Precariedad laboral
Las trabajadoras de ayuda a domicilio salen a la calle sin el apoyo de los grandes sindicatos

La feminización del sector, la infravaloración de los cuidados y las grandes necesidades no cubiertas en Dependencia están detrás de las reivindicaciones de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
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Una auxiliar a domicilio durante la primera ola. David F. Sabadell

La manifestación que las trabajadoras de ayuda a domicilio realizarán este sábado 26 de noviembre en Madrid— que arrancará a las 12 horas desde la Red de San Luis en Gran Vía— no es solo una protesta por sus condiciones laborales. Entre las reivindicaciones de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio destacan también las necesidades de las personas dependientes, un sistema insuficiente y la infravaloración de los cuidados. En su manifiesto resaltan las largas esperas en Dependencia que soportan las personas que necesitan ayuda, la pérdida de calidad al externalizarse o las condiciones de las trabajadoras, que muchas veces tienen más problemas de salud que los propios beneficiarios. “Como sociosanitarias del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), deberíamos tener el reconocimiento de la administración, en tanto que detectamos de primera mano las necesidades reales que demandan las personas a las que atendemos y damos servicio, pero lejos de ello, este servicio está externalizado y gestionado por empresas privadas cuyo único fin es lucrarse con el dinero público y en ocasiones incumpliendo el pliego de condiciones y los convenios colectivos del sector”, explican.

Un servicio considerado esencial en la pandemia pero, sin embargo, sus trabajadoras siguen sin tener reconocidos derechos como las enfermedades provocadas por la actividad laboral. Este es uno de los puntos más importantes, aunque no el único por el que se manifiestan. “El 1 de noviembre del año pasado se acampó frente a Nuevos Ministerios para pedir una reunión del Ministerio de Trabajo. Ya nos habían prometido hacer una comisión de trabajo para hablar de la evaluación de riesgos laborales pero seguimos esperando”, explican las convocantes. “Es una cosa que nosotras no tenemos —indica en referencia a la evaluación de riesgos laborales—, porque nuestro centro de trabajo son domicilios privados y los servicios municipales o autonómicos están externalizados, por lo que no se hace la evaluación. Como no hay, no tenemos reconocidas enfermedades profesionales”.

Según la ministra Yolanda Díaz, el texto legal ya está completo y solo espera la firma en el Consejo de Ministros. “De esto hace dos meses y seguimos sin saber nada”

Esta situación unida a la feminización del sector —se calcula que cerca del 98% de las personas que desempeñan este trabajo son mujeres— hace que en la mayoría de los juicios por discapacidad o accidente, se desestimen las causas laborales y se achaquen a otras actividades domésticas de la empleada. “Esto es violencia hacia nuestro trabajo como mujeres. Si fueran hombres, la realidad sería otra”, comenta Concha Real, trabajadora de Ayuda a Domicilio. La única victoria de las empleadas ha sido a raíz de varios casos en Euskadi que lograron llegar hasta el Tribunal Supremo para que se vinculara su actividad profesional de cuidados y limpieza con la incapacidad de varias trabajadoras. Gracias a esta lucha, el síndrome del túnel carpiano es reconocido como enfermedad laboral en la ayuda a domicilio. Otras dolencias, como las afecciones a consecuencia de hacer movimientos repetitivos, soportar cargas de gran peso o las situaciones de ansiedad que viven en el trabajo, son en la mayoría de los casos consideradas enfermedades comunes.

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“Lo que denunciamos —explica una trabajadora de la plataforma— es que la Constitución dice que los domicilios son inviolables pero también dice que hay una protección a la vida y a las condiciones laborales. Si las trabajadoras sociales pueden entrar en las casas a hacer el informe de dependencia, se quedan con documentos tan personales como los informes médicos y no hay problema, ¿por qué lo hay en una inspección de riesgos laborales? Puede entrar hasta el del gas a leer el contador pero no puede hacerlo un técnico de riesgos laborales”. Una reivindicación que ya estaba en la acampada frente a Nuevos Ministerios y que acabó el día 26 con la promesa de que tendrían un decreto ley para regular este punto. Según les ha comunicado la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el texto legal ya está completo y solo espera la firma en el Consejo de Ministros. “De esto hace dos meses y seguimos sin saber nada”, comenta una trabajadora que prefiere guardar el anonimato por miedo a represalias.

Patronal y grandes sindicatos

La Plataforma Unificada, que convoca esta concentración en Madrid, entiende que es difícil poner de un día para otro en marcha inspecciones en miles de domicilios pero piden que se desbloquee el arranque de esta medida. “Sabemos que la patronal está en contra y los sindicatos grandes parece que no lo apoyan por que, en parte, este real decreto también afectaría a las empleadas del hogar y, claro, poner en valor el trabajo de mujeres, invisibilizado, esencial, es un maltrato institucional, sindical y empresarial”, denuncian. Preguntado por El Salto, desde la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO aseguran que desde la central sindical se reivindica “que se realice de manera efectiva la evaluación de riesgos en los domicilios”. “Por ejemplo —explican—, se propone que en paralelo a la visita que cursan los trabajadores sociales de los ayuntamientos a los domicilios de los usuarios para realizar la evaluación de la situación social y familiar, se realizara la visita de técnicos de prevención”.

Pese a coincidir en las reivindicaciones, ni CCOO ni UGT ni otras grandes centrales sectoriales apoyan esta manifestación ni lo hicieron en su día con la acampada de las trabajadoras

Pese a coincidir en las reivindicaciones, ni CCOO ni UGT ni otras grandes centrales sectoriales apoyan esta manifestación ni lo hicieron en su día con la acampada de las trabajadoras. De hecho, la plataforma en una red social ha denunciado el intento de desmovilización por parte de algunos ‘grandes sindicatos’ de cara a la manifestación del sábado. “La mayoría de nosotras estamos afiliadas a grandes centrales, como UGT y CCOO, pero si apoyamos a una plataforma nos dicen que nos vayamos”, asegura una integrante de la plataforma. Pese a las dificultades, representantes de las trabajadoras de lugares como Sevilla, Murcia, Cuenca, Chantada, Canarias, Valencia o Asturias —apoyados por otros sindicatos como CGT y CNT— acudirán a la concentración. “Vienen muchas de fuera, pero son muchas otras las que trabajan el sábado o que no pueden con sus salarios (de 700 euros al mes) venir desde Cádiz o Santander”, explica Carmen de Diego, que reivindica que este movimiento lleva caminando ya unos años: “En Asturias empezó todo, hasta crear la plataforma con otros territorios y se materializó en 2018 cuando fuimos al Congreso a presentar la PNL sobre los riesgos laborales y la reducción de la edad de jubilación”. También recuerda que han ido hasta el Parlamento Europeo para luchar por sus derechos y por un servicio cada vez menos valorado.

Sin reemplazo generacional

Además del presente de los servicios, las trabajadoras están preocupadas por el futuro. “Nos jubilamos a los 58 o 60 porque nos dan la incapacidad. Somos un trabajo esencial y nos vamos por la puerta de atrás”, lamenta Concha Real, desde Santander. Ella misma tiene 60 años y su compañera Carmen está a punto de jubilarse. “La gente joven -explica Concha- que se está formando en la FP cuando hace las prácticas ve la situación y no quiere seguir. Por ese dinero se van a ser dependientas o a un bar. No hay relevo generacional, no hay personas estables de menos de 40 años. Cada vez más personas con dependencia, están contratando sin formación, es insostenible”. La carga de trabajo, las condiciones de inestabilidad laboral, los continuos cambios y el salario bajo son algunas de las condiciones que denuncian estas mujeres, que aseguran que son muchas las compañeras que tienen que trabajar en la economía sumergida para llegar a fin de mes. “Si esto no ha explotado ya es por parte de las compañeras migrantes”, sentencian.

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“Este gobierno progresista está haciendo cosas, pero están dejando pasar la degradación de un servicio esencial”, opina Concha, que resalta que pese a ser el segundo sector que más bajas y mortalidad sufrió en la pandemia, después de los sanitarios, no hay reconocimiento ninguno. “Ya no estamos en 1950 y ya no hay mujeres que cuiden de los niños, el abuelo, la persona enferma o con discapacidad”, explica y considera que “para nosotras no hay techos de cristal o suelos pegajosos, es que estamos en el fango”.

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jamtmiranda
jamtmiranda
28/11/2022 9:38

Como trabajador del SAD (aunque pocos, también los hombres trabajamos en este servicio tan precarizado)agradezco a EL SALTO, que visibilice nuestra situación.

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