Perú
La revuelta por la dimisión de Boluarte se expande y llega a Lima

53 días de movilizaciones y Perú sigue encendido y en escalada. Desde el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, el país andino ha protagonizado un estallido social que recuerda a los de Colombia, Chile o Ecuador de los recientes años. En todos ellos, más allá de las reivindicaciones concretas —en este caso la dimisión de la presidenta impuesta, Dina Boluarte, y el inicio de un proceso constituyente—, el grito de los pueblos es por la restitución de la dignidad y en defensa de la vida y el territorio.

La represión de las fuerzas públicas, cargada de un carácter profundamente racista, tal como han denunciado las organizaciones indígenas de derechos humanos, obtiene una forma u otra según el lugar donde se aplica. Después de que el núcleo de las reivindicaciones estuviera en ciudades andinas como Juliaca o Cuzco, donde la brutal violencia policial y del ejército dejó por lo menos 50 personas muertas y cientos de heridas, desde el jueves 19 de enero las protestas se han trasladado en buena parte a Lima. En la capital, lejos de las zonas rurales andinas habitadas por población indígena y campesina, aymarahablante y quechuahablante, la fuerza pública no está disparando a matar. La represión sigue siendo intensa, pero lo que ha aumentado es la judicialización y criminalización de la población que sale a las calles.

Una ley antiterrorista de Fujimori

“Ayer [24 de enero] vivimos una manifestación multitudinaria”, cuenta Ángela Vilca, antropóloga e historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y brigadista de salud del colectivo Coalición durante estas protestas. “La represión fue muy fuerte, tenemos varios compañeros heridos por perdigones en zonas vitales, algunos con heridas profundas. Tenemos gente adulta mayor con la cabeza y labios rotos. Pero no disparan a matar, lo que tenemos es muchas personas detenidas. Detenciones arbitrarias con la presencia de ternas que son policías vestidos de civil, que estaba prohibido, pero ya todo les da igual”, se lamenta la brigadista desde Lima. Solo en la protesta del 21 de enero la policía detuvo 250 personas. Decenas de manifestantes han denunciado también agresiones sexuales por parte de los cuerpos armados.

Aunque se centran en Lima, las últimas jornadas de protesta continúan también en las regiones y han dejado registradas escenas impactantes como la del ejército entrando a Puno o tanquetas de la policía invadiendo  universidades públicas en Lima

De la mano de la embajada de Estados Unidos y amparada en la ley antiterrorista instalada en la época de Alberto Fujimori, la fiscal general Patricia Benavidas está acusando a los manifestantes detenidos durante las protestas de pertenecer a grupos armados ya desmovilizados como Sendero Luminoso o el Movimiento Armado Tupac Amaru. “Las leyes de la dictadura de Fujimori sirven hoy para reprimir y abrir procesos por terrorismo, suspendiendo la garantía de los derechos de los manifestantes, siendo privados de libertad posiblemente por largos periodos sin opción a juicio”, explica Daniela Ortiz, activista feminista cuzqueña.

Aunque se centran en Lima, las últimas jornadas de protesta continúan también en las regiones y han dejado registradas escenas impactantes como la del ejército entrando a Puno, tanquetas de la policía invadiendo  universidades públicas en Lima donde las comunidades estaban preparando alimentos o ruedas de prensa en las que Dina Boluarte aparece acompañada de altos cargos del ejército. Según el medio de comunicación Wayka, un manifestante detenido en Arequipa denunció que en el trayecto en vehículo hasta la comisaría, la policía puso la música de campaña del dictador Alberto Fujimori, “El baile chino”.

Es por todo esto que la población organizada, el partido Perú Libre y muchos líderes políticos del progresismo latinoamericano ya hablan de “una dictadura cívico-militar en Perú, donde el ejército estuvo detrás del proceso de tumbar a Castillo, donde el presidente del parlamento y el ministro de interior son figuras vinculadas al fujimorismo”, denuncia Ortiz. Según la activista, se trata de “una disputa a nivel regional: Perú es el territorio que el poder de Estados Unidos ha decidido intentar retomar”, en un contexto continental donde vuelve a tener mayoría la izquierda con la victoria de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia o Lula en Brasil.

Protesta autoconvocada y en aumento

Hasta ahora Perú —en especial Lima— no se caracterizaban por una capacidad movilizadora relevante. Hace más de dos décadas, desde el desenlace de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000, no se concentraba tanta población a las calles. Esta vez, además, autoconvocada, puesto que no hay un partido político u organización que lidere y organice la movilización. “Ha llegado gente desde Puno, Arequipa, están llegando de Ayacucho, de Huancayo, de la Amazonía, esto va en escalada, va a crecer”, asegura Ángela Vilca. “La gente está en la calle por la necesidad de generar cambios estructurales en relación a la situación colonial, a la explotación capitalista en el contexto peruano”, asegura Daniela Ortiz.

Todas las formas de “violencia racista y patriarcal” que están viviendo las regiones rurales, campesinas, indígenas, incluidos toques de queda y estado de emergencia en ciudades como Puno, están haciendo que hoy Lima “se convierta en un lugar político, en un lugar simbólico donde venir a hacer presión para que por lo menos renuncie Boluarte, tengamos nuevas elecciones pronto y un proceso constituyente”, asegura Vilca desde la capital. La Oficina Nacional de Procesos Electores por ahora ha anunciado que se ajustaran los procedimientos técnicos para un adelanto de elecciones a este 2023.

En Lima, los miles de manifestantes provenientes del campo se han unido a organizaciones estudiantiles, sindicales y una parte de la sociedad limeña que ha decidido salir a defender su dignidad y, muchas dicen, su voto

En Lima, los miles de manifestantes provenientes del campo se han unido a organizaciones estudiantiles, sindicales y una parte de la sociedad limeña que ha decidido salir a defender su dignidad y, muchas dicen, su voto.

El 6 de junio de 2021, un maestro de origen rural, Pedro Castillo, ganaba una segunda vuelta llena de tensiones frente a la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, por una diferencia de solo 44.000 votos. “Esta victoria no es mía ni de Perú Libre, es del pueblo que ha resistido y luchado durante siglos por lograr una verdadera y honesta opción de cambio”, salió a decir Castillo cuando los resultados ya eran oficiales. Desde entonces el exsindicalista de Cajamarca ha sufrido dos procesos de vacancia por incapacidad moral y ataques mediáticos y judiciales continuos por parte del fujimorismo hasta lograr su caída.

Los hechos desde el 7 de diciembre

El golpe parlamentario que se vivió en Perú el 7 de diciembre recuerda, con muchas diferencias, la situación de Bolivia en 2019, con la renuncia forzada de Evo Morales y la autoproclamación ilegítima y anticonstitucional de Jeanine Áñez como presidenta. En este caso, el parlamento peruano sacó, a través de una declaración de incapacidad moral, figura a la que se ha recurrido siete veces en cuatro años, al presidente Pedro Castillo que, a continuación, fue detenido por “quebrantar el orden constitucional”, al intentar blindar su Gobierno. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió rápidamente la presidencia y, como Áñez, lanzó las fuerzas armadas a las calles a reprimir brutalmente las protestas que enseguida dieron inicio contra el nuevo Gobierno. “La situación que vivimos es el desenlace de lo que la derecha estaba buscando”, asegura la activista Daniela Ortiz.

“No solamente se trataba de sacar a Castillo del poder sino de que entrara el fujimorismo a gobernar desde atrás, como está haciendo ahora con el apoyo del ejército”, continua Ortiz. Además, muchos contratos de concesiones para actividades extractivistas, principalmente minería, cumplen sus 30 años de vigencia en 2023 y “la derecha estaba aterrada de que con Castillo no fueran a renovarse esos contratos”, explica Ortiz.

“A Castillo lo votaron para generar cambios estructurales, para hacer una constituyente y la derecha pensó que encarcelándolo acababan con el problema, pero ahora sí que, por ejemplo el proceso constituyente, se ha convertido en un reclamo general popular”

El encarcelamiento del presidente ha venido seguido de la judicialización de toda su familia y su entorno político social más cercano: “Es un aleccionamiento hacia la población rural, campesina, indígena, quechuahablante: que jamás se atrevan a ser siquiera alcaldes de su pueblo o tomar un cargo de poder”, asegura la activista cuzqueña.

También como en el caso de Bolivia, México inició el trámite para que Castillo, como Morales, encontrara asilo en su territorio, opción que ha extendido a la familia del presidente que no logró salir del país antes de ser privado de su libertad. “A Castillo lo votaron para generar cambios estructurales, para hacer una constituyente y la derecha pensó que encarcelándolo acababan con el problema, pero ahora sí que, por ejemplo el proceso constituyente, se ha convertido en un reclamo general popular”, sigue la feminista. “La población no se irá para atrás. El asesinato de compañeros hace que la gente se levante más, el desenlace es muy incierto pero la gente está muy fuerte”, concluye Daniela Ortiz.