Política
Sánchez abre una grieta con las izquierdas en su carrera por compensar a Junts

Hace dos años que el Pedro Sánchez y Carles Puigdemont bailan un tango irritante en el que el resto de los grupos parlamentarios son testigos incómodos. Un ping pong que pone de los nervios a muchos diputados y negociadores, que lo manifiestan en privado y cuidan las formas delante del micrófono. Ahora estamos en una nueva fase: la seducción.

En modo desesperado por conseguir el apoyo a los Presupuestos Generales, que le garantizarían un flanco menos de críticas y prácticamente blindarían la legislatura hasta ser agotada, el presidente del Gobierno ha comenzado hace días una intensa operación para acercar posiciones con Junts y compensar, si cabe, los incumplimientos de lo acordado.

Porque puede gustar o no Junts, pero tienen razón en los incumplimientos y tras negar que los hubiere, Sánchez los admitió en su entrevista a RAC1, la radio más escuchada de Catalunya (la elección del medio tampoco fue casual, nada lo es en Moncloa). Pero este cortejo para el líder que todavía resiste en Waterloo (por un Supremo revanchista que le niega la amnistía, todo debe ser dicho) abre un nuevo surco con los aliados progresistas. Algunos empiezan a perder la paciencia.

Sapo de fin de año

Lo que ha ocurrido este jueves en el Congreso es que Junts ha colado un gol a la izquierda al conseguir llevar al hemiciclo su proposición de reforma sobre la multirreincidencia, que endurecerá las penas a delitos menores con modificaciones al Código Penal y a la ley de Enjuiciamiento Criminal, registrada desde marzo de 2024 y que ha dormido en los cajones de Francina Armengol hasta ahora, cuando Miriam Nogueras anunció el bloqueo total de la legislatura.

Acosados demoscópicamente por Aliança Catalana (empatan con ellos en unas autonómicas si fueran hoy), los de Junts necesitan (o eso creen) mostrar al electorado que ellos también pueden liderar la agenda ultranacionalista y de mano dura. Fuentes del soberanismo aseguran que en las encuestas catalanas el asunto del delito urbano está creciendo como preocupación.

Y la forma de surfear la ola reaccionaria que ha encontrado Junts es este punitivismo populista. El PNV, que en varias ocasiones su portavoz había mencionado el asunto de la reincidencia en los plenos, ha apoyado a Junts en la ponencia. También el PP y el PSOE, con la oposición de Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu y Podemos.

Un párrafo merece la negociación: una vez conocido el acuerdo (sobre las enmiendas y la ponencia definitiva, que llevará la ley a ser votada en febrero), en Génova entró el nerviosismo porque los titulares periodísticos hablaban de un acuerdo tripartito. “No pactamos con el PSOE, el acuerdo es con Junts y ellos acordaron a su vez con el PSOE”, salieron raudos a aclarar, bajo el miedo de ser criticados por Vox, abiertamente entregado a la táctica del “no a todo” lo que provenga del PSOE y los soberanistas.

Sin embargo, fuentes de Moncloa han asegurado a El Salto que el PP y PSOE sí dialogaron al respecto de las enmiendas a la proposición, incluso ha sido tema de conversación en el Consejo de Ministros el marte pasado.

Los socialistas consideran que esto será un disgusto asumible, uno de los sapos que debe tragar el Ejecutivo. “A veces tienes que contentar a partidos de derecha, sí. Negociar es ceder”

Los socialistas consideran que esto será un disgusto asumible, uno de los sapos que debe tragar el Ejecutivo. “Hay partidos de derecha e izquierda, las negociaciones son de geometría variable y lo que negocias con ERC no tiene por qué gustarle a Junts y viceversa. A veces tienes que contentar a partidos de derecha, sí. Negociar es ceder, igual que a veces ellos miran de reojo porque hay cosas que no les gustan”, relata la misma fuente.

Con respecto al enfado que esto provoca en el ala izquierda del bloque de investidura, el PSOE se reafirma en su fase seductora y pragmática: “No parece que vaya a ser un tema de extraordinaria importancia”.

“Esto es inasumible para cualquier partido de izquierda”, comentaban a El Salto fuentes de EH Bildu, y se quejaban del giro punitivista, especiamente por el marco actual de discusión: tratar un aumento de castigo a delitos menores en un momento en que las derechas intentan vincular migración con delincuencia puede ser peligroso. “Por eso es triste que lo primero en que cede el PSOE con Junts sea justamente esto. Nos gustaría más penas de multirreincidencia, sí, pero en delitos de corrupción por ejemplo”, señalan.

Una dirigente de la ERC de Barcelona consultada por El Salto no ocultó su disgusto. “No sabemos qué haremos cuando se vote pero dan ganas de irse de todo. Nuestra actitud es colaborativa, cooperamos y sostenemos al Gobierno y soportamos que nos diga Junts que todo es ‘a cambio de nada’ y ellos ahora que dicen que bloquean todo, les hacen caso. ¡Da rabia!”, explica en modo catártico.

Toma y daca

En este ida y vuelta de concesiones que tiene una mayoría parlamentaria irregular, heterogénea e inestable, Moncloa envía guiños de reparación de daños. Menos de 24 horas después de conocerse el pacto con Junts, el Gobierno filtró su compromiso con ERC de recuperar las competencias de los juzgados de paz en Catalunya, una vieja reivindicación de los republicanos y que permitirá que los y las magistradas puedan celebrar casamientos, como era anteriormente en esa comundiad.

También fuentes del grupo Socialista han avanzado a El Salto que apoyarán la admisión a trámite este martes a la ley orgánica de “garantía del plurilingüismo” que promueven ERC, Bildu, PNV, Compromís y BNG. Los de Rufían recuerdan que es una promesa que hizo Sánchez al expresident Pere Aragonés en 2023. Un mundo atrás, pero lo prometido es deuda.

El jueves será el turno, otra vez, de la senda del gasto, que Moncloa ya da por rechazada: el objetivo grande es los PGE y ese capítulo se escribirá en febrero

Esta mitad del ciclo 2025-2026 va llegando a su fin. Desenlace anticipado por las elecciones extremeñas, que hace que el Congreso cierre una semana antes. El jueves será el turno, otra vez, de la senda del gasto, que Moncloa ya da por rechazada nuevamente, pero tampoco le importa. El objetivo grande es los PGE y ese capítulo se escribirá en febrero.

Queda pendiente, además, renovar el escudo social, que ocupa pocos titulares den los grandes medios pero que afecta a la calidad de vida de miles de personas. Descafeinado desde su versión original de 2022, el único partido que viene reclamando su renovación es Podemos. Hasta fin de año habrá tiempo para negociarlo.

En febrero volverán las sesiones ordinarias tras un receso de casi dos meses. La ola reaccionaria global parece estar teniendo su pico por estos meses en el Estado español, con Vox más fuerte que nunca y, más grave aún, su argumentario más presente que nunca en la conversación pública. Para más inri, comienza el ciclo electoral autonómico que estaba dormido desde 2024. La izquierda aguanta abrazada al palo en el páramo ventoso con la suerte de tener las generales todavía lejos.