Pueblos recuperados
Poniendo la historia de Fraguas en su sitio

Hoy escribimos desde la tristeza y la rabia, porque desde otro sitio no se puede.

En 1969, los últimos habitantes de Fraguas eran obligados a marcharse de sus casas, por medio de expropiación forzosa, sin cumplir ni siquiera la legalidad vigente del régimen franquista del momento —la ley de entidades locales de 1955 establecía que las fuentes, plazas y caminos de los pueblos eran bienes públicos inexpropiables, imprescriptibles e inalienables—. Por medio de decretazo se liquidó un pueblo que llevaba habitado al menos desde el siglo XVIII, cuando ya aparecía en los documentos del Catastro del Marqués de la Ensenada.

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Este proceso fue llevado a cabo de manera irregular, sin que se conozca el correspondiente expediente que debía justificar la expropiación de su casco urbano, sin que los antiguos habitantes conserven copia de los documentos de expropiación de sus propiedades y bajo coacciones y trucos legales por parte de las autoridades forestales de la época. Directamente, en 1970, el Patrimonio Forestal del Estado registró el pueblo de Fraguas a su nombre como si fuera una finca de monte rústica del pueblo de al lado.

Estos hechos fueron la culminación de un proceso anterior más largo por el que se fue ahogando económicamente la región de la Sierra Norte de Guadalajara al ir prohibiendo progresivamente los usos de suelo tradicionales de agricultura y ganadería en los terrenos que se iban reforestando con pino y que eran los que permitían el modo de vida tradicional de los habitantes de los pueblos más pequeños, que se veían obligados a emigrar a otros pueblos o ciudades y cambiar sus actividades económicas. Desde este momento se borra legal y documentalmente la existencia del pueblo, aunque, como hemos dicho, su existencia puede acreditarse al menos desde 1749. 

Ya “en democracia” el pueblo es utilizado para la realización de prácticas militares por parte del Ejército español, empeorando el estado de conservación y derruyendo aún más parte de las edificaciones. El 10 de marzo de 2011 se aprueba la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que incluye las ruinas de varios pueblos abandonados, pero sin que se revise su catalogación fraudulenta como “monte público”, añadiendo así capas de legislación, pero sin tapar la realidad de los cementerios e iglesias en ruinas de una docena de pueblos que acoge el parque. Los caminos públicos son retocados ligeramente, moviéndolos de sitio como pistas forestales, siendo así posible restringir su paso.

En 2013, un grupo de personas nos constituimos como Asociación de Repobladoras de la Sierra Norte de Guadalajara y, ante el abandono institucional de las ruinas del antiguo pueblo de Fraguas, algunas de nosotras decidimos, de forma independiente, crear un colectivo informal y okupar las ruinas para comenzar su rehabilitación de cara a desarrollar un proyecto ecologista de vida sostenible y recuperación de la memoria y los saberes borrados del pueblo, con el apoyo de los antiguos vecinos, que ya por estas fechas descubrían con asombro que, al ir a renovar sus documentos oficiales de identidad, les contestaban que Fraguas “había desaparecido” de las bases policiales de datos y que a partir de ese momento su localidad de nacimiento sería Monasterio.

Por los hechos anteriores se nos identificó a seis personas, personándose la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, heredera de las propiedades del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), como acusación particular. En vez de una falta administrativa por la okupación de una finca se nos acusaba penalmente de usurpación de monte público, daños contra la ordenación del territorio e incluso daños contra el medio ambiente —aunque este delito se cayó en el juicio—.

A propósito de esto queremos indicar que la zona donde se ubica el pueblo es en realidad, hoy en día, una zona extractivista de explotación maderera, de monocultivo de pino, arrendada a clubs privados como coto de caza. Nuestra actividad no ha hecho más que aumentar la biodiversidad de la zona: estamos en proceso de recuperación de los antiguos frutales y olivares del pueblo, y, en la medida de nuestras posibilidades, hemos realizado reforestaciones con roble autóctono.

El 7 de junio de 2018, la Audiencia Provincial de Guadalajara nos condena a las seis encausadas y encausados a una multa de 6.500 euros por el delito de usurpación y a un año y seis meses de prisión y a una multa de 13.200 euros por el delito de daños contra la ordenación del territorio, además de costear de nuestro propio bolsillo la demolición y el traslado de los residuos del pueblo, trabajos estimados en 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. Un total de unos 50.000 euros que, en caso de no ser pagados, se transformarían en nueve meses más de prisión, haciendo un total de dos años y tres meses por devolver, literalmente, la vida a un pueblo. 

En su momento manifestamos que no íbamos a pagar con el dinero de los movimientos sociales tal cantidad, desproporcionada e injusta, que, en cualquier caso, podría destinarse en luchar contra la despoblación y no en demoler pueblos, y recurrimos la sentencia a la Audiencia Provincial de Guadalajara.

El 28 de diciembre de 2018, la Audiencia Provincial de Guadalajara desestima el recurso y presentamos un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

El 3 de abril nos reunimos en Toledo con Santos López Tabernero y Juana Velasco —director provincial y secretaria general de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural— para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, como sugería el juez en el artículo 9 de los fundamentos de derecho de la condena. Les manifestamos que no todas las encausadas y encausados seguíamos viviendo en Fraguas, y nuestra intención de no marcharnos del pueblo y seguir desarrollando el proyecto, proponiéndoles distintos marcos legales en los que podría encuadrarse, cómo ha ocurrido en otros casos similares.

Queremos recordar aquí que en el propio informe preliminar del Plan de Zona de la Sierra Norte de Guadalajara de 2010 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se reconoce a Fraguas como una “entidad menor, cuya rehabilitación es posible” y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 2010 —anterior a la entrada en vigor de la Ley del Parque Natural de 2011— también se reconoce en uno de sus puntos la existencia de “varios asentamientos de poblaciones sobre montes públicos” que sufrieron el “éxodo rural masivo” fruto de las políticas de reforestación. Y se aconseja tomar como referente lo conseguido en el caso de La Vereda, dónde, a través de convenios, se ha conseguido restaurar su patrimonio arquitectónico. También es el caso del pueblo recuperado de Umbralejo, proyecto educativo estrella de los Ministerios de Agricultura y Educación, también dentro del parque natural y en dónde en la práctica viven permanentemente sus funcionarios con sus huertas y animales, y pasan hordas de chavales a diario, sin que exista ningún tipo de problema.

Volviendo a nuestra reunión con la Junta, se nos emplazó a una segunda reunión entre su gabinete jurídico y nuestros abogados, y se nos dijo que, “mientras fuese legal lo que planteásemos, no tendrían problema en firmarlo”. Tras varias semanas rechazando nuestras llamadas y dándonos largas, hace unos días se nos comunicó que no tenían ningún tipo de intención en reunirse con nosotras.

El 23 de mayo de 2019 se nos notifica que el Tribunal Constitucional no admite a trámite nuestro recurso por carecer de “relevancia constitucional”.

En estos momentos la sentencia ha entrado ya en su fase ejecutoria y se nos ha solicitado el pago de parte de las penas-multas y en cualquier momento podría decretarse el desalojo y la demolición del pueblo —por segunda vez, por parte de las autoridades—, aunque esta depende de un presupuesto de demolición que no llega y que también hemos pedido revisar. Ante estos hechos, hemos solicitado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se adhiera a una moratoria de cinco años a la ejecución de la sentencia, para, en ese tiempo, tratar de llegar a un acuerdo, como consiguieron las compañeras de El Calabacino.

La decisión vuelve a estar en manos de la Junta, que no deja de retratarse con cada nuevo paso que da: no nos quedan ya más posibilidades de defender nuestro caso en ningún tribunal de justicia español, y aunque puede que probemos suerte en tribunales internacionales, por nuestra parte tenemos la decisión ya tomada. Vamos a quedarnos en Fraguas y nos estamos preparando para defender pacíficamente lo construido con tanto cariño.

Tenemos claro que no vamos a marcharnos ya que creemos que nuestra posición en Fraguas está en el lugar adecuado en el momento adecuado. En el centro de profundos debates actuales respecto a la conservación del patrimonio, el extractivismo, la conservación de la naturaleza, el modelo de organización del territorio, la despoblación, el modelo agroindustrial de producción de alimento, la propiedad y la no responsabilización institucional sobre la memoria histórica y las políticas anteriores a su gobierno.

Así que a todas las que leéis esto os pedimos que reflexionéis sobre estas cuestiones y nos acompañéis para evitar que esto ocurra cuando se notifique el desalojo. Hace ya tiempo que hemos convocado jornadas de resistencia indefinida para demostrarle a la Junta que somos muchas. Una resistencia para preparar el pueblo, de trabajo y comprometida, pero también una resistencia de vida, dónde se están produciendo nuevos vínculos y tejiendo redes entre la cantidad de gente que viene, dónde ensayar modelos organizativos y aprender unas de otras, jornadas de trabajo, talleres, veladas, huerta… para, a pesar de todo, pasito a pasito, seguir construyendo vida.

Os esperamos en Fraguas.