Patrimonio
Defender el patrimonio contra la especulación: una lucha que se propaga por los barrios de Madrid

El antiguo municipio de Vicálvaro, al este de la ciudad de Madrid, tiene una importante página en la historia de España. Allí prendió la revolución de 1854, conocida como la Vicalvarada, cuando los sublevados del general Leopoldo O'Donnell se enfrentaron a tropas gubernamentales acuarteladas en aquel pueblo que, un par de siglos antes, había protagonizado otra rebelión para preservar su independencia. Ocurrió en 1664, cuando el rey Felipe IV quiso vender la villa a los descendientes de un acaudalado almirante, pero la operación se frustró por la oposición de los vicalvareños al vasallaje. Un sometimiento que la dictadura franquista acabaría imponiendo por decreto y sin resistencia el 20 de octubre de 1951, cuando anexionó Vicálvaro a Madrid disolviendo su última corporación municipal. El antiguo ayuntamiento fue demolido en 1974 para certificar la definitiva pérdida de autonomía de Vicálvaro, convertido entonces en barrio dormitorio de la periferia madrileña.

“Vicálvaro tuvo su alcalde, sus concejales, su capacidad de gestión, y lo hemos perdido todo. Ahora somos una mierda pinchada en un palo”

Valentín González se hizo bordar la fecha de la anexión en un brazalete negro que luce mientras ejerce de anfitrión en la asociación de investigación histórica que preside, Vicus Albus. “Porque yo estoy de luto y no olvido la ignominiosa pertenencia al Ayuntamiento de Madrid”, proclama grandilocuente, con el resentimiento de quien se siente en territorio ocupado. Porque Valentín, de 66 años, policía municipal jubilado y natural de un pueblo de Badajoz, dice ser independentista. “Pero para independizarme de Madrid, ¿eh? Porque Vicálvaro tuvo su alcalde, sus concejales, su capacidad de gestión, y lo hemos perdido todo. Ahora somos una mierda pinchada en un palo”, afirma vehemente sin escatimar improperios contra la capital.

“Es que ha sido una putada tras otra”, apostilla delante de la barandilla del extinto ayuntamiento de Vicálvaro, que rescató de un almacén justo antes de que fuera vendida a una chatarrería. Durante décadas, Valentín ha sido un Indiana Jones de extrarradio en busca de tesoros del pasado condenados al vertedero. Los empezó a guardar en su propia casa, aunque le costasen un matrimonio. “La mujer se aburrió de tanto cacharro viejo”, admite. En los años 80 logró la cesión de un antiguo piso piloto que ha convertido en un museo sin parangón en Madrid. La sede de Vicus Albus alberga desde piezas prehistóricas a útiles agrícolas, lápidas o una pila bautismal de origen medieval. Una colección a la que intentó incorporar los restos de la desaparecida Fuente de los Cinco Caños, “la más grande que había en Vicálvaro”. Cuando quiso averiguar su paradero, descubrió que había sido expoliada: “El pilón acabó en la finca del suegro de un aparejador municipal”. También solicitó a la Comunidad de Madrid la cesión de una de las tumbas visigodas que aparecieron en el yacimiento de Los Ahijones, en la zona oriental de Vicálvaro donde la ciudad se expande urbanísticamente. “Me dijeron que no y que la necrópolis era imposible salvarla porque allí estaba proyectado un viario de gran penetración de tráfico. ¿Tú crees que habría pasado lo mismo si las tumbas hubieran aparecido en Madrid?”, pregunta Valentín refiriéndose a la capital como algo ajeno.

Periferia a la venta

Entre 1948 y 1954, el franquismo incorporó a Madrid los 13 municipios que rodeaban la ciudad y constreñían su crecimiento. La dictadura tenía un plan para crear un Gran Madrid que desbancase a Barcelona como la mayor metrópolis de la península, y necesitaba espacio sobre el que edificar. Al desarrollismo no le bastaron los miles de kilómetros cuadrados de terrenos rústicos adquiridos a la fuerza, y alguno de los pueblos absorbidos también fueron borrados del mapa. Es el caso de Canillas, en el noroeste de la ciudad. Solo la iglesia (una construcción de 1698) se salvó de la piqueta, y ahora es el edificio más antiguo del madrileño distrito de Hortaleza. Pero el templo, único vestigio de la desaparecida localidad, quedó abandonado a su suerte sin ningún tipo de protección, y hace unos años el deterioro acabó provocando riesgo de derrumbe. Lo reveló el historiador Ricardo Márquez tras visitar su cripta subterránea, cuyos ladrillos se deshacían con apenas tocarlos. La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solo reaccionó cuando la denuncia llegó a los medios de comunicación. El organismo dijo entonces que no tenía constancia de ningún peligro.

“Madrid siempre se ha mirado demasiado el ombligo, y su periferia nunca llamó demasiado la atención. Apenas se ha escrito nada, y menos con rigor, de los barrios y antiguos pueblos donde vive la población humilde“

“Madrid siempre se ha mirado demasiado el ombligo, y su periferia nunca llamó demasiado la atención. Apenas se ha escrito nada, y menos con rigor, de los barrios y antiguos pueblos donde vive el grueso de la población más humilde. El centro de la ciudad “vende” su historia y patrimonio, pero la periferia sólo tiene valor para unos pocos”, sostiene Juan Jiménez Mancha, archivero del Ayuntamiento de Madrid y actual director de la biblioteca Huerta de la Salud de Hortaleza, ubicada en los antiguos establos de una finca agrícola que el vecindario tuvo que salvar de la depredación inmobiliaria para preservarla como zona verde. Jiménez Mancha reconoce que tuvo su propia epifanía al descubrir el casco antiguo de Hortaleza, otro de los pueblos anexionados, guiado por el desaparecido Juan Carlos Aragoneses, el gran divulgador de la historia de este municipio engullido por la capital.

“El patrimonio de Hortaleza es único y muy rico por su variedad. El conjunto es muy dispar: un viejo lavadero, un granero convertido en símbolo del distrito, restos de una era de trillar, un lujoso pequeño teatro oval en el que asoma la figura del arquitecto Albert Speer como posible autor, la primera iglesia neomudéjar construida en la provincia de Madrid y mil y una historias pendientes de ser rescatadas”, enumera el director de la biblioteca municipal de uno de los barrios más activos en la defensa de su patrimonio arquitectónico. En 2016, tanto los concejales de Ahora Madrid, la formación de Manuela Carmena, como los del Partido Popular aprobaron un plan especial que permitía construir un macrogimnasio en la centenaria plaza de la iglesia de Hortaleza. El proyecto, impulsado por la congregación religiosa San Vicente de Paúl, pretendía derribar una decena de edificios, algunos con más de 150 años de antigüedad. La plataforma vecinal Salvar Hortaleza tuvo que alertar a la Dirección General de Patrimonio de la amenaza que suponía la construcción del gimnasio, porque el Ayuntamiento ni siquiera informó del plan a este organismo regional.

“Somos la gente de los barrios los que tenemos que poner el foco en la protección del patrimonio, porque es algo que no está en la mente de los partidos políticos”, lamenta Rosa Domínguez, arqueóloga y portavoz de Salvar Hortaleza

Finalmente el proyecto sucumbió en 2020 porque los promotores no quisieron renunciar a la construcción de un aparcamiento subterráneo de 300 plazas. Se lo impedían unas antiguas bodegas apenas documentadas pero protegidas por ley. Sin la alerta vecinal, probablemente habrían acabado destruidas. “Al final somos la gente de los barrios los que tenemos que poner el foco en la protección del patrimonio, porque es algo que no está en la mente de los partidos políticos”, lamenta Rosa Domínguez, arqueóloga y portavoz de Salvar Hortaleza, que ahora pelea para evitar que una quinta con siglos de historia acabe arrasada para construir oficinas. Se trata de Huerta de Mena, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. La finca, de gran valor histórico y paisajístico, fue propiedad del dramaturgo Carlos Arniches y por allí desfilaron los grandes nombres de la Generación del 27: la arquitecta Concha Diez-Pastor intuye que es el lugar donde se conocieron los poetas Federico García Lorca y Rafael Alberti. El pasado mes de febrero, Unidas Podemos llevó a la Asamblea de Madrid una iniciativa de Salvar Hortaleza para declarar Huerta de Mena como Bien de Interés Cultural y blindarla frente a la especulación: tanto el PP como Vox tumbaron la propuesta. Las Madres Adoratrices, propietarias de Huerta de Mena, todavía no han permitido la visita de ningún técnico o experto que pueda evaluar los elementos a proteger de la finca, que permanece cerrada a cal y canto desde 2012.

El regalo de la condesa

Las quintas de recreo motearon los pueblos del antiguo alfoz de Madrid cuando la Corte llegó en el siglo XVI. Algunos aristócratas se asentaron en localidades próximas como Canillejas, a apenas ocho kilómetros de la Puerta del Sol. Allí lo hizo, hacia 1580, el primer conde de Villamor, García de Alvarado Velasco, un rico criollo andino que adquirió una gran finca surcada por arroyos en la que edificó su casa-palacio. Así surgió la actual quinta de Torre Arias, un oasis verde que ha quedado enclavado, con el paso de los siglos, entre bloques de ladrillo visto, oficinas y un polígono industrial. Hasta hace pocos años, los viandantes solo podían intuir el tesoro escondido tras la encalada tapia del número 551 de la calle Alcalá. Además del singular palacio, la finca acoge cuadras, vaquerías, pajares, invernaderos y un jardín romántico que la octava condesa de Torre Arias, Tatiana Pérez de Guzmán, Grande de España, disfrutó en exclusividad hasta su muerte en 2012. Así lo acordaron la condesa y su esposo con el Ayuntamiento de Madrid en 1986. El matrimonio, que no tuvo descendencia, cedió la propiedad de la finca a la ciudad a cambio de que el consistorio les recalificara unos terrenos rústicos en urbanizables para dar un pelotazo formidable. El pacto permitía a Tatiana el uso vitalicio de Torre Arias: tras su fallecimiento la finca aristocrática pasaría a manos del pueblo de Madrid.

“Como jardinero, pisar esos suelos, esponjosos y casi vírgenes, era como pasear por un bosque”, recuerda Daniell Liébana, portavoz también de la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias

El jardinero municipal Daniel Liébana tuvo el privilegio de ser uno de los primeros en atravesar la enigmática entrada de la quinta de Torre Arias flanqueada por columnas toscanas. “Fue como un viaje al pasado, porque es un espacio atemporal, detenido en el tiempo. Como jardinero, pisar esos suelos, esponjosos y casi vírgenes, era como pasear por un bosque”, recuerda bucólico Liébana, portavoz también de la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias, formada en 2014 para garantizar el uso público de la finca. Porque la herencia de la condesa cayó en manos del endeudadísimo Ayuntamiento gobernado por Ana Botella (PP), que prefería entregar la finca a una institución privada como la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, antes que gestionarla con sus propios recursos. Botella llegó a aprobar un plan especial a medida que contemplaba la destrucción de algunos edificios del complejo, ignorando más de un millar de alegaciones. Las entidades vecinales, ecologistas, políticas y sindicales agrupadas en la plataforma llevaron el asunto a los tribunales, lo que ahuyentó a la Universidad de Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó anulando el plan especial de Botella y, entre tanto, Manuela Carmena se convirtió en alcaldesa.

Una de las primeras decisiones de Carmena tras hacerse con el bastón de mando en 2015 fue abrir al público la quinta de Torre Arias mientras se redactaba otro plan especial que protegiera el conjunto de la finca y permitiera recuperar su actividad agropecuaria. La plataforma vecinal, por su parte, recogió durante esos años las diferentes propuestas ciudadanas, que desembocaron en un proyecto medioambiental que “no es más que recuperar el espíritu de Torre Arias, que ha sido durante siglos una granja modélica, para adaptarla al siglo XXI”, explica Daniel Liébana.

La plataforma propone un “campus científico en agroecología” que recupere las huertas, el antiguo viñedo y aloje una reserva ganadera de razas ibéricas en peligro de extinción. “Es algo que ya te puedes encontrar en ciudades como Londres y Ámsterdam, y creemos que cualquier alcalde de una ciudad europea no dudaría en hacerlo porque tiene un potencial tremendo”. El proyecto, sin embargo, no convence al actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), que ha vuelto a abrir la puerta de Torre Arias a la iniciativa privada tras invertir millones de euros de dinero público en su rehabilitación. De hecho, la quinta ya tiene pretendientes como la Universidad Católica de Murcia. Según Liébana, “Almeida no sabe qué hacer con Torre Arias y todo apunta a que quieren deshacerse de la finca porque la ven como un marrón”, mientras todos los partidos de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) apoyan el proyecto de la plataforma vecinal. El resultado de las elecciones municipales de este domingo 28 de mayo determinará el futuro de este espacio verde centenario.

“Almeida no sabe qué hacer con Torre Arias y todo apunta a que quieren deshacerse de la finca porque la ven como un marrón”

El neomudéjar me lo dejas

La prolongada lucha por Torre Arias ha polinizado en otros barrios de Madrid. En todos los puntos cardinales de la ciudad brotan iniciativas ciudadanas para preservar el patrimonio amenazado por la especulación inmobiliaria. Sucede en la Ciudad Lineal diseñada por el visionario urbanista Arturo Soria, donde las excavadoras devoran palacetes y villas burguesas, o en el distrito de Tetuán, antiguo suburbio proletario asediado por la gentrificación. En este barrio hay gente dispuesta a poner el cuerpo para salvar su arquitectura popular neomudéjar, característica de toda la periferia obrera del Madrid de principios del siglo XX. El pasado mes de octubre, decenas de vecinos y vecinas de Tetuán se echaron a la calle cuando supieron que agentes antidisturbios estaban desalojando el edificio okupado La Higuera, un recoleto inmueble neomudéjar que la constructora Dmarcheé pretendía sustituir por modernas viviendas. Aquella mañana, los manifestantes con un grito que delataba el despertar de una nueva conciencia: “El neomudéjar me lo dejas”.

“El neomudéjar popular es importante porque hay muy poco escrito sobre esta versión para la clase trabajadora, y entendemos que tiene importancia preservar la arquitectura de las clases populares”

“La Higuera murió matando”, resume Luis de la Cruz, historiador vecino de Tetuán. Porque La Higuera acabó desalojada e inmediatamente derribada, pero ha sido un acicate para el movilizado vecindario de Tetuán en defensa de su arquitectura popular. Luis es uno de los miembros del Grupo de Defensa del Patrimonio de Tetuán, una plataforma en la que convergen arqueólogos y urbanistas con vecinos y vecinas del movimiento asociativo tradicional preocupados por la incesante desaparición del caserío neomudéjar de su barrio. “El neomudéjar popular es importante porque hay muy poco escrito sobre esta versión para la clase trabajadora, y entendemos que tiene importancia preservar la arquitectura de las clases populares”. En 2021, la plataforma se propuso 'mapear' los 200 edificios de este estilo que resisten en el distrito. Después, los propios vecinos elaboraron informes de cada inmueble para solicitar al Ayuntamiento su inclusión en el Catálogo de Edificios Protegidos. Y la iniciativa ha obtenido resultado. El pasado mes de diciembre, el Consistorio anunció una moratoria que suspendía durante un año cualquier tipo de licencia de obras en 439 edificios neomudéjares de toda la ciudad para estudiar su posible protección. Y en abril se confirmó la inclusión de 255 nuevos inmuebles en el Catálogo de Edificios Protegidos y el incremento de protección de otros 66, la mayoría ubicados en Tetuán. Para Luis de la Cruz, esta protección debe ir acompañada de “una política de vivienda más amplia” que incluya ayudas a los moradores de estas casas para preservarlas, pero celebra que la iniciativa de Tetuán haya logrado una primera pequeña victoria que puede replicarse en otros barrios.

“Las periferias han estado siempre tan abandonadas que hasta ahora no ha habido una lucha patrimonial. Es normal, porque había otras prioridades como los servicios públicos o el derecho a la vivienda. Pero esto es también reivindicar el derecho a la identidad de los barrios”, argumenta De la Cruz. Un derecho que el socialista Enrique Tierno Galván, el primer alcalde de Madrid tras la restauración de la democracia, defendió en estos términos: “Los diferentes pueblos que han ido integrando Madrid necesitan conservar sus tradiciones, lo que de su fisionomía quede y la propia satisfacción, por parte de sus vecinos, de pertenecer a un lugar antiguo y diferenciado”.