País Vasco
Joseba Azkarraga: “La Fiscalía está actuando para paralizar el paso a tercer grado de los presos y presas”

Ya no hay presos de ETA en cárceles a mil kilómetros de su familia. Es una batalla, “si no ganada, sí vencida”, como señala a El Salto Joseba Azkarraga, portavoz de la Red Sare. Mañana, 7 de enero, como cada año miles de personas saldrán a las calles de Bilbao en defensa de los derechos humanos de los presos de ETA. Aunque hay mucho que celebrar, con el fin de la política de dispersión de presos tras más de 35 años aplicándose a los presos de la banda terrorista, desde Sare señalan que queda mucho camino por recorrer.

Empezamos 2023 con una situación muy diferente en cuanto a los presos de ETA y su entorno. La gran mayoría están ya, por fin, en cárceles de País Vasco, y ya hace más de un año que la CAV tiene las competencias sobre sus prisiones. ¿Se ha ganado la batalla contra la política de dispersión de presos?
Yo no relacionaría ambas cosas porque el hecho de que se haya ido terminando con la política de dispersión y de alejamiento comenzó bastante antes de que el Gobierno vasco tuviera las competencias transferidas. El movimiento clave se produjo el 1 de julio de 2021, que es cuando la administración penitenciaria Española tomó la decisión de que todos los presos que estaban en la parte más alejada, es decir, de Madrid hacia abajo, se trasladaran a prisiones que estuvieran de Madrid hacia arriba. Para entonces la transferencia de competencias no se había producido. A partir de ese momento, se comenzaron a producir los traslados a todas las cárceles de Euskal Herria, tanto a las de la Comunidad Autónoma Vasca como a las de Nafarroa. Y hoy nos encontramos con que el tema del alejamiento, pues no sé si ha ganado, pero cuando menos se ha vencido. Es decir, estamos prácticamente en el final de esa política de alejamiento. Quedan una docena de presos todavía en algunas cárceles de Madrid y en algunas de Aragón y también de Castilla y León. Pero esperamos que esto se termine, ojalá en los próximos meses.

¿Sabéis si ya se está tramitando el traslado de esa docena de presos que siguen fuera de Euskal Herria?
Me imagino que estarán pendientes de los trámites propios de la administración penitenciaria: de los informes de las cárceles donde están ubicados ahora. Creo que lo importante es que se haga cuanto antes. Hace unos meses, el ministro del Interior decía, ante una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados por parte de la derecha, que “si nosotros mantuviéramos a los 190 y pico presos en el Puerto Santa María, estaríamos cometiendo una ilegalidad”.  Pues, por supuesto que sí. Han cometido una ilegalidad durante más de 35 años, y, mientras mantengan a esos 12 presos sin ser trasladados, seguirán cometiendo una ilegalidad.

Bueno, entonces ya han asumido que la política de dispersión es ilegal.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo asumen, pero aquí no ha pasado nada.

Gobierno vasco ha aprobado 34 progresiones de grado y la Fiscalía ha recurrido 24. De estos, seis presos ya llevaban varios meses fuera, en la calle, trabajando, y han tenido que volver a prisión a segundo grado penitenciario. Y esto es obra y arte del arma jurídica del Gobierno

Ahora, con la política de dispersión ya casi superada, sin embargo denuncias que se están cometiendo otras irregularidades con los presos vascos. Me refiero al paso a tercer grado, que permite una situación de semi libertad. Hasta ahora se ha concedido a 34 de los 190 presos, pero la Fiscalía parece empeñada en que vuelvan a segundo grado y, por tanto, al régimen cerrado.
Hay que hacer una observación que me parece muy importante: la Fiscalía depende del Gobierno español, no depende del Poder Judicial, con lo cual no cabe que el Gobierno español hable de normalizar la situación penitenciaria cuando por otro lado, su arma jurídica, que es la Fiscalía, actúa como está actuando, provocando una paralización de los procesos de progresión de grado. El Gobierno vasco ha aprobado 34 progresiones de grado y la Fiscalía ha recurrido 24. De estos, seis presos ya llevaban varios meses fuera, en la calle, trabajando, y han tenido que volver a prisión a segundo grado penitenciario. Y esto es obra y arte del arma jurídica del Gobierno. 

El 64% de los presos y presas vascos han cumplido el tiempo de prisión requerido en la legislación para ser propuestos a tercer grado, pero estamos en una situación de parálisis en todo esto

Diferentes medios de comunicación y la propia Fiscalía o la Audiencia Nacional, y los sectores más conservadores de la política, argumentan que el Gobierno vasco está concediendo el tercer grado como una fábrica de churros. Y no, no es cierto. Ha aprobado 34 progresiones de grado, pero hay 110 presos que están pendientes porque han cumplido las condiciones para esa progresión de grado y acceder a la libertad que están a la espera. Es decir, el 64% de los presos y presas vascos han cumplido el tiempo de prisión requerido en la legislación para ser propuestos a tercer grado, pero estamos en una situación de parálisis en todo esto.

Y de esos 34 presos a los que se había concedido el tercer grado, la Fiscalía ha presentado recurso contra 21 y por ahora, ha conseguido que vuelvan a prisión, a segundo grado, seis de ellos. ¿Cómo se desarrolla todo este proceso?
El proceso se inicia en el propio centro penitenciario. Las juntas de tratamiento del centro penitenciario donde está ubicado el preso son las que estudian su evolución. Sin juntas compuestas por psicólogos, sociólogos, juristas y funcionarios de la prisión que conocen la evolución del preso en la cárcel. Una vez que han hecho el informe sobre el preso, este pasa, en este caso, al Gobierno vasco, que lo ratifica o no. Hasta el momento, el Gobierno vasco está respetando la labor profesional de las juntas de tratamiento y normalmente ratifica sus informes. A partir de ese momento, el preso sale en semilibertad. Y es  también cuando la Fiscalía ha recurrido estas progresiones de grado ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que tarda cuatro, cinco o seis meses en decidir si aceptar el recurso de la Fiscalía o aceptar la progresión de grado. Mientras tanto, hasta ahora, el preso estaba en semilibertad, pero este año el Tribunal Supremo, bajo ese concepto de unificar doctrina, lo que ha hecho es retorcer aún más la cuestión y decir que una vez que el fiscal presenta el recurso, automáticamente el preso tiene que volver a la cárcel sin esperar a la decisión del juez central de vigilancia. Es un retorcimiento más de la legislación, siempre en contra del preso.

Uno de esos presos que ha vuelto a prisión es Xabier Atristain, que ha cumplido la mitad de los 17 años a la que fue condenado, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en enero de 2022 por este caso y sentenció que fue una condena injusta.
Europa le tiró de las orejas al Estado español porque consideró que este preso fue condenado tras un proceso sin las garantías suficientes porque no tuvo el apoyo de su abogado en el momento de la declaración y porque, además, denunció haber sido objeto de torturas.

Y supongo que su denuncia de haber sufrido torturas no se investigó.
Claro que no. De eso el ministro sabe mucho. Por su despacho en la Audiencia Nacional han pasado muchos presos para denunciar torturas y él, cuando era juez, ha mirado a otro lado. En el caso de Atristain, lo que hizo Europea fue declarar la condena injusta, poner una sanción económica a España y una indemnización al preso. Y el preso recibió la indemnización, pero el Supremo se negó a revisar la condena. Es algo ilógico, en cualquier país normal, democrático, con una justicia normal, sería inasumible algo así, pero aquí vale todo. Junto a este preso, se produce otro caso como el de Joseba Arregui, que tiene 76 años de edad y que ha cumplido ininterrumpidamente 30 años, día a día, de privación de libertad. En febrero, el Gobierno vasco le concede el tercer grado y sale en libertad con una pulsera telemática y, al cabo de seis meses, llega un recurso del fiscal y el juez central de Vigilancia Penitenciaria decide que vuelva a entrar en prisión. 

¿No se está dando el tercer grado a los presos de más edad? ¿Tampoco a los que tienen graves problemas de salud?
Hay presos que están prácticamente al borde de la muerte, y no. Hay varios que han muerto en la cárcel o les han puesto justo libertad para morir, a los pocos días, en casa. Es una barbaridad. Hemos ganado la etapa de la dispersión y del alejamiento, pero nos falta todavía un largo camino por recorrer.

De los 190 presos, hay 54 que llevan en la cárcel más de 20 años, once que llevan más de 25 años y cuatro que llevan más de 30 años. 15  de ellos sufren enfermedades graves y seis tienen más de 70 años

Hay 15 presos con enfermedades graves o incurables. De edad, la media es muy alta, de entre 49 y 50 años. Seis de los presos tienen más de 70 años, 20 tienen más de 60 años. Y de los 190 presos, hay 54 que llevan en la cárcel más de 20 años, once que llevan más de 25 años y cuatro que llevan más de 30 años. 

Entonces, si no se tiene en cuenta la edad ni siquiera el padecer una enfermedad grave, ¿por qué Fiscalía no ha presentado recurso contra la progresión a tercer grado de once de estos presos? ¿Qué les diferencia?
Que están a punto de cumplir la condena completa. La única diferencia es esa.

¿Qué argumentos presenta la Fiscalía para reclamar que se retire el tercer grado a estos presos?
Uno de los argumentos es ese, que les quedan muchos años de condena. También que no se han desligado suficientemente de la organización ETA, aunque ya no exista, o que sus cartas no son suficientemente explícitas en relación a pedir perdón a las víctimas, pero ¿dónde han recibido el título de evaluadores de conciencias ajenas?.  Es todo un cúmulo de despropósitos.

Sí, esto sigue siendo importante, y esperamos recuperar las cifras de antes de la pandemia. Llegar a las 100.000 personas en las calles de Bilbao, porque este es un movimiento nuestro, que reúne más gente que la que pueda convocar cualquier partido político.Y esto demuestra que es un proyecto plural, donde hay personas diferentes, ideologías o posiciones políticas, pero que les mueve el interés por los derechos humanos y la necesidad de intentar poner punto final a una situación que nos duele a todos.