Presos políticos
Por una amnistía justa, luchemos por la libertad política

Los resultados electorales del 23J han abierto la discusión sobre una posible amnistía a los encausados por el proceso independentista catalán, para así conseguir el voto favorable de Junts. No estamos hablando solo de Puigdemont y de otros dirigentes perseguidos por la justicia española: estamos hablando de más de 3000 encausados por participar desde la base en la lucha democrática y nacional del pueblo catalán, que culminó con el referéndum del 1 de Octubre.

Siempre hemos considerado esta lucha y el referéndum como actos democráticos legítimos: si un Estado no permite el ejercicio democrático, el pueblo auto-organizado tiene derecho a ejercerlo. El derecho a la democracia y el poder constituyente siempre están por encima de las leyes de la clase dominante.

La democracia liberal en el Estado español solo garantiza la libertad para los negocios: el resto de libertades dependen de la relación de fuerzas y del grado de organización de la clase trabajadora

Pero la lucha por el derecho a la independencia no ha sido la única lucha legítima que se ha dado en los últimos años. Centenares de personas tienen causas abiertas por defender el derecho a la vivienda, los derechos de los trabajadores y las mujeres, por luchar contra el fascismo o por pelear contra la destrucción del planeta por parte del sistema capitalista. También hay casos flagrantes que atacan a la libertad de expresión, como el del rapero Pablo Hassel.

La democracia liberal en el Estado español solo garantiza la libertad para los negocios: el resto de libertades dependen de la relación de fuerzas y del grado de organización de la clase trabajadora. La ley mordaza supuso una vuelta de tuerca en este giro autoritario del Estado y el gobierno progresista ha incumplido su promesa de derogarla. No sólo eso, sino que además, con el fin de garantizar su gobernabilidad y afianzar sus alianzas parlamentarias, empeoró las consecuencias de un proceso represivo con la llegada del delito de desórdenes públicos agravados (lo cual supone que la mínima pena por un montaje policial destinado a criminalizar la protesta sean de 3 a 5 años). Tampoco podemos olvidar el grave episodio de las tanquetas enviadas por un Ministro de Interior (Marlaska) del PSOE a reprimir a los y las trabajadoras del metal en un contexto de huelga en Cádiz. Es decir, el horizonte de represión y encarcelamientos que abrieron tanto la ley mordaza como las sentencias al procés lejos de disminuir va en aumento siempre y cuando no formes parte de su clase política privilegiada.

No podemos dejar nuestras libertades en manos de una clase política que solo trata de preservar el orden. Es hora de unirnos y de luchar por una amnistía justa

Por lo tanto, una amnistía justa tiene que incluir a los encausados por el proceso independentista catalán, los y las luchadores sociales, y también, como mínimo, todas las personas encausadas por el racismo de Estado y que se encuentran encerradas en los Cies. Se trata de, ante todo, una lucha por la libertad política, por la libertad de la gente por defenderse frente a los capitalistas. Sin embargo, lo que estamos viendo ya son maniobras para llevar a cabo una amnistía que simplemente restaure el orden político. Se habla de amnistiar a los encausados independentistas (sin concretar a quienes) y de incluir a los policías encausados por el 1 de octubre. Esta propuesta, sugerida originalmente por Sumar, sería ni más ni menos que la repetición del 78, esta vez como farsa. Una forma de cerrar en falso la larga crisis del régimen, poniendo al mismo nivel a represores y reprimidos y lanzando al olvido a todas las personas que han luchado contra las injusticias de este sistema.

Frente a esto, es hora de plantear con claridad una amnistía justa sobre las bases que hemos enunciado más arriba. Esto ademas, permitiría construir una alianza distinta al cierre por arriba que nos propone el PSOE, vinculado la cuestión catalana y su resolución democrática con las luchas sociales del estado español. Es obvio que esta opción tiene muchas dificultades: la legalidad del régimen es una legalidad esencialmente anti-democrática y que dota de un gran peso a todo un aparato represivo heredero del franquismo. Pero lo que está claro es que esta demanda no se puede delegar en las fuerzas parlamentarias. Hace falta una gran alianza entre todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas que la ponga encima de la mesa y luche por ella, así como a todas las personas de izquierdas que consideran justo esta exigencia.

No podemos dejar nuestras libertades en manos de una clase política que solo trata de preservar el orden. Es hora de unirnos y de luchar por una amnistía justa, para seguir luchando en mejores condiciones contra este régimen anti-democrático que recubre un sistema explotador.