Precariedad laboral
Las universidades de la ira

Queremos que el mensaje del presente texto sea claro: las condiciones materiales de la enseñanza universitaria no pueden estar asentadas en un pago en especie —el honor de impartir clases en la universidad—, en la recompensa anual de renovación del contrato —año tras año, incluso más de veinte—, ni en las promesas de un futuro académico, sino en el reconocimiento de sus horas de dedicación, en el salario que le corresponde y en unas relaciones laborales adecuadas al marco legal.

La temporalidad laboral usada de forma indefinida destruye proyectos vitales y, en el caso del profesorado asociado, también proyectos docentes universitarios. Es complicado poder planificar una docencia, de la que el profesorado asociado es evaluado como el resto del profesorado universitario, si no sabes si el siguiente año vas a ser renovado, si por un mismo trabajo recibes un salario muy inferior o si, por aplicación del criterio de prelación, te van a cambiar de asignatura y vas a volver a empezar con una nueva asignatura o grado.

La temporalidad no es buena para los y las trabajadoras, y no cabe ninguna duda de que, si la docencia universitaria no se resiente demasiado, no es por la gestión de los rectorados, sino por la voluntad del mismo profesorado asociado. Una voluntad que, en muchas ocasiones, está comprada por las dinámicas de los departamentos universitarios que son los que tiene la última palabra en la contratación del profesorado.

No cabe ninguna duda de que, si la docencia universitaria no se resiente demasiado, no es por la gestión de los rectorados, sino por la voluntad del mismo profesorado asociado

Las universidades han abusado de las contrataciones del profesorado asociado, ni siquiera lo niegan, con la excusa de una tasa de reposición imposible. Al mismo tiempo, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) no quiere que en la nueva ley de universidades se defina la figura del profesorado asociado para que se le corresponda con un salario digno, ni quiere que se ofrezca una carrera académica al PDI Asociado que está acreditado por las Agencias de Evaluación correspondientes. La presidenta de la Comisión Sectorial de Profesorado de la CRUE lo que pretende es crear una nueva figura, la del profesorado sustituto, y así evitar ofrecer una solución a la situación de cerca de 30.000 profesoras y profesores asociados, solución que solo puede pasar por un salario adecuado a su trabajo (“a igual trabajo, igual salario”) y por una estabilidad acorde a las leyes laborales.

Y los rectores y rectoras no lo permiten porque llegan a ese puesto mediante un sistema electoral censitario cuyo peso mayoritario recae en el profesorado titular y catedrático. Así, la promoción de un profesorado que se contrató de forma sobrevenida no es negocio para la endogamia, el mal endémico del sistema universitario español. En su cara neoliberal, las gerencias universitarias no quieren dejar de tener una figura flexible y barata para hacer sustituciones y para suplir las reducciones de carga docente para los poseedores de los sexenios o para otorgar años sabáticos a su profesorado votante, sustituciones contrarias a la todavía vigente Ley de Universidades. 

¿Cómo pueden los rectorados de las universidades españolas contratar cada año a miles de “falsos autónomos” y no estar pagando multas millonarias como Glovo?

Dichos actos contrarios a la ley, como hacer sustituciones o impartir docencia estructural, se perpetúan y normalizan gracias a que las Administraciones Públicas miran hacia otro lado: ¿Cómo pueden los rectorados de las universidades españolas contratar cada año a miles de “falsos autónomos” y no estar pagando multas millonarias como Glovo? ¿Cómo las gerencias universitarias han podido cubrir la falta de profesorado por la dichosa tasa de reposición sin contratar por encima de sus posibilidades legales? ¿Por qué la Inspección de Trabajo no coteja las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las universidades públicas con el listado de contrataciones de profesorado asociado?

Así, mientras las instituciones que garantizan la aplicación de las leyes laborales no hacen nada, las universidades públicas españolas se mantienen abiertas gracias a la cantidad de profesorado contratado temporalmente. En las estadísticas publicadas por el Ministerio de Universidades, desde el curso 2015-2016 hasta el curso 2019-2020, las universidades públicas incrementaron su oferta en 283 grados universitarios, ¿cómo ha sido posible esta oferta si en el mismo periodo se perdieron 2.047 puestos de PDI funcionario? Sin duda, ha sido posible con el incremento de cerca de 8000 personas graduadas o doctoras en figuras de contratación de duración determinada y que, con la tasa de reposición que cumplir, son profesorado asociado. 

Uno de cada cuatro docentes en las universidades públicas es asociado

Redacción El Salto

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Universidad

Uno de cada cuatro docentes en las universidades públicas es asociado

Redacción El Salto

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Un reciente informe del Observatori del Sistema Universitari (OSU) concluye que la mayor parte de las comunidades autónomas y universidades públicas sobrepasa el límite de contratos temporales entre el cuerpo docente que contempla la ley. Catalunya, Navarra e Illes Balears son las autonomías que más abusan de la figura de profesor asociado.

Solo queda un paso para que el PDI Asociado nos demos cuenta de la fuerza que tenemos si decidimos parar, ya que la estabilidad de la enseñanza universitaria y de la misión docente de las universidades públicas dependen en gran medida de un profesorado mal retribuido y tratado de forma injusta. 

El contexto de la formulación de la nueva ley de Universidades, que prepara el gobierno actual y que la CRUE está dominando la narrativa en la definición del profesorado, es un buen momento para recordar que los representantes universitarios de la CRUE no son elegidos por sufragio universal, sino censitario. La responsabilidad que recae sobre el Ministerio de Universidades es muy alta pues en sus manos está que deje fuera la endogamia y el mercado laboral dual que caracteriza a la gestión de las actuales universidades públicas españolas.

No es un texto de crítica paralizante, se trata de hablar claro para organizar la esperanza de otra realidad.