Opinión
La solución no vendrá del populismo, sino de la intervención popular en los asuntos públicos

Es una constante en nuestro país que ante cada catástrofe, generalmente unida a los errores o deficiencias de los dirigentes políticos, aparezca una explosión de solidaridad y autoorganización. Después, todo vuelve a quedar exclusivamente en manos de los mismos poderes políticos y económicos, las y los voluntarios vuelven a sus quehaceres y la vida sigue como antes, o peor, y hasta la próxima. Así lo hemos visto con el Prestige, la pandemia o Filomena. Curiosamente, también lo vimos con en la crisis económica. Con la Dana en València corremos el riesgo de volver a recorrer el mismo camino.

Las líneas que siguen pretenden abrir un debate o reflexión para que, tras la Dana, no se repita este esquema, según el cual los responsables de los desastres, además de quedar impunes, siguen llevando el timón y generando las condiciones para que las catástrofes vuelvan a suceder. Para ello planteamos algunas propuestas, que tienen como aspecto central poner en marcha la participación ciudadana y laboral para condicionar todo lo posible la lógica dominante, inscrita en las instituciones y las relaciones sociales, de anteponer los negocios privados a las necesidades sociales. La solución no vendrá de la mano de lideres populistas, sino de la intervención popular en los asuntos públicos, especialmente de los sectores más explotados y oprimidos.

Parque Alcosa tras la dana: tus vecinas llegan a donde no lo hace el Estado

Pablo Fernández Patricia Macías

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Valencià

Dana Parque Alcosa tras la dana: tus vecinas llegan a donde no lo hace el Estado

Pablo Fernández ,  Patricia Macías

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En uno de los municipios más afectados por la dana, las redes comunitarias tejidas durante años en torno a un colectivo del barrio, están dando respuesta a la emergencia.

Afectados por la dana Saliendo del fango

Hay que echar a Mazón; para ello es necesaria la movilización en Valencia, y sobre todo, en el resto del país. Si el gobierno central no le quitó el mando al día siguiente se lo tendremos que quitar la población. No puede seguir en el gobierno quien es presunto responsable de más de 220 muertes por haber dado la alarma 12 horas tarde y haber estado desaparecido durante las cuatro horas más criticas. Un individuo con tal catadura moral no va a cambiar; de hecho, ya ha adjudicado casi 62 millones en contratos a dedo a empresas vinculadas con tramas corruptas del PP, según eldiario.es. Los colectivos que organizaron las pasadas movilizaciones deberían seguir coordinados y abrirse a la participación de más personas, sobre todo afectados y voluntarios. Ese mismo movimiento debería exigir al gobierno central que las ayudas sean suficientes y rápidas.

Las y los trabajadores de las zonas afectadas deberían coordinarse para denunciar a aquellos empresarios que obligaron a cumplir la jornada el día de la Dana.

Las ayudas tendrían que ser controladas por comisiones elegidas por las y los afectados y por los habitantes de las zonas inundadas. Ningún general garantizará que las ayudas vayan a las personas más necesitadas

Las ayudas tendrían que ser controladas por comisiones elegidas por las y los afectados y por los habitantes de las zonas inundadas. Ningún general garantizará que las ayudas vayan a las personas más necesitadas y que la reconstrucción se haga al margen de los intereses de constructoras y empresas turísticas o agroalimentarias. Es importante recordar unos hechos al respecto. En 1999 ya se evaluó que la zona de la rambla del Poyo y Pozalet era la zona de mayor peligrosidad por inundaciones de toda la Comunidad Valenciana; en 2006 se hizo un plan contra el riesgo de inundaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y miembros de la universidad de Valenciana llamado Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, pero desde esta fecha no se ha hecho nada para aplicar dicho plan, que según los técnicos habría disminuido el impacto de la Dana en esta zona a la mitad. Es decir, había soluciones técnicas que ningún gobierno central (ni del PP, ni del PSOE) ni autonómico (de izquierda o de derecha) las llevaron a cabo. Faltó la presión social para que el proyecto técnico se hubiese hecho realidad.

El Gobierno de València contrata 12,9 millones en obras de la dana a una constructora investigada por pagos al cuñado de Barberá

Javier H. Rodríguez Pablo Elorduy

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València

Exclusiva El Gobierno de València contrata 12,9 millones en obras de la dana a una constructora investigada por pagos al cuñado de Barberá

Javier H. Rodríguez ,  Pablo Elorduy

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La Generalitat Valenciana ha hecho el encargo a Ocide, una empresa cuya matriz está siendo investigada en el caso Azud por pagos “de naturaleza ilícita” al abogado José María Corbín a cambio de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de València.

Mientras el teniente general Gan Pampols nos trata de convencer que sus decisiones serán técnicas y no políticas, Mazón, como hemos dicho, ha empezado a transferir el dinero de las ayudas a su antojo y a subir los sueldos a miembros de su gobierno.

Es necesario que la población de las zonas afectadas se autoorganice para poder tomar parte en las decisiones sobre modificaciones urbanísticas (hoy 500.000 personas de la Comunidad de Valenciana viven en zonas inundables); proceso del que deberían ser parte las y los trabajadores de los polígonos y empresas inundadas, para garantizar que las ayudas a empresas no se desvían a otros propósitos y para evitar reducciones de plantilla y despidos. Cabría plantearse si una vez superada la situación esas ayudas no deberían revertir en un fondo salarial.

Sería imprescindible generar un amplio movimiento laboral y social en todo el país para exigir una dotación presupuestaria que garantice unos servicios públicos de calidad y en los que tengan voz y voto las y los trabajadores de dichos servicios y las y los usuarios de los mismos. Nos parece vergonzoso que la extrema derecha, que para favorecer a los más ricos ataca a los servicios públicos promoviendo su privatización y las rebaja de impuestos, con las que estos se financian, se apoye en los voluntarios para decir que los servicios públicos sobran. Tampoco se pueden falsear los hechos diciendo, desde cierta izquierda, que el Estado son los empleados públicos, como si estos tuviesen algún poder de decisión en el dinero que se les asigna, en las condiciones laborales, en la dimensión de las plantillas, o en su funcionamiento. Necesitamos servicios públicos más potentes y sobre todo más públicos. Para librar a dichos servicios del azote de recortes y privatizaciones, hemos de lograr que el poder de decisión vaya pasando de gobiernos y administraciones a las personas que trabajan en ellos y a la ciudadanía que los financia y usa.

Habría que constituir brigadas ciudadanas de emergencias formadas por voluntarios de duración permanente, con fondos propios, formación adecuada y coordinadas con los servicios públicos respectivos (bomberos, sanitarios, servicios antiincendios etc).

La movilización y participación social también es necesaria para avanzar hacia un modelo social que sea compatible con la humanidad y con la naturaleza, sabiendo que habrá que enfrentarse a quienes persisten en la explotación insostenible de personas y recursos naturales con el fin de acrecentar sus negocios.

Es imprescindible cambiar nuestro actual modelo capitalista de producción, consumo y urbanismo y eso solo se hará con la movilización social, especialmente juvenil y laboral

Debatir sobre estos puntos u otros parecidos puede parecer innecesario o utópico, pero para evitar que tanto las pandemias como las danas que, como consecuencia de la agudización de la crisis climática, sean fenómenos cada vez más frecuentes y virulentos, es imprescindible cambiar nuestro actual modelo capitalista de producción, consumo y urbanismo y eso solo se hará con la movilización social, especialmente juvenil y laboral.