemanales, dejando vigentes los cambios de custodias compartidas. Como todo y como siempre, nunca llueve a gusto de todos y todas, de forma que “salvamos” a una parte de nuestra infancia y condenamos a otra a la soledad, aislamiento y a sufrir sin poder encontrar salida de un pozo de donde, en principio, nadie va a rescatarles.

Para esa infancia, esos niños,niñas y adolescentes del pozo se debería estar trabajando sin descanso. El abandono por quienes les deberían proteger es cuando menos condenable y reprochable. No son casos aislados, la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y los arrancamientos de custodias se cuentan por cientos. Cientos de visitas mínimas que se han visto drásticamente interrumpidas con el pretexto de ser recuperadas, sustituidas por videollamadas que son controladas por los maltratadores y abusadores. Cientos de niños y niñas que denunciaron abusos y fueron arrancados de sus madres, a los que no se les creyó, a los que se les obligó a convivir aunque no quisieran con quienes ellos y ellas temían, víctimas de un virus letal que les mata sus infancias y les obliga a vivir auténticos infiernos de los que sólo salían en esas cortas y distanciadas visitas. Ahora ni siquiera les queda éso.

Se apresuraron los Puntos de Encuentro Familiar a cerrar sus instalaciones. Quienes son usuarias de estos lugares que nunca fueron neutrales saben que las medidas de higiene y seguridad no son tenidas en cuenta. Por otro lado, el hacinamiento de los niños y niñas a quienes se obliga a relacionarse con maltratadores ha quedado al descubierto en este momento. Sin embargo, lejos de ser considerados como servicios esenciales, han dejado de prestar servicio y no por la suspensión de la Administración que en definitiva es quien los subvenciona sino por decisión de las propias empresas privadas que los gestionan.

Estos puntos de encuentro como tantos otros servicios sociales que fueron externalizados deberían ser vigilados y controlados de la misma forma que se está llevando a cabo con las residencias de ancianos. El Gobierno debería negarse a realizar el pago de los servicios ya que nos ha quedado claro que no son servicios esenciales, que no son lugares seguros y que en definitiva puede prescindirse de ellos. Se deben buscar alternativas a los puntos de encuentro familiar tal y como en este momento están dirigidos, cabe y debe repensarse una alternativa que, incluso en momentos de crisis sanitaria que obliga a un país a mantenerse en estado de alerta, preste el servicio para el que fueron designados, de lo contrario como ya se sabía, el sistema está fracasando.

El estado de alarma que estamos viviendo nos obliga a estar adaptando continuamente protocolos, actuaciones, modificar en definitiva nuestros horarios y rutinas. Sin embargo, para esa infancia olvidada se apresuraron a realizar un par de comunicados. Después, nada. El vacío, el olvido. Esta situación nos va a dejar muchísimas secuelas de las que tardaremos en recuperarnos. Urge proteger a quienes no se protegió, a quienes se obligó a permanecer encerrados con maltratadores y abusadores que aprovechan situaciones de debilidad como éstas para ejercer todo su poder. Ignorar esta terrible realidad es cuando menos inasumible y deberíamos tomar decisiones rápidas al respecto.