Pobreza energética
El Gobierno solo ha aplicado el 21% de su plan contra la pobreza energética

Pese a una leve mejoría en 2024, la pobreza energética sigue afectando al doble de hogares que hace cinco años. Una treintena de organizaciones pide al Gobierno la reforma del bono social eléctrico y consolidar la moratoria de cortes de suministro.
Por el fin de la impunidad de Endesa
El vecindario afectado señala a Endesa como responsable directa de los cortes de luz. Manifestación en Granada. Susana Sarrión
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
18 feb 2025 06:00

A último momento y de rebote, las prórrogas a los descuentos ampliados en el bono social y a la moratoria de cortes de suministros a familias vulnerables se recuperaron tras el acuerdo a la desesperada con Junts para salvar el decreto ómnibus el pasado 29 de enero. Sin embargo, la pobreza energética está muy lejos de ser un problema superado. Así lo demuestran los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, hecho público este 13 de febrero: el 17,6% de la población no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, una cifra que supone una mejora de tres puntos con respecto a 2023, pero sigue siendo mucho que el doble que en 2019.

Los problemas para mantener caliente la casa en invierno y fresca en verano se han multiplicado desde la pandemia. Pese a los planes del Gobierno de coalición, que lanzó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en 2018, las consecuencias de esta deriva apenas se ha podido mitigar, según denuncia una plataforma de una treintena de organizaciones que han lanzado una semana de lucha contra la pobreza energética, entre el 17 al 23 de febrero. 

Para estos colectivos, que incluyen sindicatos, organizaciones ecologistas y que trabajan contra la pobreza energética, el Gobierno “no ha adoptado las medidas necesarias para resolver el problema”, denuncian en su manifiesto. De hecho, según señala un análisis realizado por Ecodes, una de las organizaciones firmantes, solo un 21% de esta Estrategia Nacional —que planteaba un conjunto de 19 medidas— ha llegado a realizarse de forma completa pese a haber sido lanzada hace más de seis años. 

El 17,6% de la población no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, mucho más del doble que en 2019

Un 40% de las medidas contempladas en el Plan no se han siquiera iniciado y muchas de las iniciativas que han terminado de concretarse no han surgido, valoran, como consecuencia "de la planificación, sino de la necesidad de dar respuesta“ a la crisis del covid y a la emergencia energética que siguió a la Guerra de Ucrania. Estos serían los casos de la creación del suministro mínimo vital, la ampliación de los descuentos del bono social o la inclusión de nuevos colectivos como beneficiarios de esta ayuda, así como las medidas de rehabilitación de vivienda vinculadas al plan de recuperación transformación y resiliencia.

Para Ecodes, el fracaso del Plan Nacional salta a la vista: no ha conseguido uno de sus principales objetivos, reducir un 25 %de los indicadores de pobreza energética en 2025. Por el contrario, dicen desde esta organización, “el indicador que mide la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno se ha multiplicado por 2,5, llegando a afectar a un 20,7% [en 2023] de la población española y el de retraso en el pago de facturas ha aumentado 1,3 veces”.

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La implementación del Plan, explican en el manifiesto de esta treintena de organizaciones, se vio afectada por una pandemia y una crisis energética que llevó al Gobierno a lanzar una batería de medidas coyunturales de protección —el llamado “escudo social”— que ha ido prorrogando, cada vez con mayor dificultad, tal como se pudo comprobar en la última votación del decreto ómnibus. La realidad, concluye esta plataforma, es que “la pobreza energética no disminuye”. Tampoco alguno de los indicadores asociados, como el retraso en el pago de los suministros vinculados con la vivienda, que experimentó en 2024 un nuevo récord, según la última Encuesta de Condiciones de Vida.

Entre los problemas detectados, destacan una deficiente gestión del bono social eléctrico: llega a quien no debería llegar y no llega a toda la gente que lo necesita. Según datos de Esade-Oxfamcasi ocho de cada diez beneficiarios potenciales no recibe esta ayuda inicialmente concebida para ayudar a pagar la factura a las familias vulnerables. Este análisis revela que la cobertura de este bono solo llega a un 20% de los hogares con renta baja y un 9,2% de las personas jubiladas con renta mínima. La cobertura crece entre las familias numerosas, hasta el 45,5%, pero con una presencia mucho más consolidada entre familias numerosas de renta media y alta (un 60%) que en las de ingreso bajo (un 40%).

Según este estudio, pertenecer a una familia numerosa incrementa las posibilidades de recibir el bono en un 27%, mientras que pertenecer al rango de hogares de renta baja solo lo incrementa un 4%. Como contraste, el factor que hace más difícil ser receptor del bono es que algún miembro de la familia haya nacido en el extranjero.

Para Ecodes, el fracaso del Plan salta a la vista: no ha conseguido uno de sus principales objetivos, reducir un 25 % de los indicadores de pobreza energética en 2025

Para Esade-Oxfam existen problemas de diseño “que limitan que la política tenga el alcance deseado en origen”. La plataforma de organizaciones coincide en la necesidad de “mejorar la eficiencia de esta ayuda” para que la “reciba quien la necesite”. 

Para ello, el manifiesto demanda una revisión del mecanismo de concesión del bono social siguiendo el ejemplo del modelo portugués, donde se traslada la responsabilidad de la aplicación a las administraciones para poder superar así las barreras burocráticas y de desconocimiento.

También proponen reformular la moratoria de cortes de suministro de gas, electricidad y agua del escudo social para que no quede a merced de la negociación parlamentaria y de “prórrogas agónicas” y consolidar este derecho para las familias vulnerables. Eso sí, reformando la norma para incluir el llamado “principio de precaución”, que obliga a las empresas consultar con servicios sociales si un hogar está catalogado como vulnerable antes de cortar el suministro de agua, luz o gas.

Entre las organizaciones firmantes del manifiesto destacan Amigas de la Tierra, Aliança contra la Pobresa Energètica, CCOO, CGT, Ecodes, Ecooo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam-Intermon, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, UGT o Verdes-Equo.

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