We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Política
Junts acepta incluir a los policías en la amnistía y el acuerdo con el PSOE está más cerca
Ha acabado la primera semana de negociaciones formales entre el Partido Socialista y los grupos parlamentarios. Pedro Sánchez, por quinta vez, va a pedir la confianza de la cámara para ser investido presidente del Gobierno del Estado. Por ahora hay empate: en dos oportunidades se la negaron (2016 y 2019) y en dos la obtuvo (2018 y 2020). Está claro que lo dará todo para conseguir el desempate.
Pero darlo todo en términos de esfuerzo no significa hacerlo en acceder a pedidos de los diputados. Justamente en ello, Ferraz está mostrándose reticente. Las negociaciones con el eje Barcelona-Waterloo son durísimas y bajo una máxima discreción, tal vez la mayor que ha exhibido el PSOE en los últimos años. En tanto con Sumar las cosas pueden ser más afables, pero prosperan mucho menos. La situación actual es de bloqueo y frustración por parte del equipo de Yolanda Díaz.
Catalunya
Catalunya Amnistía y referéndum, dos palabras inseparables en la celebración del sexto aniversario del 1 de Octubre
Todavía hay tiempo. El reloj se detendrá el 27 de noviembre, cuando se activará automáticamente la convocatoria a una repetición electoral si no hay un líder de Ejecutivo ya investido. Sin embargo, los tiempos son más cortos: la presidenta del Congreso debe citar un pleno y deber haber tiempo prudencial para el debate y Francina Armengol lo hará una vez que Ferraz lo bendiga, es decir, que le avise de que hay acuerdo.
Fuentes de la cúpula del PSOE han explicado a El Salto que sólo un milagro haría que haya sesión para investir a Sánchez antes de la primera semana de noviembre, y con más probabilidad, la convocatoria sería para mediados del mes próximo. Mientras tanto, en sigilo y con pocas fugas, las negociaciones avanzan.
Buenas nuevas desde Waterloo
Una fuente de contacto permanente con Carles Puigdemont en conversación con esta redacción sostiene que en los últimos días las negociaciones con el Partido Socialista han tenido un impulso positivo y algunos avances leves, pero significativos. “Hoy el acuerdo está más cerca que hace unos días, podría decirse”, señalan, aunque no irradian optimismo. La cúpula de Junts ha decidido hace tiempo mostrarse impertérrita, firme y escéptica con respecto a todo diálogo con formaciones estatales.
Una de las cuestiones sensibles que son parte de la negociación es sobre los sujetos beneficiados por la amnistía. La misma fuente confirma que Junts ha aceptado la posibilidad que ésta beneficie también a agentes de policías encausados por la represión durante el procès, cuyo epítome fue la jornada del referéndum el 1 de octubre de 2017.
Si bien desde Junts expresaron su rechazo a que los efectivos (tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d’Esquadra) fueran incluidos en la ley del perdón, finalmente han acabado aceptando esa opción
Si bien desde Junts al principio expresaron su rechazo a que los efectivos (tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d’Esquadra) fueran incluidos en la ley del perdón, finalmente han acabado aceptando esa opción, al escuchar a asesores jurídicos y políticos que advirtieron que una amnistía unilateral que solo beneficie a un sector sería indigerible para el Tribunal Constitucional. Ese tipo de legislaciones, como muestran la historia los antecedentes legales, debe beneficiar a varias partes y no ser un premio a un solo colectivo (que en los hechos termina siendo un castigo tácito a la otra parte de la disputa).
Este era quizás uno de los elementos que más fricciones generaban y ya está resuelto, aunque aclaran desde el partido con sede nacional en el Passeig de Bofill de Barcelona que no avalan amnistía a policías en todos los casos. Flecos que quedan por cortar. Pero no son los únicos, claro.
La amplitud temporal de la amnistía también es otro factor de fricción. Fuentes conocedoras de la negociación dejan entrever que el PSOE tuvo una suerte de intento de imponer un perdón restrictivo, que solo considerará los hechos que van del 1 al 4 de octubre de 2017. Desde Junts descartan de plano esa opción que ya ni siquiera está sobre la mesa. “Está claro que ellos van a intentar lo mínimo posible pero algo así ya no está ni en debate”, señalan.
Fuentes conocedoras de la negociación dejan trascender que el PSOE tuvo una suerte de intento de imponer un perdón restrictivo, que solo considerará los hechos que van del 1 al 4 de octubre de 2017
Una alta fuente del PSOE preguntada por este diario sobre esta cuestión ni negó ni admitió esta propuesta de amnistía acotada aunque respondió con la misma palabra de siempre: “Discreción”. Lo que está claro es que la medida abarcará más tiempo y Puigdemont quiere que incluya hasta a los represaliados de 2019 y 2020 y la idea es que comience en 2014.
Además, le hizo saber a la contraparte socialista que los beneficiados son casi 4.000. Con procesos penales y peligro de cárcel son unos 500, según los cálculos que ellos barajan y que están basados en la organización Ómnium Cultural (la que lidera simbólicamente el indultado activista Jordi Cuixart). Hay muchas personas con causas en el Tribunal de Cuentas e incluso bomberos que intervinieron en comarcas de la Catalunya interior para frenar la embestida policial que todavía tienen expedientes abiertos y cuyo trabajo puede peligrar, recuerdan desde Junts. Todo eso está en análisis para confeccionar la arquitectura jurídica de la futura ley de perdón.
Otro tema es la actitud política del partido soberanista catalán, que mantiene el pulso con Esquerra Republicana y se niega a hacer una negociación frentista. De hecho, señalan que las encuestas que ellos tienen a disposición les señalan una sustancial mejora en las encuestas y que podrían pasar a tener 10 escaños en una repetición electoral, con un descalabro por parte de ERC (que ya perdió seis diputados y ahora tiene siete, los mismos que su rivales nacionalistas).
El entorno de Puigdemont considera que mucho votante que se abstuvo podría volver porque la gasolina de esa abstención fue la poca firmeza frente al Estado
El entorno de Puigdemont considera que mucho votante que se abstuvo podría volver porque la gasolina de esa abstención fue la poca firmeza frente al Estado. Ante un escenario de repetición, que favorecería las posibilidades del Partido Popular y de Vox para formar gobierno, no les preocupa. Ellos son conscientes del siguiente axioma: “Si Sánchez no acepta lo que pedimos ahora, en una repetición electoral, nuestro voto le costará más caro todavía en enero”.
Se presentan dos importantes escollos que para el PSOE son de compleja digestión, sobre todo por el temor a la repercusión en su electorado menos afín a la plurinacionalidad: el acuerdo para la autodeterminación de Catalunya y el establecimiento de un negociador.
Desde Junts subrayan que el objetivo es la aceptación de la “autodeterminación” y no tener una fecha para un referendum. En la hoja de ruta que proponen no haría falta que el PSOE acepte ya un plebiscito sino la posibilidad del mismo, cuya decisión sería potestad del intermediador. El rol del facilitador, vieja propuesta tanto de Junts como de ERC, es muy resistido por el PSOE.
En Junts han confirmado a El Salto que el nombre del facilitador ya ha sido elegido y propuesto por ellos pero en el PSOE están en modo contemplación al respecto. Se trata de una persona que representa a una prestigiosa entidad y cuyo nombre está guardado bajo siete llaves.
Algo que disgusta a Junts es la lógica de “ganadores y perdedores que quiere imponer el PSOE en la narrativa”. No oculta Ferraz su denodado interés en la comunicación de lo que se acuerde, quizás más que en lo que se acuerde en sí. Por ahora siguen los intercambios de borradores y se espera que, de seguir avanzando en forma positiva, haya una visita de un alto cargo del PSOE a Waterloo para tener un encuentro personal con Puigdemont. Cabe recordar que en el medio de todo esto, el Consell de la República (la entidad multisectorial que lidera el expresident) celebrará entre el 17 y el 23 de octubre preguntará telemáticamente a sus inscritos si hay que impulsar o no la investidura de Sánchez.
El Consell de la República celebrará entre el 17 y el 23 de octubre preguntará telemáticamente a sus inscritos si hay que impulsar o no la investidura de Sánchez
Este viernes el líder del PSOE concluyó su ronda de conversaciones con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien dijo a los medios al salir del Congreso que había entregado la transcripción de la conferencia de Puigdemont en Bruselas hecha el mes pasado y advirtió: “Si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho en los últimos cuatro años, los votos de Junts no son los que están buscando”.
El dique Calviño
Con Sumar las cosas, paradójicamente, van bastante peor que con Junts. O como mínimo avanzan con mucha más lentitud, al menos hasta el cierre de este artículo. Se supo que a los socialistas les costó bastante acelerar en las conversaciones, que fueron muy informales en septiembre y que han decidido acelerar solamente en las últimas dos semanas, a pesar de las presiones mediáticas de la propia Díaz.
“Ellos quieren flexibilidad ante la incertidumbre”, describe uno de los negociadores principales de Sumar preguntado por El Salto. Confirma lo que fuentes vienen repitiendo hace días: Ferraz anhela un documento edulcorado, con muchas ideas-fuerza y pocas medidas concretas que lo aten frente a una legislatura en la que la constante será estar entre la espada y la pared por la exigua y variopinta mayoría parlamentaria.
Los ejes del conflicto siguen siendo (porque no hubo avances en esta semana previa al festivo del 12 de octubre) las propuestas de Sumar en materia laboral, tanto de duración de la jornada semanal de trabajo como de endurecimiento de las facilidades para despedir trabajadores, en materia de salario mínimo interprofesional y en vivienda.
Los ejes del conflicto siguen siendo las propuestas de Sumar en materia laboral, en materia de salario mínimo interprofesional y en vivienda
Aquí aparece la figura siempre polémica para el progresismo de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Según fuentes conocedoras de la negociación, ella oficia del rol de “policía malo” en tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace de “policía bueno”. Pero eso no cuaja: en Sumar (que no son otra cosa que exmiembros de Unidas Podemos) conocen de sobra a sus interlocutores y saben que aquí todo es el PSOE, y no hay operadores que no respondan a los pedidos literales de Sánchez.
Custodia del libre mercado y de la imagen económica internacional del Estado español, además de ser referente en Bruselas, Calviño tiene en su currículum antológicos enfrentamientos con Pablo Iglesias, especialmente aquellos en los que se discutía en escudo social por la pandemia.
No hay mucha innovación: Ferraz siempre hace lo mismo y en Sumar lo saben por demás. Juegan con el tiempo, herramienta clave de la negociación política, y llevarán hasta el último minuto el tensar la cuerda. Lo convenido entre Sánchez y Díaz es que no acabe octubre sin un acuerdo programático de gobierno. Admiten que, de todas las cuestiones, uno de los caballos de batalla de la campaña que seguramente deberán dejar por el camino es el de la reducción de la jornada laboral. Es lo que más haría tronar a la CEOE y el PSOE no quiere disgustar a más factores de poder en tiempos de estrategia de acoso y derribo de las derechas.